Sexenio Revolucionario (1868-1874)

Introducción

La revolución de septiembre de 1868, llamada «Gloriosa», significó el final de la monarquía de Isabel II. Sucedió después de seis años de inestabilidad, en los que hubo varios regímenes políticos. La característica común a todo el periodo fue la búsqueda de un nuevo orden político y social; tuvo un protagonismo fundamental la pequeña burguesía de las ciudades y el naciente movimiento obrero. Por ello, esta etapa se denomina Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario. Fue la última etapa de la revolución liberal en España y representó un intento de ampliar el liberalismo e instaurar la democracia.

Desarrollo

1. La revolución de 1868 y el Gobierno Provisional (1868-1871)

En el último periodo del reinado de Isabel II se produjeron una serie de crisis económicas y políticas que mostraban las deficiencias del sistema liberal y la debilidad de la economía capitalista en España. En el plano político, la causa fue el agotamiento del régimen moderado. Firmaron el Pacto de Ostende en 1867 y optaron por la preparación de un movimiento revolucionario cuyo objetivo era destronar a Isabel II. La muerte de O’Donnell en 1867 facilitó la adhesión del general Serrano (nuevo dirigente de la Unión Liberal) a la causa revolucionaria.

La revolución comenzó con el pronunciamiento de la Armada en Cádiz, al mando del almirante Topete, y del ejército, con los generales Prim y Serrano. Pero la revolución se consolidó gracias a la formación de Juntas Revolucionarias de carácter civil que, desde Andalucía, se extendieron a toda España. En un primer momento el poder residió de hecho en las Juntas, que reclamaron amplias medidas de democratización política (sufragio universal, libertad de expresión, de reunión, de asociación, de culto) y reformas sociales (desamortización, abolición de las quintas, etc.).

El Gobierno Provisional se constituyó con el general Serrano como regente y el general Prim como presidente de un gobierno integrado por progresistas y unionistas, que marginaba al resto de fuerzas políticas. El gobierno puso en marcha buena parte del programa revolucionario democrático, disolvió las Juntas y desarmó la Milicia Nacional. También aprobó una serie de medidas como el sufragio universal, las libertades de religión, imprenta, reunión y asociación, y convocó elecciones para la formación de Cortes Constituyentes, que serían por sufragio universal masculino. Los comicios celebrados en enero de 1869 dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas), partidaria de la fórmula monárquica, pero también aparecieron en la Cámara dos importantes minorías: la carlista y la republicana.

La Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España, estableció un amplio régimen de derechos y libertades. Se reconocían, entre otros:

• derechos de manifestación, reunión y asociación;
• libertad de enseñanza;
• libertad de culto, aunque el Estado debía mantener el culto católico;
• proclamación de la soberanía nacional.

La forma de Estado era la monarquía, pero el poder legislativo residía exclusivamente en las Cortes: el rey las promulgaba, no podía vetarlas y sus poderes quedaban bastante limitados. Las Cortes eran bicamerales: Congreso y Senado. Proclamada la Constitución y con el trono vacante, los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación y los carlistas volvían a la actividad insurreccional. La situación económica era grave y, además, había que encontrar un monarca para la Corona española.

2. Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

Prim fue el encargado de sondear a los embajadores extranjeros y de llevar a cabo las negociaciones necesarias para establecer un consenso internacional sobre el candidato más idóneo para el vacante trono español. Consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboya, un hombre con una concepción democrática de la monarquía y miembro de una dinastía que gozaba de gran popularidad por haber sido artífice de la unificación de Italia.

El nuevo monarca llegó al país por el puerto de Cartagena el 30 de diciembre de 1870, pero tres días antes Prim había sido asesinado, con lo que el nuevo monarca se quedó sin su valedor y consejero más fiel. El 2 de enero de 1871 Amadeo de Saboya fue proclamado rey y, tras su juramento, las Cortes constituyentes se disolvieron para iniciar una nueva etapa de monarquía democrática.

La nueva dinastía contaba con escasos apoyos y se encontró con la oposición de la aristocracia, el clero y las camarillas cortesanas de la época de Isabel II. Asimismo, una parte del ejército mostró su resistencia a expresar fidelidad al nuevo monarca. Tampoco obtuvo el favor popular, quizás por el arraigo del republicanismo, contrario a la monarquía de cualquier signo.

Una vez establecido el sufragio universal y las libertades políticas, el nuevo monarca pretendió consolidar un régimen plenamente democrático. Pero los dos años del reinado de Amadeo se vieron marcados por dificultades constantes: problemas económicos persistentes, lucha permanente entre grupos políticos, revitalización del conflicto carlista, la guerra de Cuba y las insurrecciones republicanas.

La oposición carlista renació tras la caída del régimen isabelino, produciéndose tanto tendencias parlamentarias como insurreccionales. Los republicanos, divididos en unitarios y federales, se opusieron a la solución monárquica; el principal dirigente del federalismo fue Pi y Margall.

En 1868, con el llamado «Grito de Yara», se inició un conflicto en la isla de Cuba. El gobierno mostró disposición a conceder reformas políticas a la isla, pero la negativa de los sectores económicos con intereses en Cuba frustró una solución pacífica y convirtió la guerra en un grave problema.

La crisis final del reinado de Amadeo fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. Finalmente, privado de todo apoyo, el 11 de febrero de 1873 Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono y abandonó España, dejando la imagen de un país ingobernable y hostil a una monarquía democrática.

3. La Primera República Española (1873-1874)

La proclamación de la Primera República fue la salida más rápida ante la renuncia de Amadeo. Las Cortes decidieron someter a votación la proclamación de la república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una amplia mayoría. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras. Se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, que ganaron ampliamente los republicanos: los federales obtuvieron 344 escaños y los unitarios solo dos. La victoria, sin embargo, era engañosa, ya que más del 60% del electorado se abstuvo.

