Contexto político y violencia (1974–1975)

a la sucesión. En su lugar fue nombrado el conservador Arias Navarro.

En 1974, la organización se divide en ETA (pm), partidaria de combinar la acción política y armada, y ETA (m), defensora únicamente de la lucha armada. Esta situación se tradujo en un aumento de la violencia en los años siguientes a la muerte del dictador.

En 1975 tuvieron lugar los fusilamientos de dos miembros de ETA y tres del FRAP. Ni las movilizaciones internacionales ni la petición de perdón del papa Pablo VI lograron salvarles la vida. La respuesta fue una huelga general en las provincias vascas y la creación de KAS.

Reforma política, Constitución de 1978 y transición

Autonomía y cambio institucional (1976–1979)

Con la muerte de Franco, las Cortes proclamaron a Juan Carlos como rey. Las previsiones del dictador eran claras: que el régimen continuara bajo la figura del monarca, pero la descomposición del franquismo era evidente y la sociedad reclamaba un cambio político. La situación político-económica era desequilibrante: los niveles económicos se estaban recuperando, pero el sistema político era anticuado. La presión del exterior, sobre todo de la Comunidad Económica Europea, para el cambio político fue intensa.

La primera decisión que aceleró el proceso democrático fue impulsar la Ley para la Reforma Política (1976). Esta ley pretendía reformar el sistema político franquista desde el propio régimen, creando unas Cortes democráticas a partir de las Cortes franquistas. Para ello era necesaria la legalización de todos los partidos políticos y el establecimiento del sufragio universal para la elección de los representantes de las nuevas Cortes. La ley fue sometida a referéndum y aprobada por el pueblo con el 94% de votos afirmativos.

Las elecciones celebradas en 1977 dieron la victoria a la UCD, partido de Adolfo Suárez. Suárez, fortalecido por los resultados, forzó la legalización por sorpresa del PCE; ya anteriormente había reconocido el derecho a la huelga y la libertad de expresión. Estas reformas se impulsaron en un clima de tensión política por la oposición de una parte del ejército y por los atentados terroristas de extrema izquierda (ETA y GRAPO) y de la extrema derecha (Matanza de Atocha, donde asesinaron a cinco abogados laboralistas).

Pactos de la Moncloa (1977)

Poco después se firmaron los Pactos de la Moncloa (1977), por los cuales todos los partidos se comprometían a continuar con la reforma. Este pacto pretendía solucionar los graves problemas económicos ocasionados por la crisis del petróleo de 1973. Fueron firmados por el gobierno, la patronal, los partidos y los sindicatos, y acordaron una importante reforma laboral para controlar la inflación y reducir la deuda exterior, a cambio de limitar la subida salarial y flexibilizar las condiciones de trabajo.

Contenido fundamental de la Constitución

Los tres principales temas de la Constitución de 1978 fueron:

• Derechos: establecimiento de la democracia, sufragio universal, libertades y derechos individuales.
• Instituciones: monarquía (como Jefatura del Estado), Parlamento, Gobierno y Tribunal Constitucional.
• Organización territorial: derecho a las autonomías. División del Estado en Comunidades Autónomas; el nivel de competencias de cada comunidad depende de la existencia de lengua propia y derechos históricos. Se admiten Comunidades Históricas.

Esta Constitución no fue elaborada únicamente por el partido de gobierno, sino que fue consensuada por todos los partidos políticos que integraban las Cortes, con el deseo de establecer un marco democrático.

Crisis política y golpe de estado (1981)

En 1981, ante la convulsa situación política, Suárez decidió dimitir y nombrar a Leopoldo Calvo‑Sotelo nuevo presidente del Gobierno. El 23 de febrero de 1981, cuando se celebraba la investidura de Calvo‑Sotelo, un destacamento de la Guardia Civil y un sector del ejército intentaron acabar con la transición democrática mediante un golpe de Estado (el 23‑F). Fracasó por la falta de coordinación de los mandos militares y por el rechazo del rey, que apoyó al régimen constitucional.

Ante el deterioro de la UCD, Calvo‑Sotelo convocó elecciones en 1982; con el triunfo socialista finalizaba la Transición española.

Laboral y ley de territorios históricos (País Vasco)

Situación en el País Vasco tras la muerte del dictador

Tras la muerte del dictador, el País Vasco sufrió años de gran intensidad política en las calles, exigiendo demandas como la legalización de la ikurriña, el reconocimiento del euskera, la amnistía, etc. A este clima de tensión social y política se añadió el terrorismo de ETA y la represión policial. Esta difícil situación desbordó a los partidos políticos que ya estaban desestructurados por la represión franquista.

En 1977, los partidos políticos se comprometieron a obtener la autonomía siguiendo la vía constitucional; esto provocó una ruptura entre partidos tradicionales y partidos nuevos de corte revolucionario. Ese mismo año, el movimiento de alcaldes vascos consiguió que el gobierno de Adolfo Suárez legalizase la ikurriña.

En 1978 el PNV rompió con la UCD por el tema constitucional. La Constitución de 1978 recogía el derecho a las autonomías, pero el concepto de nación «indisoluble» cerraba otras aspiraciones vascas; por este motivo el PNV planteó la abstención en el referéndum sobre la aprobación de la Constitución.

Consejo General Vasco y elaboración del Estatuto

A comienzos de 1978 quedó constituido el Consejo General Vasco (CGV), integrado por los representantes de los partidos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, presidido inicialmente por el socialista Ramón Rubial y, posteriormente, por el nacionalista Karlos Garaikoetxea. La principal tarea del CGV fue la elaboración de un proyecto de estatuto vasco y la definición de competencias.

Navarra prefirió su propio estatuto, lo que provocó que el nacionalismo más radical se opusiera al estatuto al no incorporar Navarra a Euskadi. El CGV acordó que fuera la Asamblea de Parlamentarios Vascos la que elaborara el proyecto de Estatuto. El proyecto fue aprobado por todos los ayuntamientos vascos reunidos en Vitoria. Posteriormente fue aceptado por las Cortes españolas y finalmente por el pueblo vasco en un referéndum.

Estatuto de Gernika y autogobierno

El Estatuto de Gernika consiguió un nivel de autogobierno y un reconocimiento de los derechos del pueblo vasco no contemplados hasta ese momento. El sistema de gobierno es parlamentario: el Parlamento elige al lehendakari, quien dirige el Gobierno Vasco. Lo peculiar del estatuto reside en que reconoce la foralidad histórica, así como un modelo de financiación propio y especial basado en el concierto económico.

El País Vasco obtuvo competencias plenas en materias como orden público, educación, justicia, etc. La elección del primer lehendakari recayó en Karlos Garaikoetxea (PNV). La Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.) quedó integrada por los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Las tres provincias estaban representadas en las instituciones comunes (Parlamento y Gobierno Vasco) y, a su vez, cada una contaba con sus propias instituciones forales (diputaciones y juntas generales).

Ley de Territorios Históricos (1983)

Estas instituciones sufrían interferencias en sus competencias y, para evitarlo, se creó la Ley de Territorios Históricos (1983), con el objetivo de articular y definir las atribuciones y competencias de cada institución.