La Transición Española: Reformas Clave y la Constitución de 1978

La Constitución de 1978

Tras la dimisión de Arias Navarro, el rey encargó a Adolfo Suárez formar gobierno. En este momento se aprueba la Ley para la Reforma Política, lo que permitió convocar elecciones generales en junio de 1977. La primera tarea de las nuevas Cortes sería la elaboración de una Constitución, iniciándose así el 13 de julio de 1977 la primera legislatura democrática.

El Congreso creó la Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 36 diputados en proporción a los resultados electorales. De ella surgió un grupo de siete miembros conocidos como los “Padres de la Constitución”, encargados de elaborar un texto constitucional que fuera aceptable para la mayoría de los españoles. El proceso fue largo y complejo, especialmente en cuestiones sensibles como la organización territorial, la religión, el divorcio o el aborto. Más tarde el texto pasó al Congreso y después al Senado. Ambas cámaras aprobaron el proyecto el 31 de octubre de 1978, en sesión conjunta.

El 6 de diciembre de 1978, se celebró un referéndum, con un 67% de participación y un 87% de votos favorables, salvo en el País Vasco donde la abstención fue significativa.

La Constitución española es un texto extenso y detallado, compuesto por un preámbulo, 169 artículos organizados en 11 títulos, y una serie de disposiciones. En el título preliminar define a España como un Estado social y democrático de Derecho, donde la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado.

Características fundamentales de la Constitución de 1978:

  • Forma de gobierno: Se define a España como un “Estado social y democrático de Derecho” y se establece como sistema político la monarquía parlamentaria, pero la figura del rey está sometida al Parlamento.
  • División de poderes: Se reconoce la división de poderes: el ejecutivo recae en el Gobierno, el legislativo en las Cortes bicamerales (Congreso y Senado), elegidas por sufragio universal directo, y el judicial en jueces y magistrados.
  • Organización territorial: Se proclama la “indisoluble unidad de la Nación española” al mismo tiempo que se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, que obtienen competencias a través de sus propios estatutos. Este sistema dio origen al reconocimiento de las autoridades y al proceso preautonómico durante la Transición.
  • Derechos y deberes fundamentales: En el Título I se consagran los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Se reconocen derechos individuales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, de enseñanza, de religión y de culto, la inviolabilidad del domicilio, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. También se contemplan derechos colectivos como los de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. Se fija la mayoría de edad en los 18 años, y se prohíbe la pena de muerte, que sería abolida por completo en los años 90.
  • Desarrollo del Estado Social: La Constitución defiende el trabajo con salario justo, asistencia y prestaciones sociales, protección de la salud pública, apoyo económico a los ciudadanos de la tercera edad y la protección al consumidor. También incorpora el derecho a una vivienda digna y crea la figura del Defensor del Pueblo como garante de los derechos constitucionales.
  • Participación ciudadana: Además de la representación parlamentaria, se establecen mecanismos de participación directa como el referéndum y la Iniciativa Legislativa Popular, reforzando el compromiso democrático del nuevo sistema político.

Tras la aprobación de la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones generales en 1979, concluyendo así el proceso constituyente. El éxito del texto constitucional fue posible gracias al llamado “consenso constitucional”, que unió a fuerzas políticas de muy distintas ideologías, incluidos sectores provenientes del franquismo. Esta voluntad de acuerdo permitió evitar los errores del pasado y consolidar el sistema democrático. Como resultado, la Constitución ha tenido escasas modificaciones desde su aprobación.

Las primeras reformas políticas de la Transición

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I se convirtió en jefe del Estado y mantuvo en el cargo a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Arias era un franquista reacio a cualquier cambio, lo que dificultaba el inicio del proceso reformista. Diferentes plataformas políticas se organizaron y presionaron al tiempo que aumentaban las manifestaciones y la tensión general. Finalmente, el rey destituyó a Arias Navarro.

En el verano de 1976 Juan Carlos nombró como presidente a Adolfo Suárez, un antiguo líder falangista, lo que generó decepción en la oposición. A pesar de ello, Suárez demostró rápidamente su intención reformista: se entrevistó con los líderes del PSOE y PCE, anunció elecciones para el año siguiente y legalizó el derecho de reunión y asociación, lo que suponía la legalización de los partidos políticos. Ese mismo verano, Suárez aprueba una primera Ley de Amnistía que afectaba a los presos políticos encarcelados aunque excluía a quienes tuvieran delitos de sangre.

En septiembre de 1976, Suárez presentó la Ley para la Reforma Política. Esta ley, una vez aprobada por las Cortes franquistas y ratificada en referéndum, permitiría desmantelar las estructuras del franquismo. Reconocía la soberanía popular, la libre concurrencia, el pluripartidismo, unas Cortes bicamerales y los derechos fundamentales de la persona, facilitando la incorporación de España a instituciones europeas y mundiales. También se suprimían el Tribunal de Orden Público, el Movimiento Nacional y las Leyes fundamentales anteriores. Esta ley permitía la ruptura pactada del sistema evitando la vía rupturista.

Entre enero y junio de 1977 Suárez usó el decreto-ley para agilizar la reforma, legalizando los partidos políticos y sindicatos. El gran reto fue la legalización del PCE en abril de 1977, que generó un fuerte rechazo en sectores del Ejército por su papel durante el franquismo.

En junio de 1977 se convocan las primeras elecciones libres a Cortes que serán elecciones generales y a Cortes constituyentes cuyo objetivo será elaborar una nueva Constitución democrática. En octubre de 1977 las nuevas Cortes aprueban una Ley de Amnistía total, que también perdonaba crímenes del franquismo.

Los Pactos de La Moncloa

Para hacer frente a la grave crisis económica, Suárez impulsó los Pactos de La Moncloa, firmados entre fuerzas políticas, los sindicatos y la patronal. Estos pactos permitieron:

  • Regular los salarios; aunque subieron por debajo de la inflación, los sindicatos aceptaron a cambio de más gasto social en sanidad, educación y desempleo.
  • Mejorar la oferta educativa pública y democratizar el sistema educativo.
  • Iniciar una fiscalidad más solidaria y progresiva basada en el IRPF, Sociedades, e IVA.
  • Asegurar que las plusvalías del suelo urbano revirtieran en la comunidad y facilitar la construcción de viviendas.

En el ámbito político, se prohibió la censura previa y se estableció que solo un juez podía decretar el secuestro de publicaciones. Se reconocieron derechos de libertad de expresión, reunión y asociación política. Además, se despenalizaron delitos como el adulterio y el amancebamiento y se tipificó la tortura como delito.

En el plano económico, la inflación descendió sin pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, aumentaron los beneficios empresariales y se redujo el déficit exterior. Sin embargo, el desempleo continuó en aumento, en parte por una nueva subida del precio del petróleo.

Los primeros meses de 1977 fueron especialmente tensos. ETA seguía cometiendo atentados, aumentando la inestabilidad del país y la preocupación entre los militares. Además, los sectores inmovilistas llevaron a cabo atentados, como el asesinato de cinco abogados de Atocha en su despacho. Pese a ello, el temor a un golpe de Estado involucionista, el recuerdo cercano de la Guerra Civil, una clase política más generosa y la ilusión colectiva por una democracia plena favorecieron aquellos años pactos, acuerdos y encuentros, con sus logros y dificultades.

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