Facciones Políticas del Liberalismo Español

Durante el periodo liberal, se distinguieron tres principales facciones políticas:

Moderados

Personas de orden formadas por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores que defendían el derecho a la propiedad como garantía de orden. Sus principios clave eran:

• Restricción del sufragio: Limitado según la riqueza de los electores (sufragio censitario muy restringido).
• Visión de la libertad: Considerada un bien individual.
• Gobierno: Confiaban en que la política debía ser llevada por la minoría propietaria e ilustrada, no por las masas.
• Soberanía: Defendían el principio de soberanía compartida entre las Cortes y la Corona.
• Derechos: Partidarios de limitar los derechos individuales, especialmente los colectivos.

Progresistas

Defensores de la libertad, predominaba la pequeña y mediana burguesía, la clase media del ejército y las clases populares urbanas. Sus posturas eran:

• Soberanía: Defendían la soberanía nacional y el predominio de las Cortes en el sistema político.
• Corona: Rechazaban la intervención de la Corona en la vida política, atribuyéndole solo una función moderadora.
• Poder Local: Partidarios de fortalecer el poder local y otorgar amplios derechos individuales y colectivos.
• Sufragio: Mantenían el sufragio censitario, pero eran partidarios de ampliar el cuerpo electoral.
• Reforma Agraria: Querían una reforma agraria que acabara con la propiedad vinculada.

Demócratas Republicanos

En 1849, una escisión de los progresistas fue el origen de la formación del Partido Democrático, que defendía:

• Soberanía: Soberanía popular.
• Sufragio: Sufragio universal masculino.
• Libertades: Apoyaban la ampliación de las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos colectivos.
• Demandas: Partidarios de la libertad de imprenta, de la elección de los ayuntamientos y de la formación de una Milicia Nacional.

La Década Moderada (1844-1854): Consolidación del Estado Liberal

Las elecciones del año 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un gobierno presidido por el general Narváez, quien impuso una política basada en los principios del liberalismo moderado. Su pretensión era clausurar la etapa revolucionaria, normalizar el funcionamiento de las instituciones liberales y crear una legislación básica para estructurar el nuevo Estado.

Los primeros gobiernos moderados reprimieron con gran ímpetu a los progresistas, cuyos líderes optaron por el exilio. La burguesía terrateniente era una fusión entre aristócratas liberales y la nueva burguesía de propietarios. Dicho grupo era considerado necesario para consolidar un nuevo orden social, fomentar las instituciones liberales desde una óptica moderada y protegerlas de la acción carlista y de la subversión de las clases populares.

La Constitución de 1845

La nueva Constitución recogía las ideas básicas del moderantismo:

• Soberanía conjunta entre el Rey y las Cortes.
• Ampliación de los poderes del Ejecutivo y disminución de las atribuciones del Legislativo.
• Restricción del derecho de voto (sufragio censitario muy restringido).
• Constitución de un Senado no electivo.
• Los ayuntamientos y diputaciones son sometidos a la administración central.
• La religión Católica es declarada la oficial del Estado y se acuerda el mantenimiento del culto y del clero.

Un decreto reguló la libertad de imprenta y suprimió el jurado para este tipo de delitos. El año siguiente se planteó un sufragio censitario muy restringido: tenían derecho a voto los mayores contribuyentes de cada localidad y personas destacadas de la cultura, el ejército, la administración y la Iglesia.

Acuerdo con la Santa Sede (1851)

En 1851 se firmó un acuerdo que establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y la devolución de los no vendidos. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora, mientras que el Estado se comprometía al mantenimiento de la Iglesia española.

La Institucionalización del Estado Liberal

El moderantismo quería consolidar la estructura del nuevo Estado liberal sobre los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización.

El gobierno comenzó la necesaria reforma fiscal para aumentar los ingresos de la Hacienda Pública. Se centralizaron los impuestos en manos del Estado y se propició la contribución directa según la propiedad, sobre todo la agraria. Se planteó la aprobación de códigos con la aprobación del Código Penal (1848) y la elaboración de un proyecto de Código Civil que recopilaba las leyes anteriores.

Por otro lado, se empezó la reforma de la administración pública con la reorganización de los cargos del Estado y la creación de una ley de funcionarios que regulaba el acceso. Se impuso la Ley de la Administración Local que creó una estructura jerarquizada y piramidal en la cual cada provincia dependía de un poder central en Madrid, especialmente del Ministerio de la Gobernación, del cual dependían los gobernadores civiles.

El temor a la insurrección carlista propició una solución intermedia para la cuestión foral: un decreto que acordó el mantenimiento en el País Vasco y Navarra de los ayuntamientos forales y de las Juntas Generales. Además, se adoptó un sistema de pesos y medidas único (el Sistema Métrico Decimal), se disolvió la antigua Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo armado con finalidades civiles que se haría cargo del orden público, sobre todo en el medio rural.