Del desastre del 98 al deterioro del sistema canovista

La Restauración Borbónica, que había funcionado bajo el sistema canovista de turno pacífico entre conservadores y liberales, entró en una crisis irreversible durante el reinado de Alfonso XIII. Tras la muerte de los líderes fundadores y el impacto moral del Desastre del 98, el sistema mostró su incapacidad para adaptarse a una sociedad cada vez más moderna y movilizada. Los intentos de regeneracionismo aplicados por líderes como Maura, con su «revolución desde arriba», o Canalejas, con leyes como la del Candado y la de Mancomunidades, fracasaron debido a la resistencia de la oligarquía y al aumento de las fuerzas de oposición, como el republicanismo, el nacionalismo periférico y un movimiento obrero liderado por la CNT y la UGT que ganaba fuerza ante las precarias condiciones laborales.

La Ley de Jurisdicciones y la Semana Trágica de 1909

El deterioro del sistema se agravó con el intervencionismo del ejército en la vida política, especialmente tras el incidente de la revista satírica Cu-Cut, que llevó a la aprobación de la Ley de Jurisdicciones de 1906, permitiendo que los militares juzgaran delitos de opinión contra la patria o el ejército, lo que supuso una grave quiebra del poder civil. En este clima de tensión, el envío de reservistas para la guerra de Marruecos tras el desastre del Barranco del Lobo provocó en Barcelona la Semana Trágica de 1909. Esta revuelta popular, de marcado carácter antimilitarista y anticlerical, fue reprimida brutalmente por el gobierno de Maura, cuya gestión terminó provocando su caída tras la ejecución de Ferrer Guardia y el desprestigio internacional del régimen.

La triple crisis de 1917 y la descomposición del gobierno

El sistema llegó a su punto de ruptura definitiva en 1917, condicionado por la inflación y el descontento social derivados de la Primera Guerra Mundial. El régimen se enfrentó a una triple crisis simultánea que amenazó su existencia:

• Crisis militar: protagonizada por las Juntas de Defensa que exigían mejoras profesionales.
• Crisis política: con la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona que demandaba una reforma constitucional y autonomía.
• Crisis social: con una huelga general revolucionaria que paralizó el país.

Aunque el gobierno logró sobrevivir utilizando al ejército para reprimir las protestas obreras, el sistema de turno pacífico quedó totalmente desarticulado, dando paso a una etapa de gobiernos de concentración inestables y a un aumento de la violencia social marcada por el pistolerismo y la represión.

El desastre de Annual y el golpe de Estado

El golpe de gracia para el sistema parlamentario fue el problema de Marruecos, que culminó en el Desastre de Annual en 1921, donde una pésima dirección militar bajo el general Silvestre provocó la muerte de más de diez mil soldados. Este desastre generó una indignación nacional que se canalizó a través del Expediente Picasso, una investigación que pretendía depurar responsabilidades y que apuntaba directamente a la cúpula militar y al propio Alfonso XIII, quien fue acusado de haber alentado las operaciones de forma irresponsable. Ante la inminencia de la presentación del informe en las Cortes y la incapacidad de los partidos para controlar la situación de orden público, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado en septiembre de 1923, contando con el apoyo del Rey para clausurar el régimen constitucional y evitar el juicio político al ejército y a la Corona.

Golpe de Estado y base ideológica de la dictadura

El 13 de septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, protagonizó un golpe de Estado en Barcelona cuyas causas se encontraban en el profundo desprestigio del sistema parlamentario. El dictador justificó su acción en un manifiesto al país alegando la necesidad de terminar con la corrupción política, frenar la radicalización del nacionalismo catalán que sentía como una amenaza a la unidad de España, y acabar con la creciente conflictividad social y los atentados terroristas. Un factor determinante fue el desastre de Annual y la instrucción del Expediente Picasso, que amenazaba con revelar responsabilidades graves del ejército y del propio Rey Alfonso XIII, quien lejos de oponerse al golpe, nombró a Primo de Rivera como presidente de un Directorio Militar. El régimen se presentó como una solución transitoria con ideología nacionalista, autoritaria, antimarxista y corporativista, contando con el apoyo de la burguesía, el ejército, la Iglesia y la pasividad inicial de parte del movimiento obrero.

Directorio Militar (1923-1925)

En esta primera fase, el gobierno estuvo integrado exclusivamente por militares y se centró en desmantelar el sistema de la Restauración mediante la suspensión de la Constitución de 1876, la disolución de las Cortes y la prohibición de partidos y sindicatos. Para acabar con el caciquismo, se sustituyeron los ayuntamientos por juntas de vocales y se creó la Unión Patriótica como partido único para dar apoyo social al régimen. En cuanto a la orden pública, se aplicó una dura represión contra el anarquismo y el comunismo, mientras que en Cataluña se prohibió el uso de la lengua y la bandera catalana, disolviendo la Mancomunidad. El mayor éxito de este período fue el desembarco de Alhucemas en 1925, una operación conjunta con Francia que permitió la derrota de Abd-el-Krim y la pacificación definitiva de Marruecos, lo que dio al dictador un enorme prestigio y el apoyo del sector africanista del ejército.

