Isabel II: las regencias. Las guerras carlistas. Los grupos políticos, el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837

Tras la muerte de Fernando VII, María Cristina de Borbón pasa a ser regente de su hija Isabel, la “reina niña” (3 años), dando lugar a la primera guerra carlista (1833-1840) con dos bandos:

• Carlistas: partidarios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que reclama sus derechos dinásticos en el Manifiesto de Abrantes. Defienden el Antiguo Régimen, el catolicismo y los fueros (lema: “Dios, patria, rey”). Apoyos: alto clero y el mundo rural (País Vasco, Cataluña y Maestrazgo).
• Isabelinos: partidarios de Isabel II. Defensores del sistema político-económico liberal. Apoyos: élites urbanas, bajo clero, etc.

Las fases del conflicto fueron:

1. Etapa de afianzamiento carlista (1833-1835): triunfan insurrecciones carlistas en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. El ejército carlista, dirigido por Zumalacárregui, tendrá como objetivo tomar las grandes ciudades del País Vasco, fracasando en el sitio de Bilbao y sufriendo la muerte de Zumalacárregui.
2. Etapa de contención de fuerzas (1835-1837): tras reclutar 100.000 soldados (ley de solteros), el general isabelino Baldomero Espartero vence a los carlistas en la batalla de Luchana, levantando el sitio de Bilbao. Los carlistas inician las denominadas expediciones militares para reclutar partidarios, destacando la de Carlos María Isidro (Expedición Real, 1837), que llega a las puertas de Madrid sin atreverse a tomar la capital.
3. Fase final de la guerra (1837-1840): debido al desgaste se inician en secreto negociaciones de paz entre el jefe del ejército liberal Espartero y el carlista general Maroto, sellando el Convenio de Vergara (agosto de 1839). Los carlistas reconocen a Isabel II a cambio de mantener los fueros vascos y navarros. No todos los carlistas respetan el acuerdo. Mientras Carlos María Isidro se exilia en Francia, el general Cabrera continúa la guerra, siendo derrotado por Espartero en la batalla de Morella (Castellón), lo que supone el fin de la guerra y el triunfo del liberalismo, aunque el carlismo permanecerá vivo.

Regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1833-1840)

María Cristina comienza dando la confianza a los moderados (1833-1835), encabezados por Cea Bermúdez, quien en su Manifiesto del 4 de octubre de 1833 busca una tercera vía entre carlistas y liberales, que fracasa. Le sustituye Martínez de la Rosa, quien elabora el Estatuto Real, una carta otorgada, tránsito entre absolutismo y liberalismo. La Corona ostenta el poder ejecutivo y legislativo y derecho de veto absoluto. No refleja derechos individuales. Se crean las primeras Cortes bicamerales de la historia de España, sin apenas competencias:

• Estamento de Próceres: elegido por el rey entre la aristocracia.
• Estamento de procuradores: elegido mediante sufragio censitario indirecto (0,15% de la población).

Se produce la división del liberalismo español:

• Moderados: defienden la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, el sufragio muy restringido, proteccionismo económico y centralismo. Partidarios de limitar derechos. Apoyos: terratenientes y grandes comerciantes. Fundan el Partido Moderado (1834); su líder será el general Narváez.
• Progresistas: defienden la soberanía nacional, sufragio censitario amplio, librecambismo económico y la descentralización del Estado. Son partidarios de ampliar derechos. Apoyos: mediana y pequeña burguesía, profesiones liberales, etc. Fundan el Partido Progresista (1835); su líder será el general Baldomero Espartero.

Ambos partidos se alternan en el poder, destacando las medidas del partido progresista: desamortización de Mendizábal (1836), disolución del régimen señorial, eliminación de aduanas, etc. Elaboran la Constitución de 1837, un texto semejante al de 1812 pero con concesiones a los moderados. Supone la implantación definitiva del liberalismo en España. Reconoce la soberanía nacional, pero la Corona tiene amplios poderes (convocatoria y disolución de las Cortes, veto absoluto, nombramiento y cese de ministros).

Cortes bicamerales:

• Congreso: tenía el poder legislativo. Elegido por sufragio censitario muy restrictivo (no llegaba al 5% de la población). Mandato de 3 años.
• Senado: elegido por la Corona.

Amplia declaración de derechos y libertades (igualdad ante la ley, libertad de asociación, imprenta, etc.). Estado no confesional, pero el culto es mantenido por el Estado. Los alcaldes serán elegidos por sufragio censitario y se recupera la Milicia Nacional.

