Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

La Convocatoria de Cortes

En medio del conflicto bélico de la Guerra de la Independencia, la Junta Suprema Central, refugiada en Cádiz, puso en marcha una convocatoria de Cortes. La Junta, incapaz de dirigir la guerra, fue reemplazada por una regencia encabezada por el obispo de Orense (enero de 1810), que terminó de organizar las Cortes. Estas se convocaron en Cádiz, única ciudad que resistía el asedio francés con ayuda británica.

Finalmente, se acordó que las Cortes serían unicamerales y no estamentales. Se inauguraron en septiembre de 1810. En su primera sesión, los liberales consiguieron un importante triunfo al aprobarse el principio de soberanía nacional, es decir, que el poder residía en el conjunto de los ciudadanos, representados en las Cortes. Asimismo, acordaron la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y reconocían a Fernando VII como rey legítimo de España, pero no como rey absoluto, sino constitucional.

La Constitución de 1812

Durante más de tres años, las Cortes desarrollaron una intensa labor legislativa. Aprobaron una serie de leyes y decretos, así como la primera Constitución de la España contemporánea, conocida popularmente como «La Pepa» por ser promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José. Esta Constitución sentó las bases de un nuevo sistema liberal y significó el fin del Antiguo Régimen.

En sus artículos se definían los derechos del ciudadano (derecho de petición, educación, propiedad), las libertades civiles (libertad de pensamiento, opinión e imprenta) y la igualdad jurídica y fiscal ante la ley. Se establecía el sufragio universal masculino indirecto para mayores de 25 años.

También garantizaba la inviolabilidad del domicilio, los derechos penales y procesales (prohibición de la tortura). La estructura del Estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes:

• El poder legislativo recaía en las Cortes unicamerales, cuya función era elaborar las leyes, aprobar los presupuestos y los tratados internacionales, y comandar el ejército.
• El monarca era la cabeza del poder ejecutivo, poseía la dirección del gobierno e intervenía en la elaboración de las leyes (iniciativa, sanción y veto suspensivo durante dos años).
• El poder judicial era competencia exclusiva de los tribunales de justicia.

La Constitución reconocía la confesionalidad católica del Estado, establecía la enseñanza primaria obligatoria, la creación de un ejército nacional con servicio militar obligatorio y organizaba territorialmente el Estado en provincias y municipios.

La Abolición del Antiguo Régimen

Además del texto constitucional, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el Antiguo Régimen y a ordenar el Estado como un régimen liberal. Así, se abolió el régimen señorial, suprimiendo los señoríos jurisdiccionales. La tierra se mantuvo en manos de los antiguos señores, que la transformaron en propiedad privada. Se intentó iniciar una reforma agraria mediante la expropiación de bienes de conventos, la venta o reparto de terrenos baldíos y bienes comunales. También se introdujeron medidas próximas al liberalismo económico, como la supresión de los gremios, la abolición de la Mesta, la libertad de industria y comercio, y la eliminación de aduanas interiores, con la finalidad de impulsar la producción y el comercio.

La Restauración del Absolutismo y el Trienio Liberal (1814-1823)

La Restauración del Absolutismo (1814-1820)

Cuando en marzo de 1814 Fernando VII regresó a España, no cumplió sus promesas de acatar el régimen constitucional. Apoyado por sectores absolutistas (expresado en el Manifiesto de los Persas) y por el contexto internacional de la Restauración, procedió al restablecimiento del Antiguo Régimen mediante un decreto el 4 de mayo de 1814. Tras su llegada a Madrid, declaró nula la Constitución y los decretos de Cádiz e inició la persecución de liberales y afrancesados, muchos de los cuales marcharon al exilio.

El rey restauró las antiguas instituciones (Consejos, Inquisición), el régimen señorial y la sociedad estamental. Rechazó emprender cualquier reforma y se enfrentó a una grave inestabilidad política y económica.

La Desafección Social y Política

La restauración absolutista no logró estabilizar la situación. El país sufría una grave crisis económica post-bélica, agravada por la pérdida de ingresos de las colonias americanas en proceso de independencia.

• Entre el campesinado se mantuvo la resistencia a pagar determinadas rentas señoriales y los diezmos.
• Los sectores adinerados (burguesía comercial e industrial, propietarios de tierras) reclamaban que se respetase la propiedad de sus nuevas adquisiciones y se les permitiera desarrollar sus negocios.
• Finalmente, en las ciudades, el malestar era palpable entre artesanos, jornaleros y la pequeña burguesía.

