Costes Humanos y Consecuencias de la Guerra Civil Española

La Guerra Civil fue el episodio más traumático que vivió la sociedad española durante el siglo XX. Durante tres años, conciudadanos, e incluso miembros de una misma familia, luchaban entre sí.

En los últimos meses de la guerra, militares combatientes republicanos y familias enteras que habían defendido públicamente al gobierno legal tuvieron que abandonar España de manera precipitada. Miles de combatientes, intelectuales, militantes de partidos y sindicatos se agolpaban en el puerto de Alicante, última ciudad en ser tomada por los franquistas, esperando tener plaza en uno de los barcos que los llevarían a algún país que los quisiese acoger, como Francia. En resumen, casi medio millón de muertos, de los que una buena parte corresponde a los asesinatos en las retaguardias o en las cárceles de los vencedores.

Acabada la guerra, más de 250.000 personas ingresaron en prisiones o en campos de trabajo forzado. Decenas de miles de españoles exiliados se concentraron en campos de internamiento en el sur de Francia, más tarde se dispersaron por países europeos, por el norte de África y, sobre todo, en Latinoamérica. México fue la nación que acogió un mayor número de personas y su capital se convirtió en la sede política de la República en el exilio.

Consecuencias Culturales, Económicas y Políticas

Las consecuencias en la cultura española fueron importantísimas. Quedó destruido todo el esfuerzo de regeneración cultural y educativa. Fueron ejecutados o destituidos por el franquismo más del 60% de los maestros y profesores. Prácticamente la totalidad de los intelectuales de la Generación del 27 y los más notables científicos murieron o marcharon al exilio, artistas como García Lorca, Buñuel, Antonio Machado, Alberti, Picasso, Américo Castro. La cultura retrocedió a los tiempos del oscurantismo, la represión y la censura, propias de la Inquisición.

Las consecuencias en el terreno económico fueron desastrosas para el país: la pérdida de reservas, la discriminación de población activa, la destrucción de infraestructuras varias y fabriles, así como de viviendas, lo cual provocó una disminución de la producción y la caída del nivel de la renta. La mayoría de la población española sufrió a lo largo de las décadas de 1940 y 1950 los efectos del racionamiento y la privación de bienes de consumo.

Las consecuencias políticas fueron el final de la más importante experiencia modernizadora y democratizadora que había tenido la España contemporánea y el larguísimo periodo de represión, de falta de libertad política y la supresión de derechos fundamentales de las personas. En el ámbito internacional, España inició veinte años de aislamiento político, con excepción del reconocimiento que obtuvo de algunos estados como el Vaticano, Portugal y Argentina. Quedó fuera del fuerte impulso de progreso que se inició en Europa después de 1945. España llegaba a la mitad del siglo XX sin haber solucionado sus problemas de convivencia política y sin conseguir la participación de todos sin exclusión.

La Constitución de 1978 y la Transición Democrática

Las Cortes elegidas en junio de 1977, en las primeras elecciones democráticas desde 1936, fueron en la práctica unas Cortes Constituyentes. Figuraban ya en el proyecto de Reforma Política del Gobierno Suárez, por consiguiente, no tiene nada extraño que la principal tarea legislativa de las Cortes, tras las elecciones de 1977, consistiera en la redacción de una Constitución. Para elaborar la Constitución se creó una comisión parlamentaria formada por siete miembros: tres por UCD, uno por AP, uno por el PSOE, uno por PCE y uno por CiU. La Constitución, en términos generales, fue fruto del pacto entre esas fuerzas políticas, sin que disgustase a ninguno de ellos. Tan solo quedó fuera el nacionalismo vasco, tanto moderado como radical.

Elaborada la Constitución, el 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum nacional. La participación fue del 67%. El resultado del referéndum fue satisfactorio, menos para el País Vasco, donde la abstención fue superior a la participación debido a partidos nacionalistas que rechazaban el texto constitucional.

Problemas Abordados por la Constitución

El texto constitucional era la pieza básica para la construcción de un estado democrático. De los diversos problemas que tenía que abordar, destacaremos la forma de gobierno (monarquía o república) y el modelo de Estado (centralizado o descentralizado).

Forma de Gobierno: Monarquía Parlamentaria

El problema de la forma de gobierno, la monarquía o república, se había planteado antes de las elecciones del 77. Los partidos de derechas UCD, AP, eran monárquicos, sin embargo, el PSOE, el PCE, se declaraban abiertamente republicanos. Ahora bien, ni el PSOE ni el PCE hicieron del republicanismo una cuestión innegociable. Para ellos el dilema no era monarquía o república, sino dictadura o democracia, y por consiguiente una monarquía parlamentaria similar a otras muchas de Europa occidental, era perfectamente aceptable. En consecuencia, los partidos de izquierdas aceptaron la forma monárquica de gobierno para España.

