Democratas cimbrios

12.1-SUBTEMA: El REINADO DE ISABEL II. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA LIBERAL: CARLISMO Y GUERRA CIVIL

En 1830, nació Isabel, hija de Fernando VII. Antes de su nacimiento, el rey aprobó la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica, permitiendo reinar a las mujeres. Excluyendo de la sucesión al trono al ultra absolutista Carlos María Isidro, hermano del rey. Los partidarios de Carlos, con el rey enfermo, obtuvieron en 1832 la derogación de la Pragmática. Pero una vez recuperado, dió los derechos sucesorios de su hija. En septiembre de 1833 moría el rey, y su viuda, María Cristina de Borbón, se establecía como regente, en nombre de su hija la reina Isabel II. Los grupos absolutistas no reconocieron a Isabel y se sublevaron contra el gobierno de María Cristina, proclamando rey a Carlos María Isidro (como Carlos V), por lo que serán conocidos como los carlistas.

El carlismo, tradicionalista y antiliberal, englobó a parte de la nobleza rural, del clero y del campesinado, pequeños y medianos propietarios que defendían las formas tradicionales de propiedad agraria. Estos grupos temían las reformas tributarias y económicas del liberalismo. Los carlistas defendían la monarquía absoluta, la preeminencia de la Iglesia y la conservación de los fueros.

Ante el levantamiento carlista, la regente María Cristina contó con la alta nobleza latifundista y con la jerarquía eclesiástica. Además, para defender a Isabel II, la regente pactó con sectores liberales, que empezaban a conseguir el apoyo, sobretodo los progresistas, de los sectores populares urbanos de las ciudades más importantes.

Ambos bandos lucharon en una guerra de más seis años, que enfrentó a los partidarios de una u otra opción ideológica (liberales frente a absolutistas)
.

Los carlistas, en el País Vasco y Navarra, controlaron el mundo rural. Sin embargo, las ciudades, permanecieron fieles a Isabel II. En principio, los carlistas desarrollaron una guerra de guerrillas. Pero la tardanza del gobierno en enviar al ejército permitió al general carlista Zumalacárregui organizar un ejército de 25.000 hombres, mientras Cabrera unificaba a las partidas aragonesas y catalanas. Con la muerte de Zumalacárregui en 1835, se inició la reacción liberal que tuvo en la defensa de Bilbao su máximo objetivo. El general liberal Espartero venció a las tropas carlistas en Luchana, en 1836, y puso fin al sitio de Bilbao.

En 1839, un sector de los carlistas alcanzó un acuerdo con los liberales. El general carlista Maroto firmó el Convenio de Vergara(1839) con el general liberal Espartero.
Este sector carlista dejaba las armas a cambio del mantenimiento de los fueros en el norte y la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Sólo las partidas de Cabrera resistirían hasta su derrota en 1840.

A lo largo del s-XIX, se dieron dos nuevas guerras carlistas.

La guerra «dels matiners» (1846-49) en Cataluña (segunda guerra carlista, el pretendiente era el hijo, Carlos VI). El movimiento fue rápidamente sofocado por el Estado isabelino.

Más importante fue la tercera guerra carlista durante los años 70. Con la llegada de Amadeo de Saboya, un sector del carlismo volvió a la insurrección armada en 1872, querian sentar en el trono a Carlos VII. Con partidas guerrilleras en el País Vasco, Navarra y zonas de Cataluña. Con el nacimiento de la República (1873), se recrudeció la guerra. La restauración de los Borbones, con Alfonso XII en 1875, privó a la causa carlista de buena parte de su hipotética legitimidad.Un mayor esfuerzo llevó a la derrota en 1876 a los carlistas . El régimen foral fue abolido.


