las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.»
El fin de la monarquía en 1931 no fue el resultado de una revolución, sino del deterioro del propio sistema político constitucional de la Restauración, iniciado con la crisis del 98, progresivamente debilitado durante las crisis posteriores (1909,1917 y 1923) y definitivamente desprestigiado durante la dictadura militar y los efectos de la crisis económica mundial iniciada en 1929. El empeoramiento de la situación política, económica y social restó apoyos no solo a la dictadura sino también a la propia monarquía.
Tras la dimisión de Primo de Rivera en Enero de 1930, Alfonso XIII trató de volver al régimen constitucional previo a 1923, y a tal fin nombró jefe de Gobierno al general Berenguer (“dictablanda”). La oposición republicana y socialista se movilizó y en 1930 establecíó el Pacto de San Sebastián que pretendía proclamar la República derribando a la monarquía mediante la preparación de un movimiento insurreccional. También se creó un Comité Revolucionario. Tras el fracaso de la sublevación de Jaca y del aeródromo de cuatro vientos, la oportunidad para la oposición vino en la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de Abril de 1931 decretada por el nuevo gobierno de la monarquía presidido por el almirante Aznar. Estos comicios se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía y sus resultados fueron interpretados como una victoria de las candidaturas republicanas y socialistas (que, a pesar de obtener menos concejales totales que las candidaturas monárquicas, vencieron en la mayoría de las capitales de provincia y principales ciudades, menos controladas por los caciques). Como consecuencia, el 14 de Abril se proclamaba la Segunda República Española y el Comité Revolucionario, presidido por Alcalá Zamora, se convirtió en Gobierno provisional.
Ese mismo día, el rey abandonó España camino del exilio en París. El Gobierno provisional estaba formado por representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián (republicanos conservadores, de izquierda y radicales, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos). El Gobierno provisional y, posteriormente el resto de gobiernos republicanos, tuvieron que hacer frente a una serie de problemas económicos: La depresión económica mundial como consecuencia del crac de la Bolsa de Nueva York que se prolongó hasta 1939. Los efectos fueron menores que en otros países por el reducido peso económico del comercio exterior español, debido al proteccionismo arancelario, aunque la recesión en la que entró la economía mundial imposibilitó el crecimiento económico durante la Segunda República. Los sectores más afectados fueron los exportadores: productos agrícolas (cítricos, aceite, vino) y los minerales. La devaluación de la peseta atenuó los efectos de la crisis, al incrementar la competitividad de los productos españoles.
A estos problemas se unía el déficit presupuestario y la deuda pública, incrementada de forma notable durante la etapa de gobierno de Primo de Rivera. La política de contención del gasto público y equilibrio presupuestario adoptada por los gobiernos republicanos se tradujo en un incremento del paro (unos 600000 desempleados en 1932, sin apenas protección social) al reducirse la inversión pública.
Esta situación de deterioro económico comprometíó la viabilidad de muchas de las reformas emprendidas especialmente en los primeros años de la República (como por ejemplo la Reforma agraria) y comportó un aumento de la conflictividad social que llevaron a un progresivo desgaste de los diferentes gobiernos y del propio régimen republicano
Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones.»
El nuevo régimen republicano contó especialmente con los apoyos de las fuerzas políticas integradas en el Gobierno provisional: la derecha liberal republicana (Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora), republicanos de izquierda (Manuel Azaña y Marcelino Domingo), radicales (Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio), socialistas (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos), nacionalistas catalanes y republicanos galleguistas (Santiago Casares Quiroga). Todos eran partidarios de hacer reformas por la vía democrática y legal.
Fuera de la coalición quedó la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical (comunistas y anarquistas)
Entre las actuaciones del Gobierno provisional cabe destacar las siguientes:
-Decretos de extrema urgencia: concesión de una amnistía general para los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales, la designación de altos cargos de la Administración y unas nuevas elecciones municipales.
-La convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de Junio, que concluyeron con una nueva victoria de los partidos del gobierno provisional. El PSOE con 116 escaños se convirtió en el principal grupo parlamentario, seguido por el Partido Radical de Lerroux (90 diputados) y por las organizaciones de la izquierda republicana (Acción Repúblicana de Azaña, ERC y ORGA gallega). La derecha republicana de Alcalá Zamora y Miguel Maura y los monárquicos fueron los principales derrotados. El nuevo ejecutivo ratificó en sus cargos al jefe de Gobierno, Alcalá Zamora, y a los ministros del Gobierno Provisional. Las nuevas Cortes elaboraron una nueva Constitución de carácter republicano que sería aprobada en Diciembre de 1931.
Decretos ministeriales para reformas de carácter urgente:
Reforma militar (Azaña): pretendía asegurar la obediencia del ejército al poder civil y a la vez modernizar su estructura y organización: cierre Academia General Militar de Zaragoza (vivero de sectores reaccionarios), supresión ascensos por méritos de guerra y Ley de Retiro de la Oficialidad (posibilidad de los oficiales de pasar a la reserva lo cual era una salida para los que no eran partidarios de la República), etc.
Reformas educativas (Marcelino Domingo), con el fin de reducir el analfabetismo y consolidar una enseñanza pública, obligatoria y gratuita: creación de escuelas y de plazas de maestros (3200 por año), educación basada en los principios pedagógicos de la escuela única, laica (no obligatoriedad de la enseñanza de la religión), coeducación, etc. También se impulsó la cultura especialmente entre los sectores más desfavorecidos con la creación de bibliotecas y Casas de la Cultura, de las Misiones Pedagógicas…
Reformas sociolaborales en el campo (Largo Caballero): que pretendían mejorar y dignificar la situación de los trabajadores del mundo rural y urbano: jornada máxima de ocho horas, subida de salarios mínimos, medidas a favor de los jornaleros y en contra de los terratenientes como el decreto de Términos Municipales, Ley de Jurados Mixtos, Ley de Laboreo forzoso, etc. Gracias a estos decretos los jornales de la campaña agrícola experimentaron subidas sustanciales —de 3’5 pesetas pasaron a superar las 5 pesetas diarias—.
En Cataluña y País Vasco, el gobierno central emprendíó una reforma territorial con el fin de aprobar los proyectos de Estatuto de Autonomía.
Todas estas reformas iniciales contaron con una fuerte oposición de: jefes y oficiales del ejército, de empresarios y propietarios agrícolas y, especialmente, de parte de la jerarquía eclesiástica. Esta se opónía a los objetivos de la República de limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad mediante la libertad de cultos y conciencia, la no confesionalidad del estado y la supresión del presupuesto de culto y clero. La quema de conventos y la expulsión del cardenal Segura por su actitud antirrepublicana alejó aún más no solo a la Iglesia de la República sino a las clases conservadoras.
Por último, las medidas laborales en el campo no contentaron a los sindicatos agrarios revolucionarios y promovieron la ocupación de tierras en algunas regiones con apoyo de la CNT-FAI y la UGT (Federación de Trabajadores de la Tierra, FNTT), al tiempo que aumentaban el número de huelgas en las principales ciudades.