Las Regencias y el Reinado de Isabel II (1833-1868): La Construcción del Estado Liberal

Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su esposa María Cristina de Borbón asumió la regencia durante la minoría de edad de su hija, la futura Isabel II. Este período estuvo marcado por el inicio de las Guerras Carlistas, un conflicto sucesorio y una lucha entre dos concepciones de España: el absolutismo (carlistas) y el liberalismo (isabelinos).

La regente, buscando apoyos liberales, concedió el Estatuto Real en 1834. Este documento, una carta otorgada, establecía una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, mantenía amplios poderes reales y concedía algunas libertades, significando formalmente el fin del absolutismo monárquico y el inicio de la monarquía constitucional.

Los liberales, aunque en el gobierno, pronto se dividieron en dos grandes facciones, dando origen a los primeros partidos políticos españoles:

• Liberales Moderados: Más conservadores, partidarios de una soberanía compartida, un sufragio censitario muy restringido y un poder real fuerte.
• Liberales Progresistas: Más reformistas, defensores de la soberanía nacional, un sufragio censitario más amplio y mayores libertades.

Durante esta regencia se sucedieron gobiernos de ambas tendencias:

• Un primer gobierno moderado implementó una nueva división provincial en España (1833, obra de Javier de Burgos, aunque se consolida en esta etapa).
• Posteriormente, un gobierno progresista, liderado por figuras como Juan Álvarez Mendizábal, llevó a cabo la Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836). Sus objetivos eran múltiples: obtener fondos para financiar al ejército isabelino en la guerra carlista, castigar el apoyo de la Iglesia al absolutismo carlista y fomentar una reforma agraria. Aunque se obtuvieron recursos y se ganó la guerra, la tierra no experimentó una redistribución significativa, concentrándose en manos de la burguesía y la nobleza terrateniente.
• Los progresistas también promulgaron una nueva Constitución en 1837, de carácter progresista, que defendía la soberanía nacional, reducía los poderes de la Corona en comparación con el Estatuto Real y ampliaba las libertades individuales.

Sin embargo, los moderados regresaron al poder tras las elecciones de 1837 y comenzaron a suprimir algunas de las leyes progresistas, destacando la anulación de la elección popular de los ayuntamientos (Ley de Ayuntamientos de 1840). Esta medida provocó insurrecciones progresistas y la convocatoria de la Milicia Nacional. El general progresista Baldomero Espartero, héroe de la Primera Guerra Carlista, lideró un pronunciamiento que puso fin al gobierno moderado y forzó el exilio de la reina regente María Cristina en 1840.

Regencia de Espartero (1840-1843)

Tras la victoria progresista y el exilio de María Cristina, el general Espartero asumió la regencia. Su gobierno, de corte autoritario y personalista, pronto generó descontento tanto entre los moderados como en sectores de su propio partido progresista.

Un episodio clave fue la gestión de las protestas populares en Barcelona (1842), motivadas por un tratado comercial con Gran Bretaña que perjudicaba a la industria textil catalana. Espartero ordenó el bombardeo de la ciudad, lo que incrementó enormemente la oposición a su régimen.

Moderados y progresistas descontentos conspiraron en su contra, culminando en el pronunciamiento del general moderado Ramón María Narváez en 1843, que forzó el exilio de Espartero y puso fin a su regencia. Para evitar una nueva regencia, se decidió adelantar la mayoría de edad de Isabel II.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

Proclamada reina a los 13 años, durante su reinado se consolidó el Estado Liberal en España, aunque de forma inestable y conflictiva. Se produjo una mayor centralización del poder y se iniciaron importantes transformaciones económicas y sociales. Se distinguen las siguientes etapas:

La Década Moderada (1844-1854)

Este largo período estuvo dominado por los liberales moderados, con el general Narváez como figura política y militar más influyente. Esta etapa se caracterizó por:

• Políticas marcadamente conservadoras, con un fuerte control del orden público, fraudes electorales sistemáticos, censura de prensa y represión de la oposición.
• La creación de la Guardia Civil (1844), cuerpo armado con fines civiles pero estructura militar, destinado a mantener el orden en el ámbito rural y proteger la propiedad.
• La promulgación de la Ley de Ayuntamientos de 1845, que reforzaba el centralismo al permitir al gobierno nombrar a los alcaldes de las principales ciudades.
• En materia económica, se debatió entre el proteccionismo (defendido por industriales, especialmente catalanes) y el librecambismo, con un sistema fiscal basado predominantemente en los impuestos indirectos (consumos), que gravaban los productos básicos y afectaban más a las clases populares.
• La promulgación de la Constitución moderada de 1845, que establecía la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, otorgaba amplios poderes a la Corona, restringía considerablemente las libertades y establecía un sufragio censitario muy limitado.

Además, los moderados centralizaron la enseñanza (Plan Pidal), firmaron un Concordato con la Santa Sede en 1851 (que restablecía las relaciones con la Iglesia y reconocía el catolicismo como religión oficial, a cambio de que la Iglesia aceptara las desamortizaciones ya realizadas), reformaron la Hacienda (reforma Mon-Santillán) y aumentaron la burocracia y el control estatal.

A pesar del autoritarismo, se produjeron protestas y levantamientos, especialmente en 1848 (coincidiendo con las revoluciones europeas), protagonizados por progresistas, demócratas y carlistas (Segunda Guerra Carlista o Guerra dels Matiners, 1846-1849). En este contexto de descontento, surgió el Partido Demócrata en 1849, que defendía el sufragio universal masculino, la soberanía popular y mayores derechos sociales.

El conservadurismo de los moderados se acentuó en los últimos años de la década, persistiendo la corrupción, los escándalos financieros y el favoritismo de la camarilla real. El descontento culminó con el pronunciamiento del general moderado aperturista Leopoldo O’Donnell en Vicálvaro (la Vicalvarada, 1854), al que se sumaron revueltas populares de progresistas y demócratas, lo que condujo a la caída del gobierno moderado y al inicio del Bienio Progresista.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El gobierno fue presidido nuevamente por el general Espartero, e integró a progresistas y a algunos moderados aperturistas (que formarían la Unión Liberal, liderada por O’Donnell, quien fue ministro de Guerra). Este breve pero intenso período se caracterizó por:

• Una política económica de corte librecambista y un intento de reforma fiscal para equilibrar los impuestos directos e indirectos.
• La elaboración de una nueva constitución, la Constitución de 1856, de carácter progresista, que defendía la soberanía nacional y ampliaba derechos, pero que es conocida como la “non nata” por no llegar a promulgarse.

Los progresistas impulsaron una importante modernización económica mediante:

• La Desamortización general o civil de Madoz (1855): afectó a los bienes de los municipios (propios y comunes) y del Estado, además de los eclesiásticos no vendidos anteriormente. Buscaba obtener fondos para la Hacienda pública, financiar el ambicioso Plan de Ferrocarriles y fomentar la propiedad privada de la tierra, aunque la redistribución de esta siguió siendo limitada y perjudicó a los campesinos más pobres que dependían de los bienes comunales.
• La Ley General de Caminos de Hierro (1855): sentó las bases para la construcción de la red ferroviaria española, atrayendo capital extranjero pero generando también especulación.
• Reformas financieras: como la Ley de Bancos de Emisión (que permitiría la creación del Banco de España como único banco emisor en 1874) y la Ley de Sociedades Anónimas de Crédito, que facilitaron la inversión y la creación de empresas.

Este período también estuvo marcado por una creciente conflictividad social, con huelgas obreras (como la primera huelga general en España en 1855) y levantamientos campesinos. Las disensiones internas en el gobierno de coalición y la conflictividad social llevaron a la dimisión de Espartero en 1856, siendo O’Donnell el encargado por la reina de formar nuevo gobierno, lo que supuso el regreso de los moderados y el fin del Bienio.

El Regreso al Moderantismo y la Crisis del Reinado (1856-1868)

Esta etapa se puede dividir en dos fases principales:

1. Gobiernos de la Unión Liberal (1856-1863): Liderados por O’Donnell, su partido, la Unión Liberal (una opción centrista que intentaba aglutinar a los sectores más moderados del progresismo y los más abiertos del moderantismo), proporcionó un período de relativa estabilidad política y cierto desarrollo económico. Se restableció la Constitución de 1845 con un Acta Adicional más progresista (que luego fue suprimida). Destacó una activa y prestigiosa (aunque costosa) política exterior (expediciones a Indochina, México, Marruecos).
2. Vuelta al Moderantismo autoritario (1863-1868): Se sucedieron gobiernos moderados, a menudo presididos por Narváez, que contaron con el apoyo explícito de la reina. Esta fase se caracterizó por el autoritarismo, la represión de la oposición (progresistas, demócratas, republicanos), los fraudes electorales y el creciente descrédito de la monarquía.

Durante estos años, continuaron las sublevaciones campesinas debido a la persistencia de los efectos de la desamortización. La Unión Liberal fue perdiendo influencia y cohesión con el tiempo.

Progresistas y demócratas, excluidos del juego político, optaron por la vía conspirativa y el retraimiento electoral. Firmaron el Pacto de Ostende (1866), al que luego se sumarían los unionistas tras la muerte de O’Donnell, con el objetivo de derrocar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal. Un amplio sector de la población, incluyendo militares y clases medias, se mostraba contrario a los gobiernos moderados y a la propia reina, cuya vida privada también era objeto de críticas.

La crisis económica de 1866 (financiera, industrial y de subsistencias) agravó la situación. Finalmente, en septiembre de 1868, una sublevación militar iniciada en Cádiz por el almirante Topete, a la que se unieron los generales Prim (progresista) y Serrano (unionista), desencadenó la revolución conocida como “La Gloriosa”. Tras la derrota de las tropas leales a la reina en la batalla del Puente de Alcolea, Isabel II partió al exilio, poniendo fin a su reinado.

Conclusión del Período Isabelino

Al final de esta extensa etapa, el Estado liberal se había establecido en España, pero su consolidación estuvo marcada por profundas contradicciones y limitaciones:

• Intensas y constantes disputas entre moderados y progresistas, que dificultaron la estabilidad política.
• El persistente trasfondo de las Guerras Carlistas, que representaban una amenaza al sistema liberal.
• Una notable y frecuente intervención de los militares en la vida política a través de pronunciamientos, convirtiéndose en árbitros de la situación.
• Una intervención muy partidista de la Corona en favor de los moderados, lo que erosionó su prestigio y legitimidad.
• Una población que comenzaba a despertar a la participación política, aunque esta estaba muy limitada por el sufragio censitario(*) durante la mayor parte del período. El desarrollo de nuevas ideologías (democrática, republicana, socialista, anarquista) reflejaba esta creciente politización.

El Sexenio Democrático: Crisis Política y Primera República Española (1868-1874)

La Revolución Gloriosa de 1868 expulsó del gobierno a los moderados y a la reina Isabel II, abriendo un período de seis años conocido como el Sexenio Democrático o Revolucionario. Aunque la revolución tuvo un componente popular importante, no alteró fundamentalmente el bloque de poder económico y social. La burguesía, que había apoyado el derrocamiento de Isabel II, intervendría para reconducir la situación si percibía que sus intereses peligraban ante las demandas más radicales.

En el País Vasco y Navarra (denominados conjuntamente por algunos como Euskal Herria), los revolucionarios inicialmente manifestaron respeto por el Régimen Foral. Sin embargo, el Sexenio se caracterizó por un fuerte choque religioso, ya que las medidas laicistas y la libertad de cultos fueron vistas por muchos católicos, especialmente en estas regiones de fuerte arraigo tradicionalista, como una amenaza al catolicismo.

