Historia Contemporánea de España: Dictadura, República y Transición (1833-1982)

La Creación del Estado Franquista: Grupos Ideológicos, Apoyos Sociales y Etapas de la Dictadura

Acabada la guerra, se estableció un sistema político basado en una dictadura personal: el franquismo. En sus casi cuatro décadas (1939-1975), experimentó grandes cambios a lo largo de tres etapas:

  1. El triunfo y asentamiento del régimen (1939-1957). Etapa de exilio y represión (Ley de Responsabilidades Políticas, 1939). Con el fin de la II Guerra Mundial, se inició un aislamiento, junto a una autarquía económica.
  2. El desarrollismo económico (1959-1973). Se consolidó el Estado franquista y se suavizó la represión. En política exterior, continuó la apertura exterior, que favoreció el crecimiento económico (el desarrollismo).
  3. La crisis final (1973-1975). Etapa de inestabilidad del régimen (división interna del mismo). A nivel internacional, era un régimen caduco, y en el ámbito económico, la crisis internacional de 1973 inició una recesión económica.

El franquismo concentraba en Franco la potestad e iniciativa legislativa, rodeándose de ministros de su confianza, sin Parlamento representativo ni Constitución. Franco personificaba la soberanía nacional y reunía todos los poderes: Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Jefe de las FF. AA. y Jefe de FET de las JONS (Movimiento Nacional).

Componentes Ideológicos del Régimen

Al régimen hay que unir unos componentes ideológicos clave:

  • Tradicionalismo: La unidad de la Patria se justificaba en raíces históricas, exaltando los valores de la Reconquista, los Reyes Católicos y el Imperio.
  • Nacionalsindicalismo.
  • Nacionalcatolicismo.
  • Nacionalpatriotismo: Calificaba la autonomía de las regiones como antiespañola.
  • Militarismo.

Las Familias Políticas y Apoyos Sociales

El régimen prohibió los partidos políticos, salvo Falange, pero colaboraron grupos ideológicos que desarrollaron los componentes ideológicos del franquismo. Estos grupos son denominados “familias políticas”:

  • El Ejército (Militarismo): Columna vertebral y base del régimen. Se sirvió de él para garantizar el orden, con numerosa presencia en las Cortes y el Consejo de Ministros. Algunos exigirían el restablecimiento monárquico.
  • La Falange (Nacionalsindicalismo): En los primeros años, ocuparon los puestos más relevantes con líderes como Serrano Suñer y Girón de Velasco. Con la derrota fascista en la Segunda Guerra Mundial, perdieron protagonismo. Aportó principios ideológicos (anticomunismo, antiparlamentarismo y antiliberalismo) y rasgos fascistas (símbolos, saludos y uniformes). Adoctrinó con la Sección Femenina, el Frente de Juventudes y la Organización Juvenil Española.
  • Los Católicos (Nacionalcatolicismo): La Iglesia, como legitimadora del régimen, dominó la vida social. Controló la educación, con competencias en la censura y presencia en los medios de comunicación. Estuvieron presentes en tareas de Estado con la Asociación Nacional de Propagandistas (ACNP) y el Opus Dei. Al finalizar la Guerra Mundial, nacieron organizaciones críticas (HOAC, JOC), y el Concilio Vaticano II marcó la separación del régimen.
  • Los Monárquicos: Carlistas (integrados en FET de las JONS) y juanistas (que aspiraban al restablecimiento de la monarquía en Don Juan de Borbón, Manifiesto de Lausana, 1945).

Los tres primeros grupos (Falange, Iglesia y Ejército) constituyeron los pilares del régimen.

Los apoyos sociales el régimen los encontró en: la oligarquía terrateniente y financiera, las clases medias de las pequeñas y medianas ciudades, grandes empresarios y el campesinado católico.

Las Leyes Fundamentales del Franquismo

Para legitimar el régimen, junto al Fuero del Trabajo (1938), se promulgaron otras Leyes Fundamentales:

  • Ley Constitutiva de las Cortes (1942): Asamblea consultiva que representaba a sindicatos, familias y municipios.
  • Fuero de los Españoles (1945): Derechos y deberes concedidos por el dictador.
  • Ley del Referéndum Nacional (1945): Recogía la posibilidad de consulta por referéndum.
  • Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947): Se declaraba a España como reino, el cargo de dictador vitalicio y con derecho a nombrar a su sucesor.

Se completarían con la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1967).

Evolución Política del Régimen (1939-1959): Del Aislamiento al Reconocimiento

La evolución política del régimen (1939-1959), marcada por la política internacional, pasó del aislamiento al reconocimiento exterior.

