16.1 La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su evolución.  
(Hasta Octubre de 1982, primer gobierno socialista)

Entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978 (transición democrática en sentido estricto) transcurrieron tres años de profundas reformas políticas, y sobre todo de grandes dificultades en todos los órdenes:
Una aguda crisis económica de carácter internacional, acentuada en los últimos años del franquismo;
conflictividad y malestar social que amenazaban con frustrar la evolución hacia la democracia;
tensión política que reflejaba la división de la sociedad española;
provocación terrorista de todos los signos, que pretendían desestabilizar el país;
actitud desafiante de un sector del ejército contrario al proceso de reformas. A la muerte de Franco, en 1975, se plantearon tres alternativas posibles para el futuro del país:

Continuismo, reforma o ruptura

El 22 de Noviembre, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I asumía la jefatura del Estado, a título de Rey, ante las Cortes franquistas. El rey decidíó mantener en el cargo al que había sido el último presidente de gobierno del franquismo, Carlos Arias Navarro.
Su confirmación en el cargo decepciónó a la oposición democrática y la agitación social en las calles era cada vez mayor. Ante la incapacidad de Arias de llevar a cabo las reformas políticas necesarias, y tras la represión de la huelga de Vitoria (Marzo de 1976) y los sucesos de Montejurra (Mayo de 1976), el rey le invitó a que presentara su dimisión. En Julio nombró a Adolfo Suárez como nuevo jefe de gobierno. Una de las primeras medidas de Suárez fue la concesión de una amplia amnistía política y el inicio de contactos con líderes de la oposición democrática, como Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE), para convencerles de la necesidad de una transición pacífica. Después de tranquilizar a los mandos del ejército, y todavía sin legalizar los partidos políticos, se procedíó a la discusión y aprobación por las Cortes de la Ley de Reforma Política.
Según su contenido, las futuras Cortes, elegidas por sufragio universal y directo, quedarían constituidas por dos cámaras: El Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque esta ley supónía la desaparición de las estructuras de la dictadura y de las mismas Cortes franquistas, sus miembros la aprobaron mayoritariamente. Suárez convocó un referéndum el 15 de Diciembre de 1976 para que el Proyecto fuera también aprobado por el pueblo, lo que hicieron el 94% de los españoles. En tanto que se aceleraba el proceso de democratización, la tensión se veía incrementada por la actuación de grupos violentos. En Enero de 1977 se sucedieron atentados y secuestros del GRAPO y el FRAP. El 24 de Enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas del PCE y CCOO, en la calle Atocha. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE impresiónó a gran parte de la sociedad española que comenzó a perder el temor a la legalización del PCE. En Febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partidos políticos. Suárez se reuníó con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, y ofrecíó su cooperación. El 9 de Abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE. Tras la legalización de los partidos era imprescindible convocar elecciones generales, que se celebraron en Junio de 1977. En las elecciones obtuvo la mayoría el partido creado por Adolfo Suárez, la UCD (Uníón de Centro Democrático). Obtuvieron muchos votos los socialistas, y en menor medida los comunistas, los nacionalistas catalanes y vascos y Alianza Popular, de Fraga. Se va a constituir el primer gobierno y parlamento democráticos desde Febrero de 1936.

Primer gobierno democrático de Suárez (Junio 1977-Marzo 1979)

La labor del gobierno se centró en la elaboración de una Constitución y en atajar la grave crisis económica que se manifestaba en una tasa de desempleo de más del 20% y una inflación del 40% y que generaba tensiones sociales que impedían el desarrollo de medidas democratizadoras.  La necesidad de tomar medidas económicas urgentes, algunas de ellas impopulares, exigía llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas y sindicales.  Por ello se firmaron los Pactos de la
Moncloa, en Octubre de 1977. El objetivo era garantizar la estabilidad social mientras se elaboraba la Constitución y se consolidaba la democracia. Para elaborar la Constitución se formó una comisión de siete miembros, representantes de UCD, PSOE, AP, PCE, y Pacte Democràtic per Catalunya. Quedaron excluidos algunos partidos minoritarios, entre ellos los nacionalistas vascos. La marginación de estos últimos significó que el PNV no votara la Constitución y, en lo sucesivo, la calificara como imposición española frente a las aspiraciones independentistas del País Vasco.  Una vez redactada, la Constitución de 1978, trassu paso por las Cortes, fue aprobada en referéndum el 6 de Diciembre de ese mismo año (88% de los votos a favor). La Constitución se asienta sobre un conjunto de principios y valores esenciales (libertad, justicia, pluralismo político, igualdad ante la ley) y define a España como un “Estado social y democrático de derecho”.

