El Reinado de Isabel II (1833-1868): La Primera Guerra Carlista y la Evolución Política

El conflicto sucesorio que dio origen a la Primera Guerra Carlista se desencadenó a raíz de la Ley Sálica, impuesta por Felipe V, que impedía reinar a las mujeres. Fernando VII, sin descendencia masculina, se casó con su sobrina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, con quien tuvo dos hijas: Isabel y Luisa Fernanda. Durante una enfermedad de Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro de Borbón intrigó para restaurar la Ley Sálica. Tras la muerte de Fernando VII, su hija Isabel, con tan solo tres años, ascendió al trono, dando inicio a la Regencia de María Cristina hasta la mayoría de edad de la reina. El infante Carlos reclamó sus derechos al trono, apoyado por los partidarios del Antiguo Régimen (apostólicos). La reina, aunque inicialmente absolutista, buscó el apoyo de los liberales, lo que marcó el inicio de las guerras carlistas.

Bandos del Conflicto

• Isabelinos o Cristinos: Liberales que defendían la monarquía parlamentaria y la Constitución de Cádiz.
• Carlistas: Partidarios del absolutismo, el Antiguo Régimen, las instituciones y los fueros tradicionales, bajo el lema «¡Dios, Patria, Rey y Fueros!».

Desarrollo y Consecuencias de la Guerra Carlista

El carlismo tuvo mayor arraigo en las zonas rurales del norte, como Navarra, el País Vasco y Cataluña, configurando un conflicto entre el campo y la ciudad, donde las urbes tendían a ser liberales. La guerra carlista tuvo una doble dimensión: fue una guerra civil entre españoles y un conflicto internacional debido a la intervención exterior.

La guerra se inició en el País Vasco y Navarra, donde Carlos V estableció su propia monarquía. A pesar de carecer de un ejército regular y recurrir a la guerrilla, los carlistas llegaron a reunir unos 25.000 soldados. Figuras clave del conflicto fueron el general carlista Zumalacárregui y el general liberal Espartero. Tras años de resultados inciertos, las derrotas carlistas se sucedieron, culminando en el Abrazo de Vergara. Este pacto supuso la integración de los oficiales carlistas en el ejército y la legislación de los fueros. Carlos V, descontento, huyó a Francia.

Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras, con más de 300.000 muertos en las dos primeras guerras, pérdidas económicas significativas y un retraso general del país en su incorporación a la Revolución Industrial europea. Además, se incrementó el protagonismo de los generales en la vida política, con figuras como Espartero, O’Donnell y Narváez.

Evolución Política, Partidos y Conflictos

El gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, de corte liberal, impulsó medidas reformistas y promulgó el Estatuto Real de 1834. Esta carta otorgada, de carácter muy conservador, fue rechazada por la mayoría de los liberales, lo que provocó la división del liberalismo en dos facciones:

Partido Liberal Moderado

• Líder: General Narváez.
• Principios: Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, intervención real en los poderes ejecutivo y legislativo, sufragio censitario, derechos y libertades restringidos, y defensa de la religión católica como única. Se oponían a la desamortización.

Partido Liberal Progresista

• Líder: General Espartero.
• Principios: Defensa de la Constitución de 1812, soberanía nacional, sufragio censitario más amplio, derechos y libertades más extensos, tolerancia religiosa y partidarios de la desamortización.

Durante el gobierno progresista de Mendizábal, se iniciaron importantes reformas económicas y políticas contra el Antiguo Régimen, destacando la desamortización de los bienes de la Iglesia.

En la Regencia de Espartero, se continuó con la desamortización de los bienes del clero secular, se limitaron los fueros vasco-navarros y se promulgó una ley de librecambio para el sector textil. El deterioro político y económico de 1834 incrementó el desprestigio de Espartero. Una sublevación militar liderada por el general Narváez obligó a Espartero a abandonar el poder. Para evitar una tercera regencia, se declaró la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años.

