Los sectores que lograron cierta industrialización, como el textil y la siderometalurgia  no podían competir en los mercados internacionales con la producción de algunos países europeos, especialmente Inglaterra, y se tuvieron que destinar  al  español. Este hecho provocó la demanda, por parte de algunos sectores, de una política económica proteccionista.

La recuperación de la industria algodonera catalana, que se había desarrollado desde finales del siglo XVIII, se inició lentamente a partir de 1827, gracias, en parte, a la repatriación de capitales de las antiguas colonias americanas, al retorno de indianos enriquecidos y a la recuperación de la agricultura catalana, que aumentó las rentas de los campesinos y su capacidad de consumo.

En 1832 el gobierno prohibió la importación de manufacturas de algodón extranjeras, medida que beneficiaba a la industria catalana. El año siguiente se fundó en Barcelona la fábrica Bonaplata, la primera en España accionada por la fuerza del vapor.

A partir de 1844, tras la guerra carlista, tomó impulso definitivamente la industria algodonera catalana, que aumentó sus beneficios e inició un proceso de renovación tecnológica.
Las viejas hiladoras manuales fueron sustituidas por las modernas hiladoras mecánicas, significó la implantación definitiva del sistema de fábrica

Durante el período 1833-1860 la industrialización se basó en el predominio de la máquina de vapor, que implicaba la utilización del carbón.
Pero hacia 1860 se constató la pobreza del subsuelo catalán: el carbón autóctono era insuficiente El carbón se tenía que importar Costaba mucho, lo que hacía que aumentaran mucho los gastos de producción. Por eso, desde 1860, las nuevas fábricas se fueron basando cada vez más en el uso de la energía hidráulica.

La construcción de una red de comunicaciones y de transportes interiores era fundamental para abaratar el coste del transporte de mercancías y para poner las bases de un mercado integrado.

El medio que revolucionó el transporte fue el ferrocarril.
En 1844 se inició una legislación ferroviaria .

Durante el Bienio Progresista el gobierno aprobó la Ley de ferrocarriles (1855), que ofrecía importantes incentivos a los inversores y propició una primera fase de construcción de la red ferroviaria española. En definitiva, la creación de la red ferroviaria española se caracterizó por tres elementos: la aportación  de grandes capitales, la tutela y la subvención permanentes del Estado y la presencia hegemónica de capitales extranjeros.

Hay que señalar que se construyó con cierta precipitación y por lo tanto con algunos errores.

Todo ello provocó la crisis de 1866, cuando se constató que las expectativas de beneficios de un gran número de trayectos férreos no se cumplían, debido al escaso número de pasajeros y mercancías. Este hecho ocasionó la quiebra del sistema bancario y casi paralizó la construcción ferroviaria durante diez años. La construcción de vías de ferrocarril se retomó con fuerza a partir de 1875

Por otro lado, a partir de 1840 se inició un programa de construcción de carreteras, de modo que en 1865 había una red de 16.000 km.

Respecto al transporte marítimo, el primer barco de vapor entró en funcionamiento en 1834. El aspecto más destacable fue la progresiva sustitución de los barcos de vela por los de vapor.

En cuanto a la siderurgia, los primeros intentos de organizar esta industria se dieron en el decenio de 1830. En aquel periodo creció la demanda de hierro debido a la mecanización del campo y del sector textil, el inicio de la construcción del ferrocarril, la construcción de puentes y obras de ingeniería y la sustitución de barcos de madera por barcos de hierro.

La localización de esta industria estaba muy condicionada por las materias primas que necesitaba (carbón hierro), de modo que en el siglo XIX se sucedieron tres núcleos de desarrollo siderúrgico: los primeros altos hornos aparecieron en Málaga en 1832.

A partir de 1860 el predominio de este sector se trasladó a Asturias, donde había carbón mineral. Simultáneamente también se desarrolló la siderurgia de Vizcaya.

En cuanto a la producción siderometalúrgica española (puentes, locomotoras, mercados…) era escasa y poco competitiva por sus elevados costes, de modo que para su supervivencia fue precisa la ayuda estatal y, sobre todo, la adopción de medidas proteccionistas.

Por su parte, la minería española se desarrolló muy poco hasta la aplicación de la legislación minera de 1868. Las razones son diversas: la falta de capitales y de conocimientos técnicos, la poca demanda debida al subdesarrollo económico del país y la existencia de una legislación que mantenía las minas bajo control del Estado y no facilitaba su explotación

La legislación de 1868-1869 liberalizó el sector: el Estado vendió las minas a particulares.

En los últimos treinta años del siglo XIX la minería española conoció un período de esplendor, hasta el punto de que España se convirtió en uno de los principales países productores de minerales del mundo. En cuanto al carbón, los yacimientos más importantes estaban en Asturias. Pero el carbón asturiano era más caro y de menor calidad que el británico.