La Implantación de la Segunda República y la Constitución de 1931
La Segunda República se implantó en España en un contexto de profunda crisis del sistema monárquico de la Restauración, que había quedado desprestigiado tras la dictadura de Primo de Rivera y el intento fallido de Alfonso XIII de restaurar la legalidad constitucional. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que las candidaturas republicanas triunfaron en la mayoría de las capitales de provincia, reflejaron el deseo popular de cambio. Ante esta situación, Alfonso XIII abandonó el país y el 14 de abril de 1931 se proclamó la República, primero en Éibar y luego en otras ciudades. Se constituyó un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora e integrado por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas. Este gobierno debía preparar la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, que se celebraron en junio de 1931 y dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista.
La principal tarea de estas Cortes fue redactar una nueva Constitución, que fue aprobada en diciembre de 1931. Esta Constitución estableció un régimen democrático y parlamentario basado en la soberanía popular y definió a España como una “República democrática de trabajadores de toda clase”. Uno de sus elementos más innovadores fue el reconocimiento del sufragio universal, que por primera vez incluyó a las mujeres mayores de 23 años. También proclamó una amplia declaración de derechos y libertades, como la libertad de culto, expresión, asociación, el derecho al divorcio, la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos, y el acceso a la educación pública. La Constitución estableció una clara división de poderes: el poder legislativo recaía en unas Cortes unicamerales; el judicial, en los tribunales y en un Tribunal de Garantías Constitucionales; y el ejecutivo, en manos del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, nombrado por el primero pero con aprobación de las Cortes.
Un aspecto clave de la nueva Constitución fue la proclamación de un Estado laico. Se suprimió el mantenimiento del culto y del clero, se prohibió a la Iglesia ejercer la enseñanza, la industria y el comercio, y se garantizó la libertad de conciencia y de cultos. También se reconocía el derecho de las regiones a establecer estatutos de autonomía, lo que abría la puerta a una descentralización del Estado. Este proyecto reformista y laico fue rechazado frontalmente por la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad.
La proclamación de la República y la aprobación de la Constitución supusieron un intento de modernización política, social y cultural en España. Sin embargo, desde sus inicios, el nuevo régimen se vio enfrentado a resistencias internas y tensiones sociales que evidenciaron la dificultad de consolidar un sistema democrático en un país marcado por profundas desigualdades, conflictividad social y la falta de tradición democrática. Estos factores, unidos a la radicalización de las posturas políticas, explicarían el progresivo deterioro del sistema republicano y su posterior colapso en 1936.
La Segunda República: Bienio Reformista, Bienio Conservador y Frente Popular
Bienio Reformista (1931-1933)
Tras la aprobación de la Constitución de 1931, se inició una etapa presidida por Manuel Azaña, con un gobierno republicano-socialista que impulsó un ambicioso programa de reformas. Este período, conocido como Bienio Reformista (1931-1933), se desarrolló en un contexto económico difícil, marcado por el aumento del paro. Entre las principales medidas destaca la reforma militar, que pretendía modernizar el ejército y reducir su peso político. Se suprimieron academias, se promovió el retiro voluntario con sueldo íntegro y se creó la Guardia de Asalto, leal al régimen republicano.
La reforma agraria fue uno de los grandes proyectos, impulsada para solucionar el problema del latifundismo y mejorar las condiciones del campesinado. Se aprobaron decretos para limitar la jornada laboral, establecer salarios mínimos y obligar a cultivar tierras no trabajadas, culminando en la Ley de Reforma Agraria de 1932, cuya ejecución fue muy lenta. También se abordó una profunda reforma religiosa que limitó la influencia de la Iglesia, suprimiendo su financiación, expulsando a los jesuitas y prohibiendo su participación en la enseñanza. La política autonómica permitió la aprobación del Estatuto de Cataluña, mientras que el del País Vasco y el gallego no avanzaron hasta más tarde. En el ámbito educativo, se construyeron escuelas, se contrataron miles de maestros y se fomentó la cultura con iniciativas como las Misiones Pedagógicas. Las reformas sociales incluyeron la jornada laboral de ocho horas, la semana de 40 horas y la Ley de Términos Municipales.
No obstante, este impulso reformista se encontró con múltiples obstáculos: la oposición de sectores conservadores, la división interna de la izquierda, la conflictividad social y la crisis económica internacional. En este contexto, se produjo la Sanjurjada, un intento fallido de golpe militar en 1932. El desgaste del gobierno aumentó tras los sucesos de Casas Viejas en 1933, donde la represión contra anarquistas provocó un escándalo político. Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras con voto femenino, dieron la victoria a la derecha debido a la división de la izquierda y a la abstención anarquista.
Bienio Conservador (1933-1936)
Comenzó así el Bienio Conservador o Radical-Cedista (1933-1936), presidido por Alejandro Lerroux con el apoyo parlamentario de la CEDA. Este gobierno paralizó las reformas del primer bienio, amnistió a los participantes en la Sanjurjada y designó a militares como Franco o Goded en puestos clave. El proceso autonómico se detuvo, y se iniciaron acercamientos al Vaticano. En octubre de 1934, la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno provocó una huelga general revolucionaria. En Cataluña, Companys proclamó el “Estat Català” dentro de la República, mientras que en Asturias los mineros protagonizaron una insurrección, duramente reprimida por el ejército dirigido por Franco. La represión y la corrupción (casos del estraperlo y Nombela) provocaron una profunda crisis del gobierno y la convocatoria de elecciones en febrero de 1936.
Gobierno del Frente Popular (Febrero-Julio 1936)
El triunfo del Frente Popular, coalición de fuerzas de izquierda, supuso la reactivación de las reformas y la amnistía a los condenados de 1934. Aunque el gobierno presidido por Casares Quiroga excluyó a los socialistas, la izquierda revolucionaria adoptó posturas radicales mientras que la derecha conspiraba contra el régimen. Se reanudaron las negociaciones autonómicas y se alejaron del poder a los generales más golpistas. Aumentaron los enfrentamientos callejeros entre milicias de izquierda y falangistas. El asesinato del teniente José Castillo y, en represalia, de José Calvo Sotelo, aceleró la conspiración militar que desembocó en la Guerra Civil.
Sublevación Militar y Guerra Civil (1936-1939)
Evolución Militar del Conflicto
La Guerra Civil comenzó el 17 de julio de 1936 con un golpe militar que se inició en Melilla y se extendió al resto del país el 18 de julio. Aunque la sublevación triunfó en las zonas más rurales y conservadoras como Galicia, Navarra y parte de Castilla, fracasó en zonas urbanas e industriales como Madrid, Cataluña o el País Vasco. Así, el conflicto se convirtió en una guerra civil de casi tres años entre el bando republicano y el bando sublevado o nacional.
En una primera fase (julio 1936 – marzo 1937), conocida como Guerra de Columnas, el objetivo de los sublevados era tomar Madrid. El Ejército de África, trasladado a la península gracias a un puente aéreo organizado por Alemania e Italia, avanzó con rapidez. Sin embargo, al desviar fuerzas hacia Badajoz y Toledo, Franco perdió el impulso inicial. En noviembre comenzó la Batalla de Madrid, donde la población, reforzada por las Brigadas Internacionales y material soviético, resistió el ataque. Las posteriores Batallas del Jarama y Guadalajara frenaron nuevos intentos de cerco.
La segunda fase fue la Campaña del Norte (abril – octubre 1937). Franco se centró en ocupar las regiones aisladas del norte republicano. Durante esta campaña tuvo lugar el Bombardeo de Guernica, llevado a cabo por la Legión Cóndor alemana. La caída del norte supuso la pérdida de recursos estratégicos para la República y consolidó el poder de Franco tras la muerte del general Mola.
La tercera fase (noviembre 1937 – febrero 1939) comenzó con la ofensiva republicana en Teruel, seguida por el avance franquista hasta el Mediterráneo, dividiendo en dos la zona republicana. La última gran ofensiva republicana fue la Batalla del Ebro, la más cruenta de la guerra, que terminó en derrota y marcó el agotamiento de la resistencia. En enero de 1939 las tropas franquistas tomaron Barcelona y en marzo Madrid. El 1 de abril Franco proclamó el fin de la guerra.
Consecuencias de la Guerra Civil
Las consecuencias fueron devastadoras. En términos humanos, se calcula que hubo unos 500.000 muertos y 450.000 exiliados. La represión se ejerció en ambos bandos: el “terror blanco” franquista fue más sistemático y prolongado, mientras que el “terror rojo” fue especialmente brutal al inicio. La guerra supuso la destrucción del tejido industrial, la pérdida de las reservas de oro del Banco de España y una caída drástica de la renta nacional, que no se recuperó hasta los años 50. Socialmente, se restauró la hegemonía de la oligarquía y se perdieron los derechos de los trabajadores. Moralmente, dejó una profunda fractura entre los españoles, con una dictadura que no buscó la reconciliación y prolongó el recuerdo de la guerra durante décadas.