Gobiernos Azules (1939-1945)

En estos gobiernos, Serrano Suñer, ministro de Gobernación y Exteriores, diseñó un Estado fascista (1938-1942) junto a falangistas, militares y miembros de ACNP. Con el inicio de la II Guerra Mundial, España se declaró neutral; no beligerante, celebrando encuentros con Hitler en Hendaya y con Mussolini en Bordighera, y cooperando con la División Azul; volviendo a la neutralidad en 1942.

Gobierno Autárquico (1945-1951)

Tendrán mayor influencia los políticos católicos (Acción Católica); los falangistas mantenían el Ministerio de Trabajo y Justicia (Girón de Velasco) y el control sindical. Tuvieron que gestionar la autarquía económica y el aislamiento internacional, ya que desde 1945 España quedó aislada y la ONU condenó el régimen en 1946, iniciándose un bloqueo internacional.

Gobierno “Bisagra” (1951-1957)

Destaca Carrero Blanco como ministro de Presidencia. En el exterior, con el desarrollo de la Guerra Fría, el “antisovietismo” de Franco dio sus frutos: Francia reabrió su frontera y, junto a Reino Unido, firmó acuerdos comerciales. Los acuerdos con Estados Unidos (1953) inician el reconocimiento internacional del régimen: Concordato con la Santa Sede (1953), ingreso en la ONU (1955). Comenzó el crecimiento económico unido al fin del aislamiento, pero en 1957 el Estado estaba al borde de la bancarrota. Franco formó un Gobierno de tecnócratas, que pondría en marcha el Plan de Estabilización (1959).

La Proclamación de la Segunda República, la Constitución de 1931 y el Bienio Reformista (1931-1933)

La II República (1931-1936) surgió tras las elecciones municipales (12 de abril de 1931). Los resultados favorables a la Coalición Republicano-Socialista provocaron la salida del Rey y la proclamación del nuevo régimen el 14 de abril. La República tendría como telón de fondo la crisis internacional iniciada con el crack del 29. Aunque en España tardó más en llegar la depresión, su economía, dependiente de los países desarrollados, tuvo tres consecuencias: disminución de las exportaciones (Inglaterra y Francia); colapso de las inversiones extranjeras; e interrupción de emigrantes a Francia y América que, junto a los retornos, aumentaron el paro.

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931

El Gobierno provisional, presidido por Alcalá-Zamora, se enfrentó a problemas acuciantes (proclamación de la República catalana independiente, hostilidad de la alta jerarquía eclesiástica y el vandalismo anticlerical), iniciando un programa reformista mediante decretos ministeriales. Convocaron elecciones generales el 28 de junio, mediante sufragio universal masculino, que dieron el triunfo a la coalición Republicano-Socialista.

La redacción de una nueva Constitución fue la primera tarea de las nuevas Cortes. La aprobación de los artículos 26 y 27, relativos a la cuestión religiosa, provocó la dimisión de Alcalá-Zamora y Miguel Maura (ministro de Gobernación), poniendo al frente del Gobierno a Azaña. Aprobada el 9 de diciembre de 1931, al día siguiente Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República y confirmaba a Azaña como jefe de Gobierno.

La Constitución de 1931, de talante progresista, configuraba un régimen democrático, parlamentario y laico moderno, descentralizado y en el que se recogía la función social de la propiedad.

Características de la Constitución de 1931

  • Establece la soberanía popular.
  • División de poderes: el legislativo unicameral (Congreso de los Diputados); el ejecutivo (la Jefatura del Estado corresponde al presidente de la República, elegido cada seis años, que nombra al Jefe de Gobierno y a propuesta de este a los ministros, ratificados por las Cortes); y el judicial (se establecerá el Tribunal de Garantías Constitucionales).
  • Amplia declaración de derechos y libertades: asociación, reunión, expresión, etc.
  • En materia religiosa: libertad de cultos y la aconfesionalidad del Estado, separando Iglesia-Estado.
  • Por primera vez, el sufragio universal masculino y femenino.
  • Se contempla la aprobación de estatutos de autonomía para las regiones, y la formación de cabildos en Canarias y Baleares.