12.2-SUBTEMA: ISABEL II (1833-1843): LAS REGENCIAS

La guerra carlista obligó a la reina regente María Cristina a pactar con los liberales. El acercamiento al liberalismo fue confiado al liberal «doceañista», Martínez de la Rosa, que, al frente del gobierno, promulgó un Estatuto Real en 1834, que reconocía algunos derechos y libertades políticas, pero no la soberanía nacional (se trataba de una carta otorgada)
. Se establecían unas Cortes bicamerales (un Estamento de Próceres, nombrado por la Corona, y un Estamento de Procuradores, elegidos por un sufragio muy restringido). Las Cortes no podían iniciar ninguna actividad legislativa sin la aprobación real. Las reformas del Estatuto eran insuficientes para los liberales progresistas. La división, en el Trienio Liberal, entre liberales doceañistas y exaltados, se fue acentuando y dio lugar a la formación de las dos grandes tendencias del liberalismo español:

Moderados y progresistas

En el verano de 1835, los progresistas protagonizaron, por medio de las juntas y de las Milicias, numerosas revueltas urbanas. Ante la situación, la regente María Cristina llamó a formar gobierno a un liberal progresista, Mendizábal, que inició un programa de reformas. Pero cuando decretó la desamortización de los bienes del clero (febrero de 1836) para conseguir los recursos financieros con los que armar al ejército contra el carlismo, María Cristina destituyó a Mendizábal.
En el verano de 1836, nuevas revueltas progresistas en las ciudades y el pronunciamiento progresista de La Granja obligó a la Regente a llamar a los progresistas al poder y restablecer la Constitución de Cádiz.

En dos etapas, de septiembre de 1835 a mayo del 1836, y de agosto de 1836 a finales del 1837, los progresistas desmantelaron definitivamente el Antiguo Régimen e implantaron un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. El progresismo introdujo, de forma definitiva, la propiedad privada capitalista en el mundo agrario, culminando el proceso iniciado en Cádiz, en tres aspectos esenciales:
disolución del régimen señorial (otorgando la propiedad plena de las tierras a los antiguos señores (dominio directo), esto permitió a los liberales contar con el apoyo de la alta nobleza (la antigua nobleza señorial), en la defensa del trono de Isabel II frente al carlismo)), desvinculación de las tierras (mayorazgos) y desamortización eclesiástica.
Varias leyes completaron la liberalización de la economía (libertad de explotación de la propiedad agraria, abolición de los gremios, implantación de la libertad de industria y comercio, abolición del diezmo).

Unas Cortes progresistas aprobaron la Constitución de 1837.
Se reconoció, en teoría, la soberanía nacional, pero en el Preámbulo, fuera del texto constitucional, en el cual, lo que, en la práctica, se establecía era la soberanía compartida, Cortes (Nación) y Corona, por las amplias atribuciones que se conceden a Ésta, intentando conciliar a las dos familias del liberalismo. El régimen fue el de Monarquía Constitucional.
Lo más progresista de la Constitución era su amplia y sistemática declaración de derechos (libertad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de imprenta (expresión), garantías penales y procesales, igualdad de acceso a los cargos públicos y derecho de propiedad). No se plantea de forma explícita la confesionalidad católica del Estado, pero la Nación está obligada a mantener el culto y a los ministros de la religión católica.

En el sistema de división de poderes, se introducían tesis del liberalismo moderado:
El poder legislativo, las Cortes estaban compuestas por dos cámaras, de iguales atribuciones legislativas: el Congreso de Diputados, elegido por sufragio censitario (votaba el 4% de los ciudadanos); y, el Senado, cuyos miembros eran elegidos por la Corona. Se concedían al poder ejecutivo, a la Corona mayores poderes.
Tenía el derecho de veto definitivo sobre las leyes, la disolución de las Cortes, la facultad de nombrar y separar libremente a los ministros (que podían ser miembros de las Cortes). La persona del Rey era sagrada e inviolable, y no estaba sujeta a la responsabilidad, los responsables de las decisiones del ejecutivo serían los ministros. En cuanto al poder judicial, a los Tribunales y Juzgados pertenecía exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales.

El gobierno de los Ayuntamientos sería nombrado por los vecinos con derecho a voto (sufragio censitario). Por último, en cada provincia, se crearían cuerpos de la Milicia Nacional
.

En las elecciones de septiembre de 1837 los moderados obtuvieron la mayoría y el gobierno. En 1840 preparaban una ley electoral más restrictiva, la limitación de la libertad imprenta y una ley de Ayuntamientos por la que la Corona nombraba a los alcaldes de las capitales de provincia, desvirtuando la Constitución de 1837. Ante esto, se producirán numerosas insurrecciones progresistas. María Cristina dimitió, antes de dar su apoyo a un gobierno progresista. Apoyado por los progresistas, el general Espartero, vencedor de los carlistas, fue nombrado regente.

