La Revolución de Mayo y los Primeros Gobiernos (1810-1815)
El fundamento ideológico de los revolucionarios de Mayo fue la retroversión de la soberanía, concepto propio de las teorías contractualistas, que postulaba la instauración de la soberanía popular. Las organizaciones civiles y las invasiones inglesas ya habían evidenciado la debilidad del poder español en el continente americano. La caída del rey español durante las guerras napoleónicas fue el detonante que impulsó la decisión de instaurar la soberanía popular. Sin embargo, el concepto de soberanía popular no era interpretado de manera unívoca, debido a la difusión de diversas fuentes teóricas como la neoescolástica española y el iusnaturalismo, así como las propuestas republicanas emanadas de los movimientos revolucionarios de Francia y Estados Unidos.
Así, los principales debates políticos giraron en torno a la disputa entre quienes defendían una posición liberal y quienes abogaban por una posición absolutista. Dentro de la Junta, se enfrentaron dos facciones con sus respectivos seguidores: los saavedristas, que sostenían una postura más conservadora y centralista, y los morenistas, que abogaban por una forma republicana y más radical.
Hacia 1814, Fernando VII regresó al trono, dispuesto a recuperar sus dominios y a castigar a las colonias rebeldes, así como a quienes habían participado en la sanción de la Constitución de 1812. En ese mismo año, la Asamblea creó la modalidad de Directorio. En 1815, Alvear asumió como Director Supremo. Sin embargo, a los problemas derivados del regreso de Fernando VII se sumó la revolución armada de los artiguistas, que culminó con la destitución de Alvear. La Asamblea, por su parte, no logró cumplir con sus cometidos principales: declarar la independencia y sancionar una constitución. Finalmente, la Asamblea sería reemplazada por un Congreso General Constituyente.
La participación popular se manifestó a través de los escuadrones de criollos liderados por Liniers, que surgieron como fuerzas voluntarias durante la Primera Invasión Inglesa para la defensa del territorio.
Transformaciones Económicas en Buenos Aires (Siglos XVI-XIX)
Durante los siglos XVI y XVII, Buenos Aires se mantuvo como una zona marginal en el Virreinato, a diferencia de la región del Alto Perú, al carecer de fuentes de metales preciosos. Su actividad principal era la ganadería, lo que también propiciaba el contrabando de ganado cimarrón.
Con la implementación de la Ley de Libre Comercio, el puerto único con el exterior generó grandes ganancias para la región gracias a los ingresos aduaneros.
A partir de 1810, el comercio nacional debió enfrentarse sin protección alguna a la competencia extranjera. El mercado británico adquirió un peso superior al de todos los demás, y el traslado del centro metropolitano de Cádiz a Londres favoreció a los emisarios de la nueva potencia frente a los de la antigua.
Los estancieros sumaron entonces un nuevo rubro: la carne salada (saladero), que comercializarían con Cuba, Brasil y otros países con economías esclavistas. Esta nueva actividad multiplicó su producción.
Durante el gobierno de Martín Rodríguez, el ministro Rivadavia implementó una serie de reformas significativas: el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio con Inglaterra; la creación del Banco de Descuentos; la solicitud de un préstamo a Inglaterra para reformas de infraestructura; y la Ley de Enfiteusis, que establecía que las tierras públicas no podían venderse, sino que el Estado las otorgaría en alquiler por 20 años (con cánones más altos para ganadería y más bajos para agricultura), lo que, paradójicamente, incrementó la propiedad terrateniente.
Los hacendados porteños, de tendencia centralista y ligados al comercio británico, brindaron su apoyo al partido del orden y recibieron con entusiasmo la experiencia unitaria de Rivadavia, de la cual se vieron beneficiados (especialmente con la Ley de Enfiteusis). Durante este período se vivió lo que se conoció como la “Feliz Experiencia”, caracterizado por un tiempo de relativa paz y prosperidad para Buenos Aires.
El Federalismo y la Cuestión de la Banda Oriental
La Banda Oriental, liderada por el caudillo Artigas, formaba parte del bando de los federales, junto a Córdoba y las provincias del Litoral. Artigas proponía una confederación, donde las provincias serían soberanas y delegarían solo una parte de la soberanía al gobierno federal, reteniendo la otra (modelo similar al de Estados Unidos).
Envió diputados a la Asamblea con las siguientes instrucciones: solicitar la declaración absoluta de independencia; aceptar solo el modelo de confederación; implementar medidas económicas proteccionistas; establecer los mismos impuestos para toda la provincia; y que el sitio de gobierno no fuera Buenos Aires, lo que generaría el principal conflicto con esta última.
La Asamblea rechazó a los diputados orientales, por lo que en 1814 Artigas se unió a las provincias del Litoral (Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos) y fundó la Liga de los Pueblos Libres.
En 1814, las tropas de Buenos Aires vencieron y la Banda Oriental quedó temporalmente en manos de los criollos. Sin embargo, en 1815, el Director Supremo, Alvear, fue destituido por un levantamiento de tropas que se negaban a luchar contra Artigas, lo que reflejaba el creciente temor de Buenos Aires hacia los federales.
La influencia de Artigas se reflejó en la Batalla de Cepeda a través de López (Santa Fe) y Ramírez (Entre Ríos), dos caudillos artiguistas que lideraron a los federales en la batalla y vencieron al gobierno nacional (Buenos Aires).
En 1816, la Banda Oriental fue invadida por el Imperio Portugués. Buenos Aires no solo no la defendió, sino que algunos sectores incluso apoyaron la invasión, evidenciando el profundo rechazo hacia Artigas. De esta manera, Artigas fue finalmente derrotado por los portugueses y huyó a Paraguay.
Las Constituciones de 1819 y 1826: Debates y Rechazos
La Constitución de 1819 se abstuvo de definir la forma de gobierno y no se expidió respecto a la organización interna de las provincias, a diferencia de la de 1826, que establecía como forma de gobierno la representativa republicana.
Una vez asegurada la independencia, se hizo imperativo establecer una organización constitucional. Estas tendencias, que se manifestaban desde 1816, no se concretarían hasta 1819. Su objetivo principal era proveer una organización que fuera válida tanto para un régimen monárquico como para uno republicano.
Por otro lado, la Constitución de 1826 fue presentada como un proyecto de la Comisión de Negocios Constitucionales. Si bien estaba basada en la de 1819, su centralismo era más atenuado, con la creación de consejos de administración en las provincias para designar gobernadores.
En la Constitución de 1819 se preveía un Consejo de Estado y un poder legislativo bicameral (Cámara de Representantes elegidos por el pueblo y Senado integrado por corporaciones del Estado). En la de 1826, el nombre del país cambió a República Argentina.
Ambas constituciones fueron rechazadas por las provincias federales. La de 1819 fue repudiada por su carácter centralista y corporativo. La de 1826, además de por su centralismo, fue objetada bajo el argumento de que la propuesta avasallaba los derechos soberanos de las provincias y que la exclusión del derecho de voto a los criados constituía una restricción del régimen representativo.