CRISIS DE 1917
Los primeros gobiernos del reinado de Alfonso XIII deben hacer frente a la profunda crisis suscitada por el Desastre del 98 y a la necesidad de emprender reformas que sirvieran para mantener en pie el sistema de la Restauración. Las reformas regeneracionistas (Maura, Canalejas) fueron insuficientes, de manera que los gobiernos del turno se vieron cada vez más desbordados por los cambios sociales que experimentó España a comienzos del Siglo XX. A esto hay que añadir la influencia de las convulsiones que se viven en Europa (Primera Guerra Mundial, triunfo de la revolución bolchevique en Rusia) y que afectan también a nuestro país.
Durante estos años y, en especial, 1917, confluyen tres tipos de conflictos:
El malestar dentro del ejército por los bajos salarios, la falta de medios técnicos, la escasez de presupuesto y las condiciones del sistema de ascensos por méritos de guerra, que favorecía a los oficiales participantes en la guerra de África ( africanistas) en detrimento de los peninsulares, defensores de un sistema basado exclusivamente en la antigüedad. El resultado fue la creación de las Juntas de Defensa, unas asociaciones de militares peninsulares que plantean duras críticas al gobierno y reclaman la mejora de sus condiciones laborales. El 1 de Junio tras plantear un ultimátum al gobierno, el gobierno conservador de Dato se plegará a sus exigencias y reconocerá a las Juntas como órganos representativos del Ejército las cuales exigirán un gobierno de concentración para regenerar el país.
La tensión política, que crece en estos años. Los partidos de la oposición, contrarios al sistema del turno, ganan cada vez más apoyos, mientras los gobiernos adoptan posturas crecientemente autoritarias (censura de prensa, suspensión de Cortes y de garantías constitucionales) y se ven envueltos en frecuentes casos de corrupción. El 1 de Julio la Lliga (Cambó) optó por convocar a una reuníón en Barcelona de diputados y senadores a la que acudieron catalanistas, republicanos, reformistas y socialistas que aprobaron convocar una Asamblea Nacional de Parlamentarios para presionar al gobierno para que convocase Cortes Constituyentes y reformara el sistema político. Esta Asamblea fue disuelta por la Guardia Civil y no logró ninguno de sus propósitos, debido a sus propias divisiones internas y a no contar con el apoyo del ejército ni de las Juntas al considerar este movimiento como “separatista”.
La conflictividad social experimentó un incremento importante en los años l9l6-1917, cuando el número de huelgas aumentó. La conflictividad obrera está relacionada con la persistencia de unas condiciones pésimas de trabajo y el aumento de los precios de consumo a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, así como la consolidación del sindicalismo a través de la UGT y CNT, fruto de lo cual fue la masiva afiliación a los sindicatos (la CNT pasó a tener 40000 afiliados en 1916 a 714000 en 1919), cuya estructura y organización permitía dotar a la lucha obrera de una mayor coherencia, uníón y eficacia. Unos sindicatos más poderosos permitieron a la clase obrera adoptar posiciones de fuerza. El incremento en el número de huelgas, a partir de 1916, se relaciona con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: escasez de productos y subida de precios (37%) por encima de salarios, desigual reparto de los beneficios empresarias, incremento de las grandes fortunas producto de la especulación y la corrupción, aumento de jornada laboral, etc. Los obreros reaccionaron a la pérdida de poder adquisitivo y al aumento de jornada laboral convocando huelgas. La situación se agravó al acabar la guerra por la pérdida de puestos de trabajo y el descenso de los salarios.
La actitud intransigente de los diferentes gobiernos, la crisis militar y la de los parlamentarios exacerbó aún más el clima de agitación. La tensión estalló finalmente en Agosto de 1917 cuando, a raíz de un conflicto ferroviario en Valencia, la UGT, apoyada por el PSOE, llamó a la huelga general indefinida para el 10. Aunque su seguimiento fue desigual (los sectores campesinos estuvieron al margen), tuvo una notable incidencia en Madrid y Barcelona y consiguió paralizar la vida ciudadana en Asturias y el País Vasco. La protesta adquiríó un sesgo revolucionario cuando se incluyeron reivindicaciones como el fin de la monarquía, la formación de un gobierno provisional, la convocatoria de Cortes Constituyentes y la instauración de la república además de las laborales. El gobierno respondíó declarando la ley marcial y enviando al ejército a reprimir el movimiento. Los miembros del comité de huelga fueron juzgados en consejo de guerra y cuatro de ellos (Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit) condenados a pena de muerte, que se conmutó por cadena perpetua ante las protestas generalizadas. Pese a la derrota, Agosto de 1917 demostró a los sindicatos la capacidad de movilización que tenían.
A partir de este año 1917, el sistema de la Restauración entró en su crisis definitiva, dando paso a unos años convulsos y finalmente a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera.