De las Elecciones Municipales a la República Española
El 12 de abril de 1931, el gobierno dirigido por el Almirante Aznar convocó elecciones municipales con el objetivo de medir el apoyo a la monarquía. Aunque en los municipios rurales se impusieron los monárquicos, en las capitales de provincia y núcleos urbanos triunfó la conjunción republicano-socialista.
Dos días después, el 14 de abril, Alfonso XIII renunció a la potestad real y abandonó España. Los representantes de los partidos que firmaron el pacto constituyeron un gobierno provisional, excluyendo a la derecha monárquica, comunistas y anarquistas. El 28 de junio se celebraron elecciones a las Cortes Constituyentes, con la victoria de la conjunción republicana socialista.
El ejecutivo quedó bajo el mando de la coalición republicana socialista. Su primera tarea fue elaborar una nueva constitución de carácter republicano, democrático y progresista, buscando ser una república para los trabajadores de todas las clases sociales, pero permitiendo la formación de gobiernos autónomos en algunas regiones.
Se estableció un principio de soberanía popular con cortes de carácter unicameral. Se ampliaron los derechos y libertades, permitiendo el voto a las mujeres. Se declaró el estado laico (separación iglesia y estado) y se concedió el matrimonio civil y el divorcio. Esta constitución generó el rechazo de la derecha y el sector católico. Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República y Manuel Azaña, presidente del gobierno.
El Bienio Reformista (1931-1933)
La política de reformas se desarrolló durante el bienio de izquierdas, impulsada por el Gobierno de Manuel Azaña, que consistía en la alianza entre la burguesía republicana de izquierda y el obrerismo socialista. La llegada de la República supuso la aprobación de una legislación socio-laboral, con Largo Caballero como principal artífice. Se concretaron varias leyes, entre ellas la Ley de Jurados Mixtos y el establecimiento de una jornada máxima laboral de 8 horas. Esta norma pretendía mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras del mundo urbano.
La Ley de Reforma Agraria de 1932 intentó dar solución al problema del campesinado sin tierras. Esta ley permitía expropiar tierras a una parte de la nobleza sin indemnización, mientras que las tierras mal cuidadas o no regadas sí eran pagadas a sus propietarios. Debido a su complejidad y lentitud, la ley provocó decepción en el campesinado pobre, beneficiando solo a 4000 de los 60000 campesinos previstos. Uno de los primeros objetivos de la República era limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Se eliminó el presupuesto del culto y clero, se permitió el divorcio y el matrimonio civil, se quitaron los crucifijos de las escuelas y se secularizaron los cementerios.
La República también buscó reformar las instituciones militares, que contaban con un número excesivo de oficiales mal pagados. Para ello, se creó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que ofrecía a los militares la posibilidad de retirarse voluntariamente. Esta reforma fue recibida por sectores como los africanistas como una agresión a la tradición militar. Quince meses después de la proclamación de la República, en Sevilla se produjo el primer golpe de estado contra el nuevo régimen.
Avances Autonómicos, Educativos y Culturales
En Cataluña se formó un gobierno autonómico, la Generalitat, y se aprobó el Estatuto de Autonomía. En el País Vasco, en 1936, se aprobaría el estatuto, siendo José Antonio Aguirre elegido como jefe del gobierno vasco. En el ámbito de la enseñanza, la República impulsó un plan de construcción de escuelas para ofrecer una enseñanza pública, obligatoria y gratuita, eliminando la separación de alumnos en las aulas. Se crearon nuevas plazas de maestros y maestras y se eliminó la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica. En el ámbito cultural, se crearon bibliotecas, se impartieron charlas sobre la literatura española y se abrieron casas de la cultura con bibliotecas.
A todas estas reformas, el sector de la derecha, como la Iglesia y el ejército, mostraron su resistencia al proceso reformista. A los problemas de la economía se unieron las repercusiones de la crisis económica de 1929. El deterioro de la economía provocó conflictividad social y huelgas, lo que aumentó la violencia política con choques entre la fuerza pública y manifestantes, resultando en un aumento de muertos, heridos y detenidos. La unión entre republicanos y socialistas se hizo más difícil. Alcalá Zamora retiró su confianza al gobierno y nombró a Diego Martínez Barrio presidente de un nuevo gabinete, para convocar elecciones en noviembre de 1933.
El Bienio Conservador (1933-1936)
En las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en las que pudieron votar las mujeres, la derecha logró formar una candidatura única frente a una izquierda que se presentó dividida. Algunos pequeños partidos del centro pusieron en marcha una política revisionista de las reformas del primer bienio bajo la supervisión de la CEDA, a cambio de su apoyo al gobierno. En el campo, se frenó la reforma agraria y se aprobaron los presupuestos del culto y clero. En el ejército, se aprobó la amnistía a Sanjurjo (golpista de 1932), se destituyeron los ayuntamientos en manos de republicanos socialistas y se sustituyeron por miembros del viejo partido monárquico. La obstrucción de las reformas anteriores tuvo como consecuencia la radicalización del PSOE y UGT. En 1934, declararon una huelga general en defensa de las conquistas legales y mejoras socio-laborales. En 1935 se formó un gobierno nuevo presidido por Lerroux que incluía a cinco miembros de la CEDA. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se devolvieron a los jesuitas sus propiedades.
El Frente Popular y el Camino Hacia la Guerra Civil
Las izquierdas acudieron a las elecciones con un grupo de republicanos reformistas, el PSOE y los comunistas, bajo el nombre de Frente Popular. El nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos, mientras que el resto de partidos se comprometieron a darles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga, presidente del gobierno. La Falange Española y otros grupos de extrema derecha formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas, a las cuales los militantes más radicales respondieron de la misma manera. Mientras que el gobierno intentaba controlar los disturbios, la derecha pensaba en un golpe de fuerza para acabar con el Frente Popular.