Los moderados, con mayoría en Cortes desde 1837, aprueban la Ley de Ayuntamientos (1840), por la cual el rey nombraría a los alcaldes en las capitales de provincia (contraviniendo la Constitución). María Cristina firma la ley, generando revueltas sociales que provocarán su exilio a Francia y el nombramiento de Espartero como jefe de Gobierno y regente.

Regencia de Espartero (1840-1843)

Gobernará por decreto y de forma autoritaria. Firma el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra (1841), de carácter librecambista, que permitía la entrada libre de tejidos de algodón ingleses, perjudicando a la industria textil catalana. Esto dio lugar a revueltas en Barcelona (republicanos y obreros); Espartero prohibió las asociaciones de obreros (señal de que ya existían) y bombardeó Barcelona desde Montjuïc, obligando a la ciudad a pagar una contribución extraordinaria.

Militares progresistas y moderados (Serrano, Prim, O’Donnell y Narváez) pusieron fin a su regencia mediante el pronunciamiento de Torrejón de Ardoz (1843). Espartero huyó a Londres.

Isabel II: el reinado efectivo. Los grupos políticos y las constituciones

Tras el vacío de poder se adelanta la mayoría de edad de Isabel II (13 años). Su reinado se caracteriza por su favoritismo hacia los moderados, inestabilidad (51 gobiernos) y el protagonismo de los militares o ‘espadones’.

El primer período es la Década Moderada (1844-1854), llegando al poder el general Narváez, jefe del Partido Moderado. Se elabora la Constitución de 1845. El texto establece la soberanía compartida entre la reina y las Cortes, aumentando su poder (sancionar leyes). Sistema bicameral, con un Congreso elegido para un mandato de 3 a 5 años y un Senado elegido por la reina (aristocracia) con mandato vitalicio. La Ley Electoral de 1846 define el sufragio restringido (1% de la población) como sistema electoral. Religión católica como oficial y obligatoria. Alcaldes elegidos por el rey. Declaración de derechos similar a la de 1837, pero sin desarrollar.

Los moderados llevan a cabo reformas: creación de la Guardia Civil (1844), suprimiendo la Milicia Nacional; reforma tributaria de 1845 (Mon-Santillán), que distinguía por primera vez impuestos directos e indirectos (consumos); Código Penal de 1848 y la creación del Tribunal Supremo.

En 1846 la reina Isabel II contrajo matrimonio con su primo Francisco de Asís, desencadenando la segunda guerra carlista (1846-1849), tras un intento carlista de casar a la reina con su pretendiente. El escenario principal fue Cataluña, con poco éxito carlista. Se restablecen las relaciones con la Iglesia católica, molesta tras la desamortización (concordato con la Santa Sede de 1851).

Nuevas corrientes políticas

• Partido Demócrata (1849): aglutinaba diversas tendencias: republicanos, socialistas y progresistas. Defendían el sufragio universal masculino, la tolerancia religiosa y un sistema fiscal proporcional a la riqueza. Representará políticamente a las clases más populares. Sus principales figuras serán Emilio Castelar y Pi y Margall.
• Unión Liberal (1854): partido centrista situado entre los moderados y los progresistas. Combinaba el orden y la libertad en el interior; en política exterior abogaba por acciones militares para conseguir prestigio mediante sucesivas guerras. Su máxima figura será O’Donnell.

El alza de precios y la corrupción desencadenan un pronunciamiento liderado por el general O’Donnell en Vicálvaro («Vicalvarada»), cuyo ideario queda plasmado en el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo), que exigía reformas. Es el inicio del Bienio Progresista (1854-1856) con la vuelta de Espartero como jefe de Gobierno. Se redacta la Constitución de 1856, llamada Non Nata, que reflejaba la soberanía nacional, sufragio censitario y una amplia declaración de derechos, pero nunca llegó a aprobarse. Se aprueba la desamortización de Pascual Madoz (1855) y la Ley de Ferrocarriles (1856).

El bienio progresista finaliza tras un período de crisis: mala situación económica, conflictividad social (Huelga General de 1855, primera de la historia de España) y epidemias de cólera que llevan a O’Donnell a dar un pronunciamiento y disolver las Cortes. Espartero presentó su dimisión y se restableció la Constitución de 1845 con un acta adicional que ampliaba el voto.