Establece que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, que la soberanía reside en el pueblo y que quedan claramente separados los tres poderes:

– El ejecutivo en manos del presidente del gobierno, elegido por el Congreso de los diputados. El Presidente elige a sus ministros.

– El legislativo en manos de unas Cortes bicamerales, el Congreso de los Diputados, que tiene la mayoría de las atribuciones, y el Senado, cámara de representación territorial. Ambas cámaras son elegidas por sufragio universal (mayores de 18 años).

– El judicial integrado por jueces. El máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia constitucional el Tribunal Constitucional.

La Declaración de Derechos incluye todos los derechos y libertades destinados a lograr la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado del bienestar.

-libertad de expresión en todos sus aspectos (prensa, opinión, cátedra, educación…); de asociación (sindical y política); manifestación y huelga; y de conciencia, declarándose España un estado aconfesional.

– Otros artículos son: el derecho a la vida (abolición de la pena de muerte) o el deber del estado de proteger el medio ambiente o el patrimonio artístico

Pero la carácterística más novedosa es la relativa a la descentralización del Estado. El título octavo establece que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas.
Se hace la distinción entre nacionalidades (Cataluña, Galicia y País Vasco, por tener una clara conciencia histórica), que accederían de una manera rápida al autogobierno, y regiones, que podrían acceder de manera más lenta. El gobierno había establecido, en 1977, de forma provisional, la autonomía en Cataluña y en el País Vasco, y había reconocido la pre-autonomía de las demás regiones. La entrada en vigor de la Constitución permitíó la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña (1979), y Galicia (1981). Excepto Andalucía (tras un referéndum, optó por la vía rápida) las demás regiones españolas accedieron a la autonomía, desde 1979 hasta 1983, por la vía lenta prevista por la Constitución. En 1995 lo hacen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El traspaso de servicios, competencias y funcionarios desde el Estado Central a los autonómicos ha sido complejo, y se ha llevado a cabo a lo largo de los gobiernos de UCD, del PSOE y del PP. El título octavo de la constitución es muy ambiguo y ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes sobre el alcance de las competencias de las comunidades autónomas, debate que sigue abierto en nuestros días. Tras la aprobación de la Constitución, el gobierno optó por disolver las Cortes y convocar elecciones generales para Marzo de 1979.

Segundo gobierno de Suárez (Marzo 1979-Enero 1981)

Los resultados fueron similares a los de las elecciones de 1977. UCD obtuvo la victoria mientras que el PSOE fue el partido más votado de la oposición. Pocas semanas después se convocaron elecciones municipales, en las cuales, el PSOE consiguió la alcaldía de las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia. Pero este gobierno de Suárez se caracterizó por una profunda inestabilidad política debido a las diferencias internas en el seno de la UCD, problemas de las autonomías, crisis económica, el azote del terrorismo y la amenaza de un golpe militar (en Noviembre de 1978, se había desmontado la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener las reformas políticas que se estaban llevando a cabo). A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estallo una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y éste presentó su dimisión como presidente del gobierno, sucedíéndole Leopoldo Calvo Sotelo, quien, para ocupar su cargo, debía ser previamente investido por el Congreso mediante el voto favorable de la mayoría de los diputados. En la tarde del 23 de Febrero de 1981, cuando se procedía a la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, más de 200 guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero, asaltaron el Congreso y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Desde la tarde del 23 a la mañana del 24 se vivíó una gran incertidumbre. Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó. Calvo Sotelo mantuvo casi intacto el gabinete de Suárez. Destacó, en la política interior, el lanzamiento del proceso autonómico. Respecto a la política exterior, en 1982, se formalizó el ingreso de España en la OTAN, lo que levantó una ola de protestas y manifestaciones populares. La crisis interna de UCD se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y rechazada por otros dentro del partido. A los pocos meses, UCD se fragmentó definitivamente: algunos ingresaron en el PSOE o en AP. Suárez constituyó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvíó las Cortes y convocó elecciones generales. Las elecciones generales del 28 de Octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE, que, con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta.