1. Carlismo y guerra civil
La regencia de María Cristina (1833-1840)
En 1830 nació Isabel, la primera de las dos hijas que el rey Fernando VII tuvo con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Según la Ley Sálica de 1713, las mujeres no podían acceder al trono, por lo que el sucesor debía ser el hermano del rey, Carlos María Isidro. Sin embargo, Fernando VII derogó la Ley Sálica mediante la Pragmática Sanción poco antes de morir y dejó como heredera a su hija.
Al morir el rey, en 1833 María Cristina asumió la regencia hasta que Isabel alcanzara la mayoría de edad. Sus primeros tres años, en plena guerra carlista, sirvieron para que los liberales moderados se fuesen afianzando en la política; políticos como Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa o el conde de Toreno cobraron relevancia. En ese mismo año, María Cristina, apoyada por estos liberales moderados, aprobó la nueva organización territorial del Estado, impulsada por el ministro Javier de Burgos, que configuró la división en 49 provincias (1833).
Un año más tarde, a instancias del liberal Martínez de la Rosa, se aprobó el Estatuto Real, una especie de carta otorgada que no reconocía la soberanía nacional ni las libertades políticas, no contemplaba la división de poderes y dejaba la iniciativa legislativa en manos del monarca. Con ello se ponía fin a parte de la obra legislativa realizada por las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. En este Estatuto Real las Cortes eran bicamerales: la cámara alta o «Estamento de Próceres», cuyos miembros eran designados directamente por la regente, y la cámara baja o «Estamento de los Procuradores».
El clima de descontento en todo el país provocó el comienzo de una serie de sublevaciones en el verano de 1836 en ciudades como Barcelona, Zaragoza o Málaga, con la exigencia de mayores libertades. En este contexto de excitación popular, un grupo de suboficiales irrumpió por la fuerza en el palacio de San Ildefonso de La Granja, lugar donde María Cristina pasaba sus vacaciones de verano; este hecho, conocido como Motín de La Granja, obligó a la regente a firmar un decreto para restituir la Constitución de 1812 y derogar el Estatuto Real.
Así se hizo necesaria la redacción de una nueva Constitución, la de 1837, fruto del acuerdo entre liberales y progresistas y de carácter más moderado que la de 1812. En esta Constitución, el poder ejecutivo recaía en el rey, que tenía la potestad de nombrar y deponer ministros y el derecho de veto. El poder legislativo era compartido entre el rey y las Cortes, que eran bicamerales (Congreso y Senado), y el poder judicial correspondía a jueces y tribunales. El sufragio era censitario, es decir, lo ejercía un número reducido de ciudadanos en función de su nivel de renta.
En este nuevo marco constitucional se aprobaron reformas significativas: la abolición del diezmo (la décima parte de la cosecha que se debía entregar a la Iglesia), la eliminación de aduanas interiores, la primera gran desamortización llevada a cabo por el ministro Mendizábal en 1836 y la disolución de los gremios para favorecer la industria.
Cuando finalizó la guerra carlista, el Gobierno del moderado Pérez Castro intentó nuevamente limitar las reformas y la participación de las clases medias urbanas, promulgando una Ley de Ayuntamientos (1840) que suprimía el derecho de los ciudadanos a elegir a sus alcaldes, los cuales pasaron a ser nombrados directamente por el Gobierno, en contra de lo que solicitaban los liberales progresistas.
La Primera Guerra Carlista (1833-1839)
En 1833 comenzó la Primera Guerra Carlista, un conflicto civil que marcó gran parte del siglo XIX español, siendo la primera y más importante de las guerras carlistas. Esta guerra se desarrolló en determinadas zonas de la península, especialmente en Cataluña, el Maestrazgo, el País Vasco y Navarra. A pesar de la influencia carlista en estas zonas, nunca consiguieron ocupar las grandes ciudades vasco-navarras: en 1835 fracasaron en su intento por conquistar Bilbao, y en el asedio de esa ciudad murió Tomás de Zumalacárregui, el principal general del ejército carlista. En 1836 tampoco lograron tomar San Sebastián.
A pesar de estas derrotas militares, el carlismo alcanzó una notable expansión mediante una nueva estrategia basada en extender el conflicto fuera de sus bases tradicionales (Dios, patria y fueros), a través de expediciones. Una de ellas, dirigida por el general Miguel Gómez, recorrió Asturias, Galicia y León para seguir por Castilla hacia la región levantina, donde halló la ayuda del general Ramón Cabrera. La derrota en Villarrobledo (Albacete) le impidió llegar a Madrid, por lo que se dirigió a Andalucía, donde tomó Córdoba y más tarde pasó a Extremadura.
