Guerra de Sucesión Española
Carlos II muere sin descendencia, dejando como posibles sucesores a Carlos de Austria y Felipe de Borbón. Su testamento designa a Felipe de Borbón como heredero, lo que desencadena la guerra (1701-1715). Se trata de un problema dinástico que implica un cambio de estado y administración. Hay dos modelos en disputa: el austriaco (pactista) y el borbónico (centralista).
Con matices, Castilla apoya a Felipe de Borbón y la Corona de Aragón a Carlos de Austria (apoyado por Saboya, Austria, Holanda e Inglaterra). La guerra finaliza con la firma de la Paz de Utrecht (1713), que instaura la monarquía borbónica con Felipe V.
Paz de Utrecht
La Paz de Utrecht (1713-1714) pone fin a la Guerra de Sucesión Española y establece un nuevo sistema de relaciones internacionales.
España perdió sus posesiones europeas. Flandes pasó a manos de los Austrias, así como posesiones en Italia. Perdió los enclaves de Gibraltar y Menorca.
Decretos de Nueva Planta
Felipe V trae el modelo de monarquía absolutista. El objetivo era reducir la complejidad de los reinos, leyes e instituciones. Estas reformas se plasman en los DNP, los cuales expresan las ideas de reforma del gobierno y administración de la Corona de Aragón. Sustituyen el pactismo por el absolutismo. Se eliminaron los consejos. Se suprimen las fronteras interiores, estableciendo el castellano como lengua oficial. Se establece un único sistema oficial de impuestos. Excepto País Vasco y Navarra hasta 1876.
Política Comercial y Económica Borbónica
Política Industrial y Comercial con América
Entre las novedades introducidas por los Borbones para reformar el viejo sistema de organización comercial con América, establecido por los Austrias, cabe destacar:
- La supresión del sistema de flotas.
- La creación de compañías comerciales dotadas de ciertos privilegios para el monopolio comercial con determinados productos o para la explotación comercial de determinados territorios.
- La posterior adopción de una política de liberalización del comercio que dio fin al monopolio gaditano, autorizándose desde 1765 el comercio con América a varios puertos españoles, liberalización ratificada en 1778 con el Decreto de Libre Comercio con América.
La Ilustración en España
Fue una corriente filosófica que se desarrolla en Francia a partir del siglo XVIII. Se basaba en la crítica al absolutismo y a los privilegios de la nobleza y el clero, la defensa de la razón, la verdad, el progreso y la felicidad.
Despegue Económico de Cataluña en el Siglo XVIII
Con los Decretos de Nueva Planta (Aragón y Valencia en 1707, Cataluña en 1716), se produjo la abolición de las instituciones y libertades e instituciones catalanas y se extendieron a los diversos territorios de la Corona de Aragón buena parte de las instituciones castellanas. Sin embargo, el derecho civil catalán (al igual que el aragonés) fue respetado por el monarca. Todos los territorios de la Corona de Aragón pasaron a tener una nueva estructura territorial y administrativa a imagen de la de Castilla; se instauraba el catastro y otros impuestos por los que la monarquía consiguió por fin sus objetivos de control económico.
A pesar de la difícil situación interna, Cataluña logró a lo largo del siglo XVIII una notable recuperación económica, centrada en un crecimiento demográfico importante, un aumento considerable de la producción agrícola y una reactivación comercial (especialmente gracias al comercio con América, abierto solo a partir de 1778), transformaciones que posibilitarían después la industrialización, un primer proceso de la cual se daría en el siglo XVIII, especialmente centrado alrededor del algodón y otras ramas textiles.
Es cierto que desde 1680 ya había signos de recuperación, pero el nuevo régimen borbónico contribuyó a la recuperación y posterior expansión. El Principado catalán se situó a la cabeza industrial de España con la fabricación de los estampados de algodón llamados “indianas”, con los que se comerciaba con América. Con esto quedó patente lo beneficiosa que fue para la economía catalana la libertad de comercio con América decretada en 1778.
La Crisis de 1917
En el contexto de la Primera Guerra Mundial, la crisis española de 1917, en la que confluyen aspectos sociales, políticos y militares, supuso un hito decisivo en la descomposición del sistema de la Restauración. Varios conflictos estallaron en el verano de 1917. Los proyectos de reforma en el ejército, relativos a los ascensos y a los salarios, generaron un conflicto que desembocó en la formación de Juntas de Defensa y debilitó al gobierno, hasta que finalmente se promulgó una Ley del Ejército que subió salarios y reguló los ascensos, convirtiendo de nuevo a los militares en soporte de la monarquía. La descomposición de los partidos dinásticos se expresó en la Asamblea de Parlamentarios reunida en Barcelona, en la que republicanos y socialistas pretendieron, sin éxito, una reforma constitucional; representaba la rebelión de las clases y grupos progresistas contra la oligarquía más conservadora, que controlaba el poder.
