Regencia de María Cristina estatuto real

TEMA 2: REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE Isabel II

Tras la muerte de Fernando VII (1833), su hija y heredera al trono Isabel II tan sólo tenía 3 años, por lo que su madre María Cristina de Borbón sería nombrada como reina regente (1833-1839). Los absolutistas, molestos con la corona por su política de acercamiento hacia los liberales, optan por Carlos María Isidro como pretendiente al trono basándose en la Ley Sálica (derogada en 1830 por Fernando VII para garantizar los derechos dinásticos de su hija). Estalló así la primera guerra carlista entre el bando partidario del infante Don Carlos apoyado por absolutistas, campesinos tradicionalistas y el clero, y el bando cristino formado por liberales, moderados, burguésía, clases populares y el ejército.

La guerra se inicia con el levantamiento por parte de los carlistas en el País Vasco, Navarra y el Maestrazgo con los generales Zumalacárregui y Cabrera al frente. Su falta de apoyos y los triunfos del ejército liberal llevaron al general Maroto a pactar su rendición ante Espartero mediante el Convenio de Vergara de 1939 por el que reconocían a Isabel II como reina y ponía fin a la guerra.

Las guerras carlistas obligaron a la regente a buscar apoyos en los liberales. De ese modo, Martínez de la Rosa, un doceañista muy moderado, gobernará introduciendo pequeños cambios en el régimen absolutista. El más significativo sería el Estatuto Real de 1834, mediante el cual se crean unas cortes bicamerales (congreso y senado), formadas por el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores. La monarquía conserva todos sus poderes y no se hace ninguna declaración de derecho.

Pero el liberalismo ya no era un bloque unido en su rechazo al Antiguo Régimen. Se habían dividido por un lado en moderados, los cuales representaban los intereses de la oligarquía terrateniente y financiera, eran defensores del sufragio restringido, la soberanía compartida por el monarca y la autoridad. Por otro lado estaban los progresistas, que defendían la ampliación del sufragio, la soberanía nacional, la creación de ayuntamientos elegidos por los vecinos, limitar el poder de la Iglesia y ampliar los derechos colectivos.

Los progresistas, que rechazaban el Estatuto Real, promovieron movimientos revolucionarios por todo el país. La regente se vio obligada a entregar el gobierno a Mendizábal, un hombre de negocios progresista que, para recaudar fondos destinados a luchar contra el carlismo, ordenó la desamortización de los bienes del clero. Debido a la presión de la Iglesia, Mendizábal fue destituido, provocando el Motín de la Granja (1836) que obliga a la regente a restablecer la Constitución de 1812. Esta fue revisada por las cortes dando lugar a la Constitución de 1837, con la que se buscaba un consenso con los moderados. Recogía los principios de soberanía nacional, división de poderes, derechos ciudadanos y la aconfesionalidad del estado, propios del progresismo. También incluía carácterísticas moderadas, como el bicameralismo, la ampliación de las atribuciones reales y el mantenimiento económico del clero.

Finalmente el voto fue otorgado sólo a los propietarios, por lo que las elecciones dieron el triunfo a los moderados. El gobierno moderado legisló de manera que los derechos ciudadanos se vieron restringidos, aumentando el malestar popular. Pero fue el proyecto de Ley de Ayuntamientos el desencadenante del fin de la regencia de María Cristina, al pretender el gobierno sustituir la elección directa de los alcaldes por el nombramiento real, en el caso de las capitales de provincia. La presión progresista sobre la regente, llevaron a ésta a cesar en el cargo, siendo sustituida por el general Espartero.

La regencia de Espartero (1840-1843) se desarrolló en una conflictividad política. Los métodos autoritarios del general, la radicalización de los movimientos ciudadanos, el descontento de los industriales por la política librecambista y de los campesinos ante una

desamortización que solo favorecía a los propietarios, provocaron la renuncia de Espartero tras una conspiración del general Narváez. Para evitar una 3a regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II.

El sistema político parlamentario que había consolidado la Constitución de 1837 se basaba en la existencia de dos tendencias políticas: moderados y progresistas. Con el tiempo surgirían nuevas agrupaciones, como los demócratas y los republicanos, escindidos de entre los progresistas; y la Uníón Liberal, un grupo centrista que se separó de los moderados.

