Tema XI: La Monarquía y la transición
La transición española se inició en Noviembre de 1975 con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España y concluyó con la llegada del PSOE al poder en Octubre de 1982. El cambio político postfranquista se produjo en una España que ofrecíó condiciones favorables para el desarrollo de la democracia. Así, el país se había modernizado, tenía una estimable renta y sus habitantes deseaban un cambio en la forma de gobierno.
De la misma manera el contexto internacional también contribuyó al asentamiento de la democracia, pues se había entrado en una época de paz.
Así, el 22 de Noviembre de 1975 Juan Carlos asumíó la jefatura del Estado y prometíó un futuro abierto. Posteriormente, nombró a Fernández Miranda presidente de las Cortes y el 4 de Diciembre confirmó como presidente a Arias Navarro, quien formó un nuevo gabinete en el que entraron algunos ministros reformistas como Fraga. El gobierno de Arias Navarro llevó a cabo ciertos cambios que se realizarían mediante la modificación de varias leyes, tales como: ciertos cambios en las Leyes Fundamentales para crear un parlamento bicameral o el reconocimiento de ciertos derechos encaminados a fomentar el desarrollo de ciertos partidos. Sin embargo, estas medidas nunca llegaron a materializarse por lo que el rey pidió a Arias Navarro que presentara su dimisión, la cual se produjo el 1 de Julio de 1976. De la misma manera la oposición continuó reivindicando la instauración de un nuevo gobierno que rechazara los planteamientos del franquismo. Así, la oposición se uníó para formar la “Platajunta”, la cual reivindico esa ruptura mediante grandes movilizaciones populares, aunque no fue capaz de derribar al gobierno, contribuyó a su debilitamiento.
El 3 de Julio de 1976, el rey designó como presidente a Adolfo Suárez, cuyo gobierno hizo pública una declaración programática en la que contemplaba el principio de soberanía popular y establecíó el 30 de Junio del año siguiente como fecha límite para celebrar unas elecciones generales y posteriormente concedíó una amplia amnistía. Con el fin de llevar a cabo la transformación del sistema político, el gobierno trató de aislar a la extrema derecha y pidió al ejército un compromiso con el proceso democrático. Por otra parte, la estrategia gubernamental se dirigíó a recabar el apoyo de la oposición para la reforma y lograr así el abandono de su política rupturista. Así pues, el instrumento legal para lograr la transición fue la Ley para la Reforma Política, en la cual se reconocía la soberanía popular y se creaban unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal, entre otras. En 1976 el proyecto se convirtió en ley tras la aprobación por parte de las Cortes y su ratificación por referéndum, aunque ciertos grupos recomendaron la abstención. A pesar de que el gobierno había salido reforzado, el gobierno se enfrentó a ciertos problemas derivados de la acción de la oposición ultraderechista, así como la acción terrorista de ETA y los secuestros de Oriol y Villaescusa.
Los resultados de las elecciones de 1977 configuraron un Parlamento en el que ningún partido tenía la mayoría absoluta. Así, la UCD fue el partido más votado, seguido del PSOE y del resto de partidos que obtuvieron un apoyo mucho menor como el PCE, AP, PSP, el PNV y el PDC, por lo que sería necesario un consenso entre los partidos para llevar a cabo las reformas posteriores.
La elaboración de la Constitución se convirtió en el eje central de la vida política hasta su aprobación en Diciembre de 1978. Sin embargo, se abordaron también otros asuntos de gran relevancia, tales como: la organización del estado mediante preautonomías, los Pactos de Moncloa con el fin de afrontar la grave crisis económica del momento y el decreto de una nueva amnistía. Paralelamente, siete miembros del Congreso de los Diputados comenzaron a redactar la nueva Constitución, la cual fue aprobada en 1978 por las Cortes con la abstención del PNV y fue ratificada por el pueblo español en Diciembre de ese mismo año. La elaboración de esta Constitución fue la primera en la historia de España que respondíó al consenso de la mayoría de los partidos.
Aunque la aprobación de la Constitución supuso un importante paso en el proceso democrático de España, la UCD empezaba a mostrar signos de agotamiento. Así, Suárez convocó elecciones generales y municipales en 1979. Las primeras proporcionaron unos resultados similares a las anteriores elecciones, mientras que en las municipales UCD obtuvo la mayoría de concejales. Sin embargo, un pacto entre el PSOE y otros partidos permitíó que los socialistas gobernaran en la mayoría de las ciudades. Así, el consenso anterior comenzó a diluirse y la vida política se guiaba cada vez más por la dinámica gobierno-oposición, por lo que las propuestas de Suárez comenzaron a encontrarse con un mayor número de dificultades. De esta manera, en Mayo de 1980 el PSOE promovíó una moción de censura contra Adolfo Suárez, quien dimitíó como presidente y renunció a la dirección de UCD en Enero del año siguiente. Además, el 23 de Febrero, cuando se desarrollaba la votación de investidura de Calvo Sotelo como presidente, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpíó en el Congreso, producíéndose así un intento de Golpe de Estado que terminaría horas después. Resultó decisiva la apuesta del rey a favor de las libertades.
El 25 de Febrero era investido Calvo Sotelo como presidente del gobierno, quien inició una política de consenso con el PSOE. Por otra parte, el gobierno delimitó al máximo el número de responsables del Golpe de Estado, pero recurríó las bajas sentencias dictadas contra los golpistas; aprobó la Ley del Divorcio en 1981 y al año siguiente la LOAPA, dirigida a limitar las competencias de las autonomías, la cual fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, por parte de los nacionalistas y se produjo la entrada de España e la OTAN en 1981. Finalmente, Calvo Sotelo disolvíó la Cortes y convocó elecciones para Octubre de 1982, en las cuales el PSOE logró la mayoría absoluta, la coalición AP-PDP se situó en segundo lugar y el PCE sufríó una gran pérdida.