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Tema 15. La España Democrática.
Aprobada la Constitución del 78 y refrendada por un referéndum popular, Suárez disuelve las Cortes Constituyentes y
convoca elecciones generales a Legislativas, finalizando la Transición. El nuevo triunfo de la UCD da inicio a la segunda legislatura
de Suárez, marcada por la consolidación democrática, pero también por el declive del partido y un golpe de Estado de
ultraderecha.
1. Los gobiernos de UCD
(Primer gobierno en el tema anterior). Las nuevas elecciones dan de nuevo la victoria a UCD, con 168 diputados frente a
los 121 del PSOE y 23 del PCE. Se reduce la participación política. Este nuevo gobierno continúa la actividad reformista buscando
el consenso y promulga el Estatuto de los trabajadores. El ejecutivo se muestra inestable, haciendo frente a múltiples cambios
ministeriales y comenzando a gestarse una contestación interna en el partido hacia su líder, reforzándose las diversas tendencias.
Los democristianos rechazaban la ley del divorcio, así como las decisiones de Suárez en política exterior: asistencia a la VI
Asamblea de Países No Alineados (en calidad de observador), encuentro con Fidel Castro y recepción de Yaser Arafat
(considerado terrorista por EEUU). A estos problemas internos se suma el fracaso en las elecciones municipales de Abril, que
dieron ayuntamientos a la izquierda, así como en las autonómicas del País Vasco y Cataluña.
La fragilidad de la democracia se evidenció por el acoso de grupos de extrema derecha: Batallón Vasco-Español, Triple A,
Guerrilleros de Cristo Rey, y de extrema izquierda: ETA, GRAPO, FRAP (anticapitalista), que no aceptaban la Constitución ni el
sistema democrático implantado en la Transición. Aumentaron considerablemente los atentados mientras la oposición iba
ganando fuerza y se beneficiaba del malestar sociopolítico y la crisis de UCD. En 1980 el gobierno fue sometido a una moción de
censura del PSOE, que ganaron por escaso margen. El fraccionamiento y el cuestionamiento (incluso por el rey) llevaron a que en
1981 Suárez dimitiese.
La principal amenaza al sistema democrático provénía del estamento militar de sectores filo-franquistas hostiles a la
democracia. La legalización del PCE, el proceso autonómico, el terrorismo y la anunciada reforma del ejército eran signos de alarma
que para ellos justificaba la intervención. En el 78 se desarticuló la Operación Galaxia, cuyo responsable fue Tejero y finalmente,
en 1981, mientras se votaba la investidura de Calvo Sotelo como sucesor de Suárez, se produce un Golpe de Estado. Un grupo de
guardias civiles al mando de Antonio Tejero irrumpíó en el hemiciclo, mientras en Valencia Milans del Bosch se sublevaba y
sacaba los tanques a la calle. Dicho golpe resultó de una trama que implicaba altos cargos de la GC, jefes militares y políticos
involucionistas que pretendían paralizar el proceso democrático. Dentro del golpe había dos tramas: el golpe duro (Bosch y
Tejero), que pretendía la dictadura militar y el golpe blando (Alfonso Armada), que pretendía proponerse como solución de
compromiso simulando una negociación con Tejero, rindiéndose este y siendo él proclamado presidente. Formaría después un
gobierno de coalición de militares y políticos de todas las tendencias (incluso comunistas) y esto fue lo que disgustó a Tejero, que
lo rechazó. La comparecencia del Rey en televisión hizo que los altos mandos no apoyasen el golpe y este fracasase.
Envestido Calvo Sotelo como jefe de gobierno, firmó el Acuerdo Nacional de Empleo para contribuir a la estabilidad, así
como la Ley del Divorcio. Se solicitó también el ingreso en la OTAN (efectivo en el 82). El PSOE manifestó su intención de someter
la decisión a referéndum si llegaba al poder. Un pacto UCD-PSOE permitíó aprobar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico para que no se desbordaran los límites de los poderes autonómicos. Sin embargo Sotelo no pudo frenar la
desintegración del partido. Suárez creó el suyo propio, el CDS y Sotelo disolvíó el parlamento y convocó elecciones generales (‘82).
2. ElEstado de las Autonomías
En la Constitución se regulaba la descentralización de ciertos poderes y la creación de CCAA, provincias o agrupaciones
de provincias con autogobierno, que asumen algunas funciones y competencias mediante la aprobación de sus Estatutos. Se
establecen dos vías de acceso, la vía rápida (Cataluña, País Vasco y Galicia; también aquellas cuya petición viniese de la mayoría
de diputaciones provinciales y fuese ratificada por referéndum) y la vía lenta. Todas las CCAA cuentan con: un Estatuto (nombre,
delimitación territorial, símbolos instituciones y competencias), Parlamento Autonómico (elegido por sufragio universal; leyes
autonómicas), Gobierno autonómico (Presidente y Consejeros) y Tribunal Superior de Justicia. También poseen una serie de
competencias políticas, económicas, sociales y culturales. El Gobierno Central se reserva las competencias de Política Exterior,
Defensa, sistema monetario y Hacienda. También hay un sistema de financiación que en la mayoría se basa en ingresos y tributos
cedidos por el Estado y en ingresos propios. Tan solo País Vasco y Navarra (forales) tienen un régimen fiscal distinto: recaudan
sus impuestos y ceden parte al estado. Las CCAA más desfavorecidas reciben ingresos extras del Fondo de Compensación para
corregir desequilibrios. Los primeros estatutos promulgados fueron los de Cataluña y País Vasco (1979). En el 81 se aprobaron los de Galicia y
Andalucía y, hasta el 83, el resto. El mapa autonómico queda configurado por 17 CCAA y dos ciudades autónomas.
