La Revolución industrial española fue tardía e incompleta. Se inició a partir de 1840, en el reinado de Isabel II, coincidiendo con una fase de expansión de la economía mundial y con una relativa estabilidad política. Además del escaso papel de la agricultura hay que señalar otros factores del retraso:

• La inexistencia de una burguésía financiera emprendedora. La burguésía prefería inversiones a corto plazo o en sectores industriales que generen dinero rápido, como el ferrocarril.

• La dependencia técnica o financiera del exterior. El capital extranjero aprovechó para invertir en España, primero el inversor Franco-belga y después el inglés.

• Escasez de carbón y materias primas.

• Falta de coherencia en las políticas económicas.

A pesar de esto, se intentaron transformar las viejas estructuras económicas en otras nuevas, basadas en el desarrollo del comercio y la industria, pero no dieron el resultado esperado.

Cataluña fue la única zona donde la industrialización se originó a partir de capitales autóctonos, aunque predominó la empresa mediana. El sector algodonero fue el más dinámico. La protección arancelaria lo puso a salvo de la competencia inglesa y le permitíó, tras la pérdida de las colonias, orientar su producción al mercado nacional.
La inexistencia de buen carbón y de demanda explica el dificultoso desarrollo de la industria siderúrgica, cuya localización fue cambiado a lo largo del siglo XIX:
Primero se desarrolló la industria en torno a Málaga, ya que las guerras carlistas que impedían el acceso a las minas del norte. Se basaba en el hierro. Después, entre los 60 y 80, se dio la etapa asturiana, basada en la riqueza de carbón de la zona, pese a su baja calidad. Pero el verdadero despegue se inició a finales de siglo en Bilbao. Bilbao exportaba hierro y compraba carbón galés, más caro, pero de mejor calidad y más rentable.
En cuanto a la minería, esta alcanzó su apogeo a finales de siglo. España poseía muchas reservas de hierro, plomo y cobre. Pero fueron las compañías extranjeras las que se hicieron cargo de la explotación minera. Es importante en este desarrollo la “ley de bases sobre minas de 1868”.

FERROCARRIL. La primera línea se construyó en 1848: Barcelona-Mataró, pero la fiebre constructora se desencadenó a partir de la ley general de Ferrocarriles de 1855. Las causas fueron el apoyo estatal, el flujo masivo de capital y tecnología extranjeras, sobre todo francesas y la aportación de capitales nacionales, especialmente en Cataluña, País Vasco y Valencia.

En 1868 se habían construido casi 5.000 kilómetros y fijado el trazado de las grandes líneas nacionales. Las compañías ferroviarias más importantes eran la de Madrid-Zaragoza (M.Z.A) y la del Ferrocarril del Norte.

El ferrocarril abríó el camino a la integración real del mercado español, permitiendo un u intenso tráfico de ideas, viajeros y mercancías. El ferrocarril actuó como una poderosa palanca de desarrollo económico.

EL COMERCIO. Sus transformaciones fueron profundas: creación de un mercado nacional más integrado, por la mejora de las comunicaciones, y las importaciones y exportaciones tenían un gran crecimiento, aunque siempre perdiendo dinero España. En este sentido debemos repetir el debate entre proteccionistas (industriales catalanes) y librecambistas (comerciantes de productos agrarios); la política adoptada durante casi todo el siglo fue proteccionista, excepto desde 1869 (arancel Figuerola) hasta 1891. Hay que destacar también la reforma de la Hacienda pública de Mon-Santillán en 1845 y la implantación de la peseta como moneda oficial en 1868.

ECONOMÍA. Debido a la revolución demográfica, agrícola y de transportes, los bancos y un sistema financiero adecuado eran esenciales para el desarrollo de un proceso de industrialización. Los recursos financieros españoles eran muy escasos y apenas se dirigieron a la industria. Esto facilitó la penetración de capitales extranjeros orientados a la Deuda Pública y la red ferroviaria. El Banco de San Fernando, 1829, se convirtió en el órgano bancario que respaldaba al Estado a partir de 1845. Esto provocó su ruina, y su posterior fusión, en 1847, con el Banco de Isabel II (1844, por el Marqués de Salamanca). La Ley Bancaria de 1856 durante el bienio progresista pretendíó crear las bases para la creación de sociedades de crédito y nuevos bancos que favoreciesen la inversión de capitales y el despegue industrial y comercial. Se crearon muchas sociedades y bancos, pero estos se dedicaron a financiar operaciones especulativas. El sistema financiero español quedó controlado por grandes grupos bancarios franceses como el grupo Perèiré o la Banca Rotschild, que invertirían en ferrocarriles, minas (tras 1868), compañías de Gas, Seguros y Tabacos; mientras que pequeños bancos en capitales de provincias posibilitarían negocios locales. La crisis de 1866 tendrá efectos depresivos sobre el sistema financiero y originará quiebras bancarias. Algunos de los supervivientes serán el origen de una banca comercial y de negocios que a partir de 1868 y hasta comienzos del Siglo XIX, constituirán el sistema financiero español. Desde 1874 el Banco de España tendrá el monopolio de emisión de moneda fiduciaria.