El Reinado de Isabel II (1833-1868): Conflictos, Evolución Política y Constituciones

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

A la muerte de Fernando VII en 1833, sin que la Pragmática Sanción hubiera sido aprobada en Cortes, su hermano, Carlos María Isidro, reclamó el trono y se autodenominó ‘Carlos V’. Como Isabel, primogénita del rey, aún era una niña, su madre, la reina María Cristina, asumió la regencia y atrajo a los liberales a su bando. Mientras que los carlistas encontraron apoyos en la nobleza, la Iglesia y las zonas rurales, los isabelinos fueron apoyados por la burguesía y las zonas urbanas. Así se desencadenó la Primera Guerra Carlista (1833-1840).

Los carlistas tomaron fuerza en Cataluña y la zona vasconavarra; ‘Carlos V’ ordenó al general Zumalacárregui que tomara Bilbao, ciudad que cayó ante el asedio carlista en el que murió el propio general. Se llevaron a cabo expediciones para reclutar adeptos a la causa carlista, aunque no tuvieron el éxito esperado. ‘Carlos V’ llegó a las puertas de Madrid, pero tuvo que retirarse por falta de apoyos. En 1836, el general Espartero tomó las riendas del ejército liberal y marchó sobre las zonas carlistas hasta la rendición del general Maroto y la firma del Convenio de Vergara (1839), que mantuvo los fueros vasconavarros y permitió la inserción de los oficiales carlistas en el ejército liberal con su graduación. Para el general Cabrera, líder de los carlistas en Cataluña, esto fue una traición, por lo que continuó con la guerra y reclamó los fueros catalanes hasta su derrota en 1840. Debido a este conflicto, la Hacienda se resintió por los continuos gastos de guerra, la monarquía se inclinó hacia el liberalismo y los generales cobraron protagonismo en la vida política.

Evolución Política: Moderados y Progresistas

El liberalismo estaba dividido en moderados y progresistas. La reina regente apoyó a los moderados, que en 1833 entraron en el gobierno. Ese año, Francisco de Burgos creó la división provincial para crear circunscripciones más pequeñas y facilitar el gobierno del país. En 1834, se aprobó el Estatuto Real, pero no convenció a los moderados, pues no restaba ningún poder a la monarquía.

El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837

Tras el Motín de La Granja (1836), los progresistas formaron gobierno. Ese año se produjo la desamortización de tierras eclesiásticas de Mendizábal, ministro de Hacienda, aunque no se profundizará en este punto al existir un apartado específico. Se promulgó la Constitución de 1837, menos avanzada que la de 1812:

• Estableció menos libertades.
• El sufragio era restringido (votaba un 5 % de la población).
• La soberanía era nacional.
• Se estableció una separación de poderes.
• El Parlamento era bicameral (Congreso y Senado).
• La religión oficial era el catolicismo.
• Se estableció un fuero único (salvo los vasconavarros).

Debido a una serie de escándalos financieros, la reina regente fue sustituida por el general progresista Espartero, quien gobernó de forma muy autoritaria. En 1843, el pronunciamiento del general moderado Narváez le obligó a dimitir, e Isabel II fue nombrada mayor de edad, comenzando así su reinado efectivo y la Década Moderada (1844-1854).

La Década Moderada (1844-1854) y la Constitución de 1845

En esta etapa se creó la Guardia Civil para detener la delincuencia en áreas rurales; la reina se casó con Francisco de Asís de Borbón; y estalló la Segunda Guerra Carlista (1848-1850), en la que se derrotó a ‘Carlos VI’ y al general Cabrera, quienes reclamaban los fueros catalanes. Se aprobó la Constitución de 1845, que:

• Estableció la soberanía compartida por el monarca y las Cortes.
• Una división de poderes.
• Otorgó amplios poderes al monarca.
• Restringió aún más el sufragio (votaba el 0,8 % de la población).

En 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede por el que la Iglesia se comprometió a apoyar la causa liberal a cambio de que no se le expropiaran más tierras, además de luchar contra el incipiente marxismo y anarquismo.

