La cuestión social.
Se denominó de esta forma al conjunto de problemas sociales y materiales que afectaron a los sectores más pobres de la población.
Estos surgieron de las transformaciones que vivíó Chile al pasar por un período de gran auge económico. Así, el incremento de las actividades industriales y mineras produjo una mayor capacidad de absorción de mano de obra en las ciudades y en los centros mineros. Esto motivó la migración desde el campo a la ciudad y, también, del campo a los poblados mineros del Norte y del Sur. Esta población, el proletariado obrero, se instalaría a vivir en arrabales y conventillos, en los que no existían las mínimas condiciones para vivir. Aparecerían, también, nuevas organizaciones de trabajadores y se instalaría en el país la preocupación por las condiciones de vida de los sectores populares. En Chile, las nuevas posibilidades de crecimiento económico, en las últimas décadas del Siglo XIX , produjeron una constante migración del campo a la ciudad. En 1875, la población urbana chilena alcanzaba a 725.545 habitantes, los que pasaron a 1.240.353 en 1895. Esta concentración de población en las ciudades transformó la fisonomía demográfica del país y fue el inicio de un constante proceso de urbanización. Los síntomas del problema social surgido se manifestaron en varios planos simultáneamente, y muchas veces unos fueron consecuencias inmediatas de otros. De este modo, la realidad social de los primeros veinte años de este siglo se caracterizó porque en la sociedad hubo problemas de vivienda, alcoholismo, quiebre de la familia, prostitución, enfermedades sociales, epidemias infecto-contagiosas, delincuencia, criminalidad, inflación y algunos otros dramas que pesaron en el cuadro social. En el caso de la vivienda, fue decisiva la inadecuada infraestructura de las ciudades, especialmente de Santiago, Valparaíso y Concepción, a las que llegó un mayor número de inmigrantes. La afluencia de la población provocó hacinamiento y proliferación de habitaciones que carecían de alcantarillado, agua potable y, en general, de condiciones mínimas de higiene y salubridad como para albergar a sus ocupantes.
Régimen parlamentario en Chile.
Luego de la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, se impuso en el país un régimen político parlamentario, sistema que perduró hasta 1925. El establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 1833 para instaurar un gobierno del tipo inglés, sino que, por el contrario, sólo bastó interpretarla de manera parlamentaria, limitando y disminuyendo el poder del Primer Mandatario a niveles figurativos y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso, si bien el Presidente de la República podía designar a sus ministros libremente, estos debían rendir cuenta de sus actos ante el Senado y la Cámara de Diputados, en las llamadas interpelaciones, el sistema político se caracterizaba por una participación reducida, ya que sólo podían sufragar los varones mayores de edad que supieran leer y escribir; cifra que no superaba el 5% total de la población chilena. A su vez, el sistema electoral impuesto desde 1891 por la ley de comuna autónoma, permitía métodos cuestionables. Los alcaldes y regidores, al dejar de ser controlados por el ejecutivo y pasar a depender de los partidos políticos que ganaban las elecciones, tenían la facultad de intervenir en los padrones electorales, lo que fomentó el cohecho y el fraude.
Guerra Civil 1891.
Durante el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda, en 1890, y en medio de fuertes tensiones políticas que enfrentaron al ejecutivo con el parlamento, el Congreso Nacional se negó a aprobar las leyes periódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra así como la Ley de Presupuesto de gastos públicos. El Congreso contaba con la adhesión de la mayor parte de la escuadra, que quedó bajo el mando del capitán de navío Jorge Montt Álvarez. Pero para que el movimiento de la armada no fuera tomado como un simple pronunciamiento, los marinos exigieron que se embarcaran los presidentes de ambas Cámaras, lo que inmediatamente hicieron Ramón Barros Luco, presidente de la Cámara de Diputados, y Waldo Silva, vicepresidente del Senado. Sin embargo, el acta de deposición del presidente no fue dada a conocer públicamente, ni siquiera a Balmaceda, hasta meses más tarde, para no agravar los hechos y conseguir el apoyo del ejército, ante lo cual el presidente se habría visto obligado a deponer su actitud, evitando de ese modo la guerra civil. Pero como el ejército se mantuvo leal a Balmaceda, el 7 de Enero de 1891 la escuadra partíó rumbo al norte, zona donde se ubicaban las salitreras, las cuales serían como su caja de fondos. Además, esperaban que la opinión de los habitantes de esa regíón les fuera más favorable, debido a que el gobierno había reprimido fuertemente algunas huelgas activadas por la carestía derivada del bloqueo. Enterado el mandatario del alzamiento, dictó un decreto por el cual asumía todo el poder público. Entre las actividades que desarrolló se preocupó de elevar en un 50 por ciento los sueldos del ejército, crear nuevos cuerpos militares y policiales, destituir a los marinos amotinados, suspender las comunicaciones telegráficas y telefónicas entre particulares e interceptar la correspondencia de los sospechosos. También decretó la prisión de los principales caudillos de la revolución, aunque consiguió aprehender a muy pocos.
Primera Guerra Mundial.