El Bienio Reformista (1931-1933)

El primer gabinete constitucional, presidido por Azaña, se inició con la salida de los miembros radicales (Martínez Barrio y Lerroux). Durante los años 1932 y 1933, el Gobierno profundizó en el programa reformista, iniciado durante el Gobierno provisional, que consideraba indispensable para modernizar la sociedad y el Estado:

  • Reforma agraria: Se promulgó la Ley de Reforma Agraria (septiembre de 1932), que pretendía una redistribución de la propiedad agraria, autorizando la expropiación con indemnización de las fincas no cultivadas y las deficientemente cultivadas, siendo el IRA el encargado de la expropiación y reparto.
  • Reforma educativa: Marcada por la influencia de la Institución Libre de Enseñanza. Su objetivo era crear un sistema educativo unificado, laico, público y gratuito en primaria.
  • Reforma militar: Con el fin de modernizar el Ejército, se redujo el número. Se derogó la Ley de Jurisdicciones, y se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y la Academia Militar de Zaragoza. Se creó una fuerza leal, la Guardia de Asalto.
  • Reforma laboral: Dirigida por Largo Caballero, con leyes como la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos y la Ley de Términos Municipales. Apoyada por la UGT, la CNT prefirió la acción y presión al Gobierno.
  • Cuestión autonómica: El 9 de septiembre de 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña con Maciá como presidente; el vasco, aprobado en noviembre de 1933, fue bloqueado por los gobiernos de centro-derecha.

Oposición al Gobierno de Azaña

Las fuerzas políticas y sociales en la oposición dificultaron el gobierno de Azaña, que se enfrentó a:

  • La derecha antiliberal: Protagonizó el fallido golpe de Estado liderado por Sanjurjo (Sanjurjada, agosto de 1932). El gobierno suspendió periódicos de derechas, altos cargos (Dirección General de la Guardia Civil), disolvió un tercio de la Guardia Civil, expropió tierras a los que les apoyaron y procesó a Sanjurjo.
  • Ofensiva sindical de la CNT: Con sucesos como los de Casas Viejas (Cádiz).
  • La derecha católica: Se organizó en torno a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, 1933), liderada por Gil Robles; los ultramonárquicos fundaron Renovación Española, liderada por Calvo Sotelo; José Antonio Primo de Rivera fundó Falange Española, y el carlismo, Comunión Tradicionalista.
  • La Iglesia: La oposición, que inició el cardenal Segura, se acentuó con la política laicista plasmada en la Constitución.

La crisis del Gobierno de Azaña quedó patente al perder las elecciones municipales (abril de 1933). Las dimisiones en la coalición llevaron a la destitución de Azaña por Lerroux, y a la convocatoria de elecciones (noviembre de 1933). La victoria de la CEDA y el Partido Radical de Lerroux dio inicio al Bienio radical-cedista (1933-1936).

El Reinado de Isabel II (1833-1868): La Primera Guerra Carlista y la Evolución Política

El reinado de Isabel II (1833-1868) se divide en dos etapas: la minoría de edad (1833-1843) con las regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843); y el reinado efectivo (1843-1868) con la mayoría de edad.

La Minoría de Edad y la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

La minoría de edad de Isabel II (1833-1843) comenzó con el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840). La guerra civil tuvo lugar durante la regencia de María Cristina. Las causas fueron:

  • La cuestión sucesoria: Los carlistas apoyaban a Carlos María Isidro y, por tanto, la Ley Sálica, frente a Isabel II y la Pragmática Sanción.
  • El enfrentamiento ideológico: El carlismo defendía el Antiguo Régimen (“Dios, Patria y Rey”) y el mantenimiento de los fueros; y el liberalismo defendía la política centralizadora, la soberanía nacional y la división de poderes.

La Primera Guerra Carlista estalló el 1 de octubre con el Manifiesto de Abrantes y se desarrolló en tres fases:

  1. Avance carlista (1833-1835): Se hicieron fuertes en Navarra y País Vasco, dirigidos por Zumalacárregui.
  2. Repliegue carlista (1835-1837): Fracasan con las Expediciones Gómez y Real; y son derrotados en Luchana (1836).
  3. Triunfo isabelino (1837-1839): La división del carlismo facilitó el Convenio de Vergara (1839) entre Maroto y Espartero (abrazo de Vergara); pactando admitir militares carlistas en el ejército isabelino y mantener los fueros.

El carlismo provocó la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), ante el fracaso de la boda entre Isabel II y Carlos VI.

Evolución Política y Partidos Liberales

En las regencias (1833-1843), los gobiernos liberales desmantelaron el Antiguo Régimen gradualmente. Los liberales formaron dos partidos:

  • Partido Moderado: Continuistas doceañistas, defendían la soberanía compartida (Rey-Cortes), daban amplios poderes al rey y limitaban los derechos individuales.
  • Partido Progresista: Seguidores de los exaltados, defendían la soberanía nacional y limitaban el poder del rey.

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

Se inicia con la fase moderada (1833-1835), transición entre el Estado absolutista de Fernando VII y el liberal de Isabel II, con reformistas como Cea Bermúdez. Ante la necesidad de apoyos, llamó a Martínez de la Rosa, liberal moderado. Se elaboró el Estatuto Real (1834), Carta otorgada, que reconocía Cortes bicamerales: Estamento de Próceres (designación real) y Estamento de Procuradores (sufragio restringido). No reconocía: soberanía nacional, división de poderes, ni derechos individuales; dejando el poder legislativo en el Rey.

La insurrección en 1835 llevó a la revolución liberal (1835-1840). Mendizábal tomó medidas para desmantelar el Antiguo Régimen. La Constitución de 1837 consolidó el régimen constitucional; proclamaba la Soberanía Nacional (en la práctica compartida Rey-Cortes); división de poderes, Cortes bicamerales (Congreso por sufragio censitario y Senado de designación real). Reconocía derechos individuales, libertad de prensa, autonomía municipal y la Milicia Nacional. Intentar modificar la Ley Municipal (1840) provocó la oposición progresista y de Espartero, y la salida de María Cristina.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Tras el ministerio-regencia de Espartero, en 1841 las Cortes lo eligieron regente. Durante su regencia, su autoritarismo (llegó a bombardear Barcelona) suscitó la oposición de progresistas y militares. Moderados y progresistas organizaron un pronunciamiento liderado por Narváez, que le obligó a dimitir.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

Las Cortes proclaman la mayoría de edad de Isabel II con solo trece años, iniciando el reinado efectivo. A lo largo de sus tres fases se procedió a la construcción del Estado liberal.

La Década Moderada (1844-1854)

Narváez acometió distintas medidas: Suprimió la Milicia Nacional y creó la Guardia Civil (1844); promulgó la Constitución de 1845, más conservadora que la de 1837, con soberanía compartida Rey-Cortes, Cortes bicamerales, con sufragio censitario para el Congreso, y Senado vitalicio de designación real; control de la Administración provincial y local; nuevo Código Civil y Penal; Reforma fiscal; y Concordato de 1851.

Con el aumento del autoritarismo, se funda el Partido Demócrata (1849). Reivindicaban el sufragio universal, Cortes unicamerales, libertad religiosa, instrucción primaria gratuita e intervención del Estado en ámbitos sociales.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La suspensión de las Cortes en 1854 aumentó el descontento. El Bienio progresista comienza con el pronunciamiento del general O’Donnell en Vicálvaro. En su retirada, se le une el general Serrano, y proclaman el Manifiesto de Manzanares. Isabel II encargó gobierno a Espartero. Restaura: Ley de Imprenta, Ley Electoral y Milicia Nacional. Elaboran la Constitución de 1856, non nata. En economía, aprobó la Desamortización de Madoz (1855) de bienes eclesiásticos, municipales y del Estado; Ley de Ferrocarriles (1855), Ley Bancaria (1856). La crisis le hizo dimitir.

Alternancia y Crisis Final (1856-1868)

De 1856 a 1868 se alternan moderados y Unión Liberal. O’Donnell, con su partido la Unión Liberal, intentaba establecer un liberalismo centrista (ala derecha progresista y ala izquierda moderada); devolvería a España el prestigio internacional. Narváez, con los moderados, se enfrentó a la sublevación de los sargentos del cuartel de S. Gil y al Pacto de Ostende (progresistas, demócratas y republicanos, que querían destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes).

La muerte de Narváez y O’Donnell aisló a la reina. En septiembre de 1868, Prim y Topete inician la sublevación “La Gloriosa”, dirigida por Serrano, que provocó la caída de Isabel II y abrió la esperanza de un régimen democrático.

El Reinado de Isabel II: Las Desamortizaciones y el Tránsito a la Sociedad de Clases

A lo largo de las dos etapas del reinado de Isabel II (1833-1868) se realizaron reformas económicas de signo liberal, al tiempo que se produjo una auténtica revolución social.

La Regencia de María Cristina coincidió con la Primera Guerra Carlista. La guerra agravó la situación de la economía, ya que a los problemas estructurales se unió el esfuerzo para financiar la guerra contra los carlistas.

Las Desamortizaciones Liberales

Las desamortizaciones se encuadran dentro de las reformas económicas de signo liberal que se acometieron en el reinado de Isabel II. Estas formaban parte de las medidas para liberalizar la tierra, junto a la supresión del mayorazgo y la abolición del régimen señorial.

Las desamortizaciones consistían en la expropiación por parte del Estado de tierras eclesiásticas y municipales (amortizadas o en manos muertas) para su venta en subasta pública. En compensación a la Iglesia, el Estado se hacía cargo de los gastos de culto y del clero. Las desamortizaciones se realizaron desde final del siglo XVIII (Godoy, Cortes de Cádiz, Trienio Liberal), pero el verdadero proceso de desamortización se realiza con Mendizábal y Madoz.