Todo ello favorecía la reivindicación liberal y constitucional y estimulaba los pronunciamientos militares como método para acceder al poder, dada la imposibilidad de hacerlo por vías legales.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820 triunfó un pronunciamiento en favor de la Constitución encabezado por el coronel Rafael de Riego al frente de una compañía de soldados acantonados en Cabezas de San Juan (Sevilla) que debían embarcar para reprimir la sublevación en América. La pasividad inicial del ejército, la acción de los liberales en las principales ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 el 10 de marzo.

Se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía, permitió el regreso de liberales y afrancesados, y convocó elecciones, que fueron ganadas por los liberales. Las nuevas Cortes iniciaron una importante obra reformista, restaurando gran parte de las reformas de Cádiz. Se desarrolló una gran libertad de prensa y un intenso debate político.

El principal objetivo del Trienio fue consolidar la abolición del Antiguo Régimen. Para ello se tomaron las siguientes medidas:

• Supresión de los señoríos jurisdiccionales, mayorazgos y vinculaciones, lo que permitió liquidar el feudalismo en el campo. Las tierras se convirtieron en mercancías susceptibles de compraventa, lo que favoreció las relaciones capitalistas entre propietarios y campesinos.
• Aprobar una reforma eclesiástica, que suprimía los conventos y secularizaba a los frailes. Se llevó a cabo una desamortización de tierras del clero regular que pasaron al Estado y fueron vendidas en subasta pública, buscando obtener recursos para la Hacienda pública y potenciar la producción agraria.
• Reforma del sistema fiscal para aumentar los recursos del Estado y disminución del diezmo que pagaba la Iglesia.
• Eliminar los gremios y aprobar la libertad de industria y la circulación de mercancías.

Para mantener el orden público y defender el régimen constitucional, se instauró la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados (clases medias urbanas fundamentalmente) independiente del ejército regular.

También se procedió a una nueva división del territorio en 52 provincias, se promulgó el primer Código Penal (1822) y se planteó la reforma de la educación en tres grados (primario, secundario y universitario).

Conflictos y Tensiones durante el Trienio

Las reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía y de los absolutistas. Fernando VII paralizó cuantas leyes pudo, recurriendo al derecho de veto que le otorgaba la Constitución. Conspiró contra el gobierno y buscó la ayuda de las potencias absolutistas europeas.

Asimismo, el descontento de los campesinos se tradujo en protestas y levantamientos. Las reformas del Trienio no incorporaban aspiraciones básicas como el acceso a la propiedad de la tierra y la rebaja de impuestos. Los antiguos señores eran ahora los nuevos propietarios, y los campesinos se convertían en arrendatarios o jornaleros que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban, perdiendo sus derechos tradicionales.

La nobleza tradicional y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo, los privilegios y la venta de bienes monacales, estimularon la revuelta contra los gobernantes del Trienio, capitalizando parte del descontento campesino y organizando partidas absolutistas en Navarra, Galicia, Cataluña y el Maestrazgo.

Finalmente, las tensiones se produjeron también entre los propios liberales, que se dividieron en dos tendencias:

• Los moderados (o doceañistas), partidarios de reformas más limitadas que no provocasen conflictos con el rey y las élites sociales tradicionales (nobleza y burguesía propietaria). Buscaban una transacción con el Antiguo Régimen. Gobernaron hasta 1822.
• Los exaltados (o veinteañistas, posteriormente llamados progresistas), planteaban la defensa inapelable de las libertades, el desarrollo pleno de la Constitución y la necesidad de reformas radicales, más próximas a las clases medias y populares. Eran partidarios de acabar con los realistas. Gobernaron a partir de 1822.

La Liquidación del Trienio

El triunfo del liberalismo en España contagió a otros territorios como Nápoles, Portugal y Piamonte, y alarmó a las potencias que habían formado la Santa Alianza (Prusia, Rusia, Austria y Francia), comprometidas a intervenir militarmente ante cualquier amenaza liberal. Las demandas de ayuda de Fernando VII dieron lugar, en el Congreso de Verona (1822), a la formación de un ejército francés, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, bajo el mando del Duque de Angulema, que junto a tropas realistas españolas invadió España en abril de 1823 con el fin de restablecer el orden tradicional.

La resistencia del ejército liberal fue escasa. Tras la ocupación de Madrid, se nombró un Consejo de Regencia y un gobierno absolutista. Fernando VII recuperó su condición de monarca absoluto en octubre de 1823. Inició de inmediato la persecución de los liberales e implantó un régimen de terror, volviendo a anular toda la legislación del Trienio.

La Década Ominosa (1823-1833)

El regreso al absolutismo en 1823 fue acompañado de una gran represión de la oposición liberal y del ajusticiamiento de figuras como Rafael de Riego. Se depuró la administración y el ejército, y se persiguió a los partidarios del liberalismo. Pese a la restauración de las instituciones del Antiguo Régimen, la experiencia del Trienio había mostrado la necesidad de reformas.

El rey, acuciado por los problemas económicos, buscó la colaboración del sector moderado de la burguesía financiera e industrial de Madrid y Barcelona. Propuso un nuevo ministro de Hacienda que impulsara una reforma fiscal para recaudar más impuestos haciendo pagar a los sectores privilegiados. Esta actitud incrementó la desconfianza de los sectores más tradicionalistas y absolutistas de la corte (los «apostólicos»), descontentos con el monarca porque no restablecía la Inquisición y no actuaba de forma más contundente contra los liberales. Estos sectores se agruparon en torno a Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia.

En 1830, el rey contrajo matrimonio con su sobrina María Cristina de Borbón, y en octubre de ese año nació una hija, Isabel. Para asegurar el trono a su hija, el rey promulgó en marzo de 1830 la Pragmática Sanción, norma aprobada por las Cortes en 1789 que autorizaba la sucesión femenina al trono, hasta entonces prohibida por la Ley Sálica implantada por Felipe V. Los partidarios de Don Carlos (los carlistas) consideraron ilegal la sucesión de Isabel, iniciando un conflicto dinástico y político que marcaría las décadas siguientes.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Carlistas e Isabelinos

En 1833, tras la muerte de Fernando VII, se inició una larga y cruenta guerra civil entre los partidarios de Don Carlos María Isidro (hermano del rey), defensores del absolutismo, y los defensores de Isabel II, hija de Fernando VII y heredera según la Pragmática Sanción.

Los carlistas se agrupaban bajo el lema «Dios, Patria, Fueros y Rey». Consideraban a la Iglesia católica como la institución vertebradora de la sociedad, defendían el mantenimiento de los fueros y se oponían a la centralización política y al liberalismo. Entre sus filas se encontraban numerosos miembros del clero bajo y regular, parte de la pequeña nobleza agraria, y amplios sectores del campesinado de las zonas forales (País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia).

La causa isabelina contó inicialmente con el apoyo de una parte de la alta nobleza, de los altos funcionarios del Estado y de un sector de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, para hacer frente al carlismo y asegurar el trono para su hija, la regente María Cristina de Borbón se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales. Por ello, tuvo que acceder progresivamente a sus demandas, que implicaban el fin definitivo del absolutismo y la construcción de un Estado liberal.

El Desarrollo de la Guerra

La guerra tuvo especial virulencia en la zona norte, donde los carlistas consiguieron una mayor influencia territorial y apoyo popular. Don Carlos se instaló en Navarra y llegó a formar un embrión de Estado con su propia administración y un ejército regular comandado por figuras como Tomás de Zumalacárregui. Un segundo foco carlista importante se creó en Cataluña, así como en el Bajo Aragón y el Maestrazgo, donde las partidas guerrilleras hostigaban a las poblaciones liberales.

La debilidad militar del carlismo a largo plazo (fracaso en la toma de Bilbao en 1835, donde murió Zumalacárregui; fracaso de la Expedición Real a Madrid en 1837) y las discrepancias internas provocaron divisiones entre los transaccionistas (partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales, como el general Rafael Maroto) y los intransigentes (defensores de continuar la guerra a ultranza). Finalmente, el general Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara (agosto de 1839) con el general liberal Baldomero Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra (sujeto a la unidad constitucional), así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Este pacto, simbolizado con el «abrazo de Vergara», no fue aceptado por los sectores más intransigentes, que mantuvieron la lucha (especialmente en el Maestrazgo bajo el mando de Ramón Cabrera) hasta su derrota definitiva en Morella en mayo de 1840.

El Proceso de Revolución Liberal (1833-1843)

El Fracaso del Estatuto Real (1834)

La monarquía isabelina necesitaba consolidar apoyos frente al carlismo. Por ello, la regente María Cristina, aún recelosa del liberalismo pleno, nombró un nuevo gobierno encabezado por el liberal moderado Martínez de la Rosa. Este propuso la promulgación del Estatuto Real en 1834. No se trataba de una Constitución, sino de una carta otorgada que buscaba una transición controlada. Establecía unas Cortes bicamerales (Estamento de Próceres, designados por la Corona, y Estamento de Procuradores, elegido por sufragio muy restringido) con funciones meramente consultivas y subordinadas al monarca, sin reconocer la soberanía nacional ni los derechos fundamentales.

Mientras tanto, el malestar social crecía debido a la guerra, el hambre y las epidemias (cólera de 1834). Los ataques carlistas a poblaciones solo defendidas por milicianos locales generaban inseguridad. Esto produjo protestas, motines y quemas de conventos (matanza de frailes en Madrid, 1834). Ante la insuficiencia del Estatuto Real y la presión popular y liberal, la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por un liberal progresista, Juan Álvarez Mendizábal, en septiembre de 1835.

La Revuelta de 1836: Los Progresistas al Poder

La evolución de la guerra no era favorable para los isabelinos. El primer objetivo de Mendizábal fue derrotar al carlismo, para lo cual necesitaba recursos financieros y un ejército más numeroso. Buscó el apoyo internacional (Reino Unido, Francia y Portugal) y convocó elecciones a Cortes para reformar el Estatuto Real en un sentido más liberal.

También emprendió una ambiciosa reforma agraria con la desamortización de tierras eclesiásticas (bienes del clero regular) y la supresión de las congregaciones religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria). Estas medidas provocaron una profunda división en el bando liberal entre moderados (alarmados por las medidas radicales) y progresistas (partidarios de profundizar las reformas).

María Cristina, presionada por los moderados, destituyó a Mendizábal en mayo de 1836 y entregó el gobierno a los moderados liderados por Istúriz. Esta decisión alarmó a los progresistas, que iniciaron un amplio movimiento revolucionario en diversas ciudades en favor de la Constitución de 1812. El punto culminante fue el Motín de los Sargentos en La Granja (agosto de 1836), que obligó a la regente a aceptar la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista.

El progresista José María Calatrava fue llamado a formar gobierno, con Mendizábal de nuevo como influyente ministro de Hacienda. Se abrieron así las puertas a la creación de un nuevo orden constitucional liberal y al desmantelamiento definitivo de las estructuras del Antiguo Régimen.

El Nuevo Orden Constitucional: La Constitución de 1837

Los progresistas, una vez en el poder, convocaron Cortes Constituyentes para adaptar la Constitución de 1812 a los nuevos tiempos. El resultado fue una nueva Constitución, aprobada en junio de 1837, que intentaba ser de consenso entre las principales familias liberales (moderados y progresistas).

La Constitución de 1837 reconocía el principio de soberanía nacional (aunque residía conjuntamente en las Cortes con el Rey), una amplia declaración de derechos de los ciudadanos (libertad de prensa, asociación, reunión), la división de poderes y la confesionalidad católica del Estado, aunque se comprometía a financiar el culto y clero católicos. Introducía una segunda cámara legislativa de carácter más conservador, el Senado (parte electiva, parte de designación real), junto al Congreso de los Diputados. Otorgaba mayores poderes a la Corona (convocar y disolver Cortes, veto absoluto de leyes) que la de 1812.

Otras leyes que culminaron el entramado jurídico liberal fueron la Ley de Imprenta (1837), que aunque reconocía la libertad, incrementó el control gubernamental sobre los periódicos, y la Ley Electoral (1837), que fijó un sufragio censitario restringido a los varones mayores de 25 años que pagasen una determinada cantidad de impuestos (aproximadamente el 2,4% de la población).