En junio las nuevas Cortes proclamaron la República Democrática Federal. La presidencia quedó en manos de Figueras, que dimitió al cabo de unos días, y el gobierno pasó a Francisco Pi y Margall. En julio se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva Constitución, pero prácticamente no fue debatido ni aprobado. La propuesta de la Constitución Republicana Federal de 1873 establecía que la Nación española estaba compuesta por diecisiete Estados, entre ellos Cuba. Este proyecto planteaba, por primera vez en el liberalismo español, un Estado no centralista y recogía tradiciones regionalistas que serían el origen de futuras propuestas nacionalistas.

El proyecto fue el punto de partida de la revolución cantonal, que comenzó en Cartagena y se extendió por ciudades del sur y del levante peninsular. En dicha revolución cada población se proclamaba cantón, autónomo del poder central. Los cantones no pretendían disgregar España, sino una España federal; los cantonalistas aplicaron de forma radical la estructura federal desde abajo, impulsados también por el deseo de avanzar en reformas sociales. Los protagonistas eran artesanos, pequeños comerciantes y asalariados, dirigidos en general por federales intransigentes y decepcionados con la nueva República.

Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió; fue sustituido por Nicolás Salmerón, quien acabó con la política de negociaciones e inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. Excepto Cartagena, la intervención militar acabó rápidamente con la insurrección. Salmerón dimitió a principios de septiembre al sentirse incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó entonces en Emilio Castelar, dirigente del republicanismo unitario, más conservador en cuestiones sociales. A partir de este momento la República inició un progresivo desplazamiento hacia la derecha.

Aunque la sublevación cantonal fue el conflicto más grave durante el breve período republicano, la Primera República tuvo que enfrentarse a otros problemas que paralizaron la acción de gobierno:

• una insurrección carlista, donde en las zonas sublevadas se articuló un embrión de Estado bajo principios forales;
• la continuación de la guerra en Cuba, iniciada en 1868;
• la incapacidad para estabilizar el orden interno y la gobernabilidad.

Tras la recaída del gobierno en manos de Castelar, el ejecutivo intentó aplicar una política de autoridad para controlar la situación, especialmente en Cartagena. Sin embargo, el 3 de enero de 1874 el general Manuel Pavía asestó un golpe de Estado: con fuerzas de la Guardia Civil disolvió las Cortes Constituyentes, poniendo fin de hecho a la Primera República. El manifiesto de Pavía justificaba el golpe en aras de la libertad y anunciaba que no asumiría responsabilidades políticas; proponía un gobierno sin representación cantonal ni carlista y hablaba de la necesidad de un «poder robusto». En los meses siguientes el poder pasó a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano, que intentó estabilizar un régimen republicano conservador. Sin embargo, la base social comenzó a optar por la solución alfonsina: la vuelta del hijo de Isabel II, Alfonso XII.

Finalmente, el 29 de diciembre de 1874 el pronunciamiento militar del general Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII, poniendo fin al periodo republicano.

Conclusiones

El Sexenio Revolucionario supuso la última etapa de la Revolución liberal en España y representó un intento de ampliar el liberalismo y lograr la democracia. Sin embargo, este periodo estuvo lleno de conflictos políticos, sociales y económicos. La burguesía democrática no consiguió estabilizar un régimen político definido y, ante la amenaza de las clases populares, prefirió estabilidad y orden (Restauración) a democracia. El Sexenio fracasó en su intento de modernización política del país y se impuso de nuevo la solución monárquica que condujo al periodo de la Restauración de los Borbones.

El régimen de la Restauración: características y funcionamiento del sistema canovista

Introducción

Tras el fallido intento de instaurar un régimen democrático durante el Sexenio se restauró la monarquía borbónica y España volvió al liberalismo censitario. El nuevo sistema político ideado por Antonio Cánovas del Castillo se fundamentó en la alternancia en el poder de conservadores y liberales. La Restauración se extiende desde el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874 hasta la proclamación de la II República en 1931, con una importante inflexión en 1898. En este largo periodo, que abarca los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, se consolida un régimen constitucional y parlamentario que, pese al establecimiento posterior del sufragio universal masculino, nunca llegó a ser plenamente democrático.

Desarrollo

Antonio Cánovas del Castillo fue el político clave que preparó el regreso de los Borbones. Redactó el «Manifiesto de Sandhurst», que el príncipe Alfonso envió a España desde el colegio militar de Sandhurst. En él el futuro rey prometía un gobierno constitucional y se declaraba católico y liberal. Cánovas pretendía vertebrar un nuevo modelo político que superase los problemas endémicos del liberalismo precedente: el carácter partidista y excluyente de los moderados durante el reinado isabelino, el intervencionismo militar en la política y la proliferación de enfrentamientos civiles. Para ello se propuso dos objetivos: elaborar una constitución que sustentara un sistema político basado en el bipartidismo y pacificar el país poniendo fin a la guerra de Cuba y al conflicto carlista.

La primera medida política de importancia fue la convocatoria de elecciones para Cortes Constituyentes, ya que la Constitución de 1869 había quedado sin efecto tras la proclamación de la República. Cánovas actuó como regente hasta que regresó Alfonso XII, que llegó a España en enero de 1875. Alfonso XII entró en Madrid ante la indiferencia popular y con el apoyo de la aristocracia y la burguesía. Su mejor aliado fue el deseo de paz y tranquilidad para España.

La Constitución de 1876 refleja la ideología de Cánovas, el liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario (inicialmente) y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Era una constitución de carácter conservador e inspirada en los valores históricos de la monarquía, la religión y la propiedad.

La Constitución consideraba a la monarquía como una institución superior, permanente y al margen de cualquier decisión política; constituía un poder moderador que debía ejercer como árbitro en la vida política y garantizar un buen entendimiento y alternancia entre los partidos. Por ello se establecía la soberanía compartida y se concedían amplios poderes al monarca: derecho de veto, nombramiento de ministros y potestad de convocar, suspender o disolver las Cortes.

Las Cortes eran bicamerales: Senado y Congreso de los Diputados (este último electivo). La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero una ley de 1878 estableció el voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Más tarde, en 1890, cuando estaba en el poder el Partido Liberal, se aprobó el sufragio universal masculino. En el Senado, la mitad de los senadores lo eran por derecho propio o vitalicio, lo que daba opción al rey y al gobierno a nombrar directamente a muchos senadores.

La Constitución proclamaba la confesionalidad católica del Estado y no permitía la manifestación pública de otras creencias. En consecuencia, se restableció el presupuesto del culto y del clero para financiar a la Iglesia. Asimismo, el texto constitucional contaba con una prolija declaración de derechos que, en la práctica, tendieron a restringirse, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación o reunión.

1. El sistema de turno y el caciquismo

Antonio Cánovas introdujo en el gobierno un sistema basado en el bipartidismo y la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos: el conservador y el liberal, que renunciaban a los pronunciamientos como mecanismo para acceder al gobierno. Se aceptaba un turno pacífico que aseguraría la estabilidad institucional y pondría fin a la intervención del ejército en la vida política.

El ejército quedó subordinado al poder civil. Así, una Real Orden de 1875 estableció que la misión del ejército era defender la independencia nacional y que no debía intervenir en las contiendas de los partidos. De este modo se intentó eliminar el problema de los pronunciamientos y el protagonismo militar en la política española.

Antonio Cánovas fue líder del Partido Conservador, pero el proyecto bipartidista requería dos grandes partidos que se repartieran el poder. Cánovas propuso a Práxedes Mateo Sagasta la formación de un partido progresista, la llamada «izquierda dinástica». De un acuerdo entre progresistas, unionistas y algunos republicanos nació el Partido Liberal. Ambos partidos coincidían ideológicamente en lo fundamental: defendían la monarquía, la Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. Eran partidos de élite, vinculados a la élite económica y a la clase media acomodada.

A lo largo del periodo 1876-1898, el turno pacífico funcionó con regularidad. El rey encargaba al jefe del partido mayoritario que formara gobierno; cuando éste sufría desgaste, dimitía y se daba paso al otro partido a través de unas elecciones en las que el falseamiento electoral y el caciquismo estaban asegurados. El falseamiento se basaba en la red de caciques y en la manipulación por parte del ministro de la Gobernación. El ministro elaboraba la lista de candidatos que debían ser elegidos y la pasaba a los caciques. El pucherazo era el conjunto de trampas electorales que adulteraba los resultados: falsificación del censo (incluyendo difuntos o impidiendo votar a personas vivas), manipulación de actas, compra de votos, coacciones y violencia para atemorizar a los contrarios.

Conclusión

La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlista y cubana. La consecuencia inmediata de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral; la restauración borbónica provocó que algunos carlistas reconocieran a Alfonso XII como rey. El final de la guerra carlista permitió abordar con mayor eficacia la insurrección cubana. Con el tiempo, el régimen de la Restauración se fue descomponiendo: los dos partidos no supieron incorporar a las nuevas fuerzas emergentes (obreros, republicanos) para ensanchar la base social y dotar de estabilidad al sistema. En 1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas (Cuba y Filipinas), la Restauración sufrió una grave crisis política y moral conocida como el «Desastre».

13. Panorama general del reinado de Alfonso XIII: intentos de modernización, regeneracionismo y crisis socioeconómicas (1902-1923)

Introducción

El Desastre de 1898 supuso la pérdida de las últimas colonias españolas y generó una toma de conciencia respecto a los problemas del sistema de la Restauración. Este periodo, que se inicia con la subida al trono de Alfonso XIII en 1902 (hijo de Alfonso XII y primer rey del siglo XX), marca la segunda etapa de la Restauración, caracterizada por una crisis política permanente que finalizará en 1931 con la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. A la crisis política se sumaron crisis sociales y económicas.

Desarrollo

Tras el Desastre de 1898 surgieron propuestas para renovar la vida política, económica y social del país. La más importante fue el Regeneracionismo, cuya figura más destacada fue Joaquín Costa. Los regeneracionistas defendían la necesidad de mejorar la situación del campo español y de elevar el nivel educativo y cultural del país, sintetizado en el lema de Costa: «escuela y despensa».

Alfonso XIII subió al trono en 1902 coincidiendo con un cambio en el liderazgo de los partidos: Antonio Maura en el Partido Conservador y José Canalejas en el Partido Liberal. Esta nueva generación, influida por el regeneracionismo, impulsó proyectos reformistas desde el interior del sistema, aunque mantuvieron el turno de partidos y el falseamiento electoral.

Gobierno conservador de Maura

En 1904 el conservador Antonio Maura se convirtió en jefe de gobierno e inició un proyecto reformista dentro del conservadurismo. Se aprobó una nueva ley electoral que no acabó con la corrupción ni democratizó el sistema, pero dificultó algo el fraude. Maura intentó acercarse a Cataluña concediendo más autonomía a ayuntamientos y diputaciones y reconociendo las regiones. En el terreno social creó el Instituto Nacional de Previsión, dedicado a los seguros obreros. Sin embargo, su defensa del orden público fue intransigente. Tras los sucesos de 1909 en Barcelona, Maura dimitió y con ello finalizaron temporalmente los intentos regeneracionistas.

