El siglo XVIII y el desarrollo intelectual de la administracion

INTRODUCCIÓN: La crisis del siglo XVII

El siglo XVII es el siglo de la crisis, de la decadencia española y del reinado de los “Austrias menores”: Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700).

La crisis general del siglo XVII en España se manifiesta en una triple vertiente:

1. Crisis económica.

* Malas cosechas que producen hambre, peste y crisis de subsistencia.

* Disminución de la industria por la competencia extranjera con precios más bajos y mejor calidad.

* Disminuye la cantidad de oro y plata procedentes de América y se generaliza el contrabando.

* Hacienda en déficit permanente lo que provoca bancarrotas estatales durante los reinados de Felipe III y Felipe IV.

* Subida de precio y falta de confianza entre la banca internacional debido a las alteraciones monetarias (aumento de la moneda de vellón, duplicado del valor nominal).

* Abandono de la agricultura en la Meseta y la zona levantina por la expulsión de los moriscos de España entre 1609 y 1614 por Felipe III.

2. Crisis social.

* Disminución de la población por epidemias, hambre, expulsión de los moriscos y aumento de las vocaciones religiosas.

* La crisis afecta sobre todo a los grupos sociales más débiles (campesinos, artesanos y comerciantes) agobiados por los impuestos.

* Apenas existe burguesía y la poca que hay lo que quiere es emparentarse con la nobleza por matrimonio o por compra de títulos nobiliarios y vivir de las rentas proporcionadas por las tierras.

3. Crisis política interna y externa.

* Los reyes abandonan el poder en manos de privados o validos en los que se generaliza la corrupción y el nepotismo (Duque de Lerma con Felipe III y el Conde-Duque de Olivares con Felipe IV).

* Continúan las guerras en un intento de mantener la hegemonía española: guerra en los Países Bajos, guerra de los Treinta Años, guerra franco-española, etc….

* La derrota española en estas guerras supone la supremacía de Francia y que España quede reducida a jugar un papel secundario.

* Independencia de Portugal en 1640 durante el reinado de Felipe IV

* En 1714 España había perdido todas sus posesiones europeas fuera de la Península.

* Al morir el último rey Austria, Carlos II, sin hijos se producirá la guerra de sucesión española (1701-1714) que finalizará con la entronización de una nueva dinastía en España: los Borbones (Felipe V).

DESCRIPCIÓN 1: EL ANTIGUO RÉGIMEN. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

El Antiguo Régimen se define como el sistema político y socioeconómico que caracterizó a la mayor parte de los países europeos antes de la Revolución Francesa, especialmente entre los siglos XVI y XVIII. El Antiguo Régimen fue fruto de una evolución conformada durante siglos y se caracterizaba por un crecimiento demográfico deficiente caracterizado por las altas tasas de natalidad y de mortalidad, por la dependencia de una agricultura poco desarrollada o de subsistencia, por la división de la sociedad en dos grupos cerrados y bien delimitados: los privilegiados (nobleza y clero) y los no privilegiados (el llamado “tercer estado”), por el predominio del absolutismo y por una cultura basada en el poder ideológico de la Iglesia.

Como hemos visto, desde el siglo XV España ha sido regido por una Monarquía unitaria y absoluta en la que se habían respetado los fueros o privilegios de los distintos reinos que habían ido configurándose durante la Edad Media. El Rey constituía el máximo poder después de Dios y era fuente de toda justicia, de toda legislación y de todo gobierno, además de encarnar la soberanía de la nación. El gobierno de la monarquía se centralizó en la Corte integrada por varios secretarios o por Consejos con la misión de aconsejar al rey. En las provincias los virreyes, capitanes generales o gobernadores aplicaban las decisiones regias en los distintos territorios. Por último, los corregidores se encargaban de ejercer la administración municipal.

En cuanto a la sociedad, el Antiguo Régimen se caracterizó por una profunda jerarquización. La sociedad estaba organizada estamentalmente, según las funciones que cada grupo desempeñaba desde la Edad Media. La nobleza y el clero debían asumir respectivamente la defensa del pueblo e instruirlo tanto espiritual como intelectualmente por lo que gozaban de privilegios tan importantes como la exención de impuestos, una jurisdicción y un derecho privado especiales. De esto modo todo el peso de las contribuciones e impuestos recaía sobre el tercer estamento, el llamado estado llano. Los grupos sociales más populares serían las grandes víctimas de la subida de los precios y de la crisis económica desde el siglo XVI.

En lo económico, el Antiguo Régimen se definió por el predominio del sector primario donde el arrendamiento de las tierras y el escaso desarrollo técnico fueron las notas más significativas. Además, el control por parte del Estado de los resortes económicos del país fue otra de las notas significativas. Este control era especialmente evidente en lo que se refería a las relaciones comerciales con América, de las que la Corona detentaba el monopolio a través de la Casa de Contratación de Sevilla. El dirigismo de la economía se manifestaba también en los gremios que controlaban la producción y en un sistema de precios fijos que iban en contra de la libertad de mercado.

1.1. LA SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL DURANTE EL SIGLO XVIII.

a) la situación económica.

Se observa un claro predominio de la agricultura, sin apenas cambios con respecto a siglos anteriores. Por ejemplo, en 1797 el 65% de la población activa estaba ocupado en la agricultura y la ganadería. Además, a partir de 1780 las malas cosechas se hicieron más frecuentes y surgieron graves problemas de abastecimiento, generalizándose las carestías y las crisis de subsistencia. La situación de este sector distaba mucho de la “revolución agrícola” que se inició a finales del siglo XVIII en Inglaterra y el resto de Europa occidental.

La mayor parte de la superficie cultivable estaba en manos de la Corona, la nobleza, el clero y los municipios. Estas tierras eran inalienables, es decir, no podían comprarse ni venderse y quedaban, por lo tanto, fuera del juego de la oferta y la demanda. El atraso técnico de una agricultura basada en el cultivo rotativo de tercios (una parte cultivada, otra en barbecho y otra dedicada a pastos), la excesiva dependencia de los cultivos de la “tríada mediterránea” (vid, olivo y cereales), una estructura de propiedad mayoritariamente latifundista, los efectos de las malas cosechas y la estructura arcaica de la ganadería debido a los privilegios con que contaba la Mesta redujeron al mínimo los índices de productividad del sector, hicieron aumentar los precios de los artículos de primera necesidad. Con respecto a las manufacturas, seguía predominando el pequeño taller artesanal de baja rentabilidad con los gremios controlando la producción, los precios y la calidad de los productos, mientras que la estructura industrial era prácticamente inexistente. El atraso tecnológico, la falta de inversiones, la escasez de mano de obra cualificada y la debilidad de los mercados fueron otros factores fundamentales de la crisis del sector secundario.

A pesar de ello, durante el siglo XVIII comenzaron a surgir pequeñas industrias textiles de algodón en Cataluña, explotaciones minero-metalúrgicas (como por ejemplo, las minas de Riotinto en Huelva, ferrerías en el País Vasco y altos hornos en Asturias) y de transformación de productos alimenticios (como vinos, curtidos o aguardientes), así como fábricas propiedad de la Corona de paños, sedas, cristales, tabacos, espejos, tapices, porcelanas y de suministros militares en Segovia, Talavera de la Reina, Madrid, Guadalajara, Sevilla, etc. Con estas industrias de propiedad estatal, llamadas “las Reales Fábricas”, la Monarquía trató de atraer mano de obra extranjera cualificada, intentó evitar en lo posible la importación de manufacturas extranjeros, quiso reducir el poder de los gremios y buscó el estímulo de la iniciativa privada por medio de incentivos fiscales. Sin embargo, sus elevados costes de

producción daban como resultado un elevado precio por unidad, sin que se encontrara salida a la mercancía almacenada.