La Reforma Agraria Liberal

El nuevo sistema liberal impulsó una reforma agraria que consolidó la propiedad privada de la tierra y sentó las bases de las relaciones capitalistas en el campo. Tuvo tres componentes esenciales:

• La abolición de los señoríos: Eliminó definitivamente la jurisdicción señorial y convirtió a los antiguos señores en propietarios plenos de las tierras, perjudicando a los campesinos que perdieron sus derechos tradicionales.
• La desvinculación de los mayorazgos: Permitió a los nobles propietarios vender libremente las tierras, que hasta entonces estaban vinculadas a perpetuidad a una familia o título.
• La desamortización de bienes del clero: Iniciada por Mendizábal en 1836 (bienes del clero regular) y continuada posteriormente (bienes del clero secular).

La desamortización de Mendizábal (1836-1837) perseguía tres objetivos principales:

1. Obtener recursos financieros para abastecer al ejército liberal y ganar la guerra carlista.
2. Disminuir el enorme déficit de la Hacienda pública y crear una base de propietarios comprometidos con el régimen liberal.
3. Mejorar la producción agraria y modernizar la estructura de la propiedad, aunque este objetivo se logró solo parcialmente, ya que las tierras fueron compradas principalmente por nobles y burgueses adinerados, no por campesinos.

La Vuelta al Poder de los Moderados (1837-1840)

Aprobada la Constitución de 1837, se convocaron nuevas elecciones en octubre de ese año, que, con un sufragio muy restringido y la ayuda gubernamental, ganaron los moderados. Estos intentaron desvirtuar los elementos más progresistas de la legislación de 1837. Gobernaron de forma inestable hasta 1840.

Por un lado, intentaron suspender el funcionamiento normal de la Constitución y gobernar de forma más autoritaria, restringiendo libertades. Se frenó la desamortización eclesiástica y se devolvieron bienes al clero secular.

Por otro lado, se acentuó la centralización política con un polémico proyecto de Ley de Ayuntamientos (1840), que eliminaba la elección popular de los alcaldes y otorgaba a la Corona (es decir, al gobierno) la capacidad de nombrarlos en las capitales de provincia y municipios importantes. Esto suponía un control directo del poder local por parte del gobierno moderado.

Los progresistas se sintieron expulsados del sistema y recurrieron a la insurrección popular y militar, apoyándose en la Milicia Nacional y en juntas revolucionarias. La regente María Cristina apoyó decididamente a los moderados y sancionó la Ley de Ayuntamientos. El enfrentamiento se resolvió a favor de los progresistas, liderados ahora por el militar más popular del momento, el general Espartero, héroe de la guerra carlista. La reina regente fue obligada a renunciar a la regencia y marchó al exilio en Francia (octubre de 1840).

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Tras la marcha de María Cristina, Baldomero Espartero fue nombrado regente por las Cortes. Inició su mandato con un claro impulso autoritario y personalista, rodeándose de su camarilla de militares afines (los ayacuchos). Aunque de ideología progresista, pronto derivó hacia un autoritarismo, gobernando de espaldas a las Cortes y reprimiendo a sus opositores, incluidos moderados y algunos progresistas.

De este modo, Espartero perdió rápidamente popularidad. Una de sus actuaciones más controvertidas fue la aprobación de un arancel librecambista (1842), que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana, principal afectada, se sintió gravemente amenazada y se produjo un levantamiento popular y burgués en Barcelona. Espartero respondió con extrema dureza: bombardeó la ciudad desde Montjuïc en diciembre de 1842 y proclamó el estado de guerra.

Este autoritarismo y la represión en Barcelona aislaron a Espartero. En 1843, un nuevo levantamiento militar y civil, en el que intervinieron moderados (liderados por los generales Narváez y O’Donnell) y progresistas descontentos, forzó la dimisión de Espartero y su marcha al exilio en Londres. Para evitar una nueva regencia, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los trece años (noviembre de 1843).

La Década Moderada (1844-1854)

Las Bases del Régimen Moderado

Tras la caída de Espartero, y después de un breve gobierno progresista, los moderados se hicieron con el poder. En las elecciones de 1844, el general Ramón María Narváez formó un nuevo gobierno, iniciando un largo periodo de dominio moderado. Su objetivo era cerrar la etapa revolucionaria anterior, asentar un régimen estable basado en los principios del liberalismo doctrinario (conservador) y garantizar el orden, la autoridad y la represión de cualquier disidencia.

Se trataba de crear un sistema liberal moderado que garantizase el dominio político y social de la oligarquía (la alianza entre la antigua aristocracia terrateniente y la nueva burguesía financiera e industrial). Para ello, elaboraron una nueva Constitución en 1845, que sustituyó a la de 1837 y asentaba los principios del moderantismo: soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, mayores poderes para la Corona, restricción de derechos y libertades, Senado totalmente designado por el Rey, y confesionalidad católica del Estado.