La Desamortización de Mendizábal (1837-1849)

Tras el fracaso de la etapa moderada (1833-1835) y el inicio de la Revolución liberal (1835-1840), Mendizábal se propuso desmantelar el sistema legal del Antiguo Régimen, necesario para liberalizar el mercado de la tierra. Como medida previa, Mendizábal en 1835 disolvió las órdenes religiosas, salvo las dedicadas a la enseñanza o cuidado de enfermos, y sus fincas pasaron a ser propiedad del Estado.

La desamortización de Mendizábal consistió en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia o desamortización eclesiástica. Los objetivos fueron: sanear la Hacienda, financiar el Ejército y convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa liberal frente al carlismo. Al tiempo que pretendía aumentar el número de propietarios, la producción y la riqueza.

La Desamortización de Madoz (1855-1867)

Esta desamortización afectó a bienes municipales, del Estado y eclesiásticos. La Ley de 1855, iniciada durante el Bienio progresista, pretendía, además de reducir la deuda pública, financiar la construcción de infraestructuras necesarias para modernizar la economía, fundamentalmente el ferrocarril. Provocó la ruptura con la Santa Sede y conflictos con la reina. La venta de las tierras en metálico supuso un incremento de recursos para el Estado que duplicó los ingresos con respecto a la anterior desamortización.

De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

En la sociedad, se produjo el paso de una sociedad estamental a una de clases. Con la configuración del Estado liberal, los estamentos desaparecieron al imponerse la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios. Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes y gozaban teóricamente de los mismos derechos políticos. Así, la población constituía una sola categoría jurídica: la de ciudadanos. Los ciudadanos quedaron definidos por la pertenencia a una clase social, siendo grupos abiertos y no cerrados como en el Antiguo Régimen.

  • La Nobleza: Disminuyó y perdió su influencia al perder sus privilegios, pero se adaptó a las circunstancias. Siguió presente en los altos cargos de la Administración, del Ejército y en política (Senado), y mejoró su situación económica (alta nobleza). Aprovecharon su nombre para entrar en consejos de administración y aliarse con la burguesía financiera (matrimonios).
  • El Clero: Cambió con la revolución liberal; perdió su principal fuente de ingresos, el diezmo, y el monopolio de la enseñanza. La Iglesia perdió parte de sus bienes con las desamortizaciones, y las órdenes religiosas disminuyeron; se mostró enemiga del liberalismo, contraria a la tolerancia religiosa y a la separación Iglesia-Estado.
  • La Burguesía: Fue la gran protagonista. La supresión de privilegios permitió legalmente la movilidad social, y las desamortizaciones la posibilidad de conseguir bienes. El progreso económico favoreció la aparición de una burguesía de negocios: banqueros, comerciantes, propietarios de tierras y de inmuebles urbanos, grandes profesionales y altos cargos del Estado. Fuera de las grandes urbes, se desarrolló una burguesía más modesta.
  • Las Clases Medias: Constituían entre el 5% y 10% de la sociedad. Eran propietarios de tierras, comerciantes, profesionales liberales y empleados públicos. Constituyeron un grupo influyente en el país.
  • El Sector Primario: A finales del XIX, el sector primario era la mitad del PIB y el 70% de la población activa. Con diferencias: minoría de grandes propietarios, y mayoría de pequeños y medianos propietarios, arrendatarios, aparceros y jornaleros.
  • El Proletariado: La revolución industrial aportó una nueva clase social, el proletariado industrial, en aumento, y que se nutría del éxodo rural y de los artesanos arruinados.

La Guerra Civil (1936-1939): Sublevación Militar y Dimensión Internacional

La Guerra Civil (1936-1939) fue el resultado de una combinación de factores (desigualdades económicas y sociales, radicalización ante la religión y el clero, violenta confrontación de ideologías opuestas), que provocaron una profunda división en la sociedad española.

La Sublevación Militar y el Estallido del Conflicto

La sublevación militar comenzó el 17 de julio de 1936, pero la conspiración militar se inició como consecuencia de la victoria del Frente Popular. Ya se habían producido otros intentos, como la Sanjurjada en 1932 y movimientos de generales entre diciembre de 1935 y febrero de 1936 (Franco, Goded, etc.).

El golpe de Estado de julio de 1936 fue organizado, planeado y liderado por militares descontentos. El estratega y jefe fue Mola, que pretendía instaurar un modelo de Gobierno como el de la dictadura de Primo de Rivera. Sanjurjo debería dirigir el planeado Directorio Militar que se debía crear tras el golpe, y Franco se incorporó al final. Los sublevados preveían un golpe breve, y el Gobierno confió en exceso en sus posibilidades.