El comercio interior, por una parte, mejoró respecto a siglos anteriores gracias a la modernización de los medios de transporte y la creación de un modelo radial de carreteras de unos 1.200 kilómetros y desde 1714 a la supresión de las aduanas interiores entre los antiguos reinos, con la única excepción del caso vasco.

El comercio exterior, por otra parte, experimentó igualmente una importante recuperación con respecto al siglo XVII. Las relaciones comerciales continuaban dirigiéndose hacia América en virtud del sistema monopolista, principalmente desde los puertos de Barcelona y Cádiz. La ciudad andaluza sustituyó a Sevilla en 1717 como centro comercial con América, por lo que tuvo que hacer frente a numerosos bloqueos durante los enfrentamientos militares contra Inglaterra. El monopolio español en América consistía en que las colonias proporcionaban a la metrópoli materias primas baratas y abundantes, mercados donde vender los productos españoles y metales preciosos para financiar la administración. Sin embargo, la incapacidad de la economía española de ofertar productos competitivos y suficientes provocaba el desabastecimiento de la población americana. Algunas medidas como la imposición de aranceles a la importación en 1744, 1747 y 1782 y la creación de compañías comerciales en Caracas, Filipinas y La Habana trataron de potenciar la actividad comercial con el continente americano y buscaron la protección de la industria española de la competencia extranjera.

En cuanto al comercio con Europa, la balanza comercial era ampliamente deficitaria a favor de las importaciones procedentes de Francia, Inglaterra y Holanda.

b) características demográficas.

A partir del estudio de los censos de población realizados por el marqués de Campoflorido (1712-1717), el marqués de la Ensenada (1749-1753), el conde de Aranda (1768-1769) y el conde de Floridablanca (1786-1787), se constata, aunque con las matizaciones propias de las imperfecciones de estos censos, un lento, pero constante, aumento de la población a lo largo del siglo XVIII.

Este escaso incremento demográfico fue debido, entre otros factores, al descenso de la mortalidad (situada a principios de siglo en torno al 38 por mil) gracias a un mayor control higiénico y sanitario, a la disminución de las epidemias (especialmente, de fiebre amarilla, peste, tifus y paludismo) y de las guerras, así como a la reducción de la emigración a América (pese a que la cifra de emigrantes continuaba siendo alta, oscilando en torno a los 14.000 anuales).

En 1710 la población española apenas superaba los 8 millones de habitantes, mientras que en 1790 alcanzaba los 12 millones. A lo largo del siglo, el crecimiento vegetativo se mantuvo en torno al 0,5% anual, la tasa de natalidad sobre el 42 por mil, la tasa de mortalidad infantil superaba el 25 por mil y la esperanza de vida era de 30 años tanto para los hombres como para las mujeres.

A tenor de estos datos, España, pese a la mejoría experimentada con respecto al siglo XVII, continuaba formado parte del grupo de países con un “régimen demográfico antiguo” (alta natalidad, alta mortalidad aunque ligeramente inferior a la natalidad y débil crecimiento) y experimentaba un notable retraso respecto de aquellos países que a finales del siglo XVIII iniciaban la “revolución demográfica”. Además, la distribución de la población española ofrecía un contraste entre el centro peninsular con predominio del hábitat disperso y mayoritariamente despoblado, a excepción de Madrid, Valladolid y Toledo donde las instituciones estatales atraían un alto porcentaje de población y una periferia densamente poblada, especialmente en las ciudades de Andalucía, Cataluña y el País Vasco gracias al predominio de las actividades artesanales y al desarrollo del comercio con Europa y América.

c) la estructura social.

Durante estos años se mantuvo la sociedad estamental, que apenas ofrecía cambios desde el siglo XVI, aunque comienzan a apreciarse algunos signos de crisis en la estructura social que se hicieron más patentes a finales de siglo.

La sociedad quedaba, por tanto, dividida en dos grupos cerrados y bien delimitados: los privilegiados y los no privilegiados.