La Ley Electoral de 1846 estableció un sufragio censitario muy restringido (menos del 1% de la población tenía derecho a voto), basado en la propiedad y la capacidad económica. Esto facilitaba enormemente la intromisión del gobierno en las elecciones y el falseamiento sistemático de los resultados a favor del partido en el poder.

El Desarrollo del Estado Liberal Moderado

Durante esta década, los gobiernos moderados pusieron en marcha una serie de reformas para consolidar una estructura de Estado centralizada, uniforme y eficiente, al servicio de los intereses de la oligarquía:

• Concordato con la Santa Sede (1851): Para mejorar las relaciones del Estado con la Iglesia, muy deterioradas por la desamortización, se firmó un Concordato por el cual el Papado reconocía a Isabel II y aceptaba el proceso desamortizador ya realizado. A cambio, el Estado se comprometía al sostenimiento económico de la Iglesia (presupuesto de culto y clero) y le otorgaba amplias competencias en educación y censura. Se reconocía el catolicismo como religión oficial y única del Estado. Esto llevó a la Iglesia a aceptar el liberalismo moderado, a respaldar a la reina Isabel II y a distanciarse definitivamente del carlismo.
• Reforma fiscal (Ley Mon-Santillán, 1845): Buscó racionalizar y aumentar los ingresos del Estado, estableciendo impuestos directos (contribución territorial e industrial) e indirectos (impuesto de consumos, muy impopular).
• Unificación legal: Se aprobaron el Código Penal (1848) y se inició la elaboración del Código Civil (aunque no se aprobaría hasta mucho después).
• Reforma de la Administración pública: Se reorganizó la administración central y se estableció una estructura jerárquica y centralizada de la Administración provincial y municipal (ley de 1845), con gobernadores civiles en las provincias y alcaldes designados por el gobierno en los municipios importantes, consolidando el control gubernamental sobre el territorio.
• Orden público: Para el mantenimiento del orden público, especialmente en el ámbito rural, se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo armado con estructura militar dependiente del gobierno. Se disolvió la Milicia Nacional progresista.
• Servicio militar obligatorio: Se implantó un sistema de quintas para el reclutamiento militar, aunque permitía la redención en metálico, lo que lo hacía recaer sobre las clases populares.
• Sistema educativo nacional (Ley Moyano, 1857): Aunque posterior, sentó las bases de la organización educativa nacional iniciada en esta década.

La Crisis del Moderantismo

A pesar de la aparente estabilidad, los gobiernos moderados no consiguieron dar solidez política al Estado. Fueron frecuentes los cambios de gobierno debido a las luchas internas entre distintas facciones del partido moderado (lideradas por Narváez, Bravo Murillo, etc.) y a la constante injerencia de la camarilla palaciega de la reina.

Los carlistas protagonizaron un nuevo levantamiento en Cataluña (Guerra dels Matiners, 1846-1849) en apoyo del pretendiente Carlos VI, aunque fue sofocado.

La marginación política de las Cortes y la deriva autoritaria culminaron durante el gobierno de Bravo Murillo (1851-1852). Este intentó una reforma constitucional en 1852 que pretendía instaurar una dictadura tecnocrática: establecía un sufragio aún más restringido, otorgaba enormes poderes al ejecutivo, podía suspender indefinidamente las Cortes y gobernar por decreto. Ello provocó la oposición no solo de los progresistas, sino también de un sector importante de los propios moderados (liderados por Narváez y O’Donnell), que veían peligrar el sistema parlamentario, aunque fuese oligárquico.

El autoritarismo, la corrupción y la inestabilidad gubernamental erosionaron el régimen moderado, preparando el camino para una nueva crisis.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La Revolución de 1854

La crisis del régimen moderado precipitó el levantamiento conjunto de progresistas, demócratas y algunos sectores moderados descontentos. La acción se inició en Vicálvaro (Madrid), en junio de 1854, con el pronunciamiento del general Leopoldo O’Donnell, un moderado aperturista. Inicialmente el pronunciamiento (conocido como la Vicalvarada) no tuvo éxito, pero la incorporación de los progresistas al movimiento, que publicaron el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo), prometiendo reformas políticas y administrativas (ampliación del sufragio, descentralización, restauración de la Milicia Nacional), desencadenó la revuelta popular en muchas ciudades con barricadas y asaltos a edificios públicos.

