Este documento detalla las reformas impulsadas durante el Bienio Reformista de la Segunda República Española.
Contexto Político y Social del Bienio Reformista (1931-1933)
El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones generales a Cortes Constituyentes. Estos comicios, caracterizados por su transparencia, permitieron el voto a los varones mayores de 23 años. El resultado fue un triunfo para las fuerzas republicanas y el PSOE, mientras que la derecha, que se había presentado desorganizada, pasó a ser minoritaria.
Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República, y el primer gobierno del Bienio Reformista estuvo presidido por Manuel Azaña. Su acción de gobierno se centró en profundizar las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional y en afrontar la creciente tensión social, tanto desde la izquierda anarcosindicalista de la CNT (con huelgas y levantamientos campesinos) como desde la derecha (mediante el boicot y la resistencia a las políticas gubernamentales).
Las Grandes Reformas del Bienio Reformista
Reforma Agraria
La República se enfrentó a un problema histórico que se arrastraba desde hacía siglos: la injusta distribución de la tierra en regiones como Andalucía y Extremadura, donde unos pocos latifundistas acaparaban la mayor parte de la tierra cultivable. El objetivo era asentar a campesinos en tierras que, por no estar cultivadas o por ser propiedades abusivamente grandes, se consideraban la causa principal de la miseria campesina y debían ser expropiadas para su entrega a estos. La Ley de Bases para la Reforma Agraria afectaba a toda Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca.
Para su implementación, se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de elaborar un Registro de la Propiedad Expropiable y dotado de presupuesto para las indemnizaciones a los propietarios, destinando esas tierras al asentamiento campesino. Aunque la ley era considerada muy tímida por los sindicatos y partidos obreros, significaba una revolución en el campo español y, como tal, fue rechazada por los grupos patronales y los partidos de derecha.
Su aplicación resultó un fracaso debido a la enorme lentitud con que se llevó a cabo. Se trató más de un intento que de una realidad efectiva. La resistencia de los propietarios dificultó su implementación, y la lentitud irritó aún más a un campesinado decepcionado del gobierno de izquierdas, en paro y cada vez más radicalizado. Esta agitación anarquista desembocó en acontecimientos sangrientos como los de Casas Viejas (Cádiz, 1933).
Reformas Laborales
Otras medidas reformistas importantes fueron las relacionadas con la política social del Ministerio de Trabajo, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, y encaminadas a la mejora de las condiciones de trabajo de los obreros. Destacan:
- La Ley del Contrato Laboral (que extendía la ley de accidentes de trabajo al campo y el seguro de maternidad).
- La Ley de Jurados Mixtos (que regulaba las relaciones entre propietarios y obreros agrícolas e industriales).
- La Ley de Términos Municipales (que obligaba a los patronos a contratar obreros de la localidad, lo cual, en algunos casos, provocó la pérdida de cosechas por falta de mano de obra especializada).
Además, se implantó la jornada laboral de ocho horas.
Reforma Educativa y Cultural
Esta reforma se desarrolló partiendo del principio constitucional de que la educación era un derecho de toda la población que debía ser garantizado por el Estado. El modelo propuesto era una escuela pública, obligatoria, gratuita y mixta. Se impulsó un ambicioso programa de construcción de escuelas y de creación de plazas de maestro, aumentando el presupuesto en educación en un 50% y mejorando los sueldos de los docentes.
Se eliminó la religión católica como asignatura obligatoria y se prohibió a las congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza. Todo ello provocó el rechazo frontal de la derecha y la Iglesia, convirtiéndose en uno de los problemas más graves entre estos sectores y el gobierno. Un problema adicional fue la ausencia de fondos suficientes para la magnitud de la reforma.
En el ámbito cultural, se crearon las Misiones Pedagógicas, cuyo objetivo era llevar educación y cultura al mundo rural, destacando iniciativas como La Barraca, liderada por Federico García Lorca.