Crisis: la Semana Trágica de Barcelona (1909)

A partir de 1900 España consolidó su presencia en parte del norte de África. Tras la creación de un protectorado franco-español en Marruecos, a España le correspondió el territorio de El Rif. En 1909 los rifeños infligieron una dura derrota a las tropas españolas en el conocido «Barranco del Lobo». Ante numerosas bajas, Maura decidió enviar nuevos soldados, muchos reservistas casados y con hijos, lo que provocó un gran movimiento de protesta en Barcelona durante el embarque de tropas hacia Marruecos. Se constituyó un comité de huelga que derivó en una revuelta popular y estallaron profundas tensiones sociales: barricadas en la calle, declaración del «estado de guerra» y envío de refuerzos para reprimir las manifestaciones. El número de muertos y heridos fue elevado.

La represión fue dura: el gobierno dictó diecisiete penas de muerte, de las cuales se ejecutaron cinco, entre ellas la de Francisco Ferrer Guardia (pedagogo, anarquista y fundador de la Escuela Moderna). Ferrer no había intervenido en la revuelta, pero fue ejecutado como castigo ejemplar. Estos hechos provocaron la dimisión de Maura, la disolución de las Cortes y la formación de un gobierno liberal.

Gobierno liberal de Canalejas

En 1910 José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal y emprendió el último intento regeneracionista dentro del sistema de la Restauración. Su programa proponía la modernización política e intentaba atraer a sectores populares (republicanos, socialistas). Entre sus reformas destacan:

• limitar el poder de la Iglesia (Ley del Candado, que restringía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas);
• democratizar el servicio militar (Ley del Reclutamiento), suprimiendo la redención en metálico;
• promulgar leyes que mejoraron condiciones laborales;
• aprobar la Ley de Mancomunidades, que permitía a diputaciones provinciales unirse para gestionar servicios públicos.

El proyecto se interrumpió en 1912 con el asesinato de Canalejas por un anarquista en Madrid.

Gobierno conservador de Eduardo Dato

Tras el asesinato de Canalejas, el conservador Eduardo Dato llegó al poder y se produjo una nueva división tanto en el Partido Liberal como en el Conservador. Esto dificultó los acuerdos en el turno de partidos, y entre 1913 y 1917 los sucesivos gobiernos cerraron las Cortes y gobernaron por decreto. La Primera Guerra Mundial aceleró la descomposición del sistema: la neutralidad española provocó un crecimiento de la demanda exterior de productos españoles, lo que benefició a ciertos sectores económicos pero perjudicó a las clases populares por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. El deterioro del nivel de vida aumentó la conflictividad social que estalló en 1917, dando lugar a una crisis con triple carácter: militar, político y social.

Crisis de 1917

Crisis militar: El ejército presentaba un número excesivo de oficiales en relación con el de soldados. Los ascensos se obtenían por méritos de guerra, lo que beneficiaba a los militares destinados en África. Además, la inflación redujo el valor real de los salarios militares. El descontento desembocó en las Juntas de Defensa, asociaciones militares que reivindicaban mejoras salariales y se oponían a los ascensos por méritos de guerra, reivindicando la antigüedad como criterio predominante.

Crisis política: Tras el gobierno conservador de Dato, volvió un gobierno liberal que continuó con la ocupación política y decidió cerrar las Cortes. Dato retomó después la jefatura del Estado; una representación de diputaciones de la oposición reclamó la reapertura de las Cortes. Como reacción, en Barcelona se organizó una asamblea de parlamentarios, impulsada por la Lliga Regionalista, que exigió la formación de un gobierno provisional con el objetivo de reformar el sistema y descentralizar el Estado. La asamblea fue finalmente disuelta por la Guardia Civil.

Crisis social: La I Guerra Mundial provocó una subida de precios mientras los salarios no aumentaban, lo que condujo a la unidad de la UGT y la CNT en una protesta común. Se convocó una huelga general en agosto de 1917 que adquirió carácter político y revolucionario, reclamando el fin de la monarquía y la instauración de un gobierno provisional republicano. La reacción del gobierno fue represiva y envió al ejército; la huelga fracasó, pero debilitó gravemente al régimen y avanzó la crisis definitiva de la Restauración.

Descomposición del sistema (1917-1923)

Detenido Dato en 1917, surgieron los llamados gobiernos de concentración (coaliciones) formados por conservadores, liberales y la Lliga Regionalista, que pusieron fin al turno de partido. Las diferencias internas impidieron reformas efectivas y el restablecimiento del orden. Mientras, los sindicatos aumentaron su afiliación tanto en medios urbanos como rurales; un ejemplo fue el «Trienio Bolchevique», movimiento campesino andaluz.

La conflictividad laboral se radicalizó, sobre todo en Cataluña: patronos contrataron pistoleros para asesinar dirigentes obreros. La «Ley de Fugas» aumentó la violencia al autorizar disparos en supuestos de fuga, lo que contribuyó al fenómeno del pistolerismo.

La derrota en Marruecos, especialmente en Annual (1921), supuso una gran humillación militar y política: se perdió territorio ocupado, aumentó la impopularidad del gobierno y el desprestigio del ejército.

Conclusión

El problema colonial en Marruecos y el impacto de la I Guerra Mundial agudizaron los conflictos que estallaron en 1917. La incapacidad del sistema de la Restauración para renovarse y democratizarse propició la solución militar y la descomposición del régimen. El desastre de Annual y la petición de responsabilidades, que podían implicar al propio monarca, alimentaron la conspiración militar que culminó con el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923 e implantó una dictadura militar.