3. Los gobiernos del PSOE (1982-1996)
En las elecciones de 1982 el PSOE consigue mayoría absoluta tras presentarse como motor del cambio. Felipe González
es elegido presidente del gobierno y el PSOE mantiene el poder cuatro legislaturas, careciendo de la mayoría absoluta en el 93 y
teniendo que pactar con otros partidos. El cambio socialista se concretó con un amplio programa de reformas cuya prioridad era
la lucha contra la crisis, la racionalización de administraciones y la modernización de España para lograr el Estado del bienestar.
Así, para reactivar la economía se tomaron medidas que garantizasen la estabilidad financiera (reconversión bancaria), reducir la
inflación y estimular la inversión privada, así como reestructurando el aparato productivo con una reconversión industrial que
supuso la adaptación a las exigencias internacionales y de la CEE. Permitíó el saneamiento financiero y la adaptación tecnológica,
pero provocó paro y con ello, conflictos laborales como el de Sagunto. Para conseguir la integración en la CEE, España tuvo que
adecuarse a la normativa comunitaria. El Tratado de Adhesión se firmó en el 85 y su incorporación tuvo lugar al año siguiente.
Otras reformas: Ley de Reforma Universitaria, la LODE (educación gratuita hasta los 14) y la LOGSE (la prolongó a los 16).
El gobierno tuvo que hacer frente al terrorismo de ETA. Se propició el Pacto de Ajuria Enea (88), que unía a las fuerzas
políticas democráticas vascas y se reformó el ejército para evitar el golpismo (quedó sujeto al poder civil).
Se inicia un proceso de desgaste, causado por las reformas económicas (deterioró sus relaciones con los sindicatos,
oponiéndose primero CCOO y después UGT; se convocó una huelga en 1988 con notable participación). En respuesta, el gobierno
universalizó la sanidad, fortalecíó la protección contra el desempleo y se garantizó el sistema de pensiones (Pacto de Toledo).
Las disensiones con el sindicato y entre los líderes del partido se agravan y llegan al límite con los escándalos de
corrupción entre personalidades vinculadas al gobierno. A esto se sumó la “guerra sucia” contra el terrorismo, donde las
autoridades toleraban a los GAL, pistoleros de extrema derecha que atentaban contra etarras. En 1992 se inicia una recesión de
carácter mundial, aún mayor en España por los gastos de las Olimpiadas y la Expo. Estas causas provocaron las elecciones
anticipadas para 1996.
4. Los gobiernos del PP (1996-2004)
El PP vencíó en las elecciones, con escasa diferencia respecto al PSOE. José María Aznar fue elegido presidente, pero tuvo
que pactar con los nacionalistas por carecer de la mayoría absoluta. Así, su primera legislatura tuvo orientación centrista para
mantener el apoyo de sus socios, y se centró en la tarea económica, ya que la crisis había frenado el crecimiento, elevado la
inflación y aumentado la tasa de paro. Mantuvo una política social para asegurar el Estado del Bienestar y dialogó con sindicatos
y empresaurios.
En política internacional logró alcanzar las condiciones de la Uníón Europea para ingresar en el primer grupo de países
que implantarían el euro en 2002. Se llevó así una enorme operación de privatización que recaudó suficiente para equilibrar el
déficit. También se suprime el servicio militar obligatorio y se crea un ejército profesional.
Una de las cuestiones más complejas del gobierno fue su relación con el PNV y su actuación frente al terrorismo de ETA,
que optó por los atentados y los secuestros a políticos, asesinando a Miguel Ángel Blanco y finalizando así una etapa de
entendimiento. Así, los partidos nacionalistas se sintieron amenazados y firmaron el Pacto de Lizarra, que incorporaba a la
izquierda abertzale y acentuó la polarización de la política vasca.
El PP consigue mayoría absoluta en el 2000. Se caracterizó por una buena situación económica y un cambio en la forma
de gobierno. Abandonó la política centrista por una conservadora, modificando la legislación socialista y elaborando nuevas leyes:
de Extranjería (regulando la entrada y estancia en España), Ley Orgánica de Universidades (reducía la autonomía universitaria),
Ley de Partidos (ilegalizando a los que no condenasen explícitamente el ejercicio de la violencia con fines políticos). También hizo
frente a cuestiones que provocaron gran polémica social como el Plan Hidrológico Nacional o el desastre ecológico del Prestige.
Una reforma en el subsidio de paro causo además una huelga general cuyo éxito obligó a su retirada.
En política exterior se acercó a EEUU, que tras los atentados del 11-S invadíó Afganistán e intervino militarmente Irak.
La oposición de la sociedad ante esta última intervención provocó múltiples manifestaciones y desgastó el gobierno. En 2004, se
presenta Rajoy como candidato el PP, pero tres días antes de las elecciones, el 11-M, tiene lugar el estallido de diez bombas en
trenes cercanías de Madrid, alterando dramáticamente la campaña electoral. El gobierno atribuyó los atentados a ETA, aunque
las pistas los vinculaban a Al-Qaeda. Finalmente se admitíó la verdad y quedó patente la responsabilidad del gobierno al haber
intervenido en una guerra a la cual los españoles se opónían. Por ello el PSOE obtuvo la victoria, siendo Zapatero el nuevo
presidente.