Reforma Militar
La reforma militar fue impulsada con gran empeño por Manuel Azaña. Las primeras medidas buscaron dar al ejército una dimensión más proporcionada a las necesidades del país, especialmente en lo que se refiere al número de oficiales. Así, se suprimieron los cargos de capitán general, teniente general y gobernador militar, y se redujo a la mitad el número de oficiales. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que permitía el abandono del servicio con el sueldo íntegro.
La reforma continuó con medidas que sometían al Ejército al poder civil, como la derogación de la Ley de Jurisdicciones. Azaña trataba de poner fin a la etapa en la que el poder civil aceptaba las imposiciones del militar. También se buscó la mejora en la formación militar con la inclusión de estudios universitarios. Estas reformas, junto con la supresión de la Academia Militar de Zaragoza (dirigida por Francisco Franco, quien aceptó la decisión con disgusto), enfrentaron a Azaña con una parte de la oficialidad y fueron utilizadas por la derecha en su propaganda, provocando una división en el ejército y su inconformidad con la situación política.
Articulación Territorial y Estatutos de Autonomía
En el ámbito de la articulación territorial, el 90% de los ciudadanos catalanes votaron a favor del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este estatuto establecía que «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado Español», con un Presidente (Francesc Macià), un Parlamento y un Consejo o poder ejecutivo. Se reconocían como lenguas oficiales el castellano y el catalán. Aunque se eliminó cualquier referencia a la autodeterminación, el estatuto satisfizo a la mayoría de los catalanes, salvo a los más radicales que pretendían una total separación de España. Algunos militares arremetieron contra el Estatuto, considerándolo separatista. Paralelamente, los vascos comenzaron a negociar un estatuto similar.
Tensiones y Oposición a las Reformas
Todo el proceso del Bienio Reformista se vivió en un clima de permanente tensión política, provocado tanto desde la izquierda como desde la derecha (incluidas la Iglesia y el Ejército).
Oposición desde la Izquierda
La lentitud de las reformas emprendidas y las esperanzas insatisfechas de campesinos y obreros dieron lugar a continuas manifestaciones de malestar por parte de la población, agitada por la CNT y el PCE, muy influyentes en el campo andaluz y extremeño, así como entre los mineros asturianos y catalanes. El gobierno, que no quería perder el control del país, utilizó las fuerzas de orden público para reprimir las huelgas, produciéndose sucesos trágicos como los de Casas Viejas en Cádiz (1933). En medio de una oleada de levantamientos campesinos organizada por la CNT, en este pueblo gaditano, la Guardia Civil realizó una auténtica masacre (si bien los anarquistas habían asaltado el cuartel e herido a dos guardias), provocando seis muertos en el incendio de una casa del pueblo y doce vecinos ejecutados posteriormente por el mismo grupo de guardias. A partir de ese momento, el gobierno de Azaña quedó herido de muerte: el PSOE abandonó el gobierno y se acercó al PCE y a la CNT al imponerse en el partido las tesis de Largo Caballero e Indalecio Prieto.
Oposición desde la Derecha
Las derechas reaccionaron mediante el boicot, la resistencia a las reformas y la provocación al gobierno. Encontraron un aglutinante en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), un grupo político formado en 1932 que se definía por su conservadurismo social y por la defensa de la Iglesia (era un partido confesional, católico, que se regía por la doctrina social de la Iglesia y las recomendaciones vaticanas), a cuyo frente figuraba José María Gil Robles. Contó con el respaldo de la Iglesia y la oligarquía.
La Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña suscitaron la cerrada oposición de católicos, monárquicos y toda la derecha en general. La identificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña con la disgregación del país hizo mella en una parte del Ejército, algunos de cuyos jefes (como Manuel Goded, Enrique Varela y José Sanjurjo), descontentos con las reformas militares, comenzaron a conspirar contra la República.
En esta situación se produjo el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo (la Sanjurjada). Fracasó, fue juzgado y condenado a muerte, pero su pena fue conmutada.