Comienza el Bienio Moderado (1856-1858) con protagonismo del general Narváez, anulándose las reformas progresistas. Se aprueban varias medidas, destacando la Ley Moyano de Educación (1857), que establece como obligatoria la enseñanza primaria de 6 a 9 años, gratuita para quien no pudiera pagarla, aunque en manos de municipios y entes privados.

La Unión Liberal llega al poder en 1858, siendo presidente del gobierno Leopoldo O’Donnell. Su gobierno se basó en la estabilidad política y económica: impulso del tendido ferroviario, obras públicas, expansión industrial en Asturias, País Vasco y Cataluña. En política exterior se lanzaron conflictos militares como la Guerra de Marruecos (1859), expediciones a México (1861), Cochinchina (1859) y otros episodios que no aportaron el prestigio ni los beneficios esperados.

En 1863 O’Donnell pierde el poder por entrar en conflicto con personajes de su partido como Alonso Martínez o Cánovas del Castillo. A partir de 1863, tanto la Unión Liberal como la monarquía borbónica entran en crisis debido a una serie de factores:

• Crisis económicas y sociales (1866-1868): dependencia del capital extranjero, malas cosechas y falta de materias primas.
• Crisis política: sucesivas crisis ministeriales que desprestigian a la reina; la muerte de Narváez (1867) y de O’Donnell (1868) aumenta la inestabilidad.

Dos sucesos preludian el cambio ideológico y de mentalidad: los Sucesos de la noche de San Daniel, en los que murieron a manos de la policía nueve estudiantes que se manifestaban por la expulsión de Emilio Castelar de la Universidad; y la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, fusilados 66 de ellos. Las distintas fuerzas de oposición al régimen (Serrano, Prim…) acuerdan en el Pacto de Ostende (Bélgica) un programa mínimo: rechazo al régimen isabelino y que sean las Cortes quienes elijan la forma del régimen (monarquía o república).

La “Gloriosa” revolución comenzó con el pronunciamiento de la Armada en Cádiz (17 de septiembre de 1868), al mando del almirante Topete, y del ejército, dirigido por los generales Prim y Serrano. Se formaron juntas revolucionarias por todo el país. La revolución tuvo éxito, provocando la huida de Isabel II a Francia y abriendo una nueva etapa política en la historia de España.

El Sexenio Revolucionario: la Constitución de 1869. Gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboya y Primera República

Gobierno provisional (1868-1871)

Tras el destronamiento de Isabel II, se formó un Gobierno Provisional compuesto principalmente por militares. Serrano actuó como regente, mientras que Prim fue nombrado jefe de Gobierno. El gobierno provisional tomó una serie de medidas: Ley de Minas de 1868, implantación de la peseta como unidad monetaria (1868), medidas librecambistas (arancel Figuerola de 1869) y la medida más importante: la Constitución de 1869.

Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino (mayores de 25 años). Estas Cortes nombraron una comisión de la que salió el texto constitucional. El texto contempla una monarquía constitucional basada en la soberanía nacional y la división de poderes. El rey ostenta el poder ejecutivo a través de sus ministros, quienes son responsables ante las Cortes y ante la nación. Su máxima es “El rey reina pero no gobierna”. Las Cortes controlan al Gobierno. El poder legislativo se concentra en Cortes bicamerales (Congreso y Senado).

La Ley Electoral de 1870 definió el sufragio universal masculino (mayores de 25 años): directo para el Congreso e indirecto para el Senado. Se especifica una amplia declaración de derechos y libertades (reunión, asociación, libertad de culto, libertad de imprenta, etc.). Se mantiene un Estado confesional en el sentido de que la nación debía mantener el culto católico y garantizar otros cultos.

Problemas contemporáneos

Entre los problemas destacan el estallido de la Guerra de Cuba (1868-1878), cuyo levantamiento fue iniciado por Manuel Céspedes (Grito de Yara, 1868), y el auge del republicanismo con la fundación del Partido Republicano Federal. Otro problema fue la búsqueda de un rey: la candidatura del príncipe prusiano Leopoldo de Hohenzollern desencadenó una crisis diplomática entre Alemania y Francia (Guerra franco-prusiana, 1870). Finalmente se decantaron por Amadeo de Saboya, perteneciente a un linaje liberal (hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia), con cierto matiz anticlerical y aceptado por las potencias europeas.

Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

Amadeo I juró su cargo como rey constitucional, pero se encontró con muchas dificultades: el asesinato de Juan Prim, su principal defensor, inmediatamente antes de su llegada; su condición de extranjero y el desconocimiento del castellano; y la fama de anticatólico que le atribuían sus opositores (alfonsinos, carlistas, republicanos, etc.).

Tuvo que afrontar la Guerra de Cuba y el inicio de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), cuyo pretendiente Carlos VII intentó alcanzar el trono por las armas. Enfrentó además al movimiento obrero (anarquistas) y a la Federación Regional Española de la I Internacional. La desaparición de Prim, el crecimiento del alfonsismo promovido por Cánovas del Castillo y la presión republicana hicieron que Amadeo, hastiado y rechazado, abdicara en febrero de 1873.

Primera República (febrero 1873-enero 1874)

Los republicanos se encontraron con la República sin haberla previsto. España no tenía una tradición republicana consolidada y la mayoría de la Cámara era monárquica; además no contó con apoyo exterior (solo fue reconocida por Estados Unidos y Suiza). Se heredaron problemas como la Guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista. Además existía diversidad de modelos republicanos.

La persistente inestabilidad llevó a que la Primera República durara 11 meses y tuviera cuatro presidentes:

1. Estanislao Figueras (febrero-junio 1873): partidario de una república unitaria y moderada; se enfrentó a problemas económicos y revueltas campesinas (ocupación de tierras en Andalucía). Prohibió la esclavitud en Puerto Rico y las quintas. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes que ganaron los republicanos federalistas, proclamando la República Democrática Federal; Figueras huyó a Francia.
2. Pi y Margall (junio-agosto 1873): proponía una república federal y social. Se elaboró un proyecto de Constitución federal con 17 estados federados (con gran autonomía, constituciones propias, incluidos Cuba y Puerto Rico). Nunca llegó a aplicarse por la insurrección obrera de Alcoy (anarquistas) y la rebelión cantonal, que estalló en Cartagena y se extendió a Valencia, Murcia y Andalucía. Pi y Margall se negó a reprimir las revueltas y dimitió.
3. Nicolás Salmerón (agosto-septiembre 1873): supuso un giro conservador, dando plenos poderes al ejército (generales Martínez Campos y Pavía) para sofocar los focos cantonales. Cuando las Cortes aprobaron la pena de muerte para militares cantonalistas, Salmerón presentó su dimisión por motivos de conciencia.
4. Emilio Castelar (septiembre 1873-enero 1874): defendió una república centralista y gobernó por decreto. Ante su incapacidad para resolver los problemas perdió la confianza de las Cortes; durante el debate para la investidura de un quinto presidente se produjo el golpe del general Pavía (3 de enero de 1874), que ocupó Madrid y disolvió las Cortes.

Dictadura del general Serrano (enero-diciembre 1874) y Restauración borbónica

Tras el golpe de Pavía se disolvieron las Cortes y se nombró presidente al general Serrano, estableciendo una dictadura de corte republicano apoyada por la oligarquía. Serrano gobernó a golpe de decreto, ilegalizó la Federación Regional Española, acabó con la rebelión cantonal y debilitó a los carlistas. La destrucción de la identidad republicana y la mala situación económica abrieron el camino a la restauración borbónica.

Los alfonsinos, con partidarios entre los jefes militares, presentaron al príncipe Alfonso XII como la solución para restablecer la monarquía. Cánovas del Castillo redactó el Manifiesto de Sandhurst (firmado por el príncipe), que definía el nuevo sistema político: una monarquía constitucional conservadora y católica que garantizaría el funcionamiento del sistema liberal. El 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos realizó un levantamiento en Sagunto, proclamando rey a Alfonso XII. El levantamiento no encontró gran oposición. El general Serrano se exilió y comenzó la Restauración borbónica.

Las guerras de Cuba, el conflicto bélico contra Estados Unidos y la crisis de 1898

Tras la pérdida de la América continental, el imperio español quedó formado por Cuba, Puerto Rico, Filipinas y un conjunto de islotes y archipiélagos en el Pacífico (Carolinas, Marianas y Palaos). El problema de Cuba desembocó en una guerra con Estados Unidos.

Las causas de la guerra de Cuba fueron:

• Políticas: incumplimiento de la Paz de Zanjón (1878), que prometía reformas para la isla; las demandas de autogobierno eran rechazadas por el Parlamento español; Estados Unidos, potencia emergente, tenía intereses en la isla y en el Pacífico.
• Económicas: duras leyes arancelarias que impedían a la burguesía cubana el libre intercambio de productos (caña de azúcar y tabaco) con EE. UU. y otras potencias.
• Culturales: sentimiento independentista cubano.

En 1895 el revolucionario José Martí, líder del Partido Revolucionario Cubano, se levanta en la parte oriental de Cuba (Grito de Baire), dando inicio a la Guerra de Cuba (1895-1898). Tras morir Martí en combate, asumen el mando Máximo Gómez y, como segundo, Antonio Maceo, cuyo objetivo era extender la campaña a toda la isla, llegando a las proximidades de La Habana. En su avance, las tropas cubanas incendiaron y destruyeron muchas plantaciones y haciendas azucareras.

España respondió enviando decenas de miles de soldados a Cuba al mando del general Arsenio Martínez Campos, quien intentó aislar los focos rebeldes y negociar con los sublevados, como había hecho en 1878. Tras fracasar, fue sustituido por Valeriano Weyler, quien aplicó la política de reconcentración (campamentos de población civil controlados), destinada a aislar a los insurrectos. La medida fue eficaz militarmente pero provocó gran mortandad entre la población civil por las malas condiciones higiénicas y la falta de alimentos.

En 1897 llega a la presidencia de EE. UU. William McKinley, que aplica la doctrina de intervención en América y, con apoyo de la prensa sensacionalista de Hearst y Pulitzer, moviliza a la opinión pública norteamericana denunciando las prácticas de Weyler. El intento de EE. UU. de comprar Cuba por 300 millones de dólares fracasó y el conflicto quedó asegurado.

En Filipinas, la ejecución de José Rizal, líder de la Liga Filipina que exigía reformas, provocó la fundación del movimiento independentista Katipunan, liderado por Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo, que inició la revolución filipina (1896). Aprovechando el conflicto entre España y EE. UU., ocuparon la mayor parte de Filipinas, proclamando la independencia (excepto Manila).

La chispa que desencadenó la guerra con EE. UU. fue la explosión del acorazado norteamericano Maine (febrero de 1898), anclado en el puerto de La Habana. Las causas de la explosión, que costó la vida a 264 marineros, siguen discutidas. Pese a mediaciones diplomáticas, EE. UU. declaró la guerra a España.

Fue un conflicto breve. La armada estadounidense destruyó flotas españolas en la batalla de Cavite (Filipinas) y en la bahía de Santiago de Cuba, y se produjo la invasión de Puerto Rico. Filipinas pasó bajo control estadounidense tras la toma de Manila. El gobierno español solicitó la mediación de Francia para negociar la paz. El Tratado de Paz de París (10 de diciembre de 1898) acordó que España renunciaba a Cuba, cedía a EE. UU. Puerto Rico y Guam, y entregaba Filipinas a cambio de veinte millones de dólares. Poco después, en 1899, España vendió las Marianas (excepto Guam), Palaos y Carolinas a Alemania por 15 millones de dólares.

La crisis de 1898 y sus consecuencias

La aplastante derrota ante EE. UU. provocó una intensa conmoción en la sociedad española y simbolizó el fin del imperio colonial. Las consecuencias fueron:

1. Políticas: crisis del sistema del turno y aparición de una nueva generación de dirigentes (Francisco Silvela, Antonio Maura, Eugenio Montero Ríos, José Canalejas). Se inicia el reformismo social (leyes sobre trabajo infantil y femenino en 1900; ley sobre accidentes de trabajo en 1901).
2. Económicas: la economía no se vino abajo por completo; los mercados latinoamericanos no se perdieron y la repatriación de capitales ayudó al desarrollo de la banca (Banco Hispano Americano). Se aprobaron medidas fiscales (Ley de Presupuestos de 1899 y reforma tributaria de 1900) que sanearon la Hacienda.
3. Sociales: la derrota militar y la crisis política fomentaron el cuestionamiento del sistema de reclutamiento (quintas) y generaron gran descontento social. El Desastre del 98 propició el surgimiento del regeneracionismo, corriente intelectual que proponía reformas políticas, educativas y sociales para modernizar España. Joaquín Costa fue uno de sus exponentes más destacados, y la Generación del 98 (Unamuno, Valle-Inclán, Machado, Ramiro de Maeztu, Azorín, Baroja, etc.) reflexionó críticamente sobre la situación nacional.

La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases

A lo largo del siglo XIX la población española pasó de 10,5 millones de habitantes en 1800 a 18,5 millones en 1900. Pese a este aumento, el crecimiento demográfico fue lento e insuficiente, caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad. La tasa de natalidad al terminar el siglo era de 34 por mil, una de las más altas de Europa, pero la elevada mortalidad (29 por mil a finales del siglo XIX) anulaba buena parte del crecimiento.

Las causas de la alta mortalidad fueron varias: crisis de subsistencia por malas cosechas y atraso técnico en la agricultura, carencias en el transporte que impedían el flujo de alimentos, y las periódicas epidemias de cólera, tifus, fiebre amarilla y enfermedades como la tuberculosis o la viruela. La mortalidad infantil era elevada y la esperanza de vida era muy baja (unos 29 años a mediados de siglo).

Movimientos migratorios

En relación con los flujos migratorios destacan:

1. Migraciones interiores: del campo a la ciudad por motivos laborales. La entrada de cereales extranjeros por las políticas librecambistas obligó al campesinado a abandonar el campo para buscar trabajo en las ciudades. Eran migraciones normalmente temporales y protagonizadas por población joven. Hubo abandono de la Meseta central (salvo Madrid) hacia zonas costeras con mejores oportunidades económicas y nacientes industrias (Cataluña y País Vasco). Las zonas receptoras tuvieron que construir nuevos equipamientos e infraestructuras; las rurales vieron su población disminuir y envejecer.
2. Migraciones exteriores: la escasez de trabajo y las duras condiciones de vida empujaron a muchos españoles a emigrar a destinos como Argelia (Norte de África), Argentina, Cuba, Brasil, México, Uruguay y, más tarde, Estados Unidos y Canadá. Predominaron emigrantes procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias. Estas migraciones supusieron la entrada de divisas y el despoblamiento relativo de zonas rurales.

Desarrollo urbano

El proceso de urbanización en España fue limitado. Sin una revolución agrícola profunda y con una industrialización lenta, el éxodo rural no comenzó masivamente hasta finales del siglo XIX; la mayor parte de la población siguió viviendo en el campo. Destacaron Madrid (capital política) y Barcelona (cuna de la revolución industrial en España); también crecieron Bilbao y Valencia.

La necesidad de vivienda llevó al trazado de ensanches urbanos: el ensanche de Barcelona (Ildefonso Cerdà), el de Madrid (Carlos María de Castro), la Ciudad Lineal de Arturo Soria, el barrio de Salamanca, etc. Barcelona se convirtió a finales de siglo en un modelo urbano-industrial promovido por la burguesía, con un trazado en manzanas y edificios donde floreció el modernismo catalán.

De la sociedad estamental a la sociedad de clases

En España los estamentos desaparecen al configurarse el Estado liberal del siglo XIX, que establece igualdad jurídica y fiscal. Las diferencias sociales pasan a depender del nivel económico y del acceso a recursos. El sufragio censitario limitó la participación política. La nobleza perdió privilegios formales (exenciones fiscales, señoríos jurisdiccionales), aunque mantuvo su importancia social, económica y política. El clero sufrió los procesos desamortizadores y perdió poder económico a mediados del siglo XIX, aunque mantuvo influencia social y presencia política.

El mundo rural siguió siendo mayoritario, pero el crecimiento urbano fue constante; en 1900 un 16% de la población residía en capitales. El número de obreros aumentó (unos 500.000 a mediados de siglo). La mano de obra era asalariada, con salarios bajos; mujeres y niños trabajaban en fábricas con salario inferior al de los hombres; la jornada laboral era de 12-14 horas diarias, seis días a la semana. No existía protección en caso de paro, vejez o enfermedad, y las protestas solían conllevar despido inmediato.

El proletariado vivía en casas pequeñas y barrios hacinados, sin alumbrado ni agua corriente adecuados, y las enfermedades infecciosas eran comunes. Ante esta situación surgieron las primeras protestas obreras: en 1821 las primeras acciones luditas en Alcoy, con destrucción de telares mecánicos; en 1835 se produjo el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona.

Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones

Las desamortizaciones

Los ilustrados españoles, entre ellos Jovellanos («Informe sobre la Ley Agraria»), abogaban por un reparto más eficiente de la tierra. Godoy llevó a cabo las primeras medidas de desamortización eclesiástica; las Cortes de Cádiz continuaron el proceso, pero Fernando VII lo paralizó.

