LA PRIMERA REPÚBLICA Y EL CANTONALISMO

Consumada la abdicación de Amadeo I, el Congreso y el Senado se constitu­yeron en Asamblea Nacional y asumieron la soberanía.

Este hecho supuso un cambio sociopolítico importante, en el periodo del Sexenio, y en la propia Historia de España.
Para los inte­lectuales, república era sinónimo de democracia.
Mientras que entre las clases bajas, república estaba asociada al mito del «reparto», del fin de los consumos y de las quintas.

Los elementos más radicales exigían la inmediata proclamación de la República federal por la vía revolucionaria, en contra de la postura legitimista de los dirigentes del partido, que preferían una república centralista y alcanzarla de forma democrática. Se desprestigio el régimen.

La República llenó el vacío de poder que se había producido en un momento crítico, y

La República solo obtuvo el reconocimiento de los gobiernos de Suiza y Estados Unidos—,por lo que crecíó el temor de las clases propietarias a una posible revolución.

Aunque la Asamblea Nacional había proclamado la República, el nuevo régimen estaba sujeto legalmente a la normativa jurídica de una monarquía constitucional.
Figueras fue elegido pri­mer presidente del poder ejecutivo.

Tras un intento de sublevación de los grupos radicales, los republicanos fede­rales se quedaron solos en el gobierno adoptando medidas populares que la monarquía democrática no había llevado a cabo. Entre ellas destacan la concesión de una amplia amnistía, la supresión de los consumos y la desaparición de las quintas, medida que nunca fue puesta en práctica.

En Mayo de 1873 se celebraron elecciones a Cortes constituyentes, cuyo obje­tivo era la elaboración de una carta magna que otorgara una estructura federal al Estado y en las que se redujo la edad para ejercer el derecho a voto a los 21 años. Las elecciones, sin embargo, se caracterizaron por el elevado índice de abstencio­nismo, que alcanzó el 60%. Esta baja participación deslegitimaba la mayoría obtenida por los republicanos federales.

Las Cortes constituyentes de Mayo de 1873 elaboraron una serie de proyectos de ley sobre reformas sociales que nunca fueron llevados a efecto, ya que la Repú­blica no pudo abordar de forma seria el problema de la tierra ni las reivindicacio­nes sociales. Reunida la Asamblea parlamentaria el 8 de Junio, fue proclamada de forma mayoritaria la República federal, decisión por la cual Figueras abandonó el poder tres días después.

El nombramiento de Pi i Margall como presidente de la República no apaci­guó la postura de los federalistas intransigentes, ni aportó ninguna luz de esperan­za para solucionar los problemas sociales. En contra de lo que cabría esperar, la inestabilidad se hizo más intensa. Durante el periodo que permanecíó en el poder —entre el 11 de Junio y el 18 de Julio— formó tres gobiernos diferentes. Ni siquiera con el voto de confianza que obtuvo de las Cortes para afrontar los problemas de la guerra carlista –
Extendida ahora a Cataluña- y el levantamiento cantonal, que se extendía por el sudoeste de la Península y amenazaba a la propia República, pudo controlar la situación. Según los mismos republicanos federales, la crisis había estallado por la lentitud en la puesta en marcha de las reformas administrati­vas pensadas para consolidar el federalismo.

Debido al cariz que tomó la situación política con el levantamiento cantonal de Cartagena y firme en su negativa a restaurar el orden por la fuerza, Pi í Margall pre­sentó la dimisión como presidente. Los movimientos cantonalistas alcanzaron una notable expansión tras su caída, en un momento en que, además, se recrudecía la guerra carlista.
La necesidad de controlar tan graves problemas determinaría un giro del régimen hacia la derecha.

El proyecto de Constitución federal de 1873, redactado de forma precipita-i y apenas estudiado en las Cortes, fue el primero que mencionaba de forma explícita el principio de soberanía popular.
También regulaba  la separación de poderes, al conceder una gran independencia al Judicial, para lo que se establecía de forma clara la no intervención del gobierno en el nombramiento de los jueces y de los miembros del Tribunal Supremo y se ampliaba el número de casos en los que se requería la presencia de un jurado.

También se intentó solucionar el problema colonial, mediante la asimilación de Cuba y Puerto Rico como estados de la nacíón española.

La parte más conflictiva del texto constitucional, y al mismo tiempo la más innovadora, era la que pretendía conformar una estructura territorial integrada por 17 estados federados, algunos de los cuales se correspondían con los antiguos territorios históricos —Cataluña, Extremadura- mientras que otros obedecían a divisiones provinciales trazadas sin un criterio claro -Andalucía Alta y Andalucía Baja-.

Otra de las novedades de este proyecto fue la creación de un cuarto poder, denominado «poder de relación», que se añadía a los tres tradicionales, y por el cual se le reservaba al presidente de la República, entre otras faculta­des, la de nombrar al jefe del poder ejecutivo. De esta manera, el jefe del Estado asumía, en cierto modo, las mismas atribuciones que un monarca constitucional.