MA.11. Sexenio Revolucionario (texto reproducido íntegramente corregido)

Introducción

La revolución de septiembre de 1868, llamada «Gloriosa», significó el final de la monarquía de Isabel II. Sucedió después de seis años de inestabilidad, en los que hubo varios regímenes políticos. La característica común a todo el periodo fue la búsqueda de un nuevo orden político y social; tuvo un protagonismo fundamental la pequeña burguesía de las ciudades y el naciente movimiento obrero. Por ello, esta etapa se denomina Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario. Fue la última etapa de la revolución liberal en España y representó un intento de ampliar el liberalismo e instaurar la democracia.

Desarrollo

1. La revolución de 1868 y el Gobierno Provisional (1868-1871)

En el último periodo del reinado de Isabel II se produjeron una serie de crisis económicas y políticas que mostraban las deficiencias del sistema liberal y la debilidad de la economía capitalista en España. En el plano político la causa fue el agotamiento del régimen político moderado. Firmaron el Pacto de Ostende en 1867 y optaron por la preparación de un movimiento revolucionario cuyo objetivo era destronar a Isabel II. La muerte de O’Donnell en 1867 facilitó la adhesión del general Serrano (el nuevo dirigente de la Unión Liberal) a la causa revolucionaria.

La revolución comenzó con el pronunciamiento de la Armada en Cádiz, al mando del almirante Topete, y del ejército, con los generales Prim y Serrano. Pero la revolución se consolidó gracias a la formación de Juntas Revolucionarias de carácter civil que, desde Andalucía, se extendieron a toda España. En un primer momento el poder residió de hecho en las Juntas, que reclamaron amplias medidas de democratización política (sufragio universal, libertad de expresión, de reunión, de asociación, de culto) y reformas sociales (desamortización, abolición de las quintas, etc.).

El Gobierno Provisional se constituyó con el general Serrano como regente, y el general Prim, presidente de un gobierno integrado por progresistas y unionistas, que marginaba al resto de fuerzas políticas. El gobierno puso en marcha buena parte del programa revolucionario democrático, disolvió las Juntas y desarmó la Milicia Nacional. También aprobó una serie de medidas como el sufragio universal, las libertades de religión, imprenta, reunión y asociación y convocó elecciones para la formación de Cortes Constituyentes, que serían por sufragio universal masculino. Los comicios celebrados en enero de 1869 dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas), partidaria de la fórmula monárquica, pero también aparecieron en la Cámara dos importantes minorías: la carlista y la republicana.

La Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España, estableció un amplio régimen de derechos y libertades: se reconocían los derechos de manifestación, reunión y asociación y libertad de enseñanza. De la misma manera se reconocía la libertad de culto aunque el Estado debía mantener el culto católico. La Constitución también proclamaba la soberanía nacional. La forma de Estado era la monarquía pero el poder legislativo residía exclusivamente en las Cortes, el rey tan solo las promulgaba, no podía vetarlas y sus poderes quedaban bastante limitados. Las Cortes eran bicamerales: Congreso y Senado. Proclamada la Constitución y con el trono vacante, los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional. La situación económica era grave y, además, había que encontrar un monarca para la Corona española.

2. Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

Prim fue el encargado de sondear a los embajadores extranjeros y de llevar a cabo las negociaciones necesarias para establecer un consenso internacional sobre el candidato más idóneo para el vacante trono español. Consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboya, un hombre con una concepción democrática de la monarquía y miembro de una dinastía que gozaba de gran popularidad por haber sido la artífice de la unificación de Italia.

El nuevo monarca llegó al país por el puerto de Cartagena el 30 de diciembre de 1870 pero tres días antes Prim había sido asesinado, con lo que el nuevo monarca se quedó sin su valedor y consejero más fiel. El 2 de enero de 1871 Amadeo de Saboya fue proclamado rey y, tras tomarle juramento, las Cortes constituyentes se disolvieron para iniciar una nueva etapa de monarquía democrática.

La nueva dinastía contaba con escasos apoyos y contaron con la oposición de la aristocracia, el clero y las camarillas cortesanas de la época de Isabel II. Asimismo, una parte del ejército mostró su resistencia a expresar fidelidad al nuevo monarca. Tampoco obtuvo el favor popular, por causa quizá del arraigo del republicanismo, contrario a la monarquía de cualquier signo.

Una vez establecido el sufragio universal y las libertades políticas, el nuevo monarca pretendió consolidar un régimen plenamente democrático. Pero los dos años del reinado de Amadeo se vieron marcados por dificultades constantes. Los problemas económicos del Estado seguían siendo acuciantes, además se produjo una lucha permanente entre los grupos políticos, así como la revitalización del conflicto carlista, de la guerra de Cuba y de las insurrecciones republicanas.

La oposición carlista había renacido tras la caída del régimen isabelino. Así surgió una tendencia parlamentaria frente a la tradicional, partidaria de la insurrección armada. Sin embargo, poco después se desencadenó un nuevo conflicto bélico carlista.

Los republicanos se opusieron a la solución monárquica y constituyeron una importante minoría, que se declaró a favor de la implantación de la república federal. El principal dirigente del federalismo fue Pi y Margall. Sin embargo, los republicanos estuvieron divididos desde sus comienzos en unitarios y federales.

En 1868, con el llamado «Grito de Yara», se inició un conflicto en la isla de Cuba, uno de los últimos territorios coloniales españoles. El gobierno se mostró partidario de conceder reformas políticas a la isla pero la negativa de los sectores económicos con intereses en Cuba frustró una solución pacífica al conflicto y convirtió la guerra en un grave problema.

La crisis final del reinado de Amadeo de Saboya fue resultado de la desintegración de la coalición gubernamental. Finalmente, privado de todo apoyo, el 11 de febrero de 1873 Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono y abandonó España dejando la impresión de un país ingobernable y contrario a una monarquía democrática.