Modelo de Estado: Autonomías

El segundo problema era el modelo de Estado. Bajo el régimen franquista España había conocido un modelo unitario y centralista, que rechazaban la mayor parte de los catalanes y vascos sobre todo, porque discriminaba su lengua y cultura y les impedía autogobernarse. Con la II República, Cataluña y el País Vasco habían obtenido y ejercido sus correspondientes estatutos de autonomía. El problema del modelo de Estado se resolvió, apostando por un modelo unitario pero descentralizado, el de la España de autonomías, donde el gobierno de la nación, que reside en Madrid, coexisten los gobiernos de Cataluña, Euskadi, Galicia y el resto de regiones autónomas del estado español.

Principios de la Constitución de 1978

Por lo demás, la Constitución de 1978 establece los principios clásicos de la democracia liberal. La soberanía reside exclusivamente en la nación española, de donde se deduce el carácter unitario del Estado. La división de poderes dispone de un poder legislativo (Las Cortes Generales), un poder ejecutivo (representado por el gobierno de la nación) y un poder judicial (encarnado por el Tribunal Supremo). En cuanto al rey, goza de responsabilidades en las tareas de gobierno, la Constitución le otorga el mando supremo de las fuerzas armadas.

La Constitución garantiza los derechos y libertades de expresión, de reunión, de asociación, etc., que aseguran el pluralismo político y sindical, condiciones básicas para la democracia. También establece el sufragio universal a partir de los 18 años, prohíbe la pena de muerte y resuelve el viejo problema de las iglesias-estado declarando el carácter laico del estado. La Constitución promueve, también, el llamado Estado del Bienestar, al comprometer a los poderes públicos a garantizar la educación, la sanidad y la seguridad social para el conjunto de la población. La Constitución, al defender la propiedad privada y la libertad de empresa, sitúa a la economía española en el marco del sistema económico capitalista.

La Ley de Reforma Política y las Primeras Reformas

Se aprueba la Ley de Reforma Política que pondrá fin al sistema de la dictadura y que será aprobada en referéndum en diciembre de 1976 por los españoles en abrumadora mayoría. La Ley de Reforma Política implicaba que las cortes franquistas se disolvieran y en su sustitución se crearía un parlamento bicameral, el Congreso de los Diputados y el Senado. Además, en virtud de la ley, el gobierno debía convocar elecciones generales, las cuales se llevarían a cabo el 15 de junio de 1977. Pero para que pudiera haber elecciones democráticas primero había que legalizar todos los partidos políticos. En febrero de 1977 se legalizan todos los partidos menos el PCE, con la excusa de que no reconocía la monarquía ni la bandera roja. Sin embargo, Suárez sabía que no se podrían celebrar unas elecciones verdaderamente democráticas sin la legalización de un partido apoyado por cientos de miles de españoles. Por eso, en abril, dos meses antes de las elecciones generales, consiguió legalizar a los comunistas.

Entre la aprobación de la Ley de Reforma Política y las elecciones generales de junio de 1977, el gobierno de Suárez lleva a cabo las siguientes reformas:

• Se declara una segunda amnistía para los presos políticos que quedaban en las cárceles.
• Se legalizan los sindicatos.
• Se legalizan la “ikurriña” y los gobiernos locales vascos, juntas generales de Vizcaya y Guipúzcoa.
• Se reconoce la legalidad de la Generalitat de Cataluña.

Las Elecciones de 1977 y los Partidos Políticos

En febrero de 1977, y como consecuencia de la Ley de Reforma Política, se legalizan en España todos los partidos políticos que se soliciten, menos el PCE que, como ya dije, fue legalizado en abril de 1977.

Los Reformistas

No quieren una ruptura sino una reforma política desde dentro del estado. Este sector estará representado por el rey Juan Carlos I y por algunos de los antiguos cargos del antiguo régimen: Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda.

Primeras Reformas Tras la Muerte del Dictador

A la muerte de Franco y según la ley de sucesión a la jefatura del estado, es coronado rey de España D. Juan Carlos I. Este, entonces, iniciará una serie de cambios que empezarán a demoler el edificio de la dictadura: nombra a Torcuato Fernández Miranda, del grupo de los reformistas que habían ocupado cargos de gobierno con Franco, como presidente de las cortes.

Recordamos que Arias Navarro seguía como presidente de gobierno. En privado, el rey había comentado de él que era un “desastre sin paliativos”. Juan Carlos I manifestó al presidente su descontento por su labor y este, que no estaba acostumbrado a las críticas, reaccionó con enfado presentando su dimisión. El monarca, entonces, nombró como nuevo presidente a Adolfo Suárez que era un hombre que había sido ministro secretario del movimiento con Franco, lo cual despertó la desconfianza de los sectores demócratas. Sin embargo, Adolfo Suárez demostró rápidamente su voluntad de cambio con los siguientes hechos: nombra como vicepresidente a Gutiérrez Mellado. Este era un militar y con este nombramiento Suárez conseguía dos cosas: tranquilizaban a los militares que miraban con disgusto los cambios y quería ver uno de los suyos en el gobierno, se concede la primera amnistía parcial para los presos políticos que pone en la calle a 400 personas que estaban en la cárcel por expresar sus ideas contra el franquismo.

Antecedentes de la Guerra Civil

El llamamiento de Franco, recuerda por su estilo, al realizado en 1923 por Primo de Rivera. En ambos casos se trata de militares golpistas, influenciados por el ideario fascista, que utilizarán argumentos parecidos para justificar su ruptura de la legalidad. Los argumentos que utilizó Franco son:

• «La anarquía reina en la mayoría de los pueblos» (esto habría que entenderlo por las continuas ocupaciones de fincas en Extremadura y Andalucía).
• «Huelgas revolucionarias» (como la convocada por la CNT en Madrid en los días previos al golpe).
• «Guerras sin cuartel a los explotadores de la política» (como el desprecio franquista hacia el liberalismo).
• «Los engañadores del obrero honrado» (relacionarla con el profundo anticomunismo de Franco).

El triunfo electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, precipitó en los cuarteles los preparativos de la insurrección armada antirrepublicana de cuya planificación se encargó el general Emilio Mola. Los generales conspiradores acordaron entregar el mando de la sublevación al general Sanjurjo: solo después de la muerte de este, se acordó la entrega del mando al también general Francisco Franco. El levantamiento comenzó el 17 de julio en Melilla y el 18 Franco hace público el manifiesto analizado, después de que la sublevación se extendiera a la península y el Marruecos español. El golpe triunfó solo en algunas zonas del país y fracasó en la periferia y en Madrid. De esta manera la sublevación militar dio lugar a una larga y sangrienta guerra civil. Los antecedentes de dicha guerra civil hay que buscarlos en el antagonismo y bipolarización de la vida política española a lo largo del bienio radical cedista y que se intensificó a partir del triunfo del Frente Popular. Convergencia Democrática (compuesta por PSOE) prefiere que los cambios se hagan con prudencia para evitar que los militares se vean tentados de hacer una nueva sublevación.

Alternativas Políticas Tras la Muerte de Franco

Era evidente que el régimen franquista no podía sobrevivir a la muerte del dictador. Las razones que explicaban que este cambio era evidente son las siguientes:

• La mayoría de la población española estaba a favor de un cambio.
• El nuevo jefe de estado, el rey Juan Carlos, no había heredado el poder absoluto de Franco. Sin embargo, la monarquía española no era parlamentaria y esto era insostenible en un contexto en el que las demás monarquías europeas sí lo eran.
• El rey no quería continuismo y con la muerte de Carrero Blanco no existía ninguna personalidad franquista que fuese capaz de imponerse al rey.
• Desde los años 60 España había empezado a prosperar económicamente. Si pudo salir del subdesarrollo económico, era necesario salir del subdesarrollo político.
• Presiones exteriores de la comunidad europea, en EEUU, y del Concilio Vaticano II dificultaban la pervivencia del franquismo.

A la muerte de Franco caben 3 alternativas políticas:

1. La continuidad, es decir, continuar el régimen de la dictadura sin introducir ningún cambio. Esta opción era defendida por el llamado «Bunker», es decir, el sector más inmovilista del franquismo: los falangistas, la mayor parte de los altos cargos del ejército, los principales cargos dirigentes del régimen y algunos sectores oligarcas (grandes empresarios y latifundistas). Recordemos que Arias Navarro se sentirá identificado con este sector.
2. La ruptura y desaparición brusca de la dictadura. Esta postura era defendida por la Junta Democrática. Sin embargo, la Plataforma de Convergencia Democrática prefiere que los cambios se hagan con prudencia para evitar que los militares se vean tentados de hacer una nueva sublevación.
3. Los reformistas. No quieren una ruptura sino una reforma paulatina desde dentro del estado. Este sector estará representado por el rey Juan Carlos I y por algunos de los antiguos cargos del antiguo régimen: Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda.