Esquema del Sexenio democratico

Si el reinado de Isabel II significa la consolidación del Nuevo Régimen y la creación de un estado liberal moderado, censitario y conservador a partir de los intereses de la oligarquía, el Sexenio representa un intento de implantar un liberalismo democrático, de extender la participación política a la clases medias y populares y de dar protagonismo a los partidos progresista, democrático y republicano, partícipes del Pacto de Ostende (1866).
Por éste acordaron iniciar acciones contra la monarquía de Isabel II y convocar una nueva Asamblea Constituyente para establecer un sistema político democrático.

Existen diversas causas que explican la Gloriosa Revolución.
Entre las económicas destacan la crisis financiera de 1866 (hundimiento de las acciones de las empresas ferroviarias por ser en su mayoría poco rentables, caída del valor del suelo, aumento de la Deuda Pública…), la crisis industrial (la Guerra de Secesión en EE.UU. provoca una escasez de algodón por lo que aumenta su precio y muchas empresas textiles cierran) y la crisis agraria a raíz de las malas cosechas de 1867 y 1868 (carestía de los alimentos y hambre). A todo ello se sumará el descontento de los grandes empresarios y las clases medias arruinadas por los ferrocarriles y la bolsa, y de los obreros y jornaleros acuciados por el paro y la miseria. También influirán el agotamiento del moderantismo y el notable partidismo de Isabel hacia los moderados que darán lugar a la ineficacia del sistema parlamentario.

Los marginados del poder, progresistas, demócratas y, a partir de 1867, la Unión Liberal, se unirán en el Pacto de Ostende (1866) y conspirarán para acabar con la monarquía isabelina hasta que finalmente el 19 de septiembre de 1868 el almirante Juan Topete se pronuncia en Cádiz, secundado por Serrano y Prim. Tras unirse más fuerzas militares y crearse juntas revolucionarias civiles, la reina Isabel, que estaba veraneando cerca de San Sebastián, en Zarautz, después de conocer la derrota de las tropas gubernamentales en Alcolea (Córdoba), se exilia en Francia abandonando el trono, pero sin abdicar.

Con el derrocamiento de la reina y el triunfo de la revolución, se estableció un Gobierno Provisional de coalición (progresistas, demócratas y unionistas) presidido por el general Serrano y con Prim como ministro y nuevo hombre fuerte de España. Las primeras medidas que toma son reconocer las libertades de culto, de asociación, de reunión y de expresión, y disolver las juntas revolucionarias que se habían constituido en un poder paralelo. También se expulsaron a los jesuitas, se inicia una nueva desamortización eclesiástica… Pero sobre todo lo que va a destacar es el establecimiento del sufragio universal masculino (demócrata) para mayores de 25 años para elegir unas nuevas Cortes, cuya misión fundamental fuera la redacción de una nueva constitución.

Las elecciones se produjeron en enero de 1869.
Ganan los partidarios de una monarquía democrática frente a los partidarios de la República o del Carlismo. Por ello, la nueva Constitución de 1869 definirá a España como una monarquía constitucional parlamentaria con soberanía nacional. El poder ejecutivo recae en el Presidente de Gobierno, elegido por las Cortes pero nombrado por el Rey (que reina y no gobierna), y los ministros; el legislativo en unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado) constituidas tras elecciones por sufragio universal masculino (derecho fundamental); y el judicial en tribunales independientes (aparecen las oposiciones a juez). Contenía además derechos como el de manifestación, de reunión y de asociación y establecía la libertad de cultos (España, no obstante, era un Estado confesional, no laico), de enseñanza, de prensa… Será la constitución española más democrática del siglo XIX, pero con una corta vigencia (1869-1873).

Al declararse la monarquía como forma de gobierno de nuestro país y no tener aún rey, se estableció una regencia en la persona del general Serrano mientras se elegía uno (1869-1870). El nuevo monarca debía ser católico, miembro de una casa reinante liberal, no Borbón y no romper el equilibrio europeo.
Juan Prim, Jefe de Gobierno, fue el encargado de la búsqueda quien llegó a pensar en Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen como posible candidato (Telegrama de Ems, Guerra Franco-Prusiana en 1870). Finalmente, se decantó por Amadeo de Saboya, segundo hijo del rey italiano Víctor Manuel II. Tras una votación en las Cortes, el 16 de noviembre de 1870 fue elegido rey con 191 votos a favor.

La elección del nuevo monarca no fue el único problema de esta época. Estallaron también revueltas campesinas de Andalucía para mejorar el reparto de tierras, hubo protestas urbanas contra los consumos, las quintas y el alza de precios, surgieron levantamientos de carácter republicano, pero, sobre todo, comenzó la guerra de Cuba (la de los Diez Años, 1868-1878) tras el Grito de Yara.

Por todo ello, pero sobre todo por el asesinato de su principal valedor, Prim, cuando se dirigía a España, Amadeo de Saboya no comienza con buen pie su reinado. Jura la Constitución el 2 de enero de 1871 y desde el principio se encontró con que sus teóricos partidarios estaban envueltos en unas luchas internas por el poder que acabarán por dejarle solo y vulnerable ante los ataques de sus opositores.
Entre ellos estaban los republicanos, los carlistas (que esperaban que el rey hubiera sido don Carlos), el partido alfonsino liderado por Cánovas del Castillo (que conspiraba para retornar a la monarquía borbónica), la Iglesia (que no perdonaba la pérdida por el Papa de los Estados Pontificios a favor de la familia Saboya ni la libertad religiosa), los industriales burgueses y los terratenientes (que veían en el rey una amenaza para su poder oligárquico y tampoco aceptaban el librecambismo)… La situación para Amadeo se agravó más con el estallido de la III Guerra Carlista (1872) y el enquistamiento de la guerra de Cuba.

Ante tantos contratiempos, con escasos apoyos y abundante oposición, el 2 de febrero de 1873, Amadeo abdicó por él y por sus descendientes y abandonó España. Su marcha produjo un vacío de poder que las Cortes (en sesión conjunta del Senado y el Congreso), viendo imposible la reconciliación del pueblo español con la monarquía, intentaron cubrir con la proclamación de la I República (11 de febrero)
. Lo primero que se hará es reorganizar el Estado y se tendrá entonces que decidir entre república federal o unitaria, nuevo problema que se unirá a los ya existentes (sociales, carlistas, Cuba…).

Durante los once meses que duró la República se sucedieron cuatro presidentes.
Estanislao Figueras fue el primero. Aparecen juntas revolucionarias y continúan los disturbios en el campo andaluz a pesar de que se toman importantes medidas de carácter democrático (amnistía, abolición de la esclavitud en Puerto Rico, supresión de las quintas y de los consumos…). Pero el hecho más importante fue la convocatoria de elecciones (mayo de 1873) por sufragio universal masculino de mayores de 21 años para Cortes constituyentes. Las ganaron los federalistas por la gran abstención entre la oposición (carlistas, alfonsinos…) por lo que se inicia hora el enfrentamiento entre las dos facciones republicanas partidarias de la descentralización (federalismo)
O centralización (unitarismo)
.

Tras la huida de Figueras, accede al poder Francisco Pi y Margall, quien inmediatamente formó una Comisión de Cortes para elaborar una nueva Constitución federalista (basada en la estadounidense o en la suiza) que estructuraba al país en 17 estados (incluyendo Cuba y Puerto Rico), cada uno de los cuales podía elaborar su propia constitución. Esto no contentó a los federalistas intransigentes (teóricos de crear el nuevo Estado “desde abajo” frente a los benévolos, partidarios de que fuera “desde arriba”, desde el propio Gobierno) quienes abandonaron el proyecto y provocaron el levantamiento cantonal, máxima expresión de la radicalización del federalismo y del movimiento obrero.

Consistió en la declaración de estados independientes (a la manera de las polis griegas) de diversas ciudades españolas (cantones). Se trataba de destruir el Estado existente para que luego libremente cada una de las piezas se uniera en una federación española. Muchos de los cantones estuvieron alentados por anarquistas, socialistas y republicanos intransigentes. Entre ellos destacaron Cádiz, Algeciras, Tarifa, Sevilla, Loja, Salamanca, Granada…, pero, sobre todo, Cartagena.

Ante esta situación y en medio de la incomprensión, en julio de 1873 Pi y Margall dimitió. En julio de ese mismo año las Cortes eligieron como nuevo presidente a Nicolás Salmerón, intelectual vinculado al krausismo. A pesar de arreglar en mayor o menor medida el problema cantonal (acudió a militares como Martínez Campos o Pavía), su mandato duró sólo tres meses: dimitió para no firmar unas sentencias de muerte contra unos sublevados cantonalistas.

El último presidente fue Emilio Castelar, orador eminente y catedrático de Historia que gobernó bajo el lema de orden y autoridad por decreto-ley, por mandato de las Cortes, durante tres meses, para intentar una recomposición de la estructura del Estado en sentido unitario. Por ello concitó sobre él la oposición de la izquierda republicana. Entre las medidas que tomó destacaron el recorte de libertades constitucionales, la implantación de nuevo del Arma de Artillería, la concesión de más recursos al ejército… Poco a poco los militares fueron ganando mayor peso en la política. Por ello, ante la amenaza de que la situación retornara de nuevo al federalismo, el general Pavía, Capitán General de Madrid, entró en el hemiciclo de las Cortes y las disolvió el 3 de enero de 1874 cuando se estaba discutiendo la posibilidad de prorrogar el mandato a Castelar para que siguiera gobernando por decreto-ley.

Se instaló de nuevo en el poder el general Serrano (República Presidencialista)
Cuyo régimen, al apoyarse cada vez más en el ejército (sofocar los levantamientos cantonalista, carlista y cubano), adquiría por momentos tintes autoritarios. La oposición alfonsina, liderada por Cánovas del Castillo, ganaba cada día más adeptos entre aquellos que añoraban el orden, la paz y la ley de antaño. A finales del año, el futuro Alfonso XII (depositario ahora de los derechos de la monarquía tras la abdicación en él de su madre Isabel II en 1870) publicaba el Manifiesto de Sandhurst por el que se ofrecía a los españoles como un nuevo garante para la reconciliación nacional tras años de inestabilidad. Cánovas esperaba con ello una entronización por aclamación del Borbón. Pero el general Martínez Campos se adelantó cuando el 29 de diciembre de 1874 se pronunció en Sagunto y proclamó a Alfonso XII como rey de España. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia: la Restauración.

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