Evolución del Trabajo

En el régimen feudal, el trabajo se desarrollaba en sociedades agrarias basadas en una agricultura de subsistencia, orientada al autoconsumo y no al mercado. En este contexto, predominaban las relaciones laborales serviles, caracterizadas por una vinculación jurídica del trabajador a su señor (en el caso de los siervos) o amo (en el caso de los esclavos). Este tipo de trabajo implicaba dependencia personal y ausencia de libertad para romper el vínculo laboral, lo que lo convertía en una relación extraeconómica. Aunque el tráfico de esclavos alcanzó su apogeo en el siglo XVI, tanto la esclavitud como la servidumbre fueron abolidas progresivamente a lo largo del siglo XIX.

Con la llegada de la Primera Revolución Industrial, surgieron nuevas formas de trabajo en las fábricas. La mano de obra no estaba acostumbrada a las condiciones de trabajo industrial, como la disciplina del tiempo, la racionalización de tareas o el control continuo del rendimiento. Por ello, los empresarios recurrieron a una disciplina punitiva, con normas estrictas y sanciones económicas para los incumplimientos, impuestas bajo la vigilancia de un capataz de carácter autoritario.

El trabajo industrial se organizó también de forma segmentada:

• Por un lado, estaban los trabajadores cualificados, que recibían mejores salarios y ocupaban cargos de supervisión (como los capataces).
• Por otro lado, los trabajadores no cualificados, peor remunerados, eran la mayoría.

Las mujeres realizaban tareas consideradas “femeninas” y cobraban la mitad que los hombres. Además, se empleaban niños, a los que se asignaban labores específicas por su agilidad o tamaño, y que cobraban la mitad que las mujeres.

Durante el siglo XIX se empezó a valorar la alfabetización del trabajador, ya que se consideraba que un obrero instruido podía aprender más rápido y de forma autónoma. No obstante, las condiciones laborales siguieron siendo muy duras hasta bien entrado el siglo XX. En España, la jornada de ocho horas no se reconoció legalmente hasta 1919.

Tratamiento de la Pobreza y Origen de la Protección Social

En el Antiguo Régimen, el trabajo era considerado una actividad inferior, propia del estamento no privilegiado, que debía trabajar para evitar caer en la pobreza. En cambio, los privilegiados (nobleza y alto clero) no trabajaban, sino que dirigían y protegían a la sociedad. Dentro de los trabajos, existía una jerarquía: los trabajos serviles (como el doméstico o el jornalero) tenían poco prestigio, mientras que los trabajos artesanos gozaban de una mejor valoración social.

Clasificación de los Pobres (Siglo XVI)

A partir del siglo XVI, se empezó a clasificar a los pobres. Por un lado, estaban los pobres notorios, entre los que se distinguía:

• Pobres verdaderos: Eran personas sin capacidad para trabajar (por enfermedad, vejez, viudedad, accidentes laborales o fallecimiento del cabeza de familia). Estos sí recibían ayuda, principalmente de la familia extensa, las parroquias, los gremios (si formaban parte de ellos) o cofradías.
• Pobres falsos o “malentretenidos”: Aquellos que, estando en edad y condiciones de trabajar, no lo hacían. Eran objeto de represión por parte de las autoridades.
• Vergonzantes: Nobles empobrecidos que, al no poder trabajar por su estatus, acudían discretamente a las parroquias en busca de ayuda para no perder el honor.

Con el tiempo, el número de pobres falsos creció, lo que llevó a un tratamiento cada vez más represivo. En 1755, la Real Ordenanza de Vagos endureció el control sobre los considerados ociosos, no para erradicar la pobreza, sino para evitar que degenerara en conflicto social.

En 1834, el Reino Unido aprobó una nueva Ley de Pobres que instauró las workhouses (centros correccionales de trabajo). En ellas, las personas sanas que no trabajaban eran internadas para realizar trabajos intensivos a cambio de una remuneración mínima. El temor a ingresar en estas instituciones actuaba como un mecanismo de disciplinamiento social.

El Mutualismo Obrero y el Estado de Bienestar

Ante este contexto, los trabajadores respondieron creando el mutualismo obrero: asociaciones voluntarias de ayuda mutua que proporcionaban coberturas en caso de desempleo, enfermedad o accidente. Estas mutuas eran financiadas por las propias cuotas de los trabajadores y solo accesibles a aquellos más cualificados o con mayores ingresos.

A partir de 1880, comenzó a extenderse una nueva visión que entendía la pobreza como una responsabilidad social. Esta transformación se originó en Alemania con las políticas sociales impulsadas por Bismarck. Así nació el Estado Providencia, un sistema basado en seguros sociales organizados para proteger a los trabajadores.

Ya en el siglo XX, se consolida el Estado de Bienestar, entendido como un conjunto de instituciones públicas que garantizan derechos sociales. Este modelo busca mejorar las condiciones de vida, fomentar la igualdad de oportunidades y proteger frente a situaciones de necesidad (educación, sanidad, familia, desempleo, vejez, invalidez…). Su financiación proviene de cotizaciones sociales (trabajadores y empresarios) y tributos públicos, configurando un sistema amplio de protección social.

Keynesianismo y la Consolidación del Estado de Bienestar

La relación entre el pensamiento económico de John Maynard Keynes y el Estado de Bienestar surge en el contexto de la Gran Depresión de los años 30, tras el Crac Bursátil de 1929, que provocó una caída generalizada de la economía: millones de personas perdieron sus ahorros, numerosas empresas quebraron y el desempleo alcanzó niveles sin precedentes. Esta situación evidenció los límites del liberalismo clásico y llevó a Keynes a proponer un modelo alternativo basado en la intervención del Estado.

Para Keynes, el Estado debía garantizar unos niveles mínimos de vida para todos los ciudadanos: ingresos, empleo, alimentación, salud, vivienda… No como caridad, sino como derechos sociales inherentes a la ciudadanía, es decir, como parte esencial del contrato político y democrático moderno. Esto se articula a través del Estado de Bienestar, que se convierte en una herramienta de estabilización y justicia social.

En el centro de su teoría está la demanda agregada, es decir, el total de bienes y servicios demandados en una economía en un periodo determinado (consumo privado, inversión, gasto público y exportaciones netas). Cuando esta demanda es insuficiente, se genera una crisis económica, como ocurrió en 1929 o, más adelante, con la crisis del petróleo en 1973.

Keynes advertía que dejar que la economía se autorregule sin intervención estatal conduce al desplome de la demanda y al aumento del desempleo. Por eso propuso una política anticíclica: el Estado debe aumentar el gasto público en tiempos de crisis, incluso incurriendo en déficit, para estimular la demanda y la actividad económica. Esto incluye:

• Reducir impuestos a empresas y consumidores para fomentar el consumo.
• Bajar los tipos de interés para facilitar el crédito y estimular la inversión.
• Devaluar la moneda para impulsar las exportaciones sin subir aranceles.

Estas medidas generan inicialmente déficit público, pero al provocar crecimiento económico y creación de empleo, permiten posteriormente aplicar una política fiscal restrictiva (subida de impuestos y control de precios) que contiene la inflación y genera superávit. Así, el Estado actúa como un estabilizador de la demanda total y del ciclo económico.

La política keynesiana demuestra que es posible combinar un Estado con alto gasto social (Estado de Bienestar) con crecimiento económico sostenido. Al incrementar el gasto público en servicios como salud, educación, pensiones o protección social, se mejora la calidad de vida, aumenta el consumo de las familias, y se refuerza la estabilidad política y social, incluso con efectos como el aumento de la natalidad.

Este modelo dominó en Europa Occidental y otras democracias industriales desde los años 40 hasta principios de los 80. En 1982, el gasto público todavía respondía a esta lógica keynesiana. Sin embargo, con la llegada al poder de líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en EE. UU., se inicia una transición hacia políticas neoliberales, que reducen la intervención estatal, promueven la desregulación y cuestionan el papel central del Estado de Bienestar en la economía.

Desigualdad Social y Esperanza de Vida en la Revolución Industrial

Diferencia de la edad media de mortalidad entre Liverpool y Rutland (1842)

La tabla que compara las edades promedio de las personas al morir en diferentes distritos en 1842 destaca diferencias significativas entre clases sociales y entre áreas urbanas e industriales, como Liverpool, y áreas rurales, como Rutland. En Liverpool, un importante centro industrial, la media de edad de los propietarios (gentry) al momento de la muerte es de 35 años, mientras que los artesanos tienen una media de 22 años y los obreros tan solo 15 años. Estas cifras reflejan las duras condiciones de vida y trabajo en una ciudad industrial durante la Revolución Industrial, caracterizada por la sobrepoblación, la falta de acceso a servicios básicos como el alcantarillado y el agua potable, y la alta exposición a enfermedades contagiosas. Los obreros, que trabajaban en fábricas mal organizadas, eran los más afectados, con condiciones de trabajo peligrosas y jornadas laborales extremadamente largas.

En contraste, en Rutland, una zona predominantemente rural, las cifras son considerablemente más altas: los propietarios alcanzan una media de 52 años, los artesanos 41 años, y los obreros 38 años. Estas diferencias sugieren que en las zonas rurales, aunque también afectadas por la transición hacia una agricultura capitalista, las condiciones de vida y de trabajo eran mucho más saludables que en las zonas industriales. El aire más limpio, la menor densidad de población y las formas tradicionales de trabajo, como los talleres y el trabajo domiciliario, contribuían a una mayor longevidad en comparación con los trabajadores urbanos. Además, la estructura social en las áreas rurales, donde las familias mantenían más cohesión y control sobre su trabajo, también jugaba un papel crucial en la mejor salud y esperanza de vida.

Conclusión

Las diferencias entre Liverpool y Rutland en cuanto a la edad promedio al morir reflejan las desigualdades generadas por el proceso de industrialización. En las áreas industriales, como Liverpool, las condiciones laborales extremas y la falta de servicios básicos contribuían a una dramática reducción en la esperanza de vida de los obreros, mientras que los propietarios y artesanos también sufrían, aunque en menor medida. En contraste, en áreas rurales como Rutland, las condiciones de vida más sanas y las formas de producción más tradicionales permitían a las clases trabajadoras vivir más tiempo. Esto pone de manifiesto que, durante la Revolución Industrial, la urbanización y el crecimiento industrial acelerado implicaron un alto costo en la salud y bienestar de los trabajadores urbanos, mientras que las áreas rurales aún ofrecían una mayor calidad de vida para sus habitantes. Estas diferencias ayudaron a fundamentar la necesidad de reformas laborales y sociales que se comenzarían a implementar durante el siglo XIX, como la Ley de Fábricas de 1833, para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las clases obreras.

Evolución del Gasto Público (1880–1939)

Variación del gasto público entre países

Entre 1880 y 1939 se observa un crecimiento progresivo del gasto público en los países industrializados. En 1880, el gasto público representaba en promedio un 10% del PIB, reflejo del modelo del Estado liberal clásico, también conocido como “Estado mínimo” o “Estado policía”, cuya función se limitaba al mantenimiento del orden, la seguridad y la defensa. Este modelo no contemplaba la intervención en la economía ni políticas sociales, por lo que el gasto público era muy reducido.

En 1913, el gasto público aumentó ligeramente hasta el 11,7% del PIB. Este crecimiento está vinculado al cambio de mentalidad política y económica iniciado a finales del siglo XIX, con el avance de ciertas medidas proteccionistas, nacionalistas y colonialistas. Los Estados comenzaron a intervenir tímidamente en la economía y a asumir competencias en sectores estratégicos, como infraestructuras o armamento. Además, las grandes potencias se preparaban para la Primera Guerra Mundial (1914), lo que implicó un aumento del gasto militar y de las estructuras administrativas.

El salto más significativo se da en 1929, donde el gasto público alcanza el 17,8% del PIB. Este incremento es resultado directo de varios factores:

• Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial, que obligaron a los Estados a aumentar el gasto en reconstrucción, indemnizaciones y atención a los veteranos.
• El fortalecimiento de las políticas de intervención estatal, en respuesta a la inestabilidad social y económica del periodo de entreguerras.
• La crisis económica mundial de 1929 (Crac del 29), que evidenció el fracaso del modelo liberal clásico y abrió paso a teorías como el keynesianismo, que defendía el aumento del gasto público como herramienta de estabilización.
• La creciente tensión internacional, que llevó a nuevos programas de rearme y al aumento del gasto militar ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial.

El Gasto Público en los Gobiernos de Margaret Thatcher

La evolución del gasto público como porcentaje del PIB en R.U.

Tras la crisis económica de 1973, el Reino Unido atravesó un periodo de fuerte inestabilidad económica y social. Hasta finales de los setenta predominaba la política keynesiana, basada en la intervención del Estado, el aumento del gasto público y las políticas anticíclicas para mantener el empleo. Sin embargo, la estanflación (estancamiento e inflación alta) provocada por la subida del petróleo, las materias primas y los salarios hizo ineficaces estas medidas, ya que solo incrementaban la inflación.

En este contexto, Margaret H. Thatcher, líder del Partido Conservador, llegó al poder en 1979 e implantó una política económica neoliberal, centrada en reducir el papel del Estado, contener el gasto público, privatizar empresas y controlar la inflación. Durante sus gobiernos, el gasto público como porcentaje del PIB descendió de forma general, reflejando esa transformación.

En 1983 se produjo un repunte temporal debido a los estabilizadores automáticos (mayor gasto en desempleo y pensiones) y al esfuerzo militar de la Guerra de las Malvinas, pero posteriormente el gasto volvió a caer gracias a la reducción del sector público y la liberalización económica.

El Reino Unido experimentó así un cambio estructural profundo, abandonando el modelo keynesiano por uno de economía de mercado, con énfasis en la eficiencia y la estabilidad monetaria. Aunque logró controlar la inflación y recuperar el crecimiento, el modelo también generó mayor desempleo y desigualdad, al priorizar la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar social.

Conflictos Laborales Preindustriales

Motines preindustriales

Contexto

El fragmento extraído de “Tradición, revuelta y conciencia de clase” de E.P. Thompson se sitúa en el siglo XVIII, en un contexto de economías precapitalistas donde las relaciones laborales eran tensas y a menudo conflictivas. La descripción de un motín en Norwich en 1709 refleja cómo las tensiones entre comerciantes y la población trabajadora se intensificaban en una época de transición económica. Este episodio es representativo de un periodo en el que el surgimiento del capitalismo comenzaba a alterar las dinámicas sociales y económicas tradicionales.

Análisis

El relato evidencia la resistencia de las clases populares frente a lo que consideraban injusticias económicas. La reacción del “Populacho” al comerciante que transportaba grano revela un sentido de agravio colectivo hacia quienes percibían como explotadores. Los términos “Canalla” y “Traficante de grano” reflejan una creciente conciencia de clase, donde la población trabajadora se unía en oposición a las acciones que amenazaban su sustento. La intervención del comerciante, quien pregunta sobre el motivo de la revuelta, destaca la desconexión entre las clases sociales y la falta de entendimiento mutuo en un entorno donde los intereses económicos empezaban a polarizarse.

Conclusión

El motín en Norwich ilustra la creciente conciencia de clase entre los trabajadores, manifestada a través de la protesta y la resistencia. Este episodio no solo señala la fragilidad de la cohesión social en economías precapitalistas, sino que también anticipa los conflictos laborales que se intensificarían con la industrialización. Para los estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el análisis de estos eventos históricos es fundamental para comprender las complejidades de las relaciones laborales contemporáneas y la importancia de la justicia social en el ámbito del trabajo.

La Disputa Salarial según Adam Smith

Disputa por el salario entre empresarios y trabajadores

El fragmento de Adam Smith del siglo XVIII refleja las tensiones en la relación entre empleadores y trabajadores en el marco del incipiente capitalismo industrial, donde la propiedad privada juega un papel central. Los empleadores, propietarios de los medios de producción, ejercen control sobre las condiciones laborales, mientras que los trabajadores, sin acceso a dicha propiedad, dependen de vender su fuerza de trabajo para subsistir. En este periodo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral era limitada y principalmente en trabajos poco remunerados o en el ámbito doméstico. El concepto de trabajo libre, aunque se empieza a consolidar, es contradictorio, ya que los trabajadores teóricamente son libres para negociar su salario, pero en la práctica están atados por la falta de alternativas y el poder coercitivo de los patronos.