3. La Primera República Española (1873-1874)

La proclamación de la primera República fue la salida más fácil ante la renuncia de Amadeo de Saboya. Las Cortes decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una amplia mayoría. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras. Se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, que ganaron ampliamente los republicanos. Los federales obtuvieron 344 escaños, los unitarios sólo dos. La victoria de los republicanos era, sin embargo, engañosa, ya que más de un 60% del electorado se abstuvo.

En junio, las nuevas Cortes proclamaron la República Democrática Federal. La presidencia quedó en manos de Estanislao Figueras, que dimitió al cabo de unos días y el gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall. En julio se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva Constitución, pero prácticamente no fue debatido ni aprobado. La propuesta de la Constitución Republicana Federal de 1873 establecía que la Nación española estaba compuesta por diecisiete Estados, entre ellos Cuba. El proyecto de Constitución planteaba, por primera vez en el liberalismo español, un Estado no centralista, y recogía tradiciones regionalistas que estarían en el origen de las futuras propuestas nacionalistas.

Este proyecto fue el punto de partida de una revolución cantonal que comenzó en Cartagena y se extendió por ciudades del sur y del levante peninsular. En esta revolución, cada población se proclamaba cantón, autónomo del poder central. Los cantones no pretendían disgregar España, sino una España federal. Así los cantonalistas aplicaron de forma radical y directa la estructura federal desde abajo, impulsada, al mismo tiempo, por el deseo de avanzar en reformas sociales. Los protagonistas de los levantamientos cantonalistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados, y fueron dirigidos en general por federales intransigentes, decepcionados con la nueva República.

El presidente Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón, quien dio por acabada la política de negociaciones e inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. Excepto Cartagena, la intervención militar acabó rápidamente con la insurrección. Salmerón dimitió a principios de septiembre al sentirse incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó entonces en Emilio Castelar, dirigente del republicanismo unitario, mucho más conservador en cuestiones sociales. La República inició a partir de este momento un progresivo desplazamiento a la derecha.

Aunque la sublevación cantonal fue el conflicto más grave que se produjo en el breve período republicano, la Primera República tuvo que enfrentarse a problemas que paralizaron la acción de gobierno. Uno de ellos fue una insurrección carlista. En las zonas sublevadas se fue articulando un embrión de Estado, y los ayuntamientos y diputaciones se organizaron bajo los principios forales e impulsaron la lengua propia y las instituciones regionales. Las tropas gubernamentales impidieron la extensión del conflicto a las ciudades, pero fueron incapaces de acabar con él, prolongándose tras el Sexenio.

También continuó la guerra en Cuba, iniciada en 1868, que seguía extendiéndose y cuya situación la República fue incapaz de mejorar. Aun así, intentaron solucionar el problema con el proyecto de estructuración federal del Estado, que consideraba a Cuba y Puerto Rico como territorios de la Federación española.

Tras la recaída del gobierno en manos de Castelar, el nuevo ejecutivo intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar la situación del país, especialmente la grave situación de Cartagena. Sin embargo, este intento fue interrumpido por el golpe de Estado del general Manuel Pavía el 3 de enero de 1874, quien, con fuerzas de la Guardia Civil, disolvió las Cortes Constituyentes, finalizando así de hecho la Primera República. No hubo resistencia a lo que era un golpe de Estado; el manifiesto de Pavía indicaba que el golpe era en pro de la libertad, que él no asumiría responsabilidades políticas y que sería nombrado un gobierno en el que no habría representación cantonal ni carlista; también se hablaba de la necesidad de un «poder robusto». El poder pasó en los meses siguientes a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano, que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador. Pero la base social ya había optado por la solución alfonsina, la vuelta del hijo de Isabel II, Alfonso XII.

Finalmente, el 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento militar del general Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII, dando por finalizado el periodo republicano.

Conclusiones

El Sexenio Revolucionario supone la última etapa de la Revolución liberal en España y representa un intento de ampliar el liberalismo y conseguir la democracia. Sin embargo, este periodo estuvo lleno de conflictos políticos, sociales y económicos. La burguesía democrática no consiguió estabilizar un régimen político definido y, ante la amenaza de las clases populares, prefirió estabilidad y orden (Restauración) a democracia. El Sexenio fracasó en su intento de modernización política del país y se impuso de nuevo la solución monárquica que condujo al periodo de la Restauración de los Borbones.

(texto reproducido íntegro corregido)

Introducción

Tras el fallido intento de instaurar un régimen democrático durante el Sexenio, se restauró la monarquía borbónica y España volvió al liberalismo censitario. El nuevo sistema político ideado por Cánovas del Castillo se fundamentó en la alternancia en el poder de conservadores y liberales. La Restauración se extiende desde el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874 hasta la proclamación de la II República en 1931, con una importante inflexión en 1898. En este largo periodo que abarca los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, se consolida un régimen constitucional y parlamentario, pero, a pesar del establecimiento del sufragio universal masculino, nunca llegó a ser plenamente democrático.

Desarrollo

Antonio Cánovas del Castillo fue el político clave del momento que preparó el regreso de los Borbones, consiguiendo la abdicación de la reina Isabel II. Redactó el «Manifiesto de Sandhurst», que el príncipe Alfonso envió a España desde el colegio ingles de Sandhurst. En él, el futuro rey prometía un gobierno constitucional y se declaraba católico y liberal. Cánovas pretendía vertebrar un nuevo modelo político que superase los problemas endémicos del liberalismo precedente: el carácter partidista y excluyente de los moderados durante el reinado isabelino, el intervencionismo de los militares en la política y la proliferación de enfrentamientos civiles. Para conseguir su propósito, se propuso dos objetivos: elaborar una constitución que vertebrase un sistema político basado en el bipartidismo y pacificar el país poniendo fin a la guerra de Cuba y al conflicto carlista.