Pero la actitud de Espartero en el gobierno fue de un marcado autoritarismo, enemistándose incluso con muchos líderes del partido progresista.
En 1842, aprobó un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses, amenazando a la industria catalana. Barcelona se sublevó y Espartero mandó bombardear la ciudad, colocando a Cataluña y a buena parte del partido progresista en su contra. Los moderados, junto a ciertos sectores progresistas, organizaron conspiraciones que provocaron la dimisión de Espartero en 1843.
Para no nombrar un tercer regente, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los trece años.

12.3. SUBTEMA: ISABEL II (1843-1868). EL REINADO EFECTIVO

12.3.1. Elementos constitutivos del sistema político durante la época de Isabel II


Durante casi todo el reinado de Isabel II, la Corona disfrutó de amplios poderes políticos. Sobre la reina, por su juventud y escasa formación, ejercian una gran influencia las camarillas de palacio, que al final tenían mucho peso en las decsiones.

-Los partidos políticos

El partido moderado, conservadores, formado por altos (terratenientes, comerciantes, nobleza, clero y mandos militares), defendía la propiedad, orden social, la soberanía compartida, un sufragio muy censitario, la limitación de los derechos y la gran influencia de la Iglesia Católica.

En el partido progresista predominaba la mediana burguesía y sectores de la burguesía industrial y financiera. Defendía la plena soberanía nacional, el predominio de las Cortes, limitando la intervención directa de la Corona en la política, ayuntamientos libremente elegidos, la ampliación los derechos individuales y ampliar el sufragio censatario.

La Unión Liberal (1854) fue una escisión de los moderados y que atrajo a los más conservadores de los progresistas. El Partido Demócrata (1849), escindido del progresismo, defendía el sufragio universal y la ampliación de las libertades. Su base social era la pequeña burguesía y sectores populares. Algunos defendian la República como forma de Estado.

-Desde la guerra de la independencia habia en el ejercito sectores favorables al liberalismo que se convirtió en las guerras carlistas en el apollo de la monarquía isabelina. Durante su reinado, en general, el ejército mantuvo un apoyo a los moderados. Para llegar al poder tenían que ha levantamientos populares y pronunciamientos militares por militares progresistas. La intervención militar fue constante y os jefes de los partidos eran altos cargos militares. Pero no era un sistema político militar, el ejercito no llevaba la iniciativa, sino que ejecutaba una conspiracion. Una prueba más de la debilidad del sistema de partidos.

-La gran influencia de la Corona, el recurso al ejército y la gran restricción del derecho al voto marginaron a la mayoría de la ciudadanía de la política parlamentaria. Los progresistas, la mediana burguesía urbana-liberal y amplios sectores populares para incidir en el sistema recurrieron a las juntas y la Milicia Nacional.
Las juntas, formadas a nivel local-provincial, pero con coordinación nacional, se constituían en momentos en los que la acción de la monarquía y de los gobiernos moderados no respondía a las expectativas progresistas. La Milicia se encontrará detrás de los levantamientos liberales contra el absolutismo y será la fuerza, unida a las juntas, que utilizarán los progresistas para forzar a la Corona a llamarlos al poder.

12.3.3. El Bienio Progresista (1854-1856)

En el año 1854, el gobierno moderado de Bravo Murillo, intentó reformar la Constitución para fortalecer más los poderes del ejecutivo, provocando el descontento de los progresistas y de parte de los moderados. En junio, se produjo el pronunciamiento en Vicálvaro del general O´Donnell (futuro líder de la Unión Liberal), militar moderado, crítico con la acción de gobierno. Sectores moderados y progresistas elaboraron el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas), demandando el cumplimiento de la Constitución y la reforma de la Ley electoral. Al llamamiento se unieron diversos jefes militares y se dieron en junio levantamientos populares en diversas ciudades. Isabel II llamó a formar gobierno al progresista general Espartero y nombró a O´Donnell ministro de la guerra.

