Isabel II: Las Regencias (1833–1843)
Durante la minoría de edad de Isabel II (1833–1843) se sucedieron dos regencias que impulsaron la consolidación del liberalismo. La primera, la de María Cristina, comenzó tras la muerte de Fernando VII. Inicialmente mantuvo a Cea Bermúdez y sus reformas administrativas, pero la falta de cambios profundos llevó al gobierno de Martínez de la Rosa y al Estatuto Real de 1834, una carta otorgada conservadora que establecía Cortes bicamerales sin soberanía nacional. La presión progresista culminó en el pronunciamiento de La Granja (1836), que restauró la Constitución de 1812 y dio paso al gobierno de Calatrava. Bajo este se aplicaron reformas decisivas, como la desamortización de Mendizábal y la abolición de señoríos, diezmos y mayorazgos. En 1837 se aprobó una nueva constitución, pactada entre moderados, progresistas y la Corona, que reconocía la soberanía nacional y una amplia declaración de derechos, aunque manteniendo un papel relevante del monarca. Las tensiones entre María Cristina y los progresistas la llevaron a abandonar la regencia en 1840.
La regencia de Espartero (1840–1843), de signo progresista, estuvo marcada por un ejercicio autoritario del poder y por conflictos con los moderados. Su política librecambista provocó el levantamiento de Barcelona en 1842, que reprimió bombardeando la ciudad. La pérdida de apoyos permitió a Narváez y O’Donnell derrotarlo en Torrejón de Ardoz, lo que llevó a su exilio y al adelanto de la mayoría de edad de Isabel II en 1843.
La Primera Guerra Carlista (1833–1839)
En este periodo se desarrolló la primera guerra carlista (1833–1839), originada por la Pragmática Sanción que permitía reinar a Isabel frente a Carlos María Isidro. Los carlistas defendían el absolutismo y los fueros, con apoyo en zonas rurales del País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. Los isabelinos, mayoritarios, contaban con liberales, ejército y burguesía. Tras los primeros éxitos carlistas bajo Zumalacárregui, la guerra se inclinó hacia los isabelinos gracias a la victoria de Espartero en Luchana. La división interna del carlismo facilitó el Convenio de Vergara (1839), que reconocía a Isabel II y garantizaba los fueros, aunque Cabrera resistió hasta 1840. El conflicto tuvo graves consecuencias económicas y reforzó el peso político del ejército.
División Ideológica del Liberalismo
En el plano ideológico, el liberalismo se dividió entre progresistas, defensores de la soberanía nacional y mayores derechos, y moderados, partidarios de un poder fuerte de la Corona y de un sufragio muy restringido. Los carlistas mantenían la defensa del absolutismo y la tradición foral. El Estatuto Real de 1834 representó un modelo conservador sin soberanía nacional, mientras que la Constitución de 1837 estableció un sistema más abierto, con derechos amplios y equilibrio entre Corona y Cortes.
El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)
El reinado efectivo de Isabel II fue decisivo para la construcción del Estado liberal en España, aunque estuvo marcado por una profunda inestabilidad política, guerras civiles y continuos pronunciamientos. Tras la muerte de Fernando VII, la regencia de María Cristina impulsó reformas iniciales como la división provincial, pero su conservadurismo y el Estatuto Real de 1834 provocaron la reacción progresista y el pronunciamiento de La Granja, que condujo a la Constitución de 1837, basada en la soberanía nacional y en derechos individuales más amplios. Paralelamente estalló la Primera Guerra Carlista, un conflicto entre el modelo absolutista y foral de los carlistas y el proyecto liberal centralista del bando isabelino, que terminó con el Convenio de Vergara (1839).
La posterior regencia de Espartero (1840-1843), de signo progresista, derivó en un gobierno autoritario y en conflictos como el bombardeo de Barcelona, lo que facilitó su caída y el inicio del reinado efectivo de Isabel II. Desde 1844 se impuso el Partido Moderado, apoyado por la Corona y liderado por Narváez, que protagonizó la Década Moderada. En ella se aprobó la Constitución de 1845, de carácter conservador: soberanía compartida, sufragio censitario restringido, confesionalidad católica y amplios poderes para la Corona. Se reforzó el centralismo, se creó la Guardia Civil (1844), se unificó el sistema fiscal con la Ley Mon y se firmó el Concordato de 1851, que devolvió influencia a la Iglesia.
El Bienio Progresista y la Unión Liberal
El desgaste del régimen moderado, unido a la crisis económica y a los escándalos de la camarilla real, desembocó en la Vicalvarada (1854) y en el Manifiesto de Manzanares, que abrió paso al Bienio Progresista. Bajo Espartero y O’Donnell se aprobaron reformas como la Desamortización de Madoz y la Ley de Ferrocarriles de 1855, y se redactó la Constitución non nata de 1856, más avanzada que la de 1845. Sin embargo, la división interna y la conflictividad social provocaron su caída.
Entre 1856 y 1868 se alternaron gobiernos moderados y de la Unión Liberal, con cierta estabilidad y crecimiento económico gracias a la expansión del ferrocarril, el desarrollo bancario y la Ley Moyano (1857), que estructuró el sistema educativo. No obstante, la exclusión política de los progresistas, la represión de protestas como la Noche de San Daniel y la crisis de 1866 aceleraron el desgaste del régimen. La oposición se unió en el Pacto de Ostende, que exigía Cortes constituyentes por sufragio universal.