La más importante de estas expediciones fue la de 1837, conocida como la Expedición Real, que llegó a las puertas de Madrid y estuvo dirigida personalmente por don Carlos María de Isidro, autoproclamado rey de España. La primera guerra concluyó en 1839, cuando el general Espartero, líder de la causa isabelina, y el general carlista Rafael Maroto firmaron el Convenio de Vergara (agosto de 1839), dando por concluido el conflicto en los territorios vasco-navarros. No obstante, el carlismo mantuvo actividad en Cataluña y, especialmente, en el Maestrazgo, al mando de Ramón Cabrera, hasta que Espartero tomó Morella en 1840.
La regencia de Espartero (1840-1843)
Cuando María Cristina renunció en 1840, fue nombrado regente el general Baldomero Espartero, que contaba con el apoyo de los liberales progresistas, el ejército y gran parte de la burguesía catalana. El militar gobernó hasta 1843 de manera autoritaria, reprimiendo a los moderados y sin someterse al Parlamento, por lo que perdió los apoyos que le habían ayudado a ascender al poder.
Su política librecambista ponía en peligro la industria textil catalana; llegó incluso a firmar acuerdos de libre comercio con Inglaterra. El enfrentamiento con Barcelona llegó a ser muy grave y terminó con el bombardeo de la ciudad por parte de Espartero. Sectores progresistas que inicialmente le habían apoyado se enfrentaron a sus formas autoritarias y represivas, y tras tres años nadie le apoyaba. En 1843 se inició una revuelta militar encabezada por Narváez, que derribó el Gobierno; Espartero se exilió en Londres, aunque volvería al poder durante el Bienio Progresista (1854-1856).
Durante estos años se llevó a cabo una política centralista plasmada en la reforma de leyes fundamentales y en la reestructuración de la Administración central. Entre las reformas legales, la Ley Municipal dispuso la designación gubernamental de los alcaldes. Se estableció un Código Penal en 1848 para todo el territorio y se suprimió la Milicia Nacional.
También se realizó una reforma de la hacienda (1845), obra de Alejandro Mon, diseñada para ordenar las finanzas y la deuda pública, creando impuestos uniformes distribuidos por toda España. Sin embargo, la reforma fracasó al permitir que la mayoría de los impuestos recayesen sobre las clases populares (impuestos de consumo) y no sobre los grandes propietarios. Los políticos moderados intentaron un acercamiento a la Iglesia, enemistada con el régimen liberal desde la desamortización de 1836; en 1851 se firmó un concordato con el Vaticano, auspiciado por Bravo Murillo, por el que la Iglesia recuperaba muchos privilegios y podía intervenir en la enseñanza.
En 1844 se creó la Guardia Civil, fundada por el duque de Ahumada, un cuerpo policial de carácter militar destinado a mantener el orden en las zonas rurales y a asegurar la propiedad de los terratenientes en el campo.
2. Construcción y evolución del Estado liberal (1843-1868)
2.1 La Década Moderada (1844-1854)
Isabel II, con tan solo 13 años, asumió el trono en 1843 y encargó la formación de gobierno al Partido Moderado, liderado por el general Ramón Narváez (1844). Durante su reinado se rodeó de los sectores más conservadores del liberalismo y de una «corte de los milagros» compuesta por confesores y monjas milagreras que influyeron en su acción de gobierno. Con el apoyo de sectores burgueses conservadores, los moderados gobernaron durante diez años con mano dura. Se derogó la Constitución de 1837 y se redactó la de 1845, más conservadora, que otorgó más poderes a la Corona y al Gobierno y recortó los del Parlamento; el poder legislativo quedó bicameral (Senado y Congreso de los Diputados).
Por tanto, solo podían votar y ser elegidas las personas procedentes de los sectores sociales con propiedades o aquellas distinguidas por su profesión (abogados, cargos gubernamentales, magistrados, etc.). Además, se reconoció el catolicismo como religión de la nación española, con la obligación del Estado de mantener su culto y a sus ministros.
En 1866 el ciclo expansivo del ferrocarril había llegado a su fin y se sumó una crisis industrial y financiera que supuso el hundimiento de casi todos los bancos, además de malas cosechas y crisis de subsistencia. Tras la destitución de los profesores universitarios republicanos Castelar y Sanz del Río y las protestas estudiantiles que siguieron, el Ejército actuó con gran violencia (noche de San Daniel). Hubo pronunciamientos progresistas alentados por el general Juan Prim que llevaron a una represión severa, con el fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil. En esta situación, la corte de Isabel II y la propia reina perdieron prestigio y el malestar social llevó a una alianza de progresistas y demócratas.