Los progresistas y la Unión Liberal en las elecciones a Cortes Constituyentes consiguieron una amplia mayoría. Durante dos años (Bienio Progresista), el nuevo gobierno restauró los principios del régimen constitucional de 1837. Se elaboró una Constitución, la del 1856, que no entró en vigor. Se emprendió un ambicioso plan de reformas económicas.

Las medidas reformistas del Bienio no mejoraron las condiciones de vida de las clases populares ni tuvieron en cuenta sus demandas. En 1856, se produjeron levantamientos en muchas ciudades del país, con asaltos e incendios de fincas y fábricas. La situación: Espartero dimitió y la Reina confió el gobierno a O’ DonnelI, que reprimió duramente las protestas.

12. 3.4. La crisis del moderantismo (1856-1868)

O´Donnell restauró el régimen moderado, restableciendo la Constitución de 1845. En octubre de 1856, el partido moderado volvió al poder. Hasta el fin del reinado, se turnaron en el gobierno los moderados y los unionistas. Entre 1858 y 1863 la Corona confió la formación de gobierno a la Unión Liberal(con O’Donel), una etapa de estabilidad política y de intervenciones militares exteriores en busca de prestigio.

En 1863, O´Donnell dimitió. La Reina entregó de nuevo el poder a los moderados. Entre 1863 y 1868, el ejercicio del gobierno estuvo, la mayor parte de las veces, en manos de los moderados. Se gobernó de forma autoritaria, al margen de las Cortes, ejerciendo una fuerte represión, en un contexto de empeoramiento de la situación económica.

12.4- SUBTEMA: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). INTENTOS DEMOCRATIZADORES: LA REVOLUCIÓN, EL REINADO DE AMADEO I Y LA PRIMERA REPÚBLICA

12.4.1. Orígenes y causas de la Revolución de 1868 (NOTA: este apartado puede ser también el último del subtema anterior del Reinado de Isabel II: como apartado 12.3.4)

La revolución de 1868 llegó por el agotamiento y la impopularidad del moderantismo y de la monarquía de Isabel II y por la situación de crisis económica. Esto permitió la confluencia de fuerzas políticas, sociales y económicas marginadas del sistema e interesadas en un programa de renovación democrática y de recuperación económica. La quiebra del sistema isabelino fue por una doble crisis:

La crisis económica de 1866

A una crisis financiera (escasa rentabilidad de las compañías ferroviarias, caída de sus acciones en Bolsa; parón en la construcción del ferrocarril) e industrial (cierre de industrias del textil catalán), de carácter capitalista, se unió una crisis de subsistencias (carestía del trigo), crisis de tipo tradicional. El hambre y el paro aumentaron la conflictividad social.

-Crisis política

Se trata de una “crisis moral” del moderantismo, por la perversión del sistema parlamentario liberal (escasa participación las elecciones y excesiva intervención de la Corona), y por la corrupción en la que habían caído miembros de la familia real y del partido moderado.

Las primeras fisuras del sistema fueron: la noche de San Daniel (1865), manifestaciones de estudiantes de Madrid en apoyo de profesores universitarios (Castelar y Montalbán) sancionados por la defensa de la democracia y su crítica a la corrupción del sistema político y a la Corona, y los pronunciamientos progresistas y demócratas fracasados.
Ante la represión política y la imposibilidad de acceso al poder por los mecanismos constitucionales, el partido progresista se alejó del régimen, practicando el retraimiento (no participación en las elecciones) y la conspiración, como único medio de acceder al poder. El progresismo llevó su enfrentamiento contra el sistema hasta la propia reina y la monarquía borbónica, consideradas un obstáculo para un sistema político auténticamente liberal

En enero de 1866, se produjo el fracasado pronunciamiento progresista en Villarejo de Salvanés (Madrid), liderado por Prim que tuvo que exiliarse, pero se forjó en sectores populares el mito de “Prim libertad”. El pronunciamiento de los sargentos del cuartel de San Gil (junio 1866) demandaba reformas políticas democráticas, fue duramente reprimido por el Gobierno unionista de O’Donnell, fusilándose a los sargentos implicados. O’Donnell fue apartado del gobierno por la Reina. Los siguientes gabinetes moderados (Narváez y González Bravo)
Gobernaron por decreto, cerrando las Cortes.

