Crisis del Gobierno Moderado
Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al estado. Además, actuaron de manera arbitraria manipulando las elecciones y reduciendo la importancia del poder legislativo. El autoritarismo se acentuó con el gobierno de Bravo Murillo en 1852, quien propuso una reforma constitucional que transformaba el estado en una dictadura tecnocrática. Esta reforma suponía en la práctica la desaparición del régimen parlamentario y el retorno a un sistema similar al del estatuto real. La propuesta fracasó debido a la oposición de un sector del moderantismo que consiguió desplazar a Bravo Murillo del poder, pero acentuó la descomposición interna del partido y aumentó el descontento de la sociedad, cada vez más apartada de la participación política. La nueva revolución de 1854 permitió que los progresistas volvieran al poder.
Revuelta de 1854 y el nuevo gobierno progresista
El autoritarismo del gobierno moderado creó oposición y el alzamiento de los progresistas, demócratas y algunos sectores moderados defraudados con la actuación gubernamental. Esta unión desembocó en junio de 1854 en el pronunciamiento de Vicalvaro al frente del general O’Donnel, quien fundó un nuevo partido llamado Unión Liberal con la pretensión de cubrir un espacio entre moderados y progresistas. Los insurrectos elaboraron el Manifiesto de Manzanares, en el cual pedían el cumplimiento de la Constitución de 1845, la reforma de la ley electoral, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia. La presidencia recayó nuevamente en Espartero. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo e instauró la Milicia y la ley municipal, que permitía la elección directa de alcaldes. La actuación de mayor trascendencia fue una serie de reformas económicas en defensa de los intereses de la burguesía urbana y las clases medias, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país.
Legislación económica
Las acciones más importantes de los progresistas fueron la ley desamortizadora y la red ferroviaria. La Ley Desamortizadora de 1855, hecha por Madoz, afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, de los militares y, sobre todo, de los ayuntamientos (bienes de propios y comunales). Con la eliminación de la propiedad vinculada, se querían conseguir recursos para Hacienda e invertir en la construcción de una red ferroviaria. La construcción del ferrocarril se inició en 1855 con la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba la construcción y ofrecía incentivos a las empresas que intervinieran, sobre todo a los capitales extranjeros, que mejoraron el mercado español.
Crisis del bienio progresista
Las medidas reformistas no solucionaron la crisis de subsistencia. La delicada situación económica produjo huelgas de obreros en 1855, que pedían la reducción de los impuestos de los consumos, la abolición de las quintas, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral. El malestar social conllevó al alzamiento del campo en tierras castellanas, con motines populares, asaltos y quemas de fincas y fábricas. El gobierno presentó la Ley del Trabajo, que presentó algunas mejoras. La conflictividad social significó la irrupción del movimiento obrero en la política del país, lo cual generó miedo en las clases conservadoras. Además, las discrepancias dentro de la coalición gubernamental hicieron dimitir a Espartero y la reina confió el gobierno a O’Donell. En 1856, O’Donell ayudó a hacer caer al gobierno que él mismo había puesto en el poder dos años antes.
Gobiernos unionistas (1856-1863)
El nuevo gobierno unionista, liderado por O’Donell, intentó combinar elementos del proyecto moderado con algunas propuestas progresistas. De esta manera, se consiguió una estabilidad política interior relativa. Se intentó revitalizar el parlamentarismo bajo la tutela del Estado y ejercer una política más tolerante con la oposición. También se fijó una minoría opositora en el congreso para evitar una marginación que derivara en prácticas insurreccionales. La actuación más relevante del gobierno fue la política exterior activa, que buscaba recuperar el prestigio internacional. Se realizaron tres campañas de carácter internacional: la expedición a Indochina (1858-1863), en colaboración con Francia para castigar una matanza de misioneros; la intervención en México (1862), realizada conjuntamente con franceses y británicos para exigir al gobierno mexicano el cobro de la deuda acumulada; y las campañas militares en Marruecos (1859-1860), motivadas por disputas fronterizas. Los unionistas fueron incapaces de plantar cara a la oposición de los moderados y de la corona misma, que se negó a disolver las cortes tal como proponía el ejecutivo. O’Donell dimitió y la reina dio el poder a los moderados.