El Bienio Progresista (1854-1856) y el fin del reinado

Las políticas llevaron a la radicalización de los progresistas, que se dividieron en demócratas (quienes exigían el sufragio universal masculino) y republicanos (quienes deseaban eliminar la monarquía). En 1854, el general O’Donnell dio un pronunciamiento (‘La Vicalvarada’) con el que comenzó el Bienio Progresista (1854-1856). En este periodo, con Espartero al frente del gobierno, se produjo la desamortización general de Madoz (1855) – aunque existe un apartado específico para este punto – y se aprobó la Ley de Ferrocarriles (1855), que permitió la inversión extranjera, en especial de compañías francesas, inglesas y belgas, para la construcción de la red ferroviaria.

De 1856 a 1868, los moderados de Narváez y los unionistas de O’Donnell se alternaron en el gobierno. La crisis económica mundial de 1864 hizo que las compañías extranjeras retiraran sus inversiones, lo que derivó en una crisis social al empeorar las condiciones laborales de los trabajadores. Además, se produjo una crisis política: todos los partidos (excepto moderados y unionistas) firmaron el Pacto de Ostende (1866), en el que acordaron destituir a la reina y convocar elecciones democráticas. A la muerte de O’Donnell, la Unión Liberal se sumó al Pacto; en 1868, los generales Prim, Serrano y Topete lideraron un golpe de Estado (‘La Gloriosa’) contra Isabel II, quien huyó del país tras la batalla de Alcolea entre golpistas e isabelinos, que se saldó con la victoria de los golpistas. De esta forma dio comienzo el Sexenio Democrático (1868-1874).

Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz: Transformación Social y Económica

La Desamortización de Mendizábal (1836)

Con la llegada de los progresistas al gobierno en 1836, el ministro de Hacienda progresista Mendizábal impulsó la desamortización de tierras de la Iglesia, con varios objetivos: aprovechar las tierras para que fueran explotadas y aumentar la producción, incrementando también la recaudación de Hacienda para la guerra contra los carlistas y captando adeptos al liberalismo. Se sometieron las tierras a una subasta pública en la que se podía pagar con deuda pública, lo que permitió reducir la deuda estatal, pero también redujo la recaudación final, aparte de que las tierras se vendieron por mucho menos de su valor real debido al caciquismo. Los principales compradores fueron los nobles y la gran burguesía, que no se preocuparon por invertir en nuevas técnicas para mejorar su productividad, por lo que no se produjo un aumento real de la producción agrícola (‘cambian de manos muertas’). Al no lograrse la consecución de los objetivos propuestos, fue más difícil captar fieles al liberalismo.

La Desamortización de Madoz (1855)

En 1855, en pleno Bienio Progresista (1854-1856), Madoz, ministro de Hacienda del gobierno, impulsó una segunda desamortización de tierras que incluyó, además de las pertenecientes a la Iglesia, las comunales que eran propiedad de los ayuntamientos. Los objetivos de esta medida fueron similares a los de la desamortización de Mendizábal: vender las tierras para que fueran cultivadas y así aumentar la producción y la recaudación de Hacienda para la construcción de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, se subastaron lotes muy grandes de tierra que resultaron muy caros y que se podían pagar con deuda pública, a lo que se sumó el caciquismo; por lo tanto, solo unos pocos nobles y burgueses pudieron comprarlos, la recaudación de Hacienda no fue la esperada (la deuda del Estado se redujo) y las tierras no se pagaron por su valor real. El aumento de producción fue poco significativo, pues no se invirtió en mejorar la productividad de las tierras con nuevas técnicas al no ver la necesidad de hacerlo; si no aumentaba la población, no se incrementaba la demanda. Esto, sumado al hecho de que la gran burguesía invirtió en comprar tierras en vez de ‘arriesgar’ su capital en industria, hizo que no se produjera una auténtica revolución industrial en España. Los grandes perjudicados de esta medida fueron los jornaleros, pues ya no dispusieron de las ayudas de la Iglesia y de las tierras del común para subsistir cuando no podían trabajar; de esta forma, mucha gente recurrió a la delincuencia para poder sobrevivir.

De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

El primer gran intento de acabar con el Antiguo Régimen se dio en la Constitución de 1812, al otorgar amplias libertades de oficio, comercio y asociación y suprimir los mayorazgos y los señoríos, dotando a las personas de una mayor movilidad social y de una mayor libertad al dejar de estar al servicio de sus señores. Se estableció una separación de poderes, reemplazando al modelo absolutista que concentraba todos los poderes del Estado en la figura del rey, y la Iglesia comenzó a perder importancia al suprimirse la Inquisición y sentarse las bases para la desamortización de sus tierras (algo que, como ya se ha visto, se dio en 1836 y 1855). Sin embargo, el reinado de Fernando VII (exceptuando el Trienio Liberal) supuso un parón en el proceso de acabar con el Antiguo Régimen; fue el reinado de Isabel II el periodo en el que se consolidaron los cambios iniciados por la Constitución de Cádiz. Las Constituciones de 1837 y 1845, a pesar de no ser tan avanzadas como la de 1812, consolidaron medidas como la eliminación de las estructuras del Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgos, absolutismo, etc.) y la implantación del sufragio (aunque restringido) para elegir a los representantes en las Cortes y de un fuero único para todo el Estado (salvo los vasconavarros). Con todas estas medidas legales, se logró pasar de una sociedad estamental con muy poca movilidad social entre los tres estamentos que la conformaban (nobleza, clero y pueblo llano) y con privilegios para dos de ellos (nobleza y clero) a una sociedad de clases en la que el dinero fue el medio de movilidad (clase alta formada por nobles con títulos honoríficos, la gran burguesía adinerada y altos cargos estatales; clase media formada por una pujante burguesía comerciante e industrial; y una clase baja formada por jornaleros, proletarios, campesinos, etc.). En esta nueva sociedad no hubo clases privilegiadas, y surgieron dos nuevos grupos, mencionados anteriormente, que tomaron mucha fuerza: la burguesía adinerada gracias a sus negocios e inversiones por un lado, y los proletarios (obreros que intercambiaban su fuerza de trabajo por un salario) por otro.

El Sexenio Democrático (1868-1874): Constitución, Monarquía y República

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869

En 1866, todos los partidos políticos, salvo los moderados y la Unión Liberal, firmaron el Pacto de Ostende para derrocar a Isabel II; a la muerte de O’Donnell, los unionistas se sumaron al Pacto. En 1868, los generales Prim, Serrano y Topete lideraron un golpe de Estado, ‘La Gloriosa’; tras la derrota de los isabelinos en la batalla de Alcolea, la reina se marchó del país, y se estableció un gobierno provisional dirigido por Serrano.

La primera acción del nuevo gobierno fue convocar elecciones libres y democráticas para elegir la forma de gobierno: a pesar de que resultó un Parlamento muy dividido, hubo mayoría monárquica, por lo que Prim comenzó a buscar en Europa un candidato al trono que presentar ante las Cortes. Se aprobó la Constitución de 1869, que:

• Estableció amplias libertades.
• La soberanía popular.
• Una separación de poderes.
• El sufragio universal masculino.
• Un Parlamento bicameral.
• Cierta libertad religiosa (aunque se prohibía la manifestación pública de otras confesiones).
• Un fuero único (salvo los vasconavarros).

Comenzó la Guerra Larga de Cuba (1868-1878) con pequeñas revueltas criollas que se fueron extendiendo. En 1870, Prim propuso a Amadeo de Saboya como candidato al trono, obteniendo el respaldo de las Cortes; sin embargo, Prim fue asesinado, dejando al nuevo rey sin su principal apoyo en la política española.

El Reinado de Amadeo I (1871-1873)

El reinado de Amadeo I (1871-1873) estuvo marcado por la inestabilidad: se produjeron varios intentos de golpe de Estado, huelgas y manifestaciones obreras, y se formaron dos gobiernos, el primero con Zorrilla y el segundo con Sagasta a la cabeza. El rey tuvo tan pocos apoyos en el país porque su padre, el rey Víctor Manuel II, le había arrebatado los Estados Pontificios al Papa durante la unificación italiana. En 1872 estalló la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), con ‘Carlos VII’ y el general Cabrera reclamando los fueros catalanes. Por todos estos motivos, el rey decidió abdicar para él y toda su descendencia en 1873, y abandonó España.

La Primera República (1873-1874)

Se proclamó la Primera República por la abstención de los monárquicos en la votación para elegir a un nuevo rey, aunque fue muy débil: en apenas un año de existencia tuvo 4 presidentes (Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar). Con Figueras, centralista, se produjeron huelgas y manifestaciones obreras, un intento de golpe de Estado y elecciones a Cortes Constituyentes que le obligaron a dimitir por el triunfo de los federalistas. Con Pi i Margall, federalista, hubo un intento de Constitución non-nata, y se vio rebasado por la radicalización del movimiento cantonalista y el surgimiento de las guerras entre cantones (pequeñas repúblicas dentro de la República española). El golpe de Estado del general Pavía expulsó a Castelar y estableció un segundo gobierno provisional dirigido por Serrano; se mantuvieron las formas republicanas (República Ducal), aplicó medidas represivas y envió a distintos generales a acabar con las guerras que sufría el país. El general Martínez Campos, vencedor en la guerra contra el cantón de Cartagena, dio un golpe de Estado el 29 de diciembre de 1874 para imponer la vuelta de la monarquía bajo la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II.

La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas, Turno de Partidos y Constitución de 1876

El Sistema Canovista: Turno Pacífico y Caciquismo

La inestabilidad del Sexenio Democrático había dejado a España extenuada, por lo que empezaron a cobrar fuerza los monárquicos liderados por Antonio Cánovas del Castillo, quienes defendían la vuelta de los Borbones en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. En el Manifiesto de Sandhurst (cuyo autor material fue Cánovas) Alfonso reclamó el trono y expuso sus propósitos conciliadores; el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos dio un golpe de Estado que impuso la restauración de la monarquía, y el 9 de enero de 1875 el rey tomó posesión del cargo.

Fijándose en el sistema inglés, Cánovas ideó un turno pacífico de partidos en el que su formación, el Partido Conservador, y el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta se alternaron en el gobierno. Frente a una crisis de gobierno, el rey pedía la dimisión del presidente, nombraba a un candidato del partido de la oposición y se convocaban elecciones en las que, mediante métodos como el caciquismo (un cacique influía en el votante en zonas rurales mediante comentarios y extorsiones más o menos veladas) y el pucherazo (amaño de los votos en las ciudades), siempre obtenía mayoría holgada en las Cortes. De esta forma, formaciones como los carlistas y los republicanos siempre tuvieron algo de representación, pero nunca llegaron a gobernar; también surgieron otros grupos que se opusieron a este bipartidismo, como el regionalismo catalán y el gallego, el nacionalismo vasco y los partidos obreros (como el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en 1879).

La Constitución de 1876

Se aprobó la Constitución de 1876, basada en las de 1845 y 1869, y suficientemente flexible para que ambos partidos pudieran gobernar con ella (aunque era eminentemente conservadora). Estableció:

• Un Parlamento bicameral.
• Mayores prerrogativas para el rey (podía nombrar y cesar al presidente del gobierno).
• La soberanía compartida por el rey y las Cortes.
• Un sufragio restringido.
• Cierta libertad religiosa (aunque se prohibía la manifestación pública de otras confesiones que no fueran la católica).
• Amplias libertades (aunque después cada partido las regulaba cuando estaba en el gobierno).
• Un fuero único, suprimiendo los fueros vasconavarros tras la derrota de los carlistas en la Tercera Guerra Carlista en 1876.

La Paz de Zanjón (1878) puso fin a la Guerra Larga de Cuba y prometió una cierta autonomía a la isla, que nunca llegó a hacerse realidad. De 1875 a 1898, se aprovechó la estabilidad del sistema de la Restauración para expandir la red ferroviaria y llevar a cabo una tímida e incompleta revolución industrial.

Estabilidad y Pacto de El Pardo

A la muerte de Alfonso XII en 1885, Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto de El Pardo para dar estabilidad al sistema, por el cual Cánovas dimitió y comenzó el gobierno largo de Sagasta (1885-1890). Durante esta etapa, con María Cristina de Habsburgo como regente, se aprobó el sufragio universal masculino y se legalizaron los partidos y sindicatos obreros (Ley de Asociaciones de 1887).

Nacionalismos, Regionalismos y Movimiento Obrero en la Restauración

Nacionalismo Catalán y Regionalismo Gallego

En Cataluña, surgió una Renaixença que optó por la recuperación de la lengua, cultura y costumbres catalanas. En 1886, Almirall defendió en Le Catalanisme la creación de una formación que agrupara todas las fuerzas que deseaban la autonomía catalana. Prat de la Riba fundó la Lliga Regionalista Catalana, un partido catalanista de carácter conservador, apoyado por la burguesía industrial, que aspiraba a la autonomía de Cataluña.

En un principio de carácter cultural (O Rexurdimento) y con unos tímidos planteamientos políticos, el regionalismo gallego tuvo menos peso que los dos movimientos anteriores, y se creó la Asociación Regionalista Gallega para recuperar la lengua y las tradiciones gallegas.

Nacionalismo Vasco

El principal artífice del nacionalismo vasco, Sabino Arana, habló de las 7 provincias vascas, idealizó su historia, defendió su cultura y rechazó su españolización. Cuando la Constitución suprimió los fueros vasconavarros en 1876, año de la derrota de los carlistas, muchos de ellos pasaron a formar parte del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Arana, definiéndolo como una formación combativa, ultracatólica, conservadora, independentista y con apoyos en la nobleza, la Iglesia y las zonas rurales.

El Movimiento Obrero y Campesino

El segundo gobierno provisional de Serrano había prohibido las asociaciones obreras, que pasaron a operar en la clandestinidad. Con Sagasta en el gobierno, la presión comenzó a reducirse hasta que se legalizaron durante el gobierno largo (1885-1890) con la Ley de Asociaciones de 1887. La diferencia entre sindicatos y partidos obreros radica en que los primeros exigen mejoras laborales directas en fábricas y empresas, mientras que los segundos desean llevar a cabo estas mejoras a través de leyes en el Parlamento. Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879 – obteniendo su primer escaño en Cortes en 1901 – y el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888. El PSOE perteneció a la Primera Internacional, pero tras la expulsión de los anarquistas en 1889, pasó a formar parte de la Segunda Internacional, que reivindicó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, la jornada laboral de 8 horas, la eliminación del trabajo infantil y mejoras en fábricas y empresas. En España, encontraron apoyos en las principales zonas industriales y urbanas, como Madrid, País Vasco y Cataluña.

El anarquismo, creado por Bakunin y traído a España por Fanelli, ganó fuerza en zonas rurales como Andalucía y exigió una autogestión y la sustitución del Estado por una confederación de comunas. Surgió la Federación Regional Española, y en 1910 se creó el sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en contraposición a la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que cobró mucha fuerza. No obstante, algunos exaltados como la Mano Negra perpetraron atentados para reivindicar sus ideas con el uso de la fuerza.

Otras Fuerzas Políticas: Carlistas y Católicos Sociales

En respuesta a la creación de los partidos y sindicatos obreros, contrarios a la Iglesia, el padre Vicent fundó los Círculos Católicos para ‘apartar a los obreros de la taberna’. Sin embargo, no tuvieron mucha implantación, ya que se les tachó de amarillistas y de ponerse más de parte del empresario que del trabajador. En 1891, el Papa León XIII instó a los liberales en su encíclica Rerum novarum a que hicieran reformas para el pueblo y así luchar contra el marxismo y el anarquismo.

Los carlistas siempre tuvieron algo de representación en las Cortes, aunque nunca gobernaron; se dividieron en Partido Carlista (formado por los carlistas más intransigentes) y Comunión Tradicionalista (cuyos miembros eran algo más moderados).

El Desastre del 98: Cuba, Guerra Hispano-Estadounidense y Consecuencias

El Problema de Cuba y la Guerra Hispano-Estadounidense

Bajo el reinado de Fernando VII (1814-1833) se habían perdido gran parte de las colonias, salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas principalmente. Cuba era la colonia más rica y estaba directamente administrada desde España, lo que hizo que los criollos (blancos adinerados de origen español nacidos en América) instigaran revueltas para reclamar acceder a los puestos de gobierno, invertir en industria y comerciar con países cercanos como EE. UU. A pesar de participar en ‘La Gloriosa’ en 1868, no recibieron concesiones desde España, lo que desencadenó la Guerra Larga de Cuba (1868-1878). La Paz de Zanjón (1878) prometió cierta autonomía a la isla, que no se hizo realidad. Al fracasar varias reformas de años posteriores, estalló la Guerra Chica (1895-1898) en la parte oriental de la isla, instigada por el Partido Revolucionario Cubano de José Martí y su Frente de Liberación Nacional, quienes deseaban la independencia. El general Martínez Campos fue enviado a acabar con la guerra, aunque poco pudieron hacer sus soldados contra las fuerzas revolucionarias cubanas, mejor preparadas y apoyadas por EE. UU. Después, Martínez Campos fue reemplazado por el general Weyler.

Tras el hundimiento del acorazado Maine, EE. UU. le declaró la guerra a España, logrando una victoria aplastante en la batalla de Santiago de Cuba (1898). En Filipinas, EE. UU., necesitado de puertos para comerciar en Asia, apoyó la causa del Partido Independentista Filipino y derrotó a los españoles en la batalla de Cavite (1898). El Tratado de Versalles (1898) puso fin a la guerra y ratificó la pérdida para España de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam y Palaos; poco después, vendió a Alemania las Carolinas y las Marianas.

La Crisis de 1898: Consecuencias y Regeneracionismo

A raíz del Desastre del 98, surgieron movimientos culturales y literarios, como la Generación del 98, en los que imperó el pesimismo derivado del momento histórico. El regeneracionismo, encarnado por Joaquín Costa, fue más optimista y propuso soluciones a la situación del país. En Oligarquía y caciquismo, Costa aseguró que los problemas de España eran la oligarquía dirigente, distanciada de los intereses del pueblo, y el caciquismo, que no permitía a la gente expresarse con libertad. En Escuela y Despensa, propuso soluciones al atraso del país, como una formación obligatoria y profesional, la creación de industrias alimentarias cerca de las huertas, y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos (construcción de pantanos, confederaciones hidrográficas, etc.).

Reformas y Educación

Entre 1895 y 1902, varios gobiernos conservadores liderados por Francisco Silvela y Antonio Maura llevaron a cabo reformas influidas por las ideas de Costa: se estableció el Ministerio de Instrucción Pública (1900), se crearon escuelas de primeras letras en todos los pueblos y se promulgó una Ley del Trabajo que prohibía trabajar a niños menores de 12 años. Muchos hacendados coloniales regresaron a España e invirtieron sus capitales en industria, lo que provocó una mejora en los sistemas de transporte que benefició a la creación de escuelas – los pueblos estaban mejor conectados; se convocaron oposiciones a maestro, creando miles de puestos de trabajo; y aumentaron los sueldos de los trabajadores al eliminarse la mano de obra infantil.