Por último, el descontento social ante la falta de respuesta a las peticiones obreras llevó a la huelga general promovida por UGT y CNT, sobre todo en los centros industriales (Madrid, Barcelona, País Vasco, Asturias), que acabó en muertes y detenciones, con una durísima represión. Todo ello aceleró el proceso de descomposición de los partidos dinásticos y, en suma, la crisis del sistema de la Restauración.
La Pérdida de Cuba y el Fin del Imperio
Tras la emancipación de las colonias de la América continental a principios del siglo XIX, el imperio colonial español quedó reducido a unos pocos territorios entre los que destacaba la isla de Cuba. En el siglo XIX la economía cubana se basaba en la agricultura de exportación de azúcar y tabaco que se sustentaba en mano de obra esclava y beneficiaba a una reducida oligarquía. Pero al mismo tiempo estaba aquejada de algunos importantes problemas: por una parte estaba sometida a una política arancelaria perjudicial para sus intereses, y en segundo término padecía un sometimiento político por el que las decisiones se tomaban en la metrópoli. En el último tercio del siglo XIX se produjo la fase decisiva de la independencia de Cuba, espoleada por los movimientos internos, la presión norteamericana y la falta de reacción de los gobiernos españoles. Las primeras sublevaciones populares a favor de la abolición de la esclavitud y una mayor autonomía política (Grito de Yara) se acentuaron y condujeron a la Guerra de los Diez Años; pero cuando esta acabó (Paz de Zanjón, 1878), las promesas de autogobierno no se concretaron en nada y reprodujeron el conflicto en la Guerra Chiquita. El inmovilismo de los gobiernos españoles acentuó el malestar de la burguesía criolla e hizo crecer el movimiento independentista. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892, y llegaron ya tarde los proyectos de ley de autonomía para Cuba de 1895. En el mismo año se inició un nuevo movimiento insurreccional (Grito de Baire) al que el gobierno respondió con una dura represión, en la que se llegó a las ejecuciones de rebeldes y a las concentraciones de campesinos; todo esto generalizó el malestar. La fase definitiva de la independencia se produjo en los años en torno al cambio de siglo. El gobierno español puso en marcha una estrategia de conciliación tendente a conceder una amplia autonomía, pero el interés de Estados Unidos en la economía cubana, que se había traducido en el apoyo a los rebeldes, desembocó en la declaración de guerra a España tras el hundimiento del acorazado Maine, la rápida derrota de los ejércitos españoles y la firma del Tratado de París en 1898, por el cual España se comprometía a abandonar Cuba, y también Puerto Rico y Filipinas, que pasaron a ser protectorado norteamericano.
El Régimen Franquista Inicial
Grupos Ideológicos y Apoyos Sociales
El régimen político que salió de la Guerra Civil española (1936-1939) fue una dictadura encabezada por el general Franco, que gobernó hasta su muerte en 1975. Su primera etapa se caracterizó por una larga posguerra de represión política, penuria económica y aislamiento internacional tras la Segunda Guerra Mundial, que sirvieron de marco a la configuración del nuevo régimen. Las bases sociales del régimen franquista siguieron siendo las que apoyaron la sublevación militar: Por un lado, los grandes terratenientes, empresarios industriales y oligarquías financieras. Con ellos, una parte significativa de la pequeña burguesía de provincias y del campesinado propietario del centro del país. Dichas bases sociales se expresaban a través de diversos cauces institucionales. El Ejército, que había salido triunfador de la guerra y que mantuvo una importante influencia en los gobiernos de la dictadura, marcó con un fuerte militarismo la sociedad española de la época. La Iglesia católica, que había legitimado el levantamiento militar, continuó apoyando a un régimen que le proporcionaba alta financiación y control de la educación y las costumbres. Finalmente, Falange Española Tradicionalista y de las JONS proporcionó el sustento ideológico de sus programas de reforma social y el apoyo de sus organizaciones de masas, desarrollando el nacionalsindicalismo. Con todo ello se definió un régimen totalitario, de fuerte centralismo y carácter nacionalcatólico.
El Protectorado Español en Marruecos
El Desastre de Annual
Tras la crisis del 98, y en el marco del imperialismo dominante en toda Europa, España intentó formar parte del nuevo orden mundial y centró su acción colonial en el norte de África, pasando Marruecos a constituir el centro de la política exterior en el primer tercio del siglo XX, siempre subordinada en su actuación a los intereses de las grandes potencias europeas. En los primeros años del siglo XX España logró, con el apoyo de Francia y Reino Unido, la zona norte de Marruecos, con centro en el Rif, habitada por cabilas o tribus de bereberes hostiles a la presencia extranjera. Diversas campañas militares propiciaron levas forzosas y movilizaciones de reservistas, que fueron muy impopulares. En 1912, un nuevo tratado con Francia sentó las bases del Protectorado franco-español en Marruecos. Los pactos con los jefes indígenas y la interrupción de las operaciones militares durante la Primera Guerra Mundial mantuvieron el protectorado tranquilo, pero al término de la guerra y con la reanudación por Francia de su política colonial, el gobierno español trató de hacer completa y efectiva la ocupación del territorio que le había correspondido en el acuerdo franco-español de 1912. El precipitado avance del general Silvestre en la zona de Alhucemas provocó una rebelión generalizada de rifeños, encabezados por Abd el-Krim, que derrotaron a las tropas españolas en Annual (1921), con cuantiosas pérdidas humanas (más de doce mil muertos). Las consecuencias políticas de ese nuevo “desastre” fueron graves. El problema de las responsabilidades fue una de las principales cuestiones de enfrentamiento político y motivo del descontento del ejército y de su creciente hostilidad al sistema. En 1925, Francia y España acordaron una nueva ofensiva militar conjunta; el desembarco español en Alhucemas fue un rotundo éxito y un año después, Abd el-Krim se entregó a los franceses, quedando poco después sometido todo el Protectorado.
