Primo de Rivera a partir del 27 xuleta

14.2 La dictadura de Primo de Rivera


Cataluña fue la regíón más castigada por la violencia social, y donde más se reclamaba una solución al precio que fuera. No fue una coincidencia que de allí partiera el movimiento militar.
Tampoco fue coincidencia que se sintiese la amenaza soviética, y que el fascismo italiano ofreciese un modelo tanto para el hombre de la calle como para la Monarquía. La complicidad de Alfonso XIII con Primo de Rivera no está demostrada, pero sí la aceptación complacida del golpe. Le apoyaron el Ejército y las organizaciones patronales y católicas ante la indiferencia de la mayoría de la población. Según el propósito anunciado por los militares sublevados, no se trataba de cambiar el régimen, sino de sacar al país de la crisis producida por la decadencia del sistema.   En una primera etapa, hasta la primavera de 1924, el dictador se propuso terminar con el desorden público, la amenaza de los nacionalismos, el asunto de las responsabilidades del desastre de Marruecos y la lacra del caciquismo. Un “cirujano de hierro” al que no le iba a temblar la mano. Si quería perdurar tenía que abordar los problemas sociales y económicos, y movilizar a sus apoyos, fundamentalmente el Somatén y la Uníón Patriótica, organización política creada en 1924 como partido único, basada en los principios de “Religión, Patria y Monarquía”, a la que debían pertenecer todos los responsables de las instituciones del Estado. Se formó el Directorio Militar, constituido por ocho generales, aunque Primo de Rivera se reservó prácticamente todo el poder como “ministro único”. Los delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria quedaron sometidos a tribunales militares, se suspendieron las garantías constitucionales y se implantó la censura de prensa. Las medidas represivas fueron implacables contra anarquistas y comunistas, prohibíéndose cualquier manifestación de separatismo: los partidos catalanistas y el PNV quedaron fuera de la ley, así como el uso de otra lengua que no fuera el castellano. El dictador acuñó el lema de “una, grande e indivisible” y llegó a decir en un mitin que prefería ver la Patria “roja que rota”. Una vez asegurada la política de centralización y orden público, quedaba el problema de Marruecos: los ataques de Abd-el-Krim en la zona oriental del Protectorado obligaron al ejército español a replegarse a las grandes ciudades, Ceuta, Melilla, Tetuán y Larache. Crecido por sus éxitos, Abd-el-Krim atacó la zona francesa, provocando el envío de refuerzos y posibilitando un acuerdo de cooperación militar entre España y Francia. Así, mientras 150.000 soldados franceses atacaban desde el sur, los españoles desembarcaban en Alhucemas el 8 de Septiembre de 1925, conquistando Axdir, la capital de Abd-el-Krim, el 2 de Octubre. La lucha continuó aún hasta la primavera de 1926, cuando el jefe rebelde se entregó a los franceses. Terminaba de este modo la pacificación del Rif, y uno de los conflictos coloniales más sangrientos para España.      Muchos pensaron que en este momento Primo de Rivera podía haber dejado el poder como un triunfador. No obstante, el 2 de Diciembre de 1925, expuso al rey su intención de sustituir “una dictadura militar por otra civil y económica”. Al día siguiente nombró un Consejo de Ministros civil que se mantuvo, casi sin cambios, hasta Enero de 1930. Comenzaba la segunda fase de la Dictadura:
El Directorio Civil, en el que Primo de Rivera siguió detentando el poder absoluto, junto con técnicos y funcionarios civiles y dos altos mandos del Ejército. Este Consejo podía suspender cualquier sentencia judicial, sin recurso alguno contra sus resoluciones. Los ciudadanos seguían sin derechos cívicos ni constitucionales. De todos modos se creó una Asamblea Nacional, que no trataba de ser un Parlamento, sino un órgano consultivo, formado por altos cargos del Estado, el Ejército, la Iglesia y la Justicia, delegados de los municipios, las diputaciones y las organizaciones provinciales de la Uníón Patriótica y, por último, representantes de “actividades de la vida nacional”, procedentes del mundo académico, los sectores productivos y las asociaciones patronales