Fruto de esta unión, en 1866 en la ciudad belga de Ostende, republicanos, unionistas, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende, cuyo objetivo principal era el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal. En este momento murieron O’Donnell y Narváez, quedándose la reina sin dos de sus grandes apoyos.
Finalmente, en septiembre de 1868 se produjo una revolución conocida popularmente como la «Gloriosa», que supuso la salida del país de Isabel II y el inicio del Sexenio Revolucionario.
2.2 El Bienio Progresista (1854-1856)
El llamado Bienio Progresista se inició con un pronunciamiento militar conocido como «la Vicalvarada», porque tuvo lugar en los cuarteles de Vicálvaro (Madrid). Su instigador fue el general Leopoldo O’Donnell, líder del partido Unión Liberal, que contaba entre sus dirigentes con políticos andaluces como Cánovas del Castillo. En este alzamiento, de carácter revolucionario, participaron también amplios sectores liberales y populares de ciudades como Zaragoza, Madrid y Barcelona. El movimiento no pretendía destronar a la reina, sino forzarla a admitir reformas democráticas interrumpidas en 1844. Al mismo tiempo se redactó el Manifiesto de Manzanares, que insistía en la necesidad de una verdadera revolución liberal, la reducción de impuestos y el cese de la ‘camarilla’ que rodeaba a la reina.
A partir de este golpe de Estado comenzó una nueva etapa política de dos años, en la que se elaboró una nueva carta constitucional que finalmente no fue puesta en práctica, por lo que se conoce como constitución «non nata», además de impulsarse reformas significativas.
Tras la Vicalvarada, Isabel II pidió al general progresista Espartero que formara gobierno, con la intención de llevar a cabo medidas liberales avanzadas. En materia religiosa, por ejemplo, los jesuitas fueron expulsados de España bajo la acusación de conspirar con los antiliberales, y se prohibieron algunas procesiones y manifestaciones externas del culto católico.
2.3 El desmoronamiento de la monarquía isabelina (1856-1868)
El Bienio Progresista terminó por la reacción de los liberales moderados y las presiones de la Corona y de los sectores eclesiásticos. Narváez volvió a asumir el Gobierno y comenzó un largo período caracterizado por el predominio de tres sectores sociales en la política: los terratenientes, los militares conservadores y la Iglesia, dentro del marco de la Constitución de 1845.
En estos años se sucedieron los gobiernos de los generales Narváez y O’Donnell, este último con posiciones más moderadas que en 1854. Los liberales exaltados quedaron marginados del Gobierno. Destacan en este periodo la paralización de la desamortización de 1855, el reconocimiento a la Iglesia de muchas prerrogativas y privilegios tradicionales, la dura represión de las revueltas campesinas por la Guardia Civil y el establecimiento de prácticas electorales corruptas: la compra de votos, los pucherazos —añadir o sacar votos de las urnas— y la creación de un sistema de caciques locales que, a cambio de cargos u otros beneficios, controlaban las elecciones, a menudo fraudulentas.
De esta época procede la aprobación de la Ley de Instrucción Pública (1857), obra de Moyano, que intentó combatir el elevado analfabetismo del país (más del 73% de la población entonces).
El periodo de mayor prosperidad durante la etapa conservadora coincidió con el gobierno del general O’Donnell, fundador de la Unión Liberal, conocido como «Gobierno largo». Este gobierno se benefició de una época de buenas cosechas y de expansión comercial, gracias a las bases coloniales en Cuba y Filipinas. Además, la guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865) favoreció la exportación de productos españoles. Se inició asimismo una política exterior imperialista que llevó al envío de tropas a Cochinchina (Vietnam) o al norte de África, operaciones que no resolvieron los problemas sociales y económicos internos.
Frente a la política conservadora de los moderados crecieron en España las aspiraciones a mayor libertad y derechos civiles. Entre las capas intelectuales surgió el Partido Demócrata, con dirigentes como Emilio Castelar y Ramón Cala; apareció el republicanismo, se crearon las primeras organizaciones obreras y hubo agitaciones entre el campesinado jornalero. Andalucía, en concreto, fue escenario de revueltas y motines rurales durante todo el reinado de Isabel II, reprimidos por el gobierno y la Guardia Civil.