Guerra de Sucesión (1700-1714) y Tratados

La muerte sin descendencia de Carlos II (1700) desencadenó un conflicto sucesorio entre Felipe de Anjou (Borbón) y el archiduque Carlos de Austria (Habsburgo). El conflicto tuvo una doble dimensión: fue una guerra civil, donde Castilla apoyó a Felipe V (modelo centralista) y la Corona de Aragón al archiduque (modelo foralista); y un conflicto internacional, enfrentando al bloque franco-español contra la Gran Alianza de La Haya (Inglaterra, Austria y Holanda), que temía la hegemonía borbónica en Europa.

Militarmente, Felipe V se impuso en la península tras la Batalla de Almansa (1707), pero el conflicto internacional cambió cuando el archiduque Carlos heredó el Sacro Imperio Romano Germánico (1711). Ante el peligro de un nuevo imperio hegemónico de los Habsburgo, Inglaterra forzó la paz mediante los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714). Estos acuerdos reconocieron a Felipe V como rey de España a cambio de su renuncia al trono francés y supusieron la desintegración de las posesiones europeas españolas.

• Austria recibió Flandes, Milán y Nápoles.
• Saboya obtuvo Sicilia.
• Inglaterra se consolidó como gran potencia naval obteniendo Gibraltar y Menorca, además de concesiones comerciales como el navío de permiso y el asiento de negros.

Este «Sistema de Utrecht» estableció un nuevo orden basado en el equilibrio continental y relegó a España a potencia de segundo rango. La política exterior de los Borbones se centró entonces en el revisionismo (recuperar lo perdido) aliándose con Francia a través de los Pactos de Familia.

Bajo Felipe V se firmaron el Primer Pacto (1733) y el Segundo Pacto (1743), logrando recuperar Nápoles, Sicilia y Parma para sus hijos. Con Carlos III se firmó el Tercer Pacto (1761), participando en conflictos contra Inglaterra (Guerra de los Siete Años y Guerra de Independencia de EE. UU.), lo que permitió recuperar Florida y Menorca en la Paz de Versalles (1783), aunque no Gibraltar.

Centralismo borbónico y reformas internas

La llegada de la dinastía borbónica en el siglo XVIII supuso la implantación del absolutismo monárquico y de un modelo de Estado centralizado y uniformizador de corte francés, rompiendo con la tradición pactista de los Austrias. La reforma más trascendental para lograr esta unidad fueron los Decretos de Nueva Planta (aplicados a Valencia y Aragón en 1707, Mallorca en 1715 y Cataluña en 1716). Estas leyes abolieron los fueros, las Cortes e instituciones propias de la Corona de Aragón como castigo por su apoyo al archiduque Carlos, imponiendo la organización política y jurídica de Castilla. Únicamente Navarra y el País Vasco conservaron sus fueros gracias a su fidelidad a Felipe V durante la guerra.

Para reforzar este centralismo, se reformó la administración territorial y central. Se suprimieron los antiguos virreinatos (salvo en América), dividiendo el territorio en provincias dirigidas por capitanes generales, con funciones de gobierno y militares. Para garantizar la defensa, se impulsó un ejército permanente mediante sistemas de reclutamiento como las levas y las quintas. En la gestión civil destacó la nueva figura de los intendentes (recaudación fiscal y fomento económico) y en el gobierno central se marginó a los Consejos en favor de las Secretarías de Despacho (antecedentes de los ministerios), estableciendo Cortes únicas con funciones muy limitadas.

El reformismo borbónico se extendió a otros ámbitos. En política religiosa se aplicó el regalismo, doctrina que imponía la autoridad del rey sobre la Iglesia, logrando el derecho de patronato universal (nombramiento de cargos eclesiásticos) en el Concordato de 1753 y decretando la expulsión de los jesuitas (1767) bajo Carlos III. En economía, siguiendo principios mercantilistas, se intervino estatalmente mediante la creación de las Reales Fábricas, el impulso de obras públicas, la fundación del Banco de San Carlos y los intentos de unificación fiscal.

Reformas borbónicas en América

Las reformas borbónicas, iniciadas por Felipe V e intensificadas por Carlos III, tuvieron como objetivo reorganizar política y económicamente las colonias para aumentar su productividad, racionalizar la administración y controlar el contrabando.

En el plano político-administrativo, se fragmentó el virreinato del Perú para crear dos nuevos: Nueva Granada (1717) y Río de la Plata (1778), con capital en Buenos Aires. Para reforzar el control, se dividieron los territorios en intendencias y se sustituyó el antiguo Consejo de Indias por la Secretaría de Indias. Además, se desplazó a los funcionarios criollos de los cargos de gobierno en favor de los peninsulares.

Como contrapartida, se impulsaron reformas militares creando una milicia colonial que integraba a indígenas y mestizos; la oficialidad del ejército se convirtió en la vía de ascenso social para los criollos desplazados de la administración. En el ámbito comercial, se buscó optimizar la rentabilidad trasladando la Casa de Contratación a Cádiz y apoyando a compañías privilegiadas. La medida más trascendental fue el decreto de libre comercio (1778) de Carlos III, que permitió el tráfico desde cualquier puerto español y, posteriormente, desde los americanos, lo que supuso la supresión definitiva de la Casa de Contratación en 1790.

Finalmente, las reformas religiosas buscaron someter a la Iglesia a la Corona (regalismo), destacando la expulsión de los jesuitas (1767), la desamortización de cargas eclesiásticas y la supresión de la Inquisición, cuyos bienes pasaron al Estado. Estas medidas resultaron contraproducentes: generaron malestar social y rebeliones, beneficiaron a Inglaterra y, al socavar la autoridad tradicional, debilitaron los fundamentos del absolutismo en América.

Sociedad, demografía y economía

Sociedad y demografía

A finales del siglo XVIII, España inició una recuperación demográfica (especialmente en el Levante) y económica, ayudada por la menor inflación tras la devaluación de la moneda de vellón. Sin embargo, persistía la estructura estamental. La nobleza y el clero aumentaron (venta de títulos y «refugio» ante la crisis), mientras la burguesía aspiraba a ser rentista. El campesinado, agobiado por impuestos y malas cosechas, cayó en la mendicidad y el bandolerismo.

Economía: reformas y expansión

El reformismo intentó modernizar el país. En agricultura, el problema de la tierra amortizada motivó el Expediente de la Ley Agraria de Jovellanos. Para repoblar zonas vacías, Carlos III y Pablo de Olavide colonizaron Sierra Morena (La Carolina, La Carlota) con mano de obra extranjera.

La industria creció gracias al proteccionismo, creando manufacturas reales de lujo (porcelana del Retiro) y astilleros en Cádiz, Ferrol y Cartagena. El comercio con América fue vital: se pasó del monopolio (Compañía Guipuzcoana de Caracas) a la liberalización con los decretos de libre comercio (1765-1778), sustituyendo las flotas por el ágil sistema de registros.

Cultura y política

La Ilustración buscó el progreso y la felicidad mediante la razón, difundida por las Sociedades Económicas de Amigos del País, la prensa (Gaceta de Madrid) y las academias. Destacaron intelectuales como Feijoo y Jovellanos; científicos como Mutis, Jorge Juan y Ulloa; y el arte de Goya. Políticamente, el despotismo ilustrado de Carlos III («todo para el pueblo, pero sin el pueblo») impulsó reformas en Madrid (Jardín Botánico, alumbrado, empedrado), aunque su alcance fue limitado por la oposición privilegiada y el elevado índice de analfabetismo.