y sindicales. Desde el momento de su apertura, en Septiembre de 1927, el control gubernamental fue absoluto. Su primera tarea fue elaborar un anteproyecto de Constitución, cuya redacción no se hizo pública hasta Julio de 1929, demasiado tarde para ser aprobado, ya que para entonces Primo de Rivera había perdido la mayor parte de sus apoyos. Todas sus medidas de cambio político no tuvieron el menor éxito: La Uníón Patriótica sólo existía con el apoyo del Ejército, la Asamblea Nacional nunca tuvo poderes reales para legislar sin obtener el más mínimo resultado práctico, y el nuevo personal político se compónía de ingenuos, oportunistas, despistados y algunos caciques; pero la mayoría del viejo sistema resistíó, con la idea de la venganza siempre en mente. Sin embargo, los resultados económicos de este período fueron muy positivos. El país no se había quedado al margen del ciclo internacional de bonanza y progreso, los llamados “happy twenties”: la industria española crecíó a un ritmo superior al 5% anual. Los sectores más activos, la siderurgia, la construcción, el cemento y la química, se vieron impulsados por el proceso acelerado de urbanización, la extensión de la electrificación, las necesidades de equipamiento de las empresas, la llegada de capitales extranjeros y el incremento de las exportaciones. La mejora de las comunicaciones recibíó especial atención: mejoró mucho la red de carreteras y los teléfonos no sólo se multiplicaron por tres en siete años, sino que gracias a la cooperación con la ITT norteamericana fueron los más avanzados de Europa. Dos nombres simbolizan esta faceta de la dictadura: el conde de Guadalhorce, creador de las confederaciones hidrográficas, y José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en 1925, autor de los estatutos municipal y provincial, y que financió la política de inversiones públicas sin aumentar el déficit del Estado. Creó el Monopolio de Petróleos (CAMPSA), y mejoró la gestión de los impuestos. A pesar de estos logros económicos, la imagen de Primo de Rivera se fue deteriorando rápidamente. Las manifestaciones públicas de protesta vinieron del sector intelectual y estudiantil, a las que se respondíó con medidas represoras como el destierro de Unamuno a Fuerteventura, sanciones a Blasco Ibáñez, o cierre del Ateneo de Madrid, que provocaron huelgas universitarias. Aparecieron sátiras demoledoras que se repetían en las tertulias burguesas, en los salones aristocráticos, en las sacristías. Se le criticaba y ridiculizaba en todo. El rey acabó por darse cuenta de la soledad política y social que le rodeaba. Hasta que cometíó un grave error: dirigir una consulta a los capitanes generales preguntándoles si seguía disfrutando de su confianza. Ante la negativa, desengañado y enfermo, presentó su dimisión al rey el 27 de Enero de 1930. Se exilió en París, donde murió poco después. Alfonso XIII, mientras tanto, desoyó las voces que clamaban por la convocatoria de Cortes Constituyentes y nombró al general Berenguer como presidente del Gobierno con la esperanza de cerrar un paréntesis, como si no hubiera pasado nada y se pudiera recuperar la “normalidad” anterior a 1923. Pero, como escribíó Miguel Maura, de la Constitución de 1876, “hecha jirones” después de seis años de violación constante, no quedaba sino el recuerdo: “Pretender, en 1930, resucitar el texto de esa misma ley fundamental era, además de una insigne torpeza, un sarcasmo que el país no podía perdonar, y quizá fue la causa principal de la repulsa a la persona del monarca, que la masa de opinión tradicionalmente monárquica mostró en los votos del 12 de Abril de 1931”. El régimen de la Restauración, dijo Azaña, “forzado a elegir entre someterse o tiranizar, eligió tiranizar, jugándose el todo por el todo. Pues bien, se lo jugó y lo ha perdido”. Las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito entre Monarquía y República. Los republicanos ganaron en la mayoría de las capitales de provincia y el rey Alfonso XIII se vio obligado a abandonar España. Lo hizo desde Cartagena y cuando llegó a París declaró que la República era “una tormenta que pasará rápidamente”.

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