Glosario de Términos Fundamentales de la Historia de España del Siglo XIX

Batalla de Alcolea

Batalla que tuvo lugar en el Puente de Alcolea (Córdoba) el 28 de septiembre de 1868, durante la Revolución Gloriosa. En ella se enfrentaron las fuerzas revolucionarias del general Serrano contra las tropas leales a Isabel II, dirigidas por el marqués de Novaliches. Las fuerzas revolucionarias resultaron triunfantes, lo que precipitó la caída de la monarquía isabelina.

Constitución de 1869

Constitución aprobada durante la etapa del Gobierno Provisional (1868-1871), surgido de la Revolución Gloriosa. De carácter marcadamente progresista y demócrata, estableció por primera vez en España el sufragio universal masculino directo para mayores de 25 años, una clara división de poderes, una monarquía constitucional democrática y una amplia declaración de derechos y libertades individuales y colectivos, incluyendo la libertad de culto.

Arancel Figuerola de 1869

Medida política de carácter liberal, impulsada por el ministro Laureano Figuerola en 1869, por la que se rebajaron significativamente los aranceles (impuestos que debían pagar los productos extranjeros en la aduana), abriendo la economía española al comercio internacional. A esta medida se opusieron la burguesía textil catalana, temerosa de la competencia exterior, y los grandes propietarios cerealistas castellanos, por la posible bajada de precios de los cereales.

Ley de Minas de 1868

Medida legislativa promulgada en 1868 (aunque a veces se asocia con desarrollos posteriores en 1871) que favoreció la venta o concesión a empresas, en muchos casos internacionales, de las explotaciones mineras que hasta ese momento eran en gran parte propiedad de la Corona o del Estado. Como resultado, una parte importante del sector minero quedó en manos extranjeras. Esta acción se llevó a cabo con el objetivo de conseguir recursos financieros para el Estado y reducir la considerable deuda pública.

La Peseta

Moneda creada en 1868 (decretada por el Gobierno Provisional) y que comenzó a acuñarse en 1869, con el objetivo de unificar el caótico sistema monetario español existente hasta entonces. Buscaba también modernizar la economía y fortalecer el sector bancario español tras la crisis financiera de 1866.

Grito de Yara

Manifiesto y levantamiento armado ocurrido el 10 de octubre de 1868 en el ingenio La Demajagua, cerca de Yara (Cuba), liderado por Carlos Manuel de Céspedes. Marcó el inicio de la Guerra de los Diez Años, la primera de las tres guerras de independencia cubana contra España, en la que los criollos cubanos buscaban la independencia de la isla.

Abolicionismo

Doctrina y movimiento social que defiende la anulación de las leyes y costumbres relacionadas con la esclavitud y la prohibición de su práctica. En España, desde 1837 se había prohibido la trata de esclavos y la esclavitud en la Península Ibérica, pero esta continuó legalmente en las colonias de Cuba y Puerto Rico. Los partidarios de la independencia en estas colonias eran, en su mayoría, también defensores del abolicionismo. Durante el Sexenio Democrático, se inició un lento proceso para abolir la esclavitud: en Puerto Rico se logró en 1873 (Ley Moret de 1870 fue un paso previo), y para Cuba, el proceso culminó en 1886, ya durante el reinado de Alfonso XII.

Tercera Guerra Carlista

Conflicto bélico que se desarrolló en España entre 1872 y 1876. Enfrentó a los partidarios de Carlos, duque de Madrid (pretendiente carlista bajo el nombre de Carlos VII), contra los sucesivos gobiernos de Amadeo I, de la Primera República y de Alfonso XII. Los carlistas llegaron a establecer un embrión de Estado independiente con capital en Estella (Navarra) en 1874 y tuvieron una fuerte presencia en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. Con la Restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, se intensificó el esfuerzo militar liberal por acabar con la guerra. La contienda finalizó cuando las tropas gubernamentales, dirigidas por generales como Martínez Campos, conquistaron los últimos reductos carlistas en Cataluña (Olot, Seo de Urgel) y finalmente Estella (febrero de 1876).

Republicanos Federales vs. Unitarios

División fundamental dentro del republicanismo español del siglo XIX:

• Los republicanos unitarios defendían una república con un único Estado centralizado y solían mantener posiciones más conservadoras desde el punto de vista político y social. Su principal representante fue Emilio Castelar.
• Los republicanos federales, por su parte, abogaban por una república compuesta por varios estados federados, articulados mediante un sistema de pactos libremente establecidos entre regiones o pueblos históricos. Propugnaban, además, mayores libertades, un programa de reformas sociales más profundo y la laicidad del Estado. No obstante, los federales estaban a su vez divididos.

Republicanos Federales Legales (Benévolos) vs. Intransigentes

Dentro de los republicanos federales existía una importante división táctica y programática:

• Los benévolos (o legalistas), liderados por Francisco Pi y Margall, eran partidarios de construir la federación “desde arriba”, es decir, a partir de la acción de un gobierno central y unas Cortes Constituyentes que definieran la estructura federal del Estado de manera ordenada.
• Los intransigentes (o cantonalistas) defendían la construcción de la federación “desde abajo”, proclamando la soberanía de los municipios y regiones (cantones) que luego pactarían libremente su unión en una federación. Los republicanos federales intransigentes fueron quienes protagonizaron la sublevación cantonal.

Cantonalismo

Movimiento insurreccional ocurrido en España durante la Primera República (principalmente en el verano de 1873). Consistió en una serie de sublevaciones locales, especialmente en el sur y el este del país (Levante y Andalucía), que proclamaron la constitución de cantones independientes o autónomos. Este movimiento seguía la doctrina del republicanismo federal intransigente, que buscaba construir una nueva república federal o confederada desde la base (municipios y regiones). El cantón más importante y duradero fue el de Cartagena, que resistió hasta enero de 1874.

Manifiesto de Sandhurst

Documento político fechado el 1 de diciembre de 1874 y firmado por Alfonso de Borbón (futuro Alfonso XII), quien se encontraba exiliado y estudiando en la academia militar de Sandhurst (Reino Unido). Redactado por Antonio Cánovas del Castillo, el manifiesto fue publicado con motivo del decimoséptimo cumpleaños del príncipe. En él, Alfonso manifestaba su disposición a convertirse en rey de España y se declaraba partidario de una monarquía parlamentaria y constitucional, conciliadora y abierta a todas las opciones liberales, sentando las bases ideológicas de la futura Restauración borbónica.

Abrazo de Vergara

Acuerdo firmado el 31 de agosto de 1839 en Vergara (Guipúzcoa) entre el general isabelino Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto. Puso fin a la Primera Guerra Carlista (1833-1840) en el frente norte de España. Según sus términos, los combatientes carlistas se rendían y entregaban sus armas a cambio de la posibilidad de integrar a sus oficiales en el ejército isabelino con reconocimiento de sus grados y empleos, y del compromiso del gobierno de proponer a las Cortes la modificación o mantenimiento de los fueros vascos y navarros. Este acuerdo no fue aceptado por el general carlista Ramón Cabrera, quien mantuvo la lucha un año más en la región del Maestrazgo.

Estatuto Real (1834)

Carta otorgada promulgada el 10 de abril de 1834 durante la regencia de María Cristina de Borbón, en el contexto de la Primera Guerra Carlista. Supuso una concesión limitada a los liberales moderados que apoyaban a la regente frente al absolutismo carlista. Al ser una carta otorgada, la soberanía residía exclusivamente en el monarca (soberanía real), no en la nación. No establecía una división de poderes efectiva, ya que el monarca conservaba la iniciativa legislativa y el poder ejecutivo. Creaba unas Cortes bicamerales (Estamento de Próceres, designados por la Corona con carácter vitalicio, y Estamento de Procuradores, elegidos por sufragio censitario muy restringido) con funciones meramente consultivas y de colaboración con el monarca, sin capacidad legislativa propia.

Reforma Provincial de Javier de Burgos

Reforma administrativa implementada mediante un real decreto de 30 de noviembre de 1833, siendo secretario de Estado de Fomento Javier de Burgos, durante la regencia de María Cristina. Dividió el territorio español en 49 provincias, agrupadas en regiones históricas (aunque estas últimas sin competencias administrativas propias en ese momento). Esta división se basó en criterios de racionalidad administrativa, buscando una mayor uniformidad y eficacia, y tomó como antecedente proyectos anteriores, como el de las Cortes de Cádiz y el del Trienio Liberal (1822), que buscaban racionalizar las antiguas fronteras basadas en reinos y señoríos, adaptándolas a criterios geográficos, históricos y demográficos. Esta estructura provincial ha perdurado, con algunas modificaciones (como la posterior división de Canarias en dos provincias en 1927), hasta la actualidad.

Unión Liberal

Agrupación política de centro fundada en 1854, aunque consolidada en los años siguientes, que surgió de la unión del sector más aperturista (o “puritanos”, a la izquierda) del Partido Moderado y el ala más conservadora (o “templados”, a la derecha) del Partido Progresista. Su principal líder fue el general Leopoldo O’Donnell. La Unión Liberal pretendía ser una alternativa centrista a los dos grandes partidos, buscando la estabilidad política y el progreso material. Gobernó durante el llamado “Gobierno Largo” (1858-1863).

