1. TEMA. Les forces socials i polítiques a la II República (3 punts)

La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril de 1931 tras el hundimiento del sistema de la Restauración y la salida de Alfonso XIII. Su nacimiento estuvo marcado por la crisis económica internacional de 1929, el desprestigio de la monarquía tras la dictadura de Miguel Primo de Rivera y una fuerte conflictividad social.

Las fuerzas políticas que apoyaron el nuevo régimen fueron principalmente republicanos de izquierda y socialistas. Los republicanos reformistas, como Manuel Azaña, defendían la modernización del Estado mediante reformas profundas: reforma militar para someter el ejército al poder civil, ampliación de la enseñanza pública y laica, reforma agraria para resolver el problema del latifundismo y descentralización territorial. El PSOE y la UGT representaban al movimiento obrero organizado y defendían mejoras laborales y sociales. Más radicales eran los anarquistas de la CNT‑FAI, que rechazaban el sistema parlamentario y aspiraban a una revolución social. También tuvieron gran importancia los nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña, donde Esquerra Republicana impulsó el autogobierno.

Frente a ellos se situaron las fuerzas conservadoras: la derecha católica agrupada en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por Gil Robles, que defendía la religión, el orden social y la revisión de las reformas; el Partido Radical de Alejandro Lerroux, situado en el centro‑derecha; los monárquicos alfonsinos y carlistas; y grupos autoritarios como la Falange. Socialmente, la República contó con el apoyo de clases medias urbanas, obreros y jornaleros, mientras que la Iglesia, los grandes propietarios agrarios y una parte del ejército se mostraron contrarios, especialmente por el carácter laico y reformista del régimen. Esta profunda división marcó toda la evolución política republicana.

2. TEMA. Expliqueu les característiques més importants del Bienio Radical-cedista o Negro (2 punts)

El Bienio Radical‑cedista (1933‑1935) se inició tras las elecciones de noviembre de 1933, en las que triunfaron las derechas. El Partido Radical de Lerroux formó gobierno con el apoyo parlamentario de la CEDA.

La principal característica de este periodo fue la paralización o revisión de las reformas iniciadas en el primer bienio republicano. Entre sus rasgos más relevantes destacan:

• Freno a la reforma agraria: se ralentizó la aplicación de la ley de expropiación y reparto de tierras.
• Suavización de la política religiosa: se adoptaron medidas menos estrictas frente a la Iglesia.
• Concesiones a militares: se otorgaron amnistías a militares implicados en intentos golpistas anteriores.
• Enfrentamiento con la Generalitat: se produjo un choque con la autonomía catalana y se limitaron avances autonómicos.

La entrada de ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 fue interpretada por la izquierda como un giro autoritario. Esto provocó la Revolución de Octubre de 1934: en Asturias se desarrolló una insurrección minera duramente reprimida por el ejército, y en Cataluña Lluís Companys proclamó el Estado Catalán, lo que supuso la suspensión del Estatuto y el encarcelamiento del gobierno autonómico. El periodo terminó debilitado por escándalos de corrupción como el del estraperlo y por el aumento de la polarización política.

3. Comentario de texto: Constitución de 1931 (5 punts)

El texto corresponde a la Constitución española de 1931, aprobada por las Cortes Constituyentes en diciembre de 1931. Se trata de una fuente primaria de carácter jurídico y político que establece los principios fundamentales del nuevo régimen republicano.

En el artículo 1 se define España como una “República democrática de trabajadores de toda clase”, lo que refleja su carácter social y democrático. Se afirma además la soberanía popular al establecer que los poderes emanan del pueblo. La expresión “Estado integral” indica que no se trata de un Estado federal, pero sí permite la autonomía de municipios y regiones.

Los artículos 8 y 11 desarrollan este modelo territorial, permitiendo que regiones con características históricas, culturales y económicas comunes puedan organizarse como autónomas mediante un Estatuto aprobado por las Cortes. Este marco legal hizo posible la aprobación del Estatut de Núria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, así como proyectos estatutarios en el País Vasco y Galicia. Por primera vez se reconocía legalmente el autogobierno dentro del Estado español.

Los artículos 3 y 26 muestran el carácter laico del régimen. Se establece que el Estado no tiene religión oficial y se regulan estrictamente las órdenes religiosas: se suprime el presupuesto del clero, se disuelven las órdenes consideradas peligrosas y se limita su actividad económica y educativa. Estas medidas buscaban separar Iglesia y Estado, pero generaron una fuerte oposición de los sectores católicos y conservadores.

En conjunto, la Constitución de 1931 fue una de las más avanzadas de su tiempo, al establecer sufragio universal masculino y femenino, amplios derechos y libertades, descentralización territorial y un Estado laico. Sin embargo, su carácter reformista y la profunda división entre las fuerzas sociales y políticas dificultaron su aplicación y contribuyeron a la inestabilidad que desembocaría en la Guerra Civil de 1936.

El Bienio Reformista (1931-1933)

El bienio reformista fue la primera etapa de la Segunda República Española (1931‑1933), iniciada tras la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. El gobierno republicano‑socialista, con Manuel Azaña como figura principal, impulsó un amplio programa de reformas con el objetivo de transformar las estructuras tradicionales del país y construir un Estado democrático, moderno y socialmente más justo. España arrastraba graves problemas: predominio del latifundismo, desigualdad social, elevado analfabetismo, excesivo protagonismo político del ejército y gran influencia de la Iglesia en la vida pública.

La Constitución de 1931 fue la base del nuevo régimen: definía a España como una República democrática de trabajadores, establecía la soberanía popular, amplios derechos y libertades, el sufragio femenino y un Estado laico y descentralizado, permitiendo estatutos de autonomía como el de Cataluña (1932). Esta Constitución reflejaba claramente el carácter reformista del periodo.

Entre las reformas más importantes destacó la reforma agraria (Ley de 1932), que buscaba expropiar latifundios mal explotados para repartir tierras entre campesinos sin recursos y reducir la conflictividad en el campo. Sin embargo, su aplicación fue lenta por falta de presupuesto y resistencia de los propietarios, lo que generó frustración entre los jornaleros.

La reforma militar pretendía reducir el número excesivo de oficiales y garantizar la subordinación del Ejército al poder civil. Aunque necesaria para consolidar la democracia, provocó oposición en sectores militares conservadores y desembocó en la sublevación fallida del general Sanjurjo en 1932.

En el ámbito religioso, se estableció la separación Iglesia‑Estado, se suprimió el presupuesto del clero y se limitó la actividad de órdenes religiosas en la enseñanza. Estas medidas buscaban la laicización del Estado, pero fueron interpretadas por muchos católicos como un ataque a la tradición.

Además, se impulsó una ambiciosa reforma educativa con la construcción de miles de escuelas públicas para combatir el analfabetismo y fomentar una educación laica y moderna. En el plano laboral, se aprobaron leyes que regulaban contratos, mejoraban salarios y fortalecían los sindicatos, intentando equilibrar las relaciones entre obreros y empresarios.

A pesar de su carácter modernizador, el bienio reformista encontró una fuerte oposición desde la derecha, que veía amenazados sus privilegios económicos y religiosos, y desde la izquierda más radical, que consideraba las reformas demasiado lentas. La crisis económica internacional, la conflictividad social y la creciente polarización política desgastaron al gobierno, que perdió las elecciones de 1933.

1️⃣ Constitución de 1931 (respuesta argumentada)

La Constitución de 1931 es una fuente primaria jurídica aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931 tras la proclamación de la Segunda República y la salida de Alfonso XIII. Surge en un contexto de crisis del sistema de la Restauración y tras el descrédito de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, lo que explica el amplio respaldo inicial al nuevo régimen republicano. El texto constitucional refleja la voluntad de construir un Estado democrático y moderno. Al definir España como una “República democrática de trabajadores de toda clase”, introduce un concepto social del Estado que supera el liberalismo clásico y se aproxima a los modelos democráticos europeos de entreguerras. La soberanía popular, el sufragio universal —incluido el femenino, defendido por Clara Campoamor— y la amplia declaración de derechos muestran un claro compromiso con la democratización real de la sociedad española.

Uno de los aspectos más polémicos fue el carácter laico del Estado. La separación Iglesia‑Estado, la supresión del presupuesto del clero, el matrimonio civil y el divorcio respondían a la intención de reducir la influencia histórica de la Iglesia en la vida pública. Sin embargo, estas medidas provocaron una fuerte reacción de los sectores católicos y conservadores, que percibieron la Constitución como una amenaza a sus valores tradicionales.

Además, el texto abría la posibilidad de autonomía para las regiones, intentando integrar las demandas nacionalistas dentro del marco legal republicano. Esto demuestra que la Constitución pretendía resolver el problema territorial mediante el diálogo institucional. En conclusión, la Constitución de 1931 fue un intento coherente y avanzado de modernizar España política y socialmente. No obstante, su profundidad reformista generó una intensa oposición que contribuyó a la polarización política y a la inestabilidad posterior de la Segunda República.

2- El Estatuto de Núria

El Estatuto de Núria debe interpretarse como una pieza clave dentro del proyecto de reorganización territorial impulsado por la Segunda República tras la aprobación de la Constitución de 1931. No fue simplemente una iniciativa regional, sino el resultado de una reivindicación histórica del catalanismo político que había evolucionado desde el movimiento cultural de la Renaixença hasta posiciones claramente autonomistas a comienzos del siglo XX. La proclamación inicial de una “República Catalana” por Francesc Macià en abril de 1931 demuestra que la cuestión territorial era un asunto urgente que podía poner en riesgo la estabilidad del nuevo régimen. La negociación con el gobierno provisional republicano permitió transformar una posible ruptura en un proyecto de integración.

En este sentido, el Estatuto de Núria representó un intento de canalizar el nacionalismo catalán dentro del marco democrático republicano. El texto proponía un amplio autogobierno, con competencias en educación, justicia y orden público, además del reconocimiento del catalán como lengua oficial. Esto reflejaba una concepción cercana al federalismo, en la que Cataluña se entendía como una entidad política con identidad propia dentro de España. Su aprobación en referéndum mostró que la autonomía no era una demanda minoritaria, sino una aspiración respaldada socialmente. Sin embargo, el recorte posterior del texto en las Cortes pone de manifiesto los límites del proyecto descentralizador republicano. El gobierno debía equilibrar la integración del nacionalismo catalán con el temor de otros sectores políticos y militares a una posible desmembración del Estado. Por tanto, el Estatuto de Núria revela la dificultad estructural de compatibilizar unidad estatal y pluralidad territorial en un contexto político ya polarizado.

3️⃣ Estatuto de Autonomía de 1932 (redacción argumentada)

La aprobación del Estatuto de Autonomía de 1932 supuso la institucionalización definitiva del autogobierno catalán dentro del marco constitucional republicano. No fue una concesión aislada, sino el desarrollo lógico del principio autonómico recogido en la Constitución de 1931. La República intentaba así resolver uno de los problemas históricos del Estado español: la articulación territorial.

No obstante, su aprobación coincidió con el intento de golpe de Estado protagonizado por el general José Sanjurjo, lo que evidencia que una parte del Ejército y de la derecha percibía las reformas republicanas —entre ellas la descentralización— como una amenaza al orden tradicional. De este modo, la autonomía catalana quedó asociada en el imaginario conservador a un debilitamiento de la unidad nacional. El Estatuto restauró la Generalitat y permitió el desarrollo de políticas propias en educación, cultura y administración interna, bajo la presidencia primero de Francesc Macià y después de Lluís Companys. Desde la perspectiva republicana, esto fortalecía el Estado al integrar democráticamente la diversidad territorial. Sin embargo, desde la óptica de la derecha centralista representaba una cesión peligrosa. Así, el Estatuto de 1932 simboliza la contradicción central de la Segunda República: intentar modernizar y descentralizar el Estado en una sociedad profundamente dividida ideológicamente. La autonomía no fue en sí misma la causa de la crisis republicana, pero sí un factor que intensificó las tensiones políticas existentes.

4️⃣ Fets d’Octubre (redacción argumentada)

Los Fets d’Octubre de 1934 deben entenderse como el punto de ruptura del frágil equilibrio territorial construido entre 1931 y 1932. Tras la victoria electoral de la derecha en 1933 y la entrada de la CEDA en el gobierno, amplios sectores de la izquierda interpretaron que el proyecto reformista republicano estaba siendo desmontado. En el contexto europeo, marcado por el ascenso de regímenes autoritarios, el temor a una deriva fascista en España alimentó la radicalización.

En este clima de tensión, Lluís Companys proclamó el “Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Más que un acto independentista pleno, fue una acción política destinada a presionar contra lo que consideraba un giro reaccionario del gobierno central. Sin embargo, esta proclamación supuso una ruptura clara del marco constitucional vigente. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente: intervención militar, suspensión del Estatuto y encarcelamiento del gobierno catalán. Esta reacción demuestra que la autonomía concedida en 1932 tenía límites claros cuando entraba en conflicto con la autoridad central.

Las consecuencias fueron profundas. La suspensión del autogobierno evidenció que el consenso territorial había desaparecido y que la República había entrado en una fase de confrontación abierta. A partir de 1934, la política española se caracterizó por una creciente radicalización que culminaría en la Guerra Civil en 1936.