La primera medida política de importancia fue la convocatoria de elecciones para unas Cortes Constituyentes, ya que la Constitución de 1869 había quedado sin efecto tras la proclamación de la República. Cánovas actuó como regente hasta que regresó Alfonso XII, que llegó a España en enero de 1875. Alfonso XII entra en Madrid ante la indiferencia popular y con el apoyo de la aristocracia y de la burguesía. Su mejor aliado fue el deseo de paz y tranquilidad para España. La Constitución de 1876 es una muestra de la ideología de Cánovas, el liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Se trataba de una constitución de carácter conservador e inspirada en los valores históricos tradicionales de la monarquía, la religión y la propiedad.

La Constitución consideraba a la monarquía como una institución superior, incuestionable, permanente y al margen de cualquier decisión política. Constituía un poder moderador que debía ejercer como árbitro en la vida política y garantizar un buen entendimiento y la alternancia entre los partidos políticos. Por ello se establecía la soberanía compartida y se concedían amplios poderes al monarca: derecho de veto, nombramiento de ministros y potestad de convocar las Cortes, suspenderlas o disolverlas sin contar con el gobierno.

Las Cortes eran bicamerales y estaban formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados, este último de carácter electivo. La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero una ley de 1878 estableció el voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Sin embargo, en 1890, cuando estaba en el poder el partido liberal, se aprobó el sufragio universal masculino. En el Senado, la mitad de los senadores lo eran por derecho propio o vitalicio, lo que daba opción al rey y al gobierno a nombrar directamente a los senadores.

La Constitución también proclamaba la confesionalidad católica del Estado y no permitía la manifestación pública de otras creencias. En consecuencia, se restableció el presupuesto del culto y clero para financiar a la Iglesia. Asimismo, el texto constitucional contaba con una prolija declaración de derechos, pero, en general, tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación o reunión.

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Antonio Cánovas del Castillo introduce en el gobierno un sistema basado en el bipartidismo y la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos: el conservador y el liberal, que renunciaban a los pronunciamientos como mecanismo para acceder al gobierno. Se aceptaba un turno pacífico que aseguraría la estabilidad institucional y pondría fin a la intervención del ejército en la vida política.

El ejército quedó subordinado al poder civil. Así, una Real Orden de 1875 estableció que la misión del ejército era defender la independencia nacional y que no debía intervenir en las contiendas de los partidos. De este modo, se eliminó el problema de los pronunciamientos y el protagonismo de la presencia militar en los partidos y en la vida política española. Antonio Cánovas era el líder del Partido Conservador, que agrupaba a los grupos políticos más conservadores, pero el proyecto bipartidista de Cánovas requería dos grandes partidos que se repartieran el poder. El propio Cánovas propuso a Práxedes Mateo Sagasta la formación de un partido progresista, la llamada izquierda dinástica. De un acuerdo entre progresistas, unionistas y algunos republicanos nace el Partido Liberal. Ambos partidos coincidían ideológicamente en lo fundamental ya que defendían la monarquía, la Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. Eran partidos de minoría; sobre todo pertenecían a ellos la élite económica y la clase media acomodada.

A lo largo del período que transcurrió entre 1876 y 1898, el turno pacífico funcionó con regularidad. El rey encargaba al jefe del partido mayoritario que formara gobierno; cuando sufría el desgaste del poder, dimitía y se daba paso al otro partido a través de unas elecciones donde el falseamiento electoral y el caciquismo estaban asegurados. El falseamiento electoral se basaba en la red de caciques y en el pucherazo. Los caciques (personas que dominaban y controlaban los principales resortes del poder en un núcleo de población) controlaban el proceso electoral junto con el ministro de la Gobernación. El ministro elaboraba la lista de candidatos que debían ser elegidos y se la pasaba a los caciques. El pucherazo era el conjunto de trampas electorales que ayudaba a conseguir la adulteración de los resultados electorales. Para conseguir la elección del candidato gubernamental, no se dudaba en falsificar el censo, incluyendo a personas muertas o impidiendo votar a las vivas, manipular las actas electorales, ejercer la compra de votos, amenazar al electorado con coacciones de todo tipo e incluso emplear la violencia para atemorizar a los contrarios.

Conclusión

La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlista y cubana. La consecuencia inmediata de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral. La restauración borbónica provocó que algunos personajes carlistas reconocieran a Alfonso XII como rey. El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana. Con el paso del tiempo, el régimen de la Restauración se fue descomponiendo y los dos partidos políticos no fueron capaces de dar entrada a las nuevas fuerzas emergentes como el obrerismo y el republicanismo, para ensanchar la base social del régimen y darle estabilidad. En 1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba y Filipinas, la Restauración sufrió una gran crisis política y moral conocida como el «Desastre».

13. Panorama general del reinado de Alfonso XIII (texto reproducido íntegro corregido)

Introducción

El Desastre de 1898 supuso la pérdida de las últimas colonias españolas; como consecuencia, hubo una toma de conciencia respecto a los problemas del sistema de la Restauración. Este periodo, que se inicia con la subida al trono de Alfonso XIII en 1902, hijo de Alfonso XII y primer rey del siglo XX, marca el inicio de la segunda etapa de la Restauración, caracterizada por una crisis política permanente y que finaliza en 1931 con la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. A la crisis política le acompañaron crisis sociales y económicas.

Desarrollo

Tras el Desastre de 1898 surgieron propuestas para renovar la vida política, económica y social del país. La más importante fue el regeneracionismo, cuya figura más destacada fue Joaquín Costa. Los regeneracionistas defendían la necesidad de mejorar la situación del campo español y de elevar el nivel educativo y cultural del país, tal y como refleja el lema de Joaquín Costa: «escuela y despensa».