Concordato con la Santa Sede (1851)

Acuerdo (tratado internacional) firmado el 16 de marzo de 1851 entre el Estado español, durante el reinado de Isabel II (gobierno moderado), y la Santa Sede (representada por el papa Pío IX). Buscaba la reconciliación entre la Iglesia Católica y el régimen liberal español tras las tensiones generadas por las desamortizaciones y otras medidas anticlericales de etapas anteriores. Mediante este concordato, la Iglesia aceptaba las desamortizaciones ya realizadas y renunciaba a reclamar los bienes vendidos. A cambio, el Estado español reconocía la religión católica como la única de la nación española, con exclusión de cualquier otro culto; garantizaba el sostenimiento del culto y el clero; otorgaba a la Iglesia amplias competencias en materia de educación y censura de publicaciones; y permitía la restauración de algunas órdenes religiosas masculinas y la existencia de las femeninas.

Vicalvarada

Pronunciamiento militar que tuvo lugar el 28 de junio de 1854 en Vicálvaro (cerca de Madrid), liderado por el general Leopoldo O’Donnell y Domingo Dulce. Se dirigió contra el gobierno autoritario del conde de San Luis y la corrupción de la camarilla palaciega de Isabel II. Aunque inicialmente el enfrentamiento militar fue indeciso (la “Vicalvarada” propiamente dicha), la sublevación ganó impulso y se transformó en una revolución de carácter progresista gracias a la adhesión de otros militares y, fundamentalmente, a la publicación del Manifiesto de Manzanares. Este manifiesto, redactado por Antonio Cánovas del Castillo, atrajo el apoyo popular y de los progresistas, lo que condujo al triunfo de la revolución y al inicio del Bienio Progresista (1854-1856).

Manifiesto de Manzanares

Proclama política redactada por Antonio Cánovas del Castillo y hecha pública por el general Leopoldo O’Donnell el 7 de julio de 1854 en Manzanares (Ciudad Real), durante el transcurso de la Vicalvarada. Con el objetivo de ampliar el apoyo a la sublevación militar, el manifiesto recogía diversas reivindicaciones del ideario progresista, como la conservación del Trono pero sin camarilla que lo deshonre, la mejora de las leyes electoral y de imprenta, la rebaja de impuestos (especialmente el de consumos), la descentralización administrativa, la restauración de la Milicia Nacional y una mayor moralidad en la gestión pública. Este manifiesto fue crucial para movilizar el apoyo popular urbano y de los progresistas, transformando el pronunciamiento inicial en una revolución que logró derribar al Gobierno moderado y dar paso al Bienio Progresista.

Guerra de los Matiners

Conflicto bélico (1846-1849), también conocido como la Segunda Guerra Carlista o Campaña Montemolinista. Fue una sublevación que afectó principalmente a Cataluña (donde se les llamó *matiners*, madrugadores en catalán), aunque hubo partidas en otras regiones. Tuvo un fuerte componente carlista (partidarios del pretendiente Carlos Luis de Borbón, conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro) y popular, exacerbada por una crisis económica y de subsistencia. El desencadenante político inmediato fue el fracaso del proyecto de matrimonio entre Isabel II y el pretendiente carlista, lo que frustró las esperanzas de una reconciliación dinástica.

Desamortización de Mendizábal (1836-1837)

Proceso de expropiación forzosa y venta en pública subasta de los bienes raíces (tierras y edificios) pertenecientes a las órdenes religiosas (clero regular), excepto aquellas dedicadas a la beneficencia y la enseñanza. Fue llevado a cabo a partir de los decretos de 1836 y 1837 por el ministro Juan Álvarez Mendizábal, durante la regencia de María Cristina y en el contexto de la Primera Guerra Carlista. Los objetivos principales eran obtener recursos financieros para sanear la deuda pública y sufragar los cuantiosos gastos de la guerra contra los carlistas, así como crear una nueva clase de propietarios burgueses y campesinos acomodados afines al régimen liberal. Las tierras se subastaron generalmente en grandes lotes, lo que favoreció a compradores de la alta nobleza y la burguesía adinerada, que consolidaron o ampliaron sus patrimonios formando una poderosa oligarquía terrateniente. Para muchos pequeños campesinos, el proceso no supuso el acceso a la propiedad y, en algunos casos, empeoró su situación al privatizarse tierras que antes explotaban en arriendo o como jornaleros. Este proceso también provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno español y la Santa Sede.