El Revisionismo Político de la Restauración
A principios del siglo XX el sistema político de la Restauración seguía vigente. Sus fundamentos eran una monarquía liberal —pero no democrática— que descansaba en la Constitución de 1876. Este sistema había funcionado con bastante estabilidad gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos (Conservador y Liberal) para alternarse pacíficamente en el gobierno. Pero a finales del siglo XIX, una corriente ideológica, el regeneracionismo, denunció los vicios del sistema, dominado por una oligarquía, y realizó una serie de propuestas para la modernización política, social y económica de España. Cuando Alfonso XIII accedió al trono en 1902, los partidos dinásticos habían optado por líderes regeneracionistas: Maura en el Conservador y Canalejas en el Liberal. En el llamado “gobierno largo” de Maura (1907-1909), este puso en marcha su “revolución desde arriba”. Se trataba de hacer hondas reformas del sistema liberal-parlamentario, pero sin alterar las bases del régimen. Su programa más importante fue el proyecto de ley de administración local, que contemplaba una mayor autonomía para las corporaciones locales y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Su programa incluyó otras disposiciones, como una política de intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional; y medidas sociales, como la creación del Instituto Nacional de Previsión, la ley de descanso dominical y la legalización de la huelga. Por su parte, Canalejas emprendió el intento más importante de regeneración del sistema para lograr su progresiva democratización y ampliar sus bases sociales. Intentó la secularización del Estado (“Ley del Candado”, 1910) y la intervención en materia social (reducción de la jornada laboral; ley de accidentes de trabajo; prohibición del trabajo femenino nocturno; supresión del impuesto de consumos por otro progresivo de las rentas urbanas; desaparición de la redención en metálico del reclutamiento, etc.). No obstante los programas expuestos, los partidos dinásticos continuaron dominando el espectro político español, recurriendo al caciquismo para perpetuarse e impedir el acceso de otros partidos a la escena política española. Asimismo, ambos partidos —conservador y liberal— empezaron su descomposición interna y sus escisiones, que culminarían a partir de 1917 con la formación de breves gobiernos de concentración, hasta su desaparición en 1923 con el golpe militar de Primo de Rivera.
Los Partidos Excluidos del Sistema
Los partidos excluidos del sistema habían tenido muy poco peso desde el comienzo de la Restauración, pero en los inicios del siglo XX su fuerza y sus apoyos comenzaron a aumentar.
Los Republicanos
En las primeras décadas del siglo XX la oposición más importante era el republicanismo. Representaba la aspiración de los intelectuales y de sectores de las clases medias a una democratización política, que identificaban con el régimen republicano. Conoció una renovación ideológica con la inclusión de las doctrinas del nuevo liberalismo democrático, más sensible a las reformas sociales, para intentar mejorar la vida de las clases medias y obreras. El impulso regenerador y unificador llegó en 1903 con la formación de la Unión Republicana, cosechando un notable éxito electoral en las grandes ciudades. Las divergencias en este partido terminaron por dividir de nuevo al republicanismo; en 1908 se escindió el sector radical liderado por Lerroux, que formó el Partido Radical.
Los Nacionalistas
El Nacionalismo Catalán
El catalán era el nacionalismo de mayor relevancia en las primeras décadas del siglo XX. Estuvo dominado por la Lliga Regionalista, fundada en 1901. Esta formación política consideraba que se debía compatibilizar la regeneración política y la modernización económica con su reivindicación de la autonomía de Cataluña. Este era el partido de la burguesía catalana y no contó con el apoyo de la clase obrera, ya que no atendía a las reformas sociales. Practicó una política pactista colaborando en ocasiones con los partidos del turno (Conservadores y Liberales).
El Nacionalismo Vasco
Tras la muerte de Sabino Arana en 1903, fundador y líder del PNV (Partido Nacionalista Vasco), se inició un duro y largo enfrentamiento entre el sector independentista y defensor de las ideas aranistas, y otro más moderado, liberal y posibilista que optaba por la autonomía vasca dentro de España (sector que acabó triunfando). Con la nueva estrategia del sector autonomista, el nacionalismo vasco se extendió desde Vizcaya al resto de las provincias vascas, se aproximó a la burguesía industrial, amplió sus bases sociales y se consolidó como la fuerza mayoritaria en el País Vasco.