La sublevación comenzó el 17 de julio de 1936 en Melilla, dirigida por Yagüe. Franco se trasladó de Canarias a Marruecos poniéndose al frente. Entre el 18 y 19 de julio se suman: Sevilla y Cádiz. Aparte de las islas, quedaron sublevadas dos zonas: por un lado, ambas costas frente al estrecho y, por otro, Galicia, Castilla-León, Navarra y las tres capitales de Aragón. La zona republicana quedó dividida en dos: cornisa cantábrica y País Vasco (excepto Álava), y por otro lado, Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Málaga y Murcia.

Los Bandos Enfrentados

Tras el golpe y desde el 20 de julio, España quedó dividida en dos bandos:

Los Sublevados (Nacionales)

Pretendían restablecer el orden, acabar con la anarquía y con los enemigos de la patria (anarquistas, comunistas, socialistas y separatistas) calificados como “rojos”.

Militarmente, contaban con milicias falangistas y carlistas o requetés, un ejército disciplinado con una estricta dirección, y combatientes marroquíes, irlandeses, portugueses, italianos y la Legión Cóndor alemana. Apoyados por las oligarquías tradicionales (terratenientes, banqueros, empresarios), pequeños propietarios agrarios y clases medias católicas; de integrantes de la CEDA y organizaciones de extrema derecha (falangistas y carlistas); y de la Iglesia católica, que la calificó de cruzada de la liberación. Económicamente, dominaban las principales zonas agrarias.

Los Republicanos

Defendían la República democrática y sus logros frente al fascismo, que se extendía por Europa. Militarmente, lo formaban milicias de partidos y sindicatos de izquierda, el Quinto Regimiento; guardias de asalto, gran parte de la guardia civil, de la marina y aviación, y las Brigadas Internacionales. Económicamente, controlaban las zonas industriales y mineras, y recursos del Banco de España.

La Dimensión Internacional del Conflicto

A nivel internacional, la Sociedad de Naciones constituyó un Comité Internacional de No Intervención, propuesto por Francia y que firmaría en principio con Gran Bretaña, y al que se adhirieron otros veinticinco países, entre ellos Alemania e Italia. El Acuerdo prohibía la exportación a España y a sus posesiones en el norte de Marruecos de armas, municiones y de todo material de guerra. Estados Unidos no secundaría el acuerdo. El Acuerdo de No Intervención resultó ineficaz, y una farsa como fue calificado en su momento.

Ayuda al Bando Franquista

La ayuda que recibió el ejército franquista vino de:

  • Alemania: Con la Legión Cóndor.
  • Italia: Con aviones y el Cuerpo de Tropas Voluntarias.

Alemania e Italia prestaron ayuda por la necesidad de realizar una puesta a punto cara a la guerra mundial que se avecinaba, porque simpatizaban ideológicamente con los sublevados, y por la posibilidad de ejercer influencia sobre un nuevo aliado. En menor medida, recibió apoyo de Portugal (Legión Viriato) y de Irlanda (Legión de San Patricio). El Estado Vaticano reconoció el régimen en 1937.

Apoyos a la República

El Gobierno republicano contó con el apoyo de:

  • Las Brigadas Internacionales: 50.000 combatientes que provenían de hasta 70 países.
  • La URSS: Con la entrega de armamento, que la II República pagó con el oro del Banco de España (oro de Moscú).
  • México: Con pequeña ayuda de municiones y acogiendo a exiliados.

Los gobiernos conservadores de Gran Bretaña se abstuvieron de apoyar a la II República, promoviendo una política de apaciguamiento hacia los fascismos, para evitar que un conflicto local se transformara en una guerra europea, que no deseaba y no podía permitirse. Francia alentó la adhesión al Gobierno republicano, pero sin pronunciamiento oficial para no levantar las iras británicas y el miedo a provocar a Alemania; limitándose a cerrar las fronteras para que no entrase armamento. Las razones que dio Estados Unidos para mantenerse neutral fueron no alentar el “comunismo europeo”. Oficialmente alentó la no intervención y la prohibición de venta de armas, sin embargo, grandes empresas estadounidenses (Ford, General Motors o TEXACO) abastecieron al bando franquista.

Intelectuales y artistas se involucraron y acudieron a España, como Hemingway, G. Bernanos y Robert Capa.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

El Sexenio Democrático español se enmarca en una Europa y un mundo cambiante: nuevas teorías y prácticas sociales (democracia, socialismo, anarquismo), nuevos idearios (abolicionismo), nuevas rutas comerciales (canal Suez), avances tecnológicos (telégrafo) y nuevos movimientos culturales (realismo y naturalismo). En España, los años anteriores a 1868, el malestar social y el desprestigio de Isabel II aumentaban. Tras el fracaso de la sublevación del cuartel de San Gil en 1866, Prim pactó en Ostende una alianza con el Partido Demócrata al que se unieron los republicanos, para promover el cambio de régimen y convocar Cortes Constituyentes.

