La Transición Española: Del Franquismo a la Democracia (1975-1978)

La muerte de Francisco Franco cerró el tiempo de la Dictadura y abrió el de la Democracia. El elegido por el Caudillo para sucederle fue Don Juan Carlos I, quien juró fidelidad a las Leyes Fundamentales como Rey de España el 22 de noviembre de 1975. Declaró su voluntad de ser el rey de todos los españoles y apostó por las reformas que el país necesitaba para convertirse en un Estado democrático.

El Rey confirmó a Carlos Arias Navarro como presidente del primer gobierno de la monarquía, lo cual fue criticado, pues la oposición no le consideraba adecuado para liderar el proyecto reformista que deseaba la sociedad española. Arias formó un gobierno heterogéneo, pero su modelo político no presentó novedades, sino que alabó a Franco y su régimen, continuando con la democracia orgánica. La falta de liderazgo del presidente aumentó la sensación de vacío de poder. Aunque la Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de las Cortes, que pretendía aumentar la participación política, quedó sin aprobar, sí lo fue el Proyecto de Ley de Asociaciones, que posibilitaba la creación de asociaciones.

Por su parte, en la oposición, la Junta Democrática Española del PCE y la Plataforma de Convergencia Democrática del PSOE se unieron en marzo de 1976, formando la Platajunta. Esta defendía la ruptura democrática para acabar con el régimen franquista y pedía:

• Un gobierno más fuerte.
• Una amnistía general.
• Libertades políticas.
• Reconocimiento de las nacionalidades.
• Elecciones a Cortes Constituyentes.

El gobierno de Arias tuvo que enfrentarse a huelgas (que llevaron a la militarización de determinados servicios públicos), el aumento del terrorismo de ETA y del GRAPO, el rechazo del búnker a cualquier reforma, protestas, la unidad de la oposición en la Coordinación Democrática, y los sucesos de Montejurra, en los que se enfrentaron violentamente las dos ramas del carlismo. Las relaciones entre el presidente del Gobierno y el monarca fueron tensas y faltas de sintonía política. Así, el Rey forzó su dimisión el 1 de julio de 1976 y nombró presidente a Adolfo Suárez, quien gobernó apoyado por ministros jóvenes y de perfil reformista. Utilizó el decreto-ley para amnistiar a los presos políticos sin delitos de sangre, despenalizar las asociaciones políticas, suprimir el Tribunal de Orden Público, regular el derecho de huelga y disolver el Movimiento Nacional.

Desafíos y Consolidación de la Democracia

La actividad política del gobierno de Suárez se vio dificultada por el terrorismo de la ultraderecha, ETA y GRAPO. El hecho más dramático fue la matanza de cinco abogados laboralistas en la calle Atocha. El conjunto de estas acciones creó gran tensión en el estamento militar, quienes, junto al búnker, protagonizaron un intento de golpe de Estado con militares y guardias civiles implicados, la fracasada Operación Galaxia.

El proyecto más ambicioso del gobierno de Suárez fue la Ley para la Reforma Política, que pretendía construir un sistema democrático que tuviera en cuenta:

• La recuperación de la soberanía popular.
• El establecimiento de unas Cortes elegidas por sufragio universal, libre, directo y secreto.
• La elaboración de una Constitución.
• Los derechos fundamentales de las personas.
• La autorización al gobierno y a las Cortes para iniciar las reformas políticas necesarias.

En su tramitación, Suárez logró superar el rechazo de los inmovilistas y consiguió que las Cortes franquistas la aprobasen, tras un tenso debate. Además, la ley se legitimó mediante un referéndum que confirmó su aprobación con el 94%, entrando en vigor en enero de 1977. Esta ley también supuso el restablecimiento de las libertades y la convocatoria de elecciones democráticas.

Sin embargo, la violencia de ETA y del GRAPO fue un claro factor de desestabilización, mientras que la actividad política fue intensa con los partidos, aún ilegales, que actuaban con relativa tolerancia:

• El PSOE celebró su XXVII Congreso, que apoyó a Felipe González.
• En el PCE, Santiago Carrillo fue detenido y puesto en libertad días después.
• El decreto-ley de febrero de 1977 reguló la forma en que los partidos podían ser legalizados; se aceptaron hasta 78 partidos, muchos de ellos provenientes de la Ley de Asociaciones.

Las elecciones se convocaron para el 15 de junio de 1977, de acuerdo con un doble sistema: la Ley D’Hondt para el Congreso y el mayoritario para el Senado. La dificultad jurídica más importante fue la legalización del PCE. Don Juan de Borbón renunció a sus derechos al trono a favor de su hijo.

Con vistas a las elecciones, se formaron diversas coaliciones y partidos:

• Adolfo Suárez formó la coalición de Unión de Centro Democrático (UCD).
• En Cataluña se constituyó el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
• En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskadiko Ezkerra (EE), además de formaciones socialistas y comunistas (como el PSUC).
• Tanto a la derecha como a la izquierda de los partidos mayores surgieron otros menores.

Primer Gobierno Democrático y Pactos de la Moncloa

La campaña electoral se desarrolló con normalidad en un ambiente festivo y una participación muy elevada (78,8%). Los resultados perfilaron un sistema político bipartidista imperfecto. La UCD obtuvo 166 diputados, el PSOE 118, el PCE 19 y Alianza Popular 16. Aunque Suárez no consiguió la mayoría absoluta, pudo formar el primer Gobierno democrático.

Las Cortes iniciaron la legislatura en julio de 1977. La primera ley que debatieron y aprobaron por mayoría fue la Ley de Amnistía, orientada a la represión política llevada a cabo por la dictadura, que posibilitó la excarcelación de 2500 presos políticos y afectó a 89 presos de organizaciones terroristas.

En un contexto de grave crisis económica internacional derivada del precio del petróleo, la economía española había entrado en recesión:

• Disminuyeron las exportaciones, las inversiones extranjeras y los ingresos del turismo, a lo que se añadió el retorno de los emigrantes españoles.
• La crisis industrial provocó el cierre de muchas empresas e inició la destrucción de empleo.
• Se alcanzó una elevada inflación, hasta un 17,6%, ante la cual las empresas perdían competitividad.

Se produjeron huelgas, la conflictividad social aumentó y también la inestabilidad política provocada por el conflicto vasco y las tentativas involucionistas. Suárez buscó consenso político y social, que se concretó en los Pactos de la Moncloa. Los Pactos de la Moncloa contenían dos acuerdos fundamentales:

• El saneamiento y reforma fiscal de la economía para reducir la inflación y el déficit público, por lo que se devaluó la peseta, se pusieron límites a los salarios y se aprobó el despido libre. Se acordó también una reforma fiscal de carácter progresivo, necesaria para la construcción del Estado del Bienestar y la reforma de la Seguridad Social.
• Un programa de actuación jurídica y política, adoptando políticas garantistas de libertades como la de expresión, reunión o asociación, la abolición de la censura o la creación del delito de torturas.

La tarea más decisiva de estas Cortes y del primer Gobierno fue la de redactar y sancionar la Constitución de 1978.

Los Gobiernos de Felipe González y la Modernización de España (1982-1996)

Las elecciones de octubre de 1982 marcaron un hito en la historia política española. El PSOE, liderado por Felipe González, cosechó un triunfo arrollador, obteniendo la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Este resultado otorgó una gran estabilidad política al país y permitió al nuevo gobierno socialista iniciar una intensa labor legislativa y de reformas, sentando las bases de una verdadera política de modernización.

Desafíos Internos y Reformas Estructurales

Durante los gobiernos de Felipe González, el terrorismo de ETA continuó siendo una grave amenaza. El gobierno optó por diversas medidas para contrarrestarlo, incluyendo la cooperación internacional y la lucha policial. Uno de los asuntos económicos más relevantes fue el caso Rumasa, un holding empresarial expropiado por el Estado en 1983 debido a su situación de quiebra y la necesidad de proteger el sistema financiero.

Otro proyecto problemático fue la reconversión industrial, un proceso necesario para adaptar la industria española a la competencia europea e internacional, que implicó el cierre de empresas y la pérdida de empleos en sectores tradicionales como la siderurgia o la construcción naval. El gobierno también realizó una importante reforma fiscal, buscando una mayor progresividad y eficiencia en la recaudación.

En el ámbito económico, desde 1985 hasta 1992, España experimentó un notable crecimiento económico. Sin embargo, en 1993, el país entró en una recesión que llevó la tasa de paro a un alarmante 25%. Algunas medidas socioeconómicas generaron tensiones con los sindicatos, destacando la figura de Nicolás Redondo y la huelga general del 14 de diciembre de 1988. La unidad sindical se mantuvo en huelgas posteriores en 1992 y 1994.

Política Exterior y la Integración Europea

La política exterior de los gobiernos socialistas fue muy activa, con un enfoque en Iberoamérica y, especialmente, en Europa. El primer asunto de gran calado fue el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado el 12 de marzo de 1986, que supuso un cambio radical en la postura inicial del PSOE, que había defendido la salida.

El tema más importante fue la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) el 12 de junio de 1985, con un periodo de adaptación que se extendió hasta 1993. La entrada de España en la CEE (posteriormente Unión Europea) permitió una modernización económica y social. Si bien la integración tuvo consecuencias iniciales negativas para el sector primario y la balanza de pagos debido al aumento de las importaciones, los beneficios posteriores fueron mayores gracias a los fondos de cohesión y las ayudas al desarrollo. España participó activamente en todos los proyectos europeos y se comprometió con el Tratado de Maastricht en 1992, que sentó las bases de la Unión Europea.

Desgaste Político y Fin de una Era

Las elecciones de 1989 marcaron un descenso en el apoyo al PSOE, lo que llevó a una mayor dependencia de las minorías nacionalistas y a la necesidad de realizar cesiones autonómicas. Las mayorías absolutas de los primeros años habían propiciado un estilo de gobierno que, en ocasiones, actuó como un «rodillo», lo que contribuyó al crecimiento de abusos y casos de corrupción. Entre los escándalos más sonados se encuentran el caso Guerra (relacionado con el hermano del vicepresidente), el caso Filesa (financiación ilegal del PSOE), los escándalos de corrupción de Mariano Rubio (exgobernador del Banco de España), la guerra sucia contra ETA a través de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), y las privatizaciones de Rumasa.

Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la denuncia de estos casos, lo que contribuyó al descenso del apoyo electoral al PSOE. Sorprendentemente, el PSOE ganó las elecciones de junio de 1993 sin mayoría absoluta, gracias a acuerdos con nacionalistas vascos y catalanes.

Ante el cúmulo de escándalos, el líder de CiU y presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, retiró su apoyo parlamentario al gobierno, que quedó en minoría en las Cortes. El presidente Felipe González se vio forzado a convocar elecciones anticipadas el 3 de marzo de 1996. Finalmente, el Partido Popular (PP) ganó por un estrecho margen de 300.000 votos, poniendo fin a catorce años de gobiernos socialistas.