Ocupación de Marruecos y la crisis de 1917
Tras la derrota de 1898, España centró su acción colonial en el norte de África, principalmente en Ceuta, Melilla y el Rif, una región rica en hierro y habitada por cábilas resistentes. La Conferencia de Algeciras (1906) reconoció a España la zona del Rif bajo supervisión francesa. La ocupación encontró resistencia rifeña y provocó división en el ejército entre los africanistas, que buscaban méritos de guerra, y los peninsulares, que preferían ascender por antigüedad.
En 1909, la oposición al trazado del ferrocarril minero y las tensiones coloniales se saldaron con el acontecimiento del Barranco del Lobo, una derrota española que desencadenó la Semana Trágica de Barcelona, con protestas antimilitaristas, anticlericales y socioeconómicas. La represión provocó la caída del presidente Antonio Maura, siendo reemplazado por José Canalejas en 1910. La ocupación continuó y, en 1920, el general Silvestre lanzó una ofensiva contra los rifeños de Abd el-Krim, que culminó en el Desastre de Annual (1921), con miles de soldados muertos. El Expediente Picasso sacó a la luz corrupción y negligencias militares, lo que facilitó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) España se declaró neutral, lo que favoreció las exportaciones pero provocó inflación y escasez de productos básicos. La opinión pública se dividió entre germanófilos (conservadores que apoyaban a los imperios centrales) y aliadófilos (liberales, republicanos y la burguesía catalana, partidarios de la Triple Entente). Los trabajadores sufrieron bajos salarios y crecientes conflictos laborales; entre ellos destacó la huelga de ferroviarios de 1917, reprimida por el gobierno de Eduardo Dato.
La crisis de 1917
La crisis de 1917 evidenció la inestabilidad del sistema de la Restauración en tres ámbitos principales:
- Social: huelga general en varias regiones, con represión violenta (más de 70 muertos y 2.000 detenidos).
- Militar: creación de las Juntas de Defensa ante las desigualdades entre el ejército africano y el peninsular.
- Política: Asamblea de Parlamentarios en Barcelona disuelta y censura de prensa. Esto debilitó el sistema de turnos, desprestigió a los partidos dinásticos y aumentó la conflictividad social.
La Revolución Rusa (1917) inspiró movimientos obreros en España, especialmente en Andalucía y Extremadura durante el llamado Trienio Bolchevique (1918-1921). Las huelgas paralizaron el campo; en Barcelona la patronal recurrió a pistoleros, intensificando la violencia (el pistolerismo). La llamada Ley de Fugas (1921) permitió disparar a detenidos que supuestamente intentaran huir. Políticamente, el PSOE se dividió y nació el Partido Comunista de España (PCE), aunque el PSOE obtuvo 7 diputados en 1923.
La combinación de inestabilidad social, militar y política, junto con la violencia y la debilidad del sistema, allanó el camino para el golpe de Primo de Rivera, quien asumió el poder con el propósito declarado de restaurar el orden en España.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
La dictadura de Primo de Rivera comenzó tras el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, motivado por la crisis política y social, el desastre de Annual, las huelgas y el pistolerismo. Contó con el apoyo del rey Alfonso XIII, con el respaldo de parte de la burguesía catalana y con la pasividad de sectores del PSOE. Primo de Rivera publicó un manifiesto en el que prometía restablecer el orden, defender la unidad nacional y resolver el problema de Marruecos. El régimen se desarrolló en dos etapas: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930).
Directorio Militar (1923-1925)
- Se suspendió la Constitución y se cerraron las Cortes.
- Se prohibieron partidos políticos, huelgas y manifestaciones; el gobierno gobernó por decretos.
- Se persiguió a anarquistas y se ilegalizó la CNT. Además, se creó el Somatén como cuerpo de vigilancia civil.
- En Cataluña se suprimió la Mancomunidad y se prohibieron símbolos y el uso público de la lengua catalana, lo que provocó pérdida de apoyos.
- En política exterior, tras el desembarco de Alhucemas (1925) junto a Francia, se derrotó a Abd el-Krim y se avanzó hacia la pacificación del Rif (1927).
Directorio Civil (1925-1930)
Con el Directorio Civil, Primo de Rivera intentó institucionalizar el régimen mediante la Unión Patriótica y la Asamblea Nacional Consultiva, que elaboró un proyecto constitucional autoritario, confesional y sin plena soberanía popular ni separación efectiva de poderes. En política económica se impulsaron las obras públicas (carreteras, infraestructuras) y se promovieron monopolios estatales como CAMPSA y Telefónica, favorecidos por una coyuntura económica inicialmente favorable. En el ámbito social se crearon los Comités Paritarios y la OCN para controlar los conflictos laborales.
El régimen empezó a desgaste: aumentó la oposición (republicanos, socialistas, anarquistas, estudiantes y nacionalistas), y el fracaso de la Sanjuanada (1926) y otras iniciativas precipitó la dimisión de Primo de Rivera en 1930. El rey nombró a Berenguer, que intentó la vuelta a un sistema similar a la Restauración. La oposición se organizó en el Pacto de San Sebastián. Tras el fracaso del levantamiento de Jaca y otras movilizaciones, el almirante Aznar convocó elecciones municipales (12 de abril de 1931), cuyo resultado provocó la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.
Las desamortizaciones y la transformación económica del siglo XIX
Las desamortizaciones fueron un proceso clave del siglo XIX en España que consistió en la expropiación y venta de tierras —principalmente de la Iglesia y de los bienes municipales— con el objetivo declarado de reducir la deuda pública y crear una clase media propietaria leal al liberalismo.
El primer intento tuvo lugar en 1798 con el ministro Godoy, aunque fue limitado. El gran impulso llegó con la desamortización de Mendizábal (1836-1844), de carácter eclesiástico, durante la Regencia de María Cristina. Su objetivo fue financiar la guerra carlista, reducir el poder de la Iglesia y sanear la Hacienda. Sin embargo, las tierras acabaron en manos de grandes propietarios, lo que aumentó los latifundios.
En 1855, durante el Bienio Progresista, se aprobó la desamortización de Madoz, más amplia, ya que afectó también a los bienes comunales de los ayuntamientos. Su objetivo fue reducir la deuda y financiar infraestructuras como el ferrocarril. La pérdida de tierras comunales perjudicó a los campesinos y, aunque aumentó la superficie cultivada, no se produjo una modernización agraria real. La agricultura siguió siendo extensiva y poco productiva, basada en cereal, vid y olivo.
La industrialización fue lenta y desigual. Destacó Cataluña con la industria textil, favorecida por políticas proteccionistas. La siderurgia pasó de Andalucía a Asturias y, finalmente, a Vizcaya, donde se consolidó gracias a la disponibilidad de hierro y al capital británico.
El comercio interior creció paulatinamente por la baja demanda, mientras que el exterior osciló entre el proteccionismo (Arancel Cánovas) y el librecambio (Arancel Figuerola). El desarrollo económico se vio frenado por un sistema financiero débil y por un ferrocarril tardío y poco eficiente, iniciado en 1848 y ampliado tras la Ley de 1855.
En conjunto, las reformas no lograron transformar profundamente la economía española: esta siguió siendo mayoritariamente rural, poco productiva y con una industria débil, lo que condicionó las tensiones sociales y políticas de las siguientes décadas.