La Revolución de 1868 y el Gobierno Provisional

La revolución de septiembre de 1868 se inició cuando el almirante Topete, junto a Prim y Serrano, se sublevaron en Cádiz. Los sublevados en su manifiesto “España con honra” proclamaban la expulsión de la reina y el establecimiento de un Gobierno provisional constitucional que asegurara el orden y la regeneración política del país. Se formaron Juntas Revolucionarias en muchos puntos del país.

El ejército leal a la reina fue derrotado en Alcolea (Córdoba). Isabel II se encontró sin apoyos y se exilió a Francia.

Se formó un Gobierno provisional presidido por Serrano, formado por unionistas (Topete) y progresistas (Serrano, Sagasta, Figuerola, Zorrilla); tomaron medidas inmediatas como: disolución de las juntas locales revolucionarias, expulsión de los jesuitas, derogación del fuero eclesiástico y convocaron elecciones a Cortes constituyentes que dieron la mayoría a la coalición gubernamental.

La Constitución de 1869 y la Regencia

Las Cortes redactaron la Constitución de 1869, que establecía la soberanía nacional, división de poderes: legislativo en las cámaras, ejecutivo en el rey a través de los ministros, y judicial en los jueces; consagraba derechos básicos (reunión, asociación y expresión), y por primera vez libertad religiosa, sufragio universal masculino y la monarquía democrática como sistema de gobierno.

El Gobierno aprobó: Ley Electoral, Ley de Matrimonios civiles, Juicios con Jurado, Ley Orgánica del Poder Judicial y reforma del Código Penal.

Había una Constitución, pero España era una monarquía sin rey. Se instauró una regencia presidida por Serrano y Prim fue nombrado jefe de Gobierno. Aunque estaba descartada la vuelta de los Borbones, Cánovas del Castillo formó el Partido Alfonsino, en defensa de los derechos del hijo de Isabel II.

Durante el año 1869 se produjeron varios problemas: comienza la guerra con Cuba, los carlistas se reorganizan en torno a Carlos VII, y se suceden levantamientos republicanos por todo el país.

El Reinado de Amadeo I (1870-1873)

Prim se centró en la búsqueda de un rey (Leopoldo de Hohenzollern, duque de Montpensier, Fernando de Coburgo y Amadeo de Saboya). En octubre de 1870, Amadeo de Saboya aceptó la Corona, con el consentimiento de las potencias europeas, y en noviembre las Cortes lo eligieron Rey.

Su breve reinado fue debido a diversos factores: el asesinato de su valedor, Prim, el conflicto militar con Cuba, la oposición de las fuerzas monárquicas (el carlismo, con la Tercera Guerra Carlista, y el Partido Alfonsino); a ello se unió la oposición de la nobleza y burguesía; y las movilizaciones obreras y populares que reclamaban un régimen republicano. Amadeo I abdicó en febrero de 1873, y las dos cámaras reunidas en una sola Asamblea proclamaron la I República.

La Primera República (1873-1874)

La Asamblea, que había proclamado la I República, designó a Estanislao Figueras presidente de una República unitaria, que inmediatamente chocó con los republicanos federales. Su principal cometido era convocar Cortes Constituyentes que promulgasen una nueva Constitución. Se enfrentó a graves problemas: crisis de Hacienda, cuestión de Cuba y la Tercera Guerra Carlista. En su breve gobierno promulgó una amplia amnistía, abolió la esclavitud en Puerto Rico y suprimió las quintas.

En las primeras elecciones triunfaron los republicanos federales, proclamándose la República Democrática Federal, siendo Pi i Margall presidente.

Al no poder aprobar la Constitución, Pi i Margall dimitió, y le sucedió Salmerón. Este se limitó a restablecer el orden y reprimir los movimientos obreros. Dimitió al no querer firmar unas penas de muerte contra revolucionarios. Emilio Castelar le sucedió, intentando restablecer el orden. Su giro a la derecha le enfrentó a los intransigentes.

El golpe de Estado del general Pavía, en enero de 1874, disolvió las Cortes republicanas.

El año 1874 fue de transición entre la I República y la Restauración borbónica. El poder pasó a Serrano (República autoritaria o dictadura del general Serrano), apoyado por liberales, como Topete y Sagasta, mientras que Cánovas intentaba el regreso de los Borbones. El pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campos acabó con el Sexenio revolucionario, iniciando la Restauración.

La Transición Española: Alternativas Políticas y el Papel del Rey (1975-1982)

La transición comenzó con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación de Juan Carlos I como rey y Jefe de Estado (22 de noviembre); finalizando en octubre de 1982, con la victoria electoral del PSOE.