Directorio Civil (1925-1930)

A partir de 1925, Primo de Rivera intentó institucionalizar la dictadura sustituyendo a los militares por ministros civiles y creando una Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar un proyecto de constitución que nunca llegó a entrar en vigor. Esta etapa se caracterizó por un fuerte intervencionismo económico y el impulso de grandes obras públicas como carreteras y confederaciones hidrográficas, gracias a la buena coyuntura internacional de los «felices años veinte». Se crearon monopolios estatales como CAMPSA y Telefónica y se fomentó el corporativismo social a través de la Organización Corporativa Nacional, donde los Comités Paritarios mediaban en conflictos laborales con cierta colaboración de la UGT. Por otro lado, el endeudamiento del Estado y la falta de reformas fiscales profundas fueron debilitando la economía hacia el final del período.

Oposición y fin de la dictadura (1930-1931)

El régimen comenzó a perder apoyos de forma acelerada a partir de 1928 por su autoritarismo y la falta de un proyecto claro de futuro. La oposición creció entre los intelectuales (Unamuno, Ortega y Gasset), los estudiantes universitarios organizados en la FUE y sectores del propio ejército descontentos con las reformas de ascensos. El crack de 1929 y la devaluación de la peseta agravaron la situación, sumándose al malestar de los nacionalismos periféricos y el republicanismo que se unió en el Pacto de San Sebastián. Aislado y sin el apoyo de Alfonso XIII, Primo de Rivera dimitió en enero de 1930. El Rey intentó entonces una transición hacia el sistema constitucional con el gobierno de Berenguer, la conocida como «Dictablanda», pero el desprestigio de la monarquía por colaborar con la dictadura era tal que, tras el gobierno del almirante Aznar y las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República.

Proclamación de la II República y gobierno provisional

Tras la dimisión de Primo de Rivera y el fracaso de la «Dictablanda» de Berenguer, la monarquía de Alfonso XIII quedó aislada, lo que llevó a la oposición a firmar el Pacto de San Sebastián en 1930 para instaurar una república. El almirante Aznar convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931, que se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía; la victoria de las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades provocó la proclamación de la República el 14 de abril y el exilio del Rey. Se formó un Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora e integrado por diversas fuerzas políticas, que tuvo que hacer frente a una difícil coyuntura económica marcada por la crisis de 1929 y a una fuerte conflictividad social, destacando la quema de conventos de mayo de 1931 que tensó las relaciones con la Iglesia. Este gobierno convocó elecciones a las Cortes Constituyentes en junio, donde la coalición republicano-socialista obtuvo una mayoría esmagadora para elaborar la nueva ley fundamental.

Fuerzas políticas del período: ideología y apoyos

El panorama político de la República se caracterizó por una gran polarización:

• Izquierda: Coalición de gobierno formada por republicanos de izquierda como Acción Republicana de Manuel Azaña y el PSOE, apoyado por la UGT.
• Nacionalismos: Esquerra Republicana de Catalunya y el galeguismo de la ORGA y el Partido Galeguista.
• Derecha republicana: Partido Radical de Lerroux.
• Oposición radical: Monárquicos, tradicionalistas y la CEDA de Gil-Robles; por la izquierda extraparlamentaria, la CNT y la FAI.

La Constitución de 1931

La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1931 tras intensos debates, definía a España como una «República democrática de trabajadores de toda clase» y proclamaba la soberanía popular con un sistema unicameral. Entre sus características más avanzadas destacaba el sufragio universal total, permitiendo el voto femenino gracias al impulso de figuras como Clara Campoamor. El texto establecía un Estado laico, reconociendo el matrimonio civil y el divorcio, y limitando drásticamente el poder de la Iglesia. En el ámbito territorial, abría la puerta a las autonomías, definiendo el Estado como «integral» pero compatible con la autonomía de municipios y regiones. Finalmente, incluía una ambiciosa declaración de derechos sociales y el principio de que la propiedad privada podía ser expropiada por causa de utilidad social.

Introducción y contexto de las reformas

Durante el Gobierno Provisional y el Bienio Reformista (1931-1933), la II República puso en marcha un ambicioso plan de transformaciones para modernizar el país, las cuales suscitaron una fuerte oposición de la derecha y de sectores del ejército, que intentaron frenarlas mediante el golpe de Estado de Sanjurjo en 1932. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo que enfrentar la resistencia de sectores anarquistas como la CNT, que consideraban las reformas insuficientes, como se demostró en los sucesos de Casas Viejas.

Principales reformas

• Reforma militar: Impulsada por Manuel Azaña para profesionalizar el ejército y asegurar su fidelidad mediante la reducción de oficiales y el cierre de la Academia de Zaragoza.
• Reforma religiosa: Laicización del Estado, disolución de la Compañía de Jesús y prohibición de que las órdenes religiosas ejercieran la enseñanza.
• Reforma agraria y laboral: Ley de Reforma Agraria de 1932 para expropiar latifundios y leyes laborales de Largo Caballero para proteger los derechos de los trabajadores.
• Reforma educativa y territorial: Apuesta por la escuela única, laica y gratuita, y descentralización del Estado con el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932.

El Estatuto gallego, impulsado por el Partido Galeguista de Castelao, fue aprobado en referendo en junio de 1936 pero no llegó a entrar en vigor de forma efectiva debido al golpe de Estado de julio, siendo ratificado por las Cortes en el exilio ya en el año 1945.