En esta época cobró importancia la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos en 1876; influida por los ideales krausistas, defendió la importancia de la bonhomía, la formación práctica y la libertad de cátedra y de opinión en la enseñanza.

Evolución Demográfica y Desarrollo Urbano en el Siglo XIX

Evolución Demográfica y Movimientos Migratorios

En 1900, España era un país atrasado social y económicamente y con un régimen demográfico antiguo. En las primeras décadas del siglo XX se inició un proceso de transición demográfica propio de las sociedades contemporáneas.

A diferencia de la mayoría de los países europeos, en España el crecimiento demográfico fue moderado. Pasó de 10,5 millones de habitantes a principios del siglo XIX a 18,5 millones para finales.

La tasa de natalidad era del 35%, siendo especialmente alta en zonas rurales donde se necesitaba más mano de obra y las formas de vida eran más tradicionales. La tasa de mortalidad también era alta, del 29 %, sobre todo la mortalidad infantil. Se debía a un atraso socioeconómico y a una elevada mortalidad catastrófica (serie continuada de guerras, las crisis de subsistencia y las pésimas condiciones higiénicas que favorecían las epidemias, como las de fiebre amarilla y cólera). De esta forma, la tasa de crecimiento vegetativo era de un 8 % y la esperanza media de vida era de unos 35 años. La distribución de la población en los tres sectores del trabajo era desigual y predominaba el sector primario con un 70 % de la población dedicada al campo.

Solo Cataluña, gracias a la industrialización y al mayor desarrollo económico, presentó un crecimiento demográfico más parejo al resto de países europeos.

Se inició entonces un proceso de transición hacia un modelo demográfico moderno que comenzó con un descenso de la mortalidad catastrófica. Esta mortalidad era contrarrestada por una alta natalidad, pero la casi igualdad entre ambas tasas no permitió un gran crecimiento de población.

Durante el segundo cuarto del siglo XIX, la población española aumentó gracias a las mejoras en alimentación, en medicina y a la introducción de medidas higiénicas; no obstante, estuvo condicionada por una crisis de subsistencias. Además, se produjeron varios episodios epidémicos responsables de la alta mortalidad en España.

La evolución demográfica estuvo acompañada de movimientos migratorios y un proceso de urbanización. La tendencia migratoria fue más alta en la segunda mitad de siglo. Se diferenciaron entre migraciones exteriores e interiores.

El destino de las emigraciones exteriores fueron países de América Latina, como Argentina y Brasil, o África, como Argelia, y supusieron la descongestión del medio rural. Además, se sumaron los exilios de afrancesados, liberales, carlistas y republicanos. Las migraciones interiores solían corresponder al éxodo rural, campesinos que se iban del campo a las ciudades, principalmente del litoral mediterráneo, debido al estancamiento agrario y a las expectativas de una vida mejor. Por tanto, el centro de España perdió población, excepto Madrid por ser la capital.

El Desarrollo Urbano

El crecimiento urbano estuvo ligado a las transformaciones derivadas del liberalismo, de la industrialización y las desamortizaciones, que favorecieron un trasvase de población del campo a la ciudad.

Ciertas reformas administrativas de los gobiernos liberales, como la división provincial de Javier de Burgos (1833), dieron impulso a las ciudades escogidas como capitales de provincia, beneficiándose de servicios complementarios. Durante el siglo se apreció un crecimiento urbano. Así, se observa que las ciudades con más de 10 mil habitantes pasaron de 34 en 1800 a 210 en 1900.

Este crecimiento trajo consigo la creación de suburbios periféricos: barrios obreros, pobres, desorganizados y sin servicios ni infraestructuras. Así como la construcción de planificados ensanches burgueses. Como el de Cerdá en Barcelona y el del Ensanche en Madrid. Incluían amplios jardines y palacetes burgueses que, a diferencia de los suburbios, no estaban masivamente poblados.