En agosto de 1866, progresistas y demócratas exiliados firmaron el Pacto de Ostende, estableciendo las bases para una acción revolucionaria. El pacto consistía en terminar con la monarquía de Isabel II, mientras que la cuestión de la forma de gobierno -monarquía o república- se decidiría por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal. Al pacto se adhirieron los unionistas (1867), tras la muerte de O’DonnelI, lo que dio un carácter más conservador a la alianza. Los unionistas (general Serrano) aportaron gran parte de los altos mandos del ejército, que veían inviable el mantenimiento del sistema.

12.4.2. La revolución de 1868. El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869

El 19 de septiembre de 1868, se sublevó la escuadra en Cádiz, al grito de «España con honra», contra el gobierno de Isabel II. En muchas ciudades se formaron juntas revolucionarias.
Cuando las tropas del gobierno moderado fueron derrotadas en el Puente de Alcolea, Isabel II partió al exilio en Francia.

Durante esas primeras semanas, el poder efectivo estuvo en las juntas revolucionarias, dominadas por los demócratas. En los primeros días de octubre, los firmantes del Pacto de Ostende, dirigentes unionistas, progresistas y un sector de los demócratas constituyeron un Gobiernoprovisional, ordenando disolver las juntas. Estas obedecieron y reconocieron al Gobierno provisional.

El Gobierno provisional, con Serrano como jefe de Gobierno y Prim como ministro de Guerra, puso en marcha un programa de reformas (libertad de imprenta, derecho de reunión y asociación, sufragio universal, democratización de Ayuntamientos) y convocó elecciones a Cortes constituyentes (enero 1869), celebradas por sufragio universal masculino directo, que dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas).

Estas Cortes aprobaron la Constitución de 1869, de carácter liberal-democrático.

Se proclamaba la soberanía nacional, el régimen monárquico y se confirmabael sufragio universal masculino directo

Incluía una amplía declaración de derechos: expresión, propiedad privada, seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y correspondencia, y los derechos de reunión y asociación.
Se establece la libertad de cultos, pero el Estado se compromete a mantener el culto católico y al clero.

En lo referido a la división de poderes, el legislativo residía en las Cortes bicamerales:
Congreso de los Diputados y Senado, cuerpos colegisladores, elegidos por sufragio universal, directo y proporcional en el caso del Congreso, e indirecto y con representación territorial (4 senadores por provincia) para el Senado. Del legislativo es la total aprobación y sanción de las leyes. Se establecen plazos de reunión y fecha límite para la convocatoria de las Cortes. Estas amplias atribuciones trataban de impedir que la actuación de las Cortes pudiera ser coartada por el ejecutivo. Respecto al ejecutivo, el rey como un monarca constitucional,no es depositado de la soberanía. Sus facultades deben ser ejercitadas por los ministros, responsables ante las Cortes.

El rey reinaba, pero no gobernaba

El poder judicial se basaba en tribunales independientes de justicia, cuyos jueces accedían al cargo por oposición, evitando la arbitrariedad de nombramientos gubernamentales. Los ayuntamientos serían de elección popular.

La Constitución consolidaba el modelo del liberalismo democrático, un sistema político democrático pleno pero sin transformaciones sociales. Por lo que en el Sexenio hubo una gran conflictividad social (reivindicaciones campesinas de reparto de tierras, revueltas urbanas contra los consumos (impuestos), las quintas (reclutamiento para el ejército) o las subidas de precios; y radicalización de las demandas salariales por parte de un embrionario movimiento obrero, que creció al amparo del derecho de asociación reconocido en la Constitución).

Con el establecimiento de la Monarquía como forma de Estado, se nombró al general Serranoregente, mientras se discutían los candidatos que pudieran ocupar el trono.
Primocupó la jefaturadel Gobierno, constituyéndose en la figura política más determinante de la coalición dé Gobierno.


12.4.3. Las fuerzas políticas del Sexenio

En la derecha se situaban los carlistas, un grupo de los cuales aceptaría presentarse por primera vez a las elecciones con un programa que defendía la unidad católica y la monarquía tradicional.