Alternativas Políticas Tras la Muerte de Franco

A la muerte del dictador se daban tres alternativas políticas:

  • La continuidad del régimen franquista con alguna modificación superficial, defendida por el búnker.
  • La reforma política a partir de las leyes e instituciones del franquismo, propuesta por los aperturistas y que sería la que se impusiera.
  • La ruptura democrática, acabando con el régimen dictatorial de forma inmediata, vía defendida por la oposición democrática.

El papel del rey fue fundamental durante la transición. El 22 de noviembre asumió la jefatura del Estado, jurando los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del régimen, pero dejando entrever en su discurso de proclamación su voluntad democrática.

Gobiernos de la Transición

Gobierno de Arias Navarro (1975-1976)

El Rey decidió mantener a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Gobierno que formaba junto a ministros representantes del franquismo inmovilista, militares, y reformistas como José María Areilza, Alfonso Osorio y Manuel Fraga, con Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino.

El enfrentamiento entre reformistas y Arias Navarro, la agitación social, la represión del gobierno (sucesos de Vitoria, marzo de 1976) y la incapacidad de Arias Navarro para impulsar la reforma política, llevó a que este, presionado por el rey, dimitiera en julio de 1976.

Gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979)

El rey nombró como presidente a Adolfo Suárez, que tenía un perfil falangista, experiencia de Estado y actitud reformista. Suárez inició contactos con Felipe González, Santiago Carrillo y con CCOO; provocando la dimisión del vicepresidente, el ultraconservador general De Santiago, dando entrada al general Gutiérrez Mellado.

El 15 de diciembre de 1976 se dio el paso definitivo hacia la democracia, al aprobarse en referéndum la Ley de Reforma Política, ideada por Fernández Miranda; establecía el bicameralismo y el sufragio universal. El camino hacia la cita electoral (15 de junio de 1977) fue difícil. En 1977 hubo un recrudecimiento del terrorismo, tanto de extrema derecha (matanza de los abogados laboralistas de Atocha), como de ETA y GRAPO (atentados y secuestros a miembros de las Fuerzas Armadas y del aparato del Estado, como el secuestro del presidente del Consejo de Estado).

A pesar del obstáculo terrorista, en febrero se aprobó la ley sobre el derecho de asociación política. El 9 de abril de 1977, Suárez legalizó el PCE por decreto ley, provocando la reacción negativa del ejército (dimisión del ministro de Marina).

Las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 consiguieron el restablecimiento de la democracia. Dieron el triunfo (en minoría) a la UCD de Adolfo Suárez, siendo la principal fuerza política de la oposición el PSOE.

Ante los resultados favorables de los nacionalistas, en septiembre de 1977 fue reinstaurada la Generalitat en Cataluña, con Josep Tarradellas como presidente; y se aprobó un régimen preautonómico para el País Vasco, que en contra de lo que esperaba el gobierno, no consiguió acabar con las actuaciones de ETA, que se incrementaron como medida de fuerza al gobierno.

La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías

Las Cortes iniciaron la elaboración de la nueva Constitución, en manos de una ponencia de siete miembros. Se debatió en las Cortes de mayo a octubre, siendo aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, y promulgada el 29. Recoge los principios de: soberanía nacional, monarquía parlamentaria como forma de Estado, la unidad de España compatible con la pluralidad nacional.

Principios Constitucionales

  • Establece al rey como Jefe de Estado, teniendo el mando supremo de las FF. AA.
  • División de poderes: el legislativo en dos cámaras (Congreso y Senado) elegidas por sufragio universal, el ejecutivo reside en el Gobierno, y el judicial corresponde a los juzgados y tribunales, coordinados por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
  • Con una declaración de derechos y libertades muy avanzados, y define un Estado no confesional.
  • Distingue entre nacionalidades y regiones; con dos vías para crear comunidades autónomas: vía rápida (art. 151) para las nacionalidades históricas (utilizado por Andalucía), y vía lenta (art. 143).

Ya aprobada la Constitución de 1978, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones (marzo de 1979), ganadas por la UCD, que volvió a gobernar en minoría.

En esta segunda legislatura se desarrolló el Estado de las Autonomías, creándose el Ministerio de Administración Territorial. Entre 1979 y 1983 se crearon diecisiete comunidades autónomas. En octubre de 1979 se aprobaron los Estatutos de Cataluña y Euskadi, este último más complejo por la oposición del PNV a la Constitución y pretensiones independentistas de la izquierda nacional; Galicia en diciembre de 1980, Andalucía en febrero de 1980 y octubre de 1981; las otras trece celebraron sus primeras elecciones en mayo de 1983. Ceuta y Melilla se conformaron en Ciudades Autónomas en 1995. Para gestionar y armonizar las mismas se promulgaron la LOFCA (1980) y la LOAPA (1982).

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