Ante la presión, Isabel II se vio obligada a aceptar un gobierno presidido por el viejo líder progresista, el general Espartero, y con O’Donnell al frente del Ministerio de Guerra. Se formó así un gobierno de coalición entre progresistas y los moderados más aperturistas. La alianza entre estos últimos, liderados por O’Donnell, daría lugar a la formación de un nuevo partido centrista, la Unión Liberal.

Las elecciones a Cortes Constituyentes de 1854 dieron una amplia mayoría a progresistas y unionistas. Las nuevas Cortes iniciaron la redacción de una nueva Constitución en 1856, de carácter progresista (soberanía nacional, libertades amplias), pero que no llegó a publicarse (non nata) debido al fin prematuro del Bienio.

La Acción de los Gobiernos

El gobierno progresista impulsó importantes reformas económicas y legislativas, aprovechando una etapa de expansión económica que duraría hasta la crisis de 1866.

• Las Cortes aprobaron una nueva Ley de Desamortización civil y eclesiástica (1855), obra del ministro de Hacienda Pascual Madoz. Afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia (los que quedaban sin vender), de las órdenes militares, de las cofradías, de las instituciones benéficas y, sobre todo, a los bienes de propios y comunes de los Ayuntamientos. Con ella se pretendía obtener recursos para Hacienda y para financiar la construcción del ferrocarril. Tuvo consecuencias negativas para los campesinos más pobres, que perdieron el uso de las tierras comunales.
• Se aprobó la Ley General de Ferrocarriles (1855), que regulaba e incentivaba la construcción de la red ferroviaria española, ofreciendo amplias ventajas y subvenciones a las empresas concesionarias, lo que atrajo a inversores extranjeros (principalmente franceses).
• Además, se impulsaron otras iniciativas modernizadoras, como la puesta en marcha de la red de telégrafo, la ampliación de la red de carreteras, el fomento de las sociedades por acciones y de la banca, y el desarrollo de la minería (Ley de Minas de 1859, aunque posterior, se gestó aquí).

Los Problemas Sociales

El nuevo gobierno tuvo que afrontar graves problemas sociales. Una crisis de subsistencias (malas cosechas, encarecimiento del pan), unida a una epidemia de cólera (1854-1855), acentuó el malestar social y provocó una elevada mortalidad.

Los motines populares se extendieron por muchas ciudades y zonas rurales, con asaltos e incendios de fincas y fábricas (especialmente de harinas).

El descontento social provocó también una importante conflictividad obrera, especialmente en Cataluña, donde el movimiento obrero había empezado a organizarse. Los trabajadores industriales pedían la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral, la regulación del trabajo infantil y, sobre todo, la libertad de asociación y el derecho a la huelga. La primera huelga general de España tuvo lugar en Barcelona en 1855.

La Crisis del Bienio Progresista

Ante la creciente conflictividad social (motines de subsistencias, huelgas obreras, levantamientos carlistas y republicanos), el gobierno se dividió. Algunos jefes militares, como el ministro de Guerra O’Donnell (representante del ala más conservadora del gobierno, la Unión Liberal), promovieron duras medidas represivas. Esto provocó el enfrentamiento con el presidente del gobierno, Espartero (líder del ala más progresista), que estaba en desacuerdo con la represión indiscriminada.

La intervención de la reina Isabel II, que siempre desconfió de los progresistas, fue decisiva. Retiró su confianza a Espartero y nombró a O’Donnell nuevo jefe de gobierno en julio de 1856. O’Donnell proclamó el estado de guerra. Se produjeron movimientos de resistencia popular y de la Milicia Nacional en defensa del gobierno progresista en Madrid, Barcelona y Zaragoza, pero fueron duramente reprimidos por el ejército.

O’Donnell puso así fin al Bienio Progresista: cerró las Cortes Constituyentes, suprimió la Milicia Nacional, destituyó ayuntamientos y diputaciones progresistas, anuló gran parte de la legislación del Bienio (incluida la libertad de prensa) y restableció la Constitución moderada de 1845, aunque con un Acta Adicional que recogía algunos principios liberales más avanzados, iniciando así los gobiernos de la Unión Liberal.