Los moderados, fieles a la monarquía de Isabel II, bajo la dirección de Cánovas siguieron un programa cuyo objetivo era la restauración borbónica en la figura del príncipe Alfonso de Borbón.

En el centro, la conjunción monárquico-democrática, integrada por los firmantes del Pacto de Ostende: los unionistas, los progresistas, los más numerosos de la coalición, y los demócratas monárquicos.
Estos grupos defendían la monarquía, pero subordinada a la soberanía nacional y a las libertades públicas. Contaban con el apoyo de la burguesía financiera e industrial, de las clases medias urbanas, de amplios sectores del ejército y de un buen grupo de intelectuales y profesionales liberales.

A la izquierda estaba el partido republicano federal.
Propugnaba la República Federal, el laicismo del Estado; era antimilitarista y anticlerical. Apoyaba un proyecto de transformación social basado en amplios derechos democráticos y en la intervención del Estado en las condiciones laborales. Contaba con el apoyo de sectores de la pequeña burguesía, de las clases populares urbanas y del movimiento campesino y obrero, antes de que éste fuera atraído por las ideas anarquistas y socialistas.

En los republicanos federales existían dos tendencias. Los «benévolos» (Pi y Margall)
Controlaban la dirección del partido y respetaban la legalidad y la vía parlamentaria. Y los “intransigentes” (José María Orense)
Defendían la vía insurreccional para proclamar la República federal. Sus propuestas sociales eran mucho más radicales y sus partidarios se encontraban en las bases populares del partido

Un sector de los republicanos, los «unitarios», defendía el modelo republicano de Estado, pero no federal sino centralizado, y mantenían posiciones más conservadoras en lo político y social.

12.4.4. El reinado de Amadeo de Saboya

La Constitución de 1869 establecía una monarquía democrática.
La búsqueda de un rey dividió a la coalición de gobierno. Prim consiguió imponer la candidatura de Amadeo de Saboya, miembro de la casa real italiana. El nuevo monarca fue elegido por las Cortes rey de España en noviembre de 1870. El 27 de diciembre fue asesinado en Madrid el general Prim; el nuevo monarca se quedó sin su valedor. El 2 de enero Amadeo I fue proclamado rey en Madrid, tras tomarle juramento las Cortes.

Amadeo I contó con la oposición de los moderados, de la mayoría de la nobleza y de la Iglesia fieles a los Borbones. Respecto a la elite del dinero, neutral en un principio, iría desconfiando de un régimen que podía permitir leyes sociales contrarias a sus intereses (posibilidad de la abolición de la esclavitud en Cuba, regulación del trabajo infantil). Amadeo encontró también la oposición de los republicanos y de grupos campesinos y proletarios que protagonizaron levantamientos y protestas. Además, estalló la Tercera Guerra Carlista en 1872.

La guerra también se recrudeció en Cuba

Conflicto que había estallado en 1868, por la insurrección de los independentistas de la isla.

Pero lo que condujo a la crisis definitiva del reinado de Amadeo de Saboya fue la desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y demócratas). Tras la muerte de Prim, el partido progresista se dividió en el partido constitucionalista, dirigido por Sagasta, y en el partido radical, liderado por Ruiz Zorrilla.
Estos dos partidos dinásticos, deberían haber consolidado la nueva monarquía y estabilizado el sistema político. Pero por las disputas entre ellos, se dio una gran inestabilidad de gobierno, se sucedieron en dos años seis gobiernos y tres elecciones. Privado de todo apoyo, el 10 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya presentaba su renuncia al trono.

12.4.5. La Primera República Española

Ante la renuncia de Amadeo I, las Cortes, depositarias de la soberanía, proclamaron la República (11 de febrero de 1873). Gran parte de la cámara era monárquica, dominada por los radicales, que votaron a favor de la República para que evitar un vacío de poder.

El primer presidente de la I República fue Estanislao Figueras.
Se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, ganadas por los republicanos, pero con una abstención del 60 %. Estas Cortes iniciaron un proyecto de Constitución federal de la República. Los republicanos se hallaban cada vez más divididos. Los sucesivos gobiernos republicanos presididos por Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar no consiguieron dar estabilidad al régimen. Además, con la República se había recrudecido el conflicto carlista. En Cuba, la guerra iniciada en 1868 continuaba.