Con Narváez al frente y el liberalismo doctrinario como base ideológica da comienzo la llamada Década Moderada (1844-1854), en la cual el gobierno moderado diseñó un modelo de estado centralizado que se articuló a partir de la Constitución de 1845 y las leyes que la desarrollan. Establecía la soberanía compartida, la ampliación de los poderes reales, una organización territorial centralizada, la confesionalidad del Estado y el sufragio censitario.


Además de la Constitución, el gobierno moderado aprobó otras importantes reformas. En 1845, la reforma de la Hacienda unificó la fiscalidad creando una contribución directa sobre la tierra y los impuestos indirectos sobre el consumo. La ley electoral de 1846 redujo el número de electores al 1% de la población. También se limitó la libertad de imprenta, se suprimíó la Milicia Nacional y se paralizó la desamortización eclesiástica. De esta forma, en 1851 se firmó el Concordato con la Santa Sede por el que la Iglesia aceptaba la desamortización de los bienes ya vendidos a cambio de la devolución de los que no habían sido subastados, el restablecimiento de las órdenes religiosas suprimidas, el mantenimiento económico del culto y clero por parte del Estado y la supervisión de la educación.

La centralización de la administración se hizo efectiva a través del nombramiento real de gobernadores y alcaldes según la Ley de Administración local y provincial de 1845. Se mantuvieron las Juntas Generales Vascas y de Navarra para atraerse al foralismo próximo al carlismo. A esa misma unificación contribuyó la aprobación del Código Penal de 1848 y del Código Civil en 1855.

Para mantener el orden público y la defensa de la propiedad en el campo se creó la Guardia Civil en 1844. Nacíó como un órgano de defensa nacional, formado por civiles armados y profesionalizados, bajo disciplina militar y vinculados al gobierno.

La inestabilidad material, la corrupción política y la uníón de la oposición y los sectores más aperturistas del moderantismo contra el proyecto de Bravo Murillo de reformar la Constitución con medidas extremadamente conservadoras, acabaría con la Década Moderada. En Junio de 1854, O’Donnell encabezó un pronunciamiento militar en Vicálvaro y llamó a la insurrección a través del Manifiesto de Manzanares, escrito por Antonio Cánovas. La sublevación se extendíó por las ciudades, donde se formaron juntas revolucionarias con el apoyo de las clases populares. Ante el temor a la radicalización de la protesta, Isabel II encargó formar gobierno a Espartero, líder de los progresistas, con la participación de O’Donnell, que fundaría el partido centrista la Uníón Liberal. Se iniciaba así el llamado Bienio Progresista (1854-1856).

Durante este breve período se tomaron importantes decisiones en el campo económico con el objetivo de impulsar la industrialización de España, aprobándose la Ley de Ferrocarriles de 1855 para incentivar su construcción. Muy relacionada con la anterior, la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito organizaba el sistema bancario, mientras que la Desamortización de Madoz determinaba la expropiación y puesta en venta de todas las propiedades que aún permanecían amortizadas.

En el ámbito político se elaboró la Constitución de 1856, de carácter progresista, pero no llegó a ser promulgada por la entrada en crisis de la coalición gobernante. Las medidas

económicas solo habían beneficiado a la burguésía y perjudicado a las clases bajas. Esto provocó diversos motines y reivindicaciones que resultaron en la dimisión de Espartero y la formación de un gobierno por parte de O’Donnell para acabar con las protestas.

O’Donnell formó gobierno apoyado por la Uníón Liberal, que aunó a los sectores más centristas del liberalismo e intentó llevar una política de equilibrio entre ambas tendencias. Además se benefició del crecimiento económico que siguió a la legislación del Bienio y se volcó en una política exterior de prestigio que centrase la atención de los españoles, como las campañas en Indochina, México y Marruecos.

En 1863, sin embargo, la presión de los moderados por volver al poder, precipitaron la sustitución de O’Donnell por Narváez. Las formas más autoritarias de los moderados radicalizaron a los progresistas, que, con el apoyo de los demócratas, recurrieron de nuevo a la sublevación. La dura represión gubernamental tanto del levantamiento del cuartel de San Gil, como sobre los estudiantes en la noche de San Daniel restó apoyos al gobierno.

A la crisis final del sistema también contribuyó la crisis económica generalizada desde 1866, la falta de liderazgo en los principales partidos políticos tras la muerte de O’Donnell y Narváez y el propio desprestigio de la reina, tanto por su vida personal como por su injerencia política a favor del moderantismo.

Estas circunstancias unieron a progresistas, demócratas y republicanos en el Pacto de Ostende de 1866 con el objetivo de derrocar a Isabel II.

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