El Reinado Efectivo y la Constitución de 1845

El reinado efectivo de Isabel II se caracterizó por un periodo conservador, regulado por la Constitución de 1845. La gran inestabilidad política se debió al enfrentamiento entre los partidos liberales y la aparición de nuevas formaciones como la Unión Liberal (liderada por O’Donnell), el Partido Demócrata y los republicanos. La reina participó activamente en la política, apoyando a los sectores conservadores.

La Década Moderada (1844-1854)

Los gobiernos más estables de este periodo fueron los del general Narváez y Bravo Murillo, ambos conservadores. Se promulgó la Constitución de 1845 y se firmó el Concordato, por el cual el Papa reconoció a Isabel II como reina y aceptó la pérdida de los bienes eclesiásticos desamortizados. A cambio, el Estado español se comprometió a subvencionar a la Iglesia.

Surgió la Segunda Guerra Carlista, motivada por el matrimonio de Isabel II con su primo Francisco de Asís de Borbón, en lugar de con el hijo de Carlos V.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Ante el creciente carácter dictatorial del gobierno de Narváez, se produjo la Vicalvarada, una sublevación militar liderada por O’Donnell. La reina nombró a O’Donnell ministro de Guerra y encargó a Espartero la formación de gobierno. Durante este breve periodo, destacaron la desamortización civil de Madoz, la Ley de Ferrocarriles, la creación del Banco de España y la elaboración de la Constitución de 1856 (conocida como «la non nata»), de carácter progresista. La persistente agitación social llevó a la reina a ceder el poder de gobierno a O’Donnell.

Últimos Años del Reinado (1856-1868)

Estos años se caracterizaron por importantes inversiones en obras públicas, el desarrollo del ferrocarril, el primer plan de carreteras, la construcción del Canal de Isabel II, la Ley de Educación y la mejora del ejército. En política exterior, España participó en la expedición franco-española a Cochinchina, la Guerra de Crimea, la Guerra de Marruecos, la expedición franco-española a México y la Guerra del Perú y Chile.

El Pacto de Ostende (1866), liderado por el general Prim, unió a la Unión Liberal, demócratas y progresistas en una conspiración para destronar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes. Tras varios intentos fallidos, el 19 de septiembre de 1868, la revolución «La Gloriosa», liderada por Prim y Topete, obligó a Isabel II a exiliarse en París, dando inicio al Sexenio Democrático.

Análisis de las Constituciones y el Estatuto Real

El Estatuto Real de 1834

Durante la Regencia de María Cristina, se promulgó el Estatuto Real de 1834. No era una constitución en sentido estricto, sino una carta otorgada redactada por Martínez de la Rosa. Negaba la soberanía nacional, apenas contemplaba la división de poderes, y establecía derechos y libertades individuales muy restringidos, junto a un sufragio censitario muy limitado. Fue rechazado por la mayoría de los liberales, lo que provocó su división en moderados y progresistas.

La Constitución de 1837

Promulgada durante la Regencia de María Cristina, esta constitución de carácter progresista implantó definitivamente el régimen constitucional en España. Se basaba en la de 1812, pero de forma menos radical. Establecía la soberanía nacional compartida entre la Corona y las Cortes. El poder legislativo residía en las Cortes y el Rey. El sufragio censitario era menos restringido (aproximadamente el 5% de la población masculina), los derechos y libertades eran más amplios, la confesionalidad del Estado era ambigua y se permitía la elección democrática de los alcaldes.

La Constitución de 1845

Promulgada durante la Década Moderada (gobiernos de Narváez), esta constitución omitía cualquier referencia a la soberanía nacional. El poder legislativo era compartido entre el Rey y las Cortes, y se otorgaba a la reina la facultad de disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. El sufragio censitario era muy restringido (menos del 1% de la población masculina). El gobierno nombraba a los alcaldes y presidentes de las diputaciones. Se establecía la religión católica como la única oficial, y el Estado se comprometía a financiar a la Iglesia.

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