La primera desamortización de importancia fue la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1835). Los bienes de conventos e iglesias se vendieron en subasta pública con facilidades de pago (hasta 15 años). El dinero recaudado (unos 3.500 millones de reales) financió en parte la guerra carlista, eliminó los «bienes de manos muertas» y creó una masa de propietarios liberales. La desamortización general de Pascual Madoz (1855) incluyó bienes municipales y eclesiásticos, recaudando alrededor de 5.700 millones de reales, que se destinaron, entre otras cosas, a fomentar la construcción de líneas de ferrocarril.

Consecuencias de las desamortizaciones:

1. Sociales: cambio de manos en la propiedad de la tierra; los campesinos tuvieron escaso acceso a la compra y la tierra fue adquirida por la nobleza y la naciente burguesía.
2. Económicas: la recaudación fue menor de lo previsto por las facilidades de pago.
3. Redistribución del espacio agrario: aumento de la superficie de cultivo (de 10 a 16 millones de hectáreas) y incremento de la producción, aunque sin inversión tecnológica significativa.
4. Culturales: pérdida de patrimonio cultural (monasterios, obras de arte, etc.).

Industrialización, comercio y comunicaciones

La revolución industrial en España fue limitada y con deficiencias. Entre las causas estuvieron:

• Predominio de capital extranjero y mentalidad rentista del capital español.
• Poca capacidad productiva y escaso desarrollo del mercado nacional debido a la complicada orografía y la falta de infraestructuras.
• Escasez de materias primas y la inestabilidad política.

Principales industrias:

• Industria textil catalana: desarrollada desde el siglo XVIII (telas de indianas), introdujo máquinas de vapor (selfactinas). Fue conocida como el «Manchester español».
• Minería: se liberalizaron las minas con la Ley de Minas de 1868, atrayendo capital extranjero (ej.: Minas de Almadén, Riotinto).
• Siderurgia: abundancia de yacimientos de hierro pero escaso carbón coqueficcable; tres etapas: andaluza (hasta los años 60), asturiana (años 60-80) y vizcaína (finales de siglo), siendo ésta la más exitosa y dando lugar a la moderna construcción naval (astilleros del Nervión).

Otras industrias: química (ácido sulfúrico), harinera (método austrohúngaro), alcoholes (con capitales ingleses: Terry, Domecq, Osborne).

Debate económico: proteccionismo (textil catalán, cerealistas castellanos, siderurgia vasca) frente a librecambismo (comerciantes y compañías ferroviarias). Ejemplos: arancel de 1826; arancel Figuerola de 1869. A finales de siglo hubo un retorno al proteccionismo con la política arancelaria de Cánovas del Castillo.

En 1829 se creó el Banco Español de San Fernando (préstamo al Estado) y en 1844 el Banco de Isabel II (primer banco de crédito privado). La Ley de Sociedades Anónimas (1848) facilitó la creación de grandes empresas. Se fundaron cajas de ahorros y en 1856 se aprobó la Ley de Bancos; en ese mismo año se fundó el Banco de España. En 1868 se implantó la peseta como unidad monetaria nacional.

Comunicaciones y ferrocarril

A comienzos del siglo XIX España tenía una red de comunicaciones deficitaria. El ingeniero Juan Subercasse elaboró el Informe Subercasse, que propuso un nuevo ancho de vía, adaptado a la orografía española. El primer ferrocarril fue la línea La Habana-Bejucal-Güines (1837) en Cuba, símbolo del negocio azucarero. Tras la Ley de Ferrocarriles de 1844 se inauguró la línea peninsular Barcelona-Mataró (1848); el verdadero impulso llegó con la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

El Estado adjudicó en subasta pública la construcción de cada línea a empresas privadas, cediendo el terreno por 99 años. El 80% de las líneas quedaron en manos de empresas extranjeras (hermanos Pereire, Rothschild). Se construyeron más de 5.000 km en 10 años y se trazaron trayectos como Madrid-Zaragoza-Alicante y Cádiz-Madrid-Irún.

Problemas del ferrocarril:

• Estructura radial centrada en Madrid, que desatendió la periferia.
• Ancho de vía mayor que en otros países europeos, dificultando la conexión internacional.
• Poca estimulación de la siderurgia nacional por las concesiones a compañías extranjeras.
• Falta de rentabilidad: la crisis de 1866 llevó a la quiebra de muchas compañías.

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