Adam Smith señala que el capitalismo es favorable y aporta riqueza, pero para que esto se cumpla debe existir competencia en el mercado sin posiciones de dominio.

Smith expone un conflicto inherente en el sistema laboral: los intereses opuestos entre trabajadores y empleadores en relación con los salarios. Los primeros buscan aumentar su remuneración para asegurar su subsistencia, mientras que los segundos intentan reducir costos laborales para maximizar sus ganancias. Esta dinámica desigual está reforzada por un marco legal que favorece a los patronos, prohibiendo en muchos casos las asociaciones obreras. La capacidad de los empresarios de resistir conflictos laborales es mucho mayor, dada su acumulación de capital, en contraste con la precariedad económica de los trabajadores.

Smith expone el conflicto entre los trabajadores, que desean elevar sus salarios, y los patronos, que buscan reducirlos. Aunque los trabajadores tienen la libertad teórica de negociar, su falta de propiedad y recursos los coloca en desventaja, ya que dependen completamente de su salario para sobrevivir. Los patronos, en cambio, con capital acumulado, pueden soportar conflictos prolongados, lo que les otorga un poder superior en las negociaciones. El texto también señala que las leyes de la época permitían que los patronos se organizaran para bajar salarios, mientras que prohibían las asociaciones de trabajadores para aumentarlos.

Los trabajadores tuvieron prohibida la asociación hasta 1824.

Esta desigualdad estructural demuestra que el concepto de trabajo libre era limitado, ya que los obreros no contaban con las mismas herramientas ni libertades que los empresarios. El análisis de Smith subraya una de las problemáticas centrales en las relaciones laborales históricas, donde los trabajadores enfrentan una desventaja estructural frente a los patronos, tanto por la legislación como por la falta de recursos para resistir en conflictos. Este desequilibrio en el poder de negociación ha sido un motor clave para el desarrollo posterior de movimientos sindicales y legislaciones que buscan proteger los derechos de los trabajadores.

La Edad de Oro del Capitalismo y el Estado de Bienestar

La etapa comprendida entre 1950 y 1973 se conoce como la Edad de Oro del Capitalismo, un periodo de fuerte crecimiento económico y consolidación del Estado de Bienestar en los países desarrollados. Este proceso fue consecuencia de las transformaciones sociales iniciadas a finales del siglo XIX con el Estado Providencia, que supuso un cambio en la concepción de la pobreza y en la función social del Estado.

Durante la posguerra, se produjo una transición hacia una visión colectiva del bienestar, entendiendo que el Estado debía garantizar la protección social, el pleno empleo y servicios públicos de calidad. En países como Alemania o el Reino Unido, las reformas sociales y la expansión de los seguros públicos sentaron las bases de este nuevo modelo, consolidado tras 1945 mediante políticas keynesianas, fiscalidad progresiva y amplios sistemas de seguridad social.

Los datos de Maddison muestran el fuerte aumento del PIB per cápita entre 1950 y 1973 frente al periodo anterior (1913-1950). Mientras que las guerras y la Gran Depresión habían limitado el crecimiento, la reconstrucción y el impulso del gasto público provocaron una expansión económica generalizada. Japón destacó con un crecimiento anual del 8,05%, seguido de Alemania (5,02%) e Italia (4,95%), países que se beneficiaron del Plan Marshall y de amplias reformas internas.

En conjunto, la Edad de Oro del Capitalismo supuso una etapa de prosperidad y estabilidad, marcada por la cooperación entre Estado, empresas y trabajadores. La intervención pública permitió reducir desigualdades, elevar el nivel de vida y consolidar los derechos sociales, sentando las bases de las relaciones laborales modernas. No obstante, este modelo planteó desafíos de sostenibilidad que se harían evidentes con la crisis de los años setenta.

Corporativismo Liberal y la Constitución de Weimar

Constitución de Alemania de 1919

La Constitución de Alemania de 1919, conocida como la Constitución de Weimar, fue promulgada tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en un periodo de gran agitación política, económica y social. Con la derrota alemana se produjo el colapso del Imperio y el surgimiento de la República de Weimar, lo que implicó el paso de una monarquía a un sistema republicano. En este contexto, se introdujo un modelo de corporativismo liberal, que reconocía derechos sociales y buscaba equilibrar los intereses de trabajadores y empleadores, con un papel activo del Estado en la protección laboral y los seguros sociales.

