El comentario de texto “La Ley de Bases de la Reforma agraria” incluye dos documentos diferentes pero complementarios. El primero es de tipo jurídico-político y hemos considerarlo como una fuente primaria y de carácter público. El autor final, al tratarse de asuntos legislativos, debe ser las Cortes Españolas, a partir de una propuesta inicial del gobierno.
Ya que el documento está fechado en 1932 se refiere al gobierno republicano–
socialista de Manuel Azaña y, concretamente, a una de sus principales políticas reformistas, la Ley de Bases de Reforma Agraria (1932) Las gráficas posteriores son sin embargo una fuente secundaria e historiográfica, recogidas en 2004 en un libro de Historia de España de Segundo de Bachillerato. Su finalidad es por tanto didáctica, ya que se dirige en especial al alumnado de este nivel académico. Las gráficas abarcan un periodo más amplio que el primer documento, ya que, además del Bienio Reformista y parte del Bienio Conservador (la primera está fechada desde 1932 hasta 31 Diciembre de 1934), la segunda incluye el periodo de gobierno del Frente Popular, y abarca los meses de Marzo a Julio de 1936 (hasta el inicio de la Guerra Civil). Situándonos en el contexto histórico debemos saber que la Reforma Agraria se considera como el proyecto de mayor envergadura que se realizó durante la Segunda República.
Como objetivos tenia: a) Aumentar la rentabilidad de la agricultura española que, en 1930, presentaba un índice de 61,frente a los 180 de Italia o 153 de Francia. B) Paliar la miseria del campesinado español que representaba la mitad de la población activa española. De los 8,5 millones de población activa la mitad trabajaba en el campo y de éstos, unos 2 millones eran jornaleros. C) Redistribuir la propiedad latifundista ya que en regiones como Andalucía, Extremadura el 50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de propietarios.
La Reforma se puso en marcha a partir de la aprobación, en Septiembre de 1932, de la Ley para la Reforma Agraria, dentro del programa del denominado Bieno Reformista. Pero su aplicación tuvo dos fases: En la primera fase fechada entre los años 1932-33 se aprobó esta reforma tras de las discusiones que se produjeron entre los dos grandes partidos que formaban parte del gobierno de Manuel Azaña: socialistas y republicanos: el republicano quería respetar la propiedad privada y a los cultivadores directos y, en caso de expropiación, indemnizaría a los afectados; y el socialista quería más expropiaciones y menos indemnizaciones. Al final se impuso el modelo más moderado, es decir, el de los Republicanos. Una vez establecido el criterio sobre las fincas que expropiar, que hemos visto en el articulado de la ley a comentar, cabían dos actuaciones: -La primera era la de expropiar y no indemnizar-La segunda era expropiar, no indeminzar a la nobleza pero sí a todos los demás propietarios (posición que triunfó) Una vez hecho esto, se procedía a reasignar las tierras a los campesinos, buscando promover la explotación colectiva de dichas tierras.. Para organizar todo este proceso se instituyó el citado en el texto
Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de todas las cuestiones técnicas y legales del proceso. Cabe destacar que las expropiaciones se realizaban siempre dentro del marco legal, con lo que la lentitud del proceso impaciento al campesinado, ya que habían depositado sus esperanzas en la República como medio para que solucionaran su problema con la tierra. Los resultados de esta primera etapa no fueron de gran envergadura porque, como hemos visto en las tablas, se expropiaron menos hectáreas de las previstas y se asentaron menos campesinos de los deseados. Por otra parte, la respuesta del campesinado más radical fue la ocupación directa de tierras, lo que obligó a intervenir a las fuerzas del orden de la república, dejando en muy mala imagen al gobierno republicano-socialista (podemos destacar en especial el famosos caso de Casas Viejas, en Cádiz, pero hay situaciones similares en Toledo o Badajoz). Respecto a los propietarios, es lógica su férrea oposición a cualquier tipo de reforma que quisiera menoscabar su situación privilegiada.
Esta primera fase reformista acabó cuando, en el otoño 1933, el gobierno republicano-socialista dimitíó y al presidente, Alcalá Zamora no le quedo más remedio que convocar las elecciones para el 18 de Noviembre. El Partido Radical (Lerroux), comenzó a gobernar con el apoyo de la CEDA en el denominado Bienio Conservador (1934-36), en el que se enfriaron o contrarrestaron todos los programas reformistas y, por supuesto, el de la Reforma Agraria.
La segunda fase de la Reforma Agraria comenzó en Febrero de 1936, después de que el Frente Popular asumiera de nuevo el poder.
Valoración del Documento:
Este documento es muy importante porque habla de uno de los grandes problemas de la Historia de España: la tierra, esencial por la importancia de la economía agraria en España hasta mediados del Siglo XX, y el acceso a su propiedad.
Debemos hablar de la existencia de latifundios en España ya desde la época romana, aunque otros acontecimientos históricos fueron los que se encargaron de su consolidación, como la Reconquista y la consolidación de los señoríos en época Moderna.
Ya desde el pensamiento ilustrado se exigía la necesidad de una Reforma aunque en esa época fue solo eso, una simple idea. En los gobiernos liberales progresistas de Isabel II se plantea en firme. Estos, sin embargo, desaprovecharon su ocasión de modernizar el más importante sector económico español con su reforma liberal, consolidando el poder de los grandes latifundistas e impidiendo a los campesinos el acceso a la propiedad, creando una auténtica “hambre de tierras” entre ellos y una enorme conflictividad social que se reflejó en movimientos como el carlismo o el anarquismo. Sin embargo mejorar la situación en el campo era fundamental teniendo en cuenta el papel principal que desempeñaba la agricultura en la economía española y que en 1931 todavía la mitad trabajaban en la agricultura, y la llegada de la República fue una esperanza para conseguirlo.
La reforma Agraria, junto con la reforma religiosa, fueron los proyectos de la República con que más oposiciones contó en las Cortes, pero que también levantó más ilusiones entre la población española. Por su lentitud no consiguió satisfacer las altas expectativas que creó entre los jornaleros y arrendatarios.