Alfonso XIII sube al trono en 1902 coincidiendo con un cambio en el liderazgo de los partidos políticos: Antonio Maura en el Partido Conservador y José Canalejas en el Partido Liberal. Esta nueva generación de políticos estuvo muy influida por el regeneracionismo e impulsó importantes proyectos de reforma desde el interior del sistema, aunque mantuvieron el turno de partidos y el falseamiento electoral.

Gobierno conservador de Maura

En 1904 Antonio Maura se convirtió en jefe de gobierno e inició un proyecto reformista dentro del conservadurismo. Se aprobó la ley electoral, que no consiguió ni acabar con la corrupción ni democratizar el sistema político pero dificultó el fraude. Intentó acercarse a Cataluña concediendo más autonomía a ayuntamientos y diputaciones y reconociendo las regiones. En el terreno social creó el Instituto Nacional de Previsión dedicado a los seguros obreros. Pero la defensa del equilibrio social conllevó una actitud intransigente en el mantenimiento del orden público y tras los hechos de 1909 en Barcelona Maura se vio obligado a dimitir, con lo que concluyeron los intentos regeneracionistas.

Semana Trágica de Barcelona (1909)

A partir de 1900 España consolidó la colonización de parte del norte de África. Tras la creación de un protectorado franco-español en Marruecos, a España le correspondió el territorio de El Rif. En 1909 los rifeños infligieron una gran derrota a los españoles en el «Barranco del Lobo», ocasionando numerosas bajas. Maura decidió enviar nuevos soldados, muchos reservistas casados y con hijos. Este hecho provocó un gran movimiento de protesta que se inició en el puerto de Barcelona durante el embarque de tropas hacia Marruecos. Se constituyó un comité de huelga que derivó en una revuelta popular: barricadas en la calle, declaración del «estado de guerra» y envío de refuerzos para reprimir las manifestaciones. El número de muertos y heridos fue elevado.

La represión fue muy dura; el gobierno dictó diecisiete penas de muerte, de las cuales se ejecutaron cinco, entre ellas la de Francisco Ferrer Guardia. Ferrer no había intervenido en la revuelta pero fue ejecutado como castigo ejemplar. Estos hechos provocaron la dimisión de Maura, la disolución de las Cortes y la formación de un gobierno liberal.

Gobierno liberal de Canalejas

En 1910 José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal y llevó a cabo el último intento regeneracionista dentro del sistema de la Restauración. Su programa proponía la modernización de la política e intentaba atraer a ciertos sectores populares (republicanos, socialistas). Entre las reformas más importantes:

• limitación del poder de la Iglesia (Ley del Candado);
• democratización del servicio militar (Ley del Reclutamiento), suprimiendo la redención en metálico;
• leyes que mejoraron las condiciones laborales;
• la Ley de Mancomunidades, que posibilitó la unión de diputaciones provinciales para gestionar servicios públicos.

El proyecto y el resto de reformas se interrumpieron en 1912 con el asesinato de Canalejas a manos de un anarquista en Madrid.

Gobierno conservador de Eduardo Dato

Tras el asesinato de Canalejas el conservador Eduardo Dato subió al poder y se produjo una nueva división tanto en el Partido Liberal como en el Conservador. Esto impidió llegar a acuerdos en el turno de partidos, por lo que entre 1913 y 1917 los sucesivos gobiernos cerraron las Cortes y gobernaron por decreto. Las consecuencias de la I Guerra Mundial aceleraron la descomposición del sistema: la neutralidad favoreció la demanda de productos españoles en el exterior, pero la expansión perjudicó a las clases populares por la inflación. El deterioro del nivel de vida aumentó la conflictividad social que estalló en 1917, dando lugar a una crisis general con carácter militar, político y social.

Crisis de 1917

– Crisis militar: El ejército presentaba exceso de oficiales en relación con soldados; los ascensos por méritos de guerra beneficiaban a los destinados en África. La inflación redujo el valor real de los salarios. Surgieron las Juntas de Defensa, que reclamaban mejoras y cambios en criterios de ascenso.

– Crisis política: Tras el gobierno conservador de Dato, volvió un gobierno liberal que cerró las Cortes. Surgió en Barcelona una asamblea de parlamentarios, impulsada por la Lliga Regionalista, que exigió un gobierno provisional para reformar el sistema y descentralizar el Estado; la asamblea fue disuelta por la Guardia Civil.

– Crisis social: La I Guerra Mundial provocó subidas de precios mientras salarios estancados; la UGT y la CNT convocaron una huelga general en agosto que adquirió carácter político y revolucionario. La reacción gubernamental fue represiva; la huelga fracasó pero debilitó aún más al régimen.

Descomposición del sistema

Tras la detención de Dato en 1917 surgieron gobiernos de concentración (conservadores, liberales y la Lliga Regionalista), poniendo fin al turno de partido. Las diferencias internas impidieron la reforma y el restablecimiento del orden social. Creció la afiliación sindical y la conflictividad laboral se radicalizó; los patronos contrataron pistoleros contra dirigentes obreros, y la llamada «Ley de Fugas» aumentó la violencia, originando el fenómeno del pistolerismo.

La campaña militar en Marruecos, y la derrota en Annual, ocasionaron una gran crisis: pérdida de territorio, desprestigio del ejército e impopularidad del gobierno.

Conclusión

El problema colonial en Marruecos y el impacto de la I Guerra Mundial agudizaron los conflictos, que estallaron en los sucesos de 1917. La incapacidad del sistema de la Restauración para renovarse y democratizarse propició la solución militar: la conspiración que culminó con el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923 e implantó una dictadura militar.