En la imagen se observan tres artículos de la Constitución de 1919 que reflejan esta orientación social:

• El artículo 157 establece una “protección especial” para la fuerza de trabajo y un “derecho del trabajo uniforme”, garantizando que los derechos laborales fueran coherentes en todo el país y que el Estado protegiera a los trabajadores frente a abusos.
• El artículo 159 reconoce la libertad de asociación para todos los trabajadores, permitiendo la creación de sindicatos y organizaciones laborales. En el marco del corporativismo liberal, esta libertad favorecía la negociación colectiva, pero bajo un control estatal que buscaba evitar conflictos excesivos entre clases.
• El artículo 161 impulsa la creación de un sistema de seguros sociales para cubrir salud, maternidad, vejez y enfermedad, reflejando el compromiso del Estado con el bienestar ciudadano y los principios del naciente Estado del Bienestar.

La Constitución de Weimar incorporó principios sociales y laborales innovadores, intentando armonizar las relaciones entre capital y trabajo mediante la intervención estatal. Sin embargo, la inestabilidad política y económica de la República limitó la aplicación real de estas medidas, lo que alimentó las tensiones sociales.

Sistemas Políticos Excluyentes

Democracia del Propietario

La llamada democracia del propietario surge con el desarrollo del liberalismo político y económico, en el tránsito del Antiguo Régimen al Estado liberal. Este modelo se caracteriza por el establecimiento de una soberanía nacional y la creación de instituciones representativas, como el parlamento, cuyos miembros son elegidos por sufragio censitario masculino.

Este tipo de democracia implicaba que solo podían votar los varones con determinados niveles de renta o propiedad, excluyendo así a las clases trabajadoras, mujeres y otras personas sin recursos. De este modo, se instauraba un sistema político formalmente representativo, pero en el que los derechos políticos estaban condicionados a la propiedad y al estatus económico.

Aunque representó un avance respecto a las estructuras señoriales y feudales, en las que el pueblo no tenía ninguna participación política, no fue una democracia plena. Hasta finales del siglo XIX no se amplió el sufragio a toda la población masculina, y el sufragio universal femenino no se generalizó en Europa hasta bien entrado el siglo XX.

En definitiva, la democracia del propietario fue una forma inicial de participación política limitada y excluyente, diseñada para proteger los intereses de las élites económicas dentro del marco liberal.

El Cartismo: Reivindicaciones Obreras por Derechos Políticos

Reivindicaciones del cartismo

El cartismo fue un movimiento político y social obrero surgido en el Reino Unido en la década de 1830, que buscaba la ampliación de los derechos políticos de la clase trabajadora, especialmente mediante el sufragio universal masculino. Su origen se sitúa en 1836, poco después de la aprobación de la primera Reforma Electoral de 1832, que había ampliado el derecho al voto, pero excluyendo aún a la mayoría de la clase obrera.

En 1838, el movimiento presentó al Parlamento la conocida “Carta del Pueblo”, en la que se recogían sus principales reivindicaciones:

1. Sufragio universal masculino.
2. Voto secreto.
3. Eliminación del requisito de propiedad para ser diputado.
4. Retribución económica para los diputados.
5. Igualdad en la división de los distritos electorales.
6. Elecciones anuales al Parlamento.

Aunque el cartismo fracasó políticamente en 1848, dejó un legado profundo en la conciencia obrera y en la evolución del sistema político británico. A partir de entonces, se sucedieron varias reformas que ampliaron progresivamente el derecho al voto:

• En 1867, se aprueba una segunda reforma electoral que permitió votar al 32% de los varones adultos.
• En 1884, una tercera reforma amplió el sufragio al 60% de los varones.

El sufragio universal masculino no se consiguió plenamente hasta 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando todos los varones mayores de 21 años obtuvieron el derecho al voto. En esa misma reforma también se incluyó el sufragio femenino limitado: podían votar las mujeres mayores de 30 años que pagaran impuestos directamente o cuyos maridos lo hicieran.