Crisis del gobierno moderado

Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado; además actuaron de manera arbitraria, manipulando las elecciones y reduciendo la importancia del poder legislativo. El autoritarismo se acentuó con el gobierno de Bravo Murillo en 1852, que propuso una reforma constitucional que transformaba el Estado en una dictadura tecnocrática. Esta reforma suponía, en la práctica, la desaparición del régimen parlamentario y un retorno a un sistema parecido al del Estatuto Real.

La propuesta fracasó por la oposición de un sector del moderantismo, que consiguió desplazar a Bravo Murillo del poder, pero acentuó la descomposición interna del partido y aumentó el descontento de una sociedad cada vez más apartada de la participación política. La nueva revolución de 1854 permitió que los progresistas volvieran al poder.

Revuelta de 1854 y el nuevo gobierno progresista

El autoritarismo del gobierno moderado creó la oposición y el alzamiento de los progresistas, demócratas y algunos sectores moderados defraudados con la actuación gubernamental. Esta unión desembocó en junio de 1854 en el pronunciamiento de Vicálvaro al frente del general O’Donnell, que fundó un nuevo partido, la Unión Liberal, con la pretensión de cubrir un espacio entre moderados y progresistas.

Los insurrectos elaboraron el Manifiesto de Manzanares, en el cual pedían:

• El cumplimiento de la Constitución de 1845.
• La reforma de la ley electoral.
• La reducción de los impuestos.
• La restauración de la Milicia.

La presidencia recayó nuevamente en Espartero. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo e instauró la Milicia y la ley municipal que permitía la elección directa de alcaldes. La actuación de mayor trascendencia fue una serie de reformas económicas en defensa de los intereses de la burguesía urbana y las clases medias, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país.

Legislación económica

Las acciones más importantes de los progresistas fueron la ley desamortizadora y la expansión de la red ferroviaria.

Desamortización de 1855 (Madoz)

La Ley Desamortizadora de 1855, promovida por Madoz, afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, del ejército y, sobre todo, de los ayuntamientos (bienes propios y comunales). Con la eliminación de la propiedad vinculada se quería conseguir recursos para Hacienda e invertirlos en la construcción de una red ferroviaria.

Red ferroviaria y la ley general de 1855

La construcción del ferrocarril se inició en 1855 con la ley general de ferrocarriles, que regulaba la construcción y ofrecía incentivos a las empresas que intervinieran, sobre todo a los capitales extranjeros, los cuales mejoraron el mercado español.

Crisis del bienio progresista

Las medidas reformistas no solucionaron la crisis de subsistencia. La delicada situación económica produjo huelgas obreras en 1855, en las que se pedía la reducción de los impuestos sobre los consumos, la abolición de las quintas, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral.

El malestar social conllevó al alzamiento del campo en tierras castellanas, con motines populares que incluyeron asaltos y quema de fincas y fábricas. El gobierno presentó la Ley del Trabajo, que introdujo algunas mejoras. La conflictividad social significó la irrupción del movimiento obrero en la política del país, algo que asustó a las clases conservadoras.

Además, las discrepancias dentro de la coalición gubernamental llevaron a la dimisión de Espartero. La reina confió el gobierno a O’Donnell; en 1856, O’Donnell ayudó a hacer caer al gobierno que él mismo había puesto en el poder dos años antes.

Gobiernos unionistas (1856-1863)

El nuevo gobierno unionista, liderado por O’Donnell, intentó combinar elementos del proyecto moderado con algunas propuestas progresistas; de esta manera se consiguió una estabilidad política interior relativa. Se intentó revitalizar el parlamentarismo bajo la tutela del Estado y ejercer una política más tolerante con la oposición. También se reservaba una minoría opositora en el Congreso para evitar una marginación que derivara en prácticas insurreccionales.

La actuación más relevante del gobierno fue su política exterior activa, orientada a recuperar el prestigio internacional. Se realizaron tres campañas de carácter internacional:

• La expedición a Indochina (1858-1863): en colaboración con Francia, por el deseo de castigar una matanza de misioneros. La expedición benefició sobre todo a los franceses, que comenzaron una mayor penetración colonial.
• La intervención en México (1862): se llevó a cabo conjuntamente con franceses y británicos para exigir al gobierno mexicano el cobro de la deuda acumulada con estos países.
• Las campañas militares en Marruecos (1859-1860): motivadas por disputas fronterizas. Se triunfó en las batallas de Tetuán y Castillejos, donde el general progresista Prim ganó un gran prestigio militar.

Los unionistas, sin embargo, fueron incapaces de plantar cara a la oposición de los moderados y de la Corona misma, que se negó a disolver las Cortes tal como proponía el ejecutivo. O’Donnell dimitió; la reina dio el poder a los moderados.