Desamortización de Madoz (1855)

Proceso desamortizador impulsado por el ministro de Hacienda Pascual Madoz durante el Bienio Progresista, a través de la Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 1855. A diferencia de la de Mendizábal, esta ley afectó a una gama más amplia de propiedades, incluyendo los bienes de propios y comunes de los ayuntamientos (la principal fuente de ingresos de muchos municipios y sustento para campesinos pobres), los bienes del Estado, del clero secular (que habían sido parcialmente respetados anteriormente), de las órdenes militares, de cofradías, obras pías y santuarios, e incluso los bienes de instrucción pública y beneficencia. Esta desamortización tuvo un impacto negativo en muchos pequeños campesinos, que dependían de las tierras comunales para su subsistencia (pastos, leña, etc.), y en la financiación de los ayuntamientos. Los fondos obtenidos se destinaron principalmente a amortizar la deuda pública y a financiar la construcción de la red ferroviaria. Supuso una nueva tensión con la Iglesia Católica, al afectar bienes eclesiásticos que el Concordato de 1851 parecía haber protegido.

Ley General de Ferrocarriles (1855)

Legislación fundamental aprobada el 3 de junio de 1855, durante el Bienio Progresista, siendo ministro de Fomento Francisco de Luxán. Su objetivo era impulsar y regular la construcción de la red ferroviaria en España, considerada crucial para la modernización económica del país. La ley ofrecía amplias facilidades y subvenciones a las empresas constructoras, lo que incentivó una importante movilización de capitales, con una destacada participación de inversores extranjeros, especialmente franceses y belgas. La construcción y puesta en servicio de nuevas líneas experimentó un notable auge en los años siguientes, alcanzándose aproximadamente 4500 km en la década posterior a la ley. Esta ley fue determinante en la configuración de una estructura radial de la red ferroviaria española, con centro en Madrid, y en la adopción de un ancho de vía diferente al estándar europeo (el ancho ibérico de 1672 mm, equivalentes a seis pies castellanos), decisión técnica que tendría consecuencias a largo plazo para la conexión con Europa.

Política de Prestigio

Estrategia de política exterior implementada activamente durante el llamado «Gobierno Largo» de la Unión Liberal (1858-1863), liderado por el general Leopoldo O’Donnell. Se caracterizó por buscar una mayor presencia y protagonismo de España en el ámbito internacional, intentando recuperar parte del prestigio perdido y distraer la atención de los problemas internos. En este marco, España participó en diversas intervenciones y expediciones militares, a menudo costosas y de dudoso beneficio real, como la expedición a Conchinchina (1858-1862, junto a Francia), la intervención en México (1861-1862, junto a Francia y Reino Unido, aunque España se retiró pronto) y, la más destacada, la Guerra de Marruecos (1859-1860), que culminó con una victoria militar española y la firma del Tratado de Wad-Ras.

Pacto de Ostende

Acuerdo firmado en agosto de 1866 en la ciudad belga de Ostende por representantes del Partido Progresista (liderados por el general Prim) y del Partido Demócrata (republicanos y demócratas monárquicos). Su objetivo principal era derrocar la monarquía de Isabel II, considerada un obstáculo para el progreso y la democratización de España. El pacto establecía la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal directo, que decidirían la futura forma de gobierno del país (monarquía o república). En noviembre de 1867, tras la muerte de O’Donnell, la Unión Liberal, bajo el liderazgo del general Serrano, se adhirió al pacto, lo que amplió considerablemente la base de la conspiración contra Isabel II y fue decisivo para el triunfo de la Revolución de 1868.

La Gloriosa

Nombre con el que se conoce a la Revolución de Septiembre de 1868, un proceso revolucionario que se inició el 18 de septiembre de ese año con un pronunciamiento militar en Cádiz, encabezado por el almirante Juan Bautista Topete. A él se sumaron rápidamente figuras clave como el general Juan Prim (líder del Partido Progresista) y el general Francisco Serrano (líder de la Unión Liberal), en cumplimiento del Pacto de Ostende. La revolución pretendía acabar con el corrupto y autoritario reinado de Isabel II. Contó con un amplio apoyo popular, especialmente en las ciudades, motivado por el hartazgo político, la grave crisis económica y financiera de 1866-1868, y reivindicaciones concretas como el fin del sistema de quintas (reclutamiento militar obligatorio por sorteo), la abolición del impopular impuesto de consumos (que gravaba bienes de primera necesidad) y el establecimiento de libertades democráticas. El triunfo de la revolución, tras la batalla de Alcolea y la huida de la reina a Francia, dio inicio al Sexenio Democrático (1868-1874).