Como consecuencia de la insalvable contradicción entre libertad y autoridad se produjo la dimisión de Salmerón, que se negó, por motivos de conciencia, a firmar unas penas de muerte consideradas imprescindibles para mantener el orden y la legalidad. El 7 de Septiembre de 1873, con la llegada a la presidencia de Castelar, se produjo el definitivo giro del régimen republicano hacia la dere­cha.
El nuevo presidente era consciente de la absoluta prioridad que tenía el res­tablecimiento del orden público, si se quería garantizar la supervivencia del régi­men. Para poder conseguir sus objetivos de gobierno no dudó en dotarse de poderes extraordinarios que le permitieron suspender las Cortes, entre el 18 Septiembre de 1873 y el 2 Enero de 1874, y recortar las libertades, en especial la de información. Castelar fue criticado por autoritario y, tras su derrota en la moción de censura del 3 de Enero de 1874, el general Pavía, entró en el Congre­so y disolvíó por la fuerza las Cortes constituyentes. Así, se ponía fin a la Prime­ra República española.

Desde que se inició el proceso revolucionario de 1868, y más acusadamente tras la proclamación de la República, los federalistas trataron de imponer por la fuerza su particular concepción de modelo de Estado. Aunque el republicanismo estuvo siempre muy divi­dido, el nombramiento como presidente de la Repú­blica de Pi i Margall, el mayor teórico del federalis­mo, sirvió para que los más radicales entre los federales exigieran la consolidación de un Estado federal por la fuerza.

Los primeros movimientos insurreccionales, que se produjeron en diversos puntos, culminaron con los graves sucesos de Alcoy.
En esta localidad alicantina, una huelga general organizada por anarquistas adqui­rió un carácter violento con el asesinato del alcalde y el incendio de una fábrica, hechos que forzaron la intervención del ejército para restablecer el orden.

En el movimiento cantonal concurrían, además, diversas circunstancias que hacían de él un fenómeno político-social de sumo interés. Por un lado, destaca­ba la urgencia de los republicanos intransigentes por establecer una estructura federal desde abajo, conformada sobre pequeñas unidades; por otro, resaltaba el protagonismo asignado a los obreros internacionalis­tas de ciertos núcleos industriales, cuya participación en el conflicto fue magnificada por la prensa burguesa para así poder justificar la represión posterior a que fue sometido el movimiento cantonal. De todas for­mas, en el seno del federalismo, no resulta fácil deslin­dar el componente político del estrictamente social, lo que lo convertía en un movimiento potencialmente revolucionario y, desde luego, desestabilizador para una débil experiencia republicana que contaba con muy escasos apoyos.

A partir del mes de Julio de 1873, tras la renuncia de Pi i Margall, y genera­lizados los movimientos cantonales, con la guerra carlista extendida a Cataluña, la única salida que le quedaba a la República, si quería estabilizar la grave situación política, era controlar el orden público mediante el fortalecimien­to de los instrumentos coactivos del Estado. Tras su elección como presiden­te, Salmerón se propuso acabar por la fuerza con el cantonalismo.

Encargó la labor de pacificar Andalucía y la regíón levantina a los genera­les Martínez Campos y Pavía —paradójicamente verdaderos protagonistas de la futura contrarrevolución de 1874—. Entre Julio y Agosto de 1873 caye­ron prácticamente la totalidad de los cantones andaluces y de Levante. Solo resistieron Málaga, hasta el 19 de Septiembre, y Cartagena, que debido a su estructura amurallada y al control de la flota, no se rendiría hasta el 11 de Enero de 1874.

El movimiento cantonal se localizó fundamental­mente en la periferia peninsular.
El movimiento más importante una junta revolú­cionaria integrada por federales intransigentes forzó la dimisión del Ayuntamiento y proclamó el cantón. El gobierno provisional adoptó muchas medidas.

Los cantona­listas enviaron fragatas por el litoral mediterráneo con objeto de sublevar a las poblaciones costeras entre Cartagena y Málaga

La orden de Salmerón que declaraba pirata a la flota rebelde y la invitación a las flotas britá­nica y alemana para que la combatiesen, ayudaron a acabar con este problema, cuya solución definitiva vendría tras la caída de Castelar.

El golpe de Pavía acabó con el Sexenio. Se mantuvo, la precariedad institucional del Estado. Esta ambigüedad constituía el mejor apoyo para la restauración de la dinastía de los Borbones, que cada día con­taba con más partidarios y que finalmente llegaría de la mano de un ejército cansado de tanto desorden y cada vez más próximo a las clases conservadoras.

Tras el golpe, Pavía disolvíó las Cortes y entregó el poder a un grupo de polí­ticos participantes en la revolución de 1868 y que habían destacado por su pro­tagonismo durante la primera fase del Sexenio. Se convino en entregar la presidencia de la República al general Serrano y la jefatura del Ejecutivo, a Zavala, sin el apoyo de ningún grupo republicano. Tampoco Cánovas, apoyó a Serrano, abandonado por las clases conservadoras que ahora ofrecían abiertamente su respaldo al futuro Alfonso XII.