Al grupo de los privilegiados se accedía por nacimiento, matrimonio o toma de estado religioso. Este grupo estaba formado por la nobleza (alta nobleza o Grandes de España, caballeros e hidalgos) y el clero (alto y bajo clero). Los privilegiados estaban exentos del pago

de impuestos, vivían de las rentas que les proporcionaban sus títulos y tierras e impartían justicia sobre los campesinos vinculados a sus tierras. Las regiones que aglutinaban a la mayor parte de los titulados españoles eran Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva.

Los no privilegiados, también llamados el “tercer estado o estado perchero”, comprendían el 95% de la población y estaban obligados al pago de diversos impuestos tanto a la Monarquía como a la nobleza o al clero. La principal característica de este tercer estamento era su heterogeneidad pues formaban parte de él los campesinos (divididos en pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros), las clases medias urbanas (funcionarios y artesanos), un incipiente proletariado, los grupos marginados (vagabundos, gitanos y judíos) y una burguesía, aún muy escasa y fundamentalmente de procedencia extranjera, que se dedicaba a la banca y al comercio, se concentraba en las ciudades y se convirtió en el grupo que más demandaba un cambio en la estructura social.

El estancamiento económico, con el consiguiente empobrecimiento de la población, produjo numerosos episodios de conflictividad social tanto en las manufacturas reales como en el campo andaluz.

1.2. LA SITUACIÓN POLÍTICA DURANTE EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA.

a) la guerra de Sucesión.

Carlos II, último rey de la casa de Austria, al no tener descendencia, dejó el trono de España el 3 de octubre de 1700 a Felipe de Borbón, nieto del rey Luis XIV de Francia. Ante la posibilidad de una unión dinástica entre España y Francia ratificada por el propio Parlamento de París en 1701, se formó una Gran Alianza formada por Inglaterra, Holanda, Portugal, Sajonia y Austria que defendía la candidatura del archiduque Carlos de Austria al trono de España. Debido a este conflicto de intereses, comenzó una guerra (1700-1714) en la que el candidato austriaco contó con el apoyo de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares cuyos dirigentes temían el centralismo borbónico encarnado por Felipe de Anjou. Sin embargo, con el apoyo de Francia, las tropas borbónicas se impusieron a los aliados en las batallas de Almansa (1707), Brihuega y Villaviciosa (1710). En 1711 el archiduque Carlos fue nombrado heredero al Imperio Austriaco por lo que podría restablecerse el imperio universal del Carlos V. Así pues, y para restablecer el equilibrio internacional, entre 1713 y 1714 se firmaron los tratados de Utrecht y Rastadt, en los que Felipe de Anjou, desde entonces Felipe V, fue reconocido como Rey de España, a cambio de que Inglaterra se quedara con Gibraltar y Menorca y con el control de buena parte del comercio americano y Austria se quedara con las últimas posesiones españolas en Italia y Flandes.

b) la política exterior

A lo largo del siglo XVIII, la política exterior española estuvo marcada por las consecuencias de la “Guerra de Sucesión” (1701-1714), expuestas en las cláusulas territoriales de la “Paz de Utrecht-Rastadt” (1713-1714). Por lo tanto, esta política se centró durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III en la recuperación de los territorios perdidos tras la guerra y en la búsqueda de alianzas políticas y militares en contra de Inglaterra, cuya armada amenazaba constantemente las colonias españolas en América.

En este sentido, podemos destacar los siguientes acontecimientos políticos:

* 1720. Felipe V renunciaba a sus pretensiones a la corona francesa y adquiría en compensación los ducados italianos de Parma, Toscana y Piasenza.

* 1734. Felipe V firmaba el “Primer Pacto de Familia” con Francia. España apoyó los intereses franceses en la “guerra de sucesión polaca” con lo que recuperaba los reinos de Nápoles y Sicilia.

* 1743. Por el “Segundo Pacto de Familia”, Felipe V se alineó con Francia en contra de Inglaterra y Austria, aunque no recibió compensación territorial alguna.