La Revolución Industrial en España: Comunicaciones, Banca y Políticas Económicas

El Proceso de Industrialización en España

El proceso de industrialización en España fue lento y tardío respecto a Europa. La agricultura no ofrecía materias primas suficientes, no había mano de obra para la industria, había escasez de capitales y falta de iniciativa de la burguesía que solo quería invertir en valores seguros. El bajo nivel de vida no facilitó la demanda de productos industriales. Había dependencia técnica y financiera del exterior, y el proteccionismo eliminaba la competitividad y el ahorro de costes. Los sectores más industrializados eran el textil y la siderurgia.

Sectores Clave: Textil y Siderurgia

Cataluña aprovechó su tradición textil para modernizarse desde comienzos de siglo gracias a una agricultura próspera, una población con mayor capacidad de consumo y una burguesía más dinámica, de forma que comenzó la industrialización del sector textil algodonero que sustituyó a la lana. Se introdujo la máquina de vapor, el modelo fabril de producción y varios adelantos técnicos. Como no se disponía de algodón ni carbón, era necesario importarlo, lo que aumentaba los costes y no permitía la exportación de manufacturas. Sin embargo, gracias a las medidas proteccionistas, Cataluña careció de competitividad extranjera. Con una gran expansión hasta mitad de siglo XIX, el sector textil catalán proporcionó beneficios suficientes para la inversión en otras actividades, por lo que fue la zona más moderna y próspera del país.

A principios de siglo, la siderurgia española se desarrolló principalmente en el sur; entre los años 60 y 80, pasó a Asturias debido a sus yacimientos de carbón, aunque de baja calidad. Hacia 1870, el País Vasco llevó a cabo una renovación tecnológica. Exportó hierro, lo que le permitió reinvertir en altos hornos, y que despegara la siderurgia vasca. A finales de siglo, también se firmaron las leyes de minas, por el crecimiento de la minería.

El Sistema de Comunicaciones: El Ferrocarril

El nivel de industrialización y el avance de la siderurgia facilitaron la llegada del ferrocarril a España. El gran impulso de las construcciones de ferrocarriles se dio con la Ley General de Caminos de Hierro en 1855. Se crearon sociedades anónimas que construían y explotaban diferentes tramos de red y sacaban sus acciones a la Bolsa. La red de ferrocarriles se dispuso radialmente en torno a Madrid. Aunque la crisis de 1866 afectó gravemente al sector ferroviario, el ferrocarril supuso un incentivo para la siderurgia y la minería, la integración del mercado nacional y facilitó el desplazamiento de personas e intercambio de mercancías.

Proteccionismo y Librecambismo

Para eliminar la competencia de los productos importados que eran más baratos y de mejor calidad que los españoles, se adoptaron medidas proteccionistas que imponían caros aranceles a los productos extranjeros. Estuvieron a favor del proteccionismo los moderados, la burguesía textil catalana, los industriales siderúrgicos vascos y los cerealistas castellanos. Los progresistas y demócratas fueron partidarios del librecambismo (que eliminaba esos impuestos arancelarios). España mantuvo la protección de los productos nacionales a lo largo de todo el siglo XIX, excepto en periodos como el Bienio Progresista por medidas librecambistas. La crisis de final de siglo y la llegada masiva de productos más baratos reforzó el proteccionismo con el arancel de Cánovas (1891).

La Aparición de la Banca Moderna

Una multitud de bancos entraron en bancarrota al principio del siglo XIX (Banco Nacional de San Carlos, Banco de Isabel II, etc.), rebautizándose y fusionándose, lo que resultó en el Banco de España. En 1857 se fundaron el Banco de Bilbao y el Banco de Santander. Hasta la crisis de 1866 se produjo una importante expansión del sistema bancario y el Banco de España tuvo el monopolio de la emisión de billetes, válidos en todo el territorio. A finales de siglo se crearon numerosos bancos comerciales no oficiales, como Banesto y las Cajas de Ahorros. El comercio estaba dificultado por la variedad de pesos, medidas y monedas. Finalmente, en 1868 se creó la peseta, pero no se generalizó hasta finales de siglo.