Finalmente, la Revolución de 1868, La Gloriosa, iniciada por Prim, Serrano y Topete, provocó el exilio de Isabel II y puso fin a un sistema liberal oligárquico, centralista y dependiente del ejército, abriendo paso al Sexenio Democrático.
El Sexenio Democrático (1868–1874)
El Sexenio Democrático comenzó con la Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa, que provocó la caída de Isabel II. La sublevación fue consecuencia del desgaste del régimen isabelino, marcado por la exclusión de los progresistas, la muerte de los líderes moderados (Narváez y O’Donnell), la crisis económica de 1866 y la difusión de ideas democráticas y republicanas. El movimiento se articuló en torno al Pacto de Ostende, cuyo objetivo era destruir el sistema isabelino y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. Tras la derrota del gobierno en Alcolea, la reina huyó a Francia y se formó un Gobierno Provisional presidido por Serrano.
Las Cortes elaboraron la Constitución de 1869, el texto más avanzado del siglo XIX español. Proclamaba la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos (libertad de expresión, reunión, asociación y libertad de culto), la división de poderes y una monarquía democrática. Las Cortes serían bicamerales y se mantenía la elección democrática de los alcaldes. A falta de monarca, Serrano fue nombrado regente, mientras Prim dirigía el Gobierno.
Amadeo de Saboya y la Primera República
La búsqueda de un rey culminó en la elección de Amadeo de Saboya, proclamado en 1870. Su reinado (1871-1873) estuvo marcado por una profunda inestabilidad: la muerte de Prim lo dejó sin apoyo político; los alfonsinos, los carlistas, los republicanos y parte de la Iglesia rechazaron su figura; y estallaron graves conflictos como la Tercera Guerra Carlista, la insurrección cubana iniciada con el Grito de Yara (1868) y el auge del movimiento obrero, favorecido por la libertad de asociación y la creación en 1870 de la Federación de la Región Española, sección española de la AIT. Incapaz de gobernar, Amadeo I abdicó en 1873.
La Primera República (1873-1874) nació sin apoyos sólidos y sufrió una inestabilidad extrema, con cuatro presidentes en menos de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. El proyecto republicano se vio lastrado por la división entre federales y unitarios, la continuidad de la guerra carlista y del conflicto cubano, y sobre todo por el cantonalismo, una insurrección que defendía cantones autónomos y que estalló en Cartagena. La incapacidad para restaurar el orden facilitó el golpe del general Pavía (enero de 1874), que disolvió las Cortes y dio paso a una dictadura presidida por Serrano.
El agotamiento del Sexenio y la presión de los alfonsinos, organizados por Cánovas del Castillo, favorecieron la restauración borbónica mediante el Manifiesto de Sandhurst y el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto (diciembre de 1874), que proclamó a Alfonso XII.
Síntesis de la Construcción del Estado Liberal (1833–1874)
Entre 1833 y 1874 España vivió un proceso decisivo: la construcción del Estado liberal, que supuso el fin del absolutismo y la creación de un sistema basado en una Constitución, la separación de poderes, la igualdad jurídica y un modelo territorial centralizado. Este cambio no fue lineal, sino fruto de guerras civiles, pronunciamientos militares y fuertes tensiones políticas.
El período comenzó con las regencias de María Cristina y Espartero, marcadas por el enfrentamiento entre el liberalismo y el carlismo. La Primera Guerra Carlista (1833-1839) simbolizó este choque entre tradición y modernidad. Paralelamente, se aprobaron el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837. Las desamortizaciones, la supresión de los señoríos y la división provincial completaron el desmantelamiento del Antiguo Régimen.
Durante el reinado efectivo de Isabel II (1843-1868) se afianzó el Estado liberal, aunque dominado por los moderados. La Constitución de 1845 reforzó el poder de la Corona y estableció un sufragio censitario muy restringido. Hubo avances económicos como el ferrocarril y la Ley Moyano, pero también crisis y corrupción que desembocaron en La Gloriosa.
El Sexenio Democrático (1868-1874) fue el primer intento serio de democracia. La Constitución de 1869 fue la más avanzada del siglo XIX. Tras el fracaso de Amadeo de Saboya y la inestabilidad de la Primera República, el pronunciamiento de Martínez Campos restauró la monarquía en 1874.
La Restauración y el Sistema Canovista
La Restauración inauguró el sistema canovista, articulado por Cánovas del Castillo, basado en la Constitución de 1876, la soberanía compartida y el turno pacífico de partidos entre conservadores y liberales. Aunque aportó estabilidad, se apoyó en el fraude electoral y el caciquismo, excluyendo a republicanos, nacionalistas y movimientos obreros.
La Crisis del Imperio y el Desastre del 98
Mientras tanto, el imperio colonial entraba en crisis. En Cuba, el incumplimiento de la Paz de Zanjón (1878) alimentó el auge del independentismo, organizado en torno al Partido Revolucionario Cubano de José Martí. La guerra iniciada en 1895 y la dura política de reconcentración del general Weyler deterioraron la situación y tensaron las relaciones con Estados Unidos.
La explosión del acorazado Maine en 1898 desencadenó la intervención estadounidense y la rápida derrota española en Cavite y Santiago de Cuba. El Tratado de París supuso la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, poniendo fin al imperio. El Desastre del 98 provocó una profunda crisis moral, política y económica, dando lugar al regeneracionismo de Joaquín Costa y a la Generación del 98, que reflexionaron sobre la necesidad de una renovación nacional.