* 1761. Carlos III firmaba el “Tercer Pacto de Familia” y participaba en la “Guerra de los Siete Años” (1756-1763) en contra de Inglaterra por lo que obtenía compensaciones territoriales en Norteamérica (como por ejemplo, la Luisiana francesa pero a costa de perder Florida).

* 1775. Participación en la “Guerra de la independencia de los Estados Unidos” (1775-1783) en contra de Inglaterra. Por el tratado de Versalles de 1783, España recuperaba la isla de Menorca, obtenía el dominio de la península de Florida y de algunos territorios en Centroamérica (Honduras, por ejemplo), pero fracasaba en su intento de reconquistar Gibraltar.

DESCRIPCIÓN 2: LA POLÍTICA CENTRALIZADORA DE LOS BORBONES.

a) El gobierno del reino.

Pese a la entronización de una nueva dinastía, la de los Borbones, como consecuencia de la “guerra de Sucesión” (1701-1714), el Rey, en tanto que representante de Dios en la Tierra, seguía siendo el depositario de todo el poder, al tiempo que se producía el afianzamiento del Estado absoluto y centralista.

En cuanto a la centralización administrativa, los Consejos, institución consultiva del monarca predominante desde el siglo XVI, perdieron importancia en beneficio de las Secretarías de Despacho de Hacienda, Marina, Guerra, Justicia, Indias y Estado. Las Cortes, la otra institución política representativa del país junto a la Corona, en las que cada uno de los tres estamentos (nobleza, clero y tercer estado) estaba representado con un voto, apenas si eran convocadas por los reyes.

Pese a este control ejercido desde la Monarquía, la mayor parte de la administración territorial y municipal (cobro de impuestos, reclutamiento y justicia local) seguía estado en manos de la nobleza y del clero, a pesar de los intentos de la Corte por concentrar estas atribuciones en sus instituciones más próximas. En este sentido, entre 1707 y 1716, Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones, aprobó los llamados “Decretos de Nueva Planta” con lo que para lograr la uniformización legal y económica del reino se permitía la supresión de los privilegios políticos que gozaban el reino de Aragón (1707), incluidas Mallorca y Valencia (1715), y el condado de Cataluña (1716). La medida, llevada a cabo en represión al apoyo prestado por estos territorios al archiduque Carlos de Austria durante la “guerra de Sucesión” (recuérdese, que en 1713 Cataluña declaraba la guerra a Felipe V), imponía la legislación, la lengua y el sistema tributario castellanos y creaba las figuras del intendente y del capitán general con la misión de controlar cualquier acción política en estas regiones. Únicamente en Navarra y en el País Vasco persistieron las antiguas instituciones “forales” dada su fidelidad a la causa borbónica.

b) Reformas educativas.

Se potenció el estudio de las ciencias y de las técnicas para lograr el progreso del país, especialmente en el terreno industrial y militar. Se ejerció un mayor control del Estado sobre las universidades reformando los planes de estudios con el fin de disminuir el poder de la Iglesia en materia educativa. Por último, se crearon centros de investigación y de perfeccionamiento profesional como, por ejemplo, las Reales Academias (Lengua, Medicina, Historia, Farmacia, Jurisprudencia, Bellas Artes…), las Academias Militares, la Biblioteca Nacional, os Museos de Historia Natural y centros de estudio como los Observatorios Astronómicos (Madrid y Cádiz) y los Jardines Botánicos (Madrid y Tenerife).

c) Intentos de reforma agraria y política poblacionista.

Ante las quejas de los campesinos por la falta de tierras, la baja productividad de los suelos y por la subida de los precios del trigo que desencadenaron en crisis de subsistencia como, por ejemplo, el “motín de Esquilache” de marzo de 1766, se llevó a cabo el reparto de tierras de los Ayuntamientos, las llamadas “tierras de propios”, en Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha. Se realizaron numerosos proyectos e informes como el “Expediente de la Ley Agraria” de Olavide en 1771, el “Memorial para una Ley Agraria” de Campomanes en 1784 y el “Informe sobre la Ley Agraria” de Jovellanos en 1795 con el propósito de aumentar el número de pequeños propietarios y de suprimir los privilegios de la Mesta. Sin embargo, estos intentos, claramente insuficientes, no fueron más allá debido a la oposición de los grandes propietarios por lo que la estructura de la propiedad agrícola apenas se modificó.

Por otro lado, se nombró a Pablo de Olavide en 1767 intendente de Andalucía para realizar una política poblacionista con el fin de crear nuevas poblaciones agrarias en territorios despoblados de Sierra Morena como La Carolina, La Carlota o La Luisiana. Este primer ensayo de colectivismo agrario en España fracasó al igual que la mayor parte de las reformas ilustradas.

d) Desarrollo de otras actividades económicas.

Carlos III en 1772 rompió con el monopolio de los gremios y en 1778 decretó la liberalización del comercio con América que acabó con el régimen de puerto único de Cádiz y abrió a otros puertos españoles el tráfico comercial con ultramar.

Los Consulados de comercio aparecían como organismos destinados a constituirse en los puertos con una misión complementaria de la de los Amigos del País, ya no sólo para fomentar la actividad comercial, sino también la agricultura y la industria.

Para hacer frente al creciente déficit público y para incrementar los ingresos estatales, la Corona recurrió desde 1780 a la emisión de vales reales como uno de los primeros ejemplos de puesta en circulación de bonos de Deuda Pública. Se discutió mucho sobre la implantación de un impuesto único basado en la riqueza de los contribuyentes sin respetar las exenciones fiscales de nobles y clérigos, aunque esta reforma sólo se llevó a cabo de forma provisional en el reino de Aragón y se saldó con un sonoro fracaso por la presión de las clases privilegiadas y las oligarquías locales.

e) Reformas religiosas.

Se llevó a cabo una política “regalista” o de afirmación del poder real frente a la Iglesia con una serie de medidas como la firma en 1753 de un Concordato con la Santa Sede por el que se concedía al rey de España el “patronato regio” o derecho de presentación de la Corona de los altos cargos eclesiásticos. Al mismo tiempo, se decretó la limitación a la explotación directa de las propiedades monacales y a las exenciones fiscales del clero y se aprobó la expulsión de los jesuitas del territorio español en 1767 debido a la oposición de esta orden religiosa a las reformas religiosas y a su excesivo poder en la enseñanza, sobre los campesinos y en la evangelización de los indios. Por último, se aprobó la reducción del poder del tribunal de la Santa Inquisición y el aumento del poder regio sobre las dispensas papales. Los orígenes de este enfrentamiento entre la Corona y la Santa Sede pueden buscarse, entre otros factores, en el apoyo que el Vaticano prestó al archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión en contra de los intereses de los Borbones.

CONCLUSIÓN: EL CUESTIONAMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

A pesar de la pervivencia del Antiguo Régimen, a lo largo de la centuria se produjeron una serie de cambios que comenzaron a transformar paulatinamente las bases sobre las que se asentaba la organización de la sociedad. No se trataba de cambios revolucionarios, pero sí de constantes innovaciones que no encajaban en los marcos económicos, sociales y políticos del Antiguo Régimen. Los elementos más transformadores fueron:

* La importancia que fue cobrando la propiedad privada.

* La paulatina liberalización de las actividades económicas.

* El ascenso de la burguesía, impulsada por el desarrollo comercial y manufacturero. Este grupo social fue creciendo al margen de los órganos de poder, monopolizados por la nobleza.

* Las críticas del pensamiento ilustrado y de los primeros teóricos del liberalismo erosionaron tanto la legitimidad de la monarquía absoluta como los principios religiosos y políticos que justificaban el viejo orden socioeconómico.

Estos factores modificando el viejo orden y abrieron puertas para un cambio hacia otro modelo social: el que, ya en el siglo XIX, instaurarán las revoluciones liberales y el desarrollo del capitalismo.

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