En las zonas con fuerte implantación republicana (Andalucía y Levante), se produjo la revolución cantonal, constituyéndose cantones independientes en diferentes localidades, con el objetivo de unirse posteriormente, a través de pactos, en una república federal y revolucionaria. Los protagonistas de los levantamientos cantonalistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, tenderos y asalariados, dirigidos por los federales intransigentes, decepcionados con la nueva República.

Pi y Margall, al frente del gobierno dimitió, al no ser partidario del uso de la fuerza contra los cantones. Fue sustituido por Salmerón, quien inició la acción militar contra el movimiento. Excepto en Cartagena, la intervención militar acabó rápidamente con el cantonalismo y dio un inmenso poder a los jefes del ejército. Salmerón dimitió a principios de septiembre al sentirse moralmente incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar.

A partir de septiembre de 1873, la República dio un vuelco hacia la derecha y el nuevo gobierno de Castelar (republicanismo unitario) fue abandonando las pretensiones federalistas y reformistas. Castelar, al no tener mayoría parlamentaria, suspendió las Cortes. Al volver a abrirse las Cortes, en enero de 1874, para impedir que la mayoría parlamentaria republicano federal forzara la caída de Castelar y nombrara un gobierno de izquierda, el general Pavía invadió las Cortes con la Guardia Civil y las disolvió por la fuerza. El poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas con el general Serrano a la cabeza de una república autoritaria, que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador. Pero la base social que podía sustentar un proyecto político de este tipo ya había optado por la restauración borbónica, con el príncipe Alfonso. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos, pronunciado en Sagunto, proclamaba rey de a Alfonso XII.


12.3.2. Los moderados en el poder. La Constitución de 1845. La Década Moderada

Tras la proclamación como reina de Isabel II, los moderados se hicieron con el poder con el general Narváez hasta 1868 casi seguido.

El régimen se asentó sobre el predominio de la burguesía terrateniente.
Para estos grupos era necesario consolidar un nuevo orden social (liberalismo doctrinario)
, limitando las libertades en defensa del orden y la propiedad. La Corona y gran parte del ejército se convirtieron en los garantes del sistema.

La Constitución de 1845 recoge las ideas del moderantismo: la soberanía compartida del Rey y las Cortes (bicamerales); la Corona (poder ejecutivo) nombra a los ministros y disuelve las Cortes, se amplían sus poderes en aspectos legislativos (derecho de veto absoluto sobre las leyes). Disminuyen las atribuciones de las Cortes (legislativo). La Cámara baja de las Cortes era elegida por un sufragio muy censitario, mientras que el Senado era nombrado por la reina. La Constitución establece la exclusividad de la religión católica y la supresión de la Milicia Nacional.

Los moderados mejoraron sus relaciones con la Iglesia. Se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), se suspendió la venta de los bienes eclesiásticos, se devolvió los no vendidos y se fijó la financiación pública del culto y el clero.

El liberalismo moderado construyó la estructura de Estado liberal en España, bajo los principios de centralismo y de la uniformidad.
La reforma fiscal y de Hacienda de 1845 estableció la contribución directa, pero seguían primando los impuestos indirectos (los consumos)
. Se aprobó el Código Penal (1851) y se elaboró un proyecto de Código Civil.

Se reorganizó la Administración

En la Administración provincial se reforzó una estructura centralista basada en los Gobiernos Civiles y Militares. La Ley de Administración Local (1845) dispuso que los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia serían nombrados por la Corona y los de los demás municipios por el gobernador civil. Sólo País Vasco y Navarraconservaron sus antiguos derechos forales, para evitar levantamientos carlistas. La Ley Moyano de Instrucción Pública colocó la enseñanza local y provincial bajo el control de los alcaldes y gobernadores dependiendo del Ministerio de Fomento.
Se creó la Guardia Civil (1844), cuerpo armado con finalidades civiles pero con estructura militar, que se encargaría de mantener el orden público y la propiedad privada, sobre todo, en el medio rural.

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