La dimensión internacional de la Guerra Civil
La llamada “Guerra de España” tuvo una enorme repercusión internacional. En su tiempo, se creyó que España era un “microcosmos” donde se estaba produciendo a pequeña escala el enfrentamiento ideológico que muchos temían que se extendiera por toda Europa.
La opinión democrática y progresista internacional, junto con los partidos obreros y la URSS, se posicionó a favor de la República. Por el contrario, las fuerzas conservadoras de las democracias occidentales y, de forma decidida, los gobiernos fascistas de Alemania e Italia, vieron en el alzamiento de Franco un freno a la expansión del comunismo.
Ambos bandos buscaron apoyo en el extranjero. Tanto los sublevados como el gobierno de la República enviaron agentes a diferentes países con el fin de solicitar ayuda militar y política.
Sin embargo, los gobernantes de las democracias europeas actuaron con prudencia por el temor a que el conflicto pudiera extenderse. El Reino Unido defendía una política de apaciguamiento ante la Alemania nazi y comunicó a Francia que, si intervenía en España, no apoyaría su política internacional frente a Hitler. Francia se plegó a estas exigencias e impulsó la creación de un Comité de No Intervención en agosto de 1936.
Esta política de no intervención constituyó una grave injusticia para la República y fue una de las causas fundamentales de su derrota, al negar a un Estado soberano y legítimo el derecho a adquirir armas para defenderse de una sublevación militar.
La zona sublevada: la construcción de un Estado totalitario
Militarización y mando único
En la zona dominada por los militares, conocida como la «zona nacional», se proclamó el estado de guerra. Aunque muy pronto se organizó una Junta de Defensa Nacional, en la práctica, los generales sublevados actuaron inicialmente como virreyes en sus respectivos territorios.
La muerte del general Sanjurjo, principal líder del movimiento, el 20 de julio de 1936, planteó el problema del liderazgo tanto en la dirección militar como en el gobierno del territorio «nacional».
El 24 de julio se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas. La misión de la Junta era gobernar el territorio ocupado. Sus primeras medidas fueron:
- Prohibir la actividad de todos los partidos políticos.
- Suspender la Constitución de 1931.
- Decretar la paralización de la reforma agraria.
En el plano militar, la figura del general Francisco Franco fue ganando cada vez más auge. Finalmente, el 30 de septiembre, los militares lo eligieron jefe del Alzamiento. El 1 de octubre de 1936 se publicó el decreto que lo nombraba Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. Con este nombramiento, la Junta de Defensa Nacional desapareció y se estableció una Junta Técnica del Estado como órgano administrativo.
La creación del partido único
A partir de octubre de 1936, existía en la zona sublevada un mando militar único, pero no una uniformidad política. Los sublevados habían prohibido los partidos que formaban parte del Frente Popular y todos los sindicatos de clase. Solo eran legales Falange Española y de las JONS, y se toleraban otras fuerzas políticas afines como la CEDA y los grupos monárquicos.
En abril de 1937, Franco dio a conocer el Decreto de Unificación, por el que se creaba un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS). Este nuevo partido fusionaba a falangistas y carlistas, y aglutinaba a todas las demás fuerzas que apoyaban la sublevación.
Franco se erigió como Jefe Nacional de este partido. El nuevo partido adoptó una simbología mixta: el uniforme con la camisa azul de Falange, la boina roja de los carlistas y el saludo fascista con el brazo en alto.
El Gobierno de Burgos y la institucionalización del nuevo Estado
El proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista culminó en enero de 1938 con la desaparición de la Junta Técnica y la formación del primer gobierno, con sede en Burgos. El nuevo Estado se inspiraba en el fascismo italiano y el nazismo alemán, y defendía un modelo social basado en el conservadurismo más estricto y el catolicismo tradicional.
Siguiendo las actuaciones de la Junta de Defensa, se abolió toda la legislación republicana en materia económica, social y laboral. Se suprimieron las libertades religiosa, política y sindical, y se impuso una férrea censura en la prensa y los medios de comunicación. Además, se anularon los estatutos de autonomía y se restableció la pena de muerte. La construcción del Estado franquista fue acompañada de una violencia represiva sistemática, que formaba parte de las directrices del nuevo régimen y que comportó la aniquilación de los vencidos.
En marzo de 1938 se aprobó la primera de las Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo. Esta ley, de inspiración fascista, establecía un único sindicato vertical que agrupaba a empresarios y trabajadores, y prohibía las huelgas y cualquier reivindicación obrera.
Finalmente, el nuevo régimen estableció una alianza fundamental con la Iglesia católica, que apoyó a los sublevados a través de documentos como la Pastoral Colectiva de los Obispos (1937). El nuevo Estado se declaró confesional, derogó las leyes republicanas del matrimonio civil y del divorcio, estableció el culto religioso obligatorio en la enseñanza y en el ejército, e instituyó una retribución estatal para el clero. La «zona nacional» se había convertido, a todos los efectos, en un Estado totalitario.