El Sexenio se divide en las siguientes etapas:

La Gloriosa y el Gobierno Provisional del General Serrano (1868-1870)

Tras el triunfo de la revolución, se formó un Gobierno Provisional presidido por el general Serrano (unionista), con el general Prim (progresista) como ministro de Guerra y hombre fuerte del nuevo régimen. Pronto surgieron disensiones entre los líderes militares de La Gloriosa y las Juntas Revolucionarias que se habían formado en las ciudades y que habían sido protagonistas de la insurrección popular. Estas juntas exigían reformas más profundas, como la supresión de las quintas(*) (servicio militar obligatorio por sorteo) y la abolición de los impuestos de consumos(*). Prim decretó la disolución de las juntas para controlar la radicalización del proceso.

Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino directo (para varones mayores de 25 años), por primera vez en la historia de España. Estas elecciones dieron la victoria a la coalición gubernamental de progresistas, unionistas y demócratas monárquicos. En el País Vasco y Navarra, sin embargo, los carlistas obtuvieron la mayoría.

Las Cortes elaboraron y aprobaron la Constitución de 1869, la más democrática de España hasta entonces. Establecía:

• Soberanía nacional.
• Una amplia declaración de derechos y libertades (asociación, reunión, expresión, libertad de cultos).
• División de poderes con un fuerte poder legislativo (Cortes bicamerales).
• Monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
• Juicios por jurados(*).

Una vez aprobada la Constitución y establecida la monarquía como forma de Estado, el general Serrano fue nombrado Regente del reino y Prim asumió el cargo de Presidente del Gobierno. La principal tarea fue encontrar un nuevo rey para España.

Este período estuvo marcado por una gran agitación social y política:

• Revueltas y manifestaciones de republicanos (que aspiraban a una república), de jornaleros andaluces (que demandaban un reparto de tierras) y de obreros industriales, especialmente en Cataluña.
• El inicio de la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), el primer gran conflicto por la independencia de la isla.
• La formación de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT – Primera Internacional) en 1869, que difundió las ideas socialistas y anarquistas entre el proletariado español.

En el País Vasco y Navarra, el carlismo se radicalizó ante las medidas del nuevo régimen, y los fueristas moderados, defensores de los fueros pero no necesariamente absolutistas, se acercaron progresivamente al carlismo. Mientras tanto, Prim gestionaba la búsqueda de un candidato al trono español, que finalmente recayó en Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II.

El Reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873)

El reinado de Amadeo I fue breve y estuvo plagado de dificultades desde su inicio:

• Su principal valedor, el general Prim, fue asesinado en Madrid en diciembre de 1870, tres días antes de la llegada del nuevo rey a España. Esto privó a Amadeo de su más firme apoyo y desestabilizó a la coalición monárquico-democrática.
• Existía un fuerte rechazo hacia un monarca extranjero por parte de amplios sectores: los carlistas (que tenían su propio pretendiente, Carlos VII), los alfonsinos (partidarios de la restauración de los Borbones en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II), los republicanos y parte del pueblo.
• La inestabilidad política fue constante, con sucesiones de gobiernos débiles e incapaces de afrontar los problemas del país. Los partidos que habían apoyado su candidatura se fragmentaron.
• El político conservador Antonio Cánovas del Castillo organizó eficazmente el partido alfonsino, conspirando para restaurar la monarquía borbónica.
• Carlos VII, el pretendiente carlista, aprovechó la inestabilidad para iniciar la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), que se extendió principalmente por el País Vasco, Navarra y Cataluña.

Aislado, sin apoyos sólidos y superado por la conflictividad, Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873. Ante el vacío de poder, el Congreso de los Diputados y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron ese mismo día la Primera República Española.

La Primera República Española (1873-1874)

La Primera República nació en un contexto de extrema debilidad y enfrentó enormes desafíos. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron una abrumadora victoria a los republicanos federales, liderados inicialmente por Estanislao Figueras como primer presidente, sucedido luego por Francisco Pi i Margall. Sin embargo, el republicanismo estaba profundamente dividido:

• Republicanos Federales(*): Eran mayoritarios, pero a su vez se dividían entre los pactistas o benevolentes (partidarios de construir la federación desde arriba, mediante un pacto entre las Cortes y los territorios) y los intransigentes o cantonalistas (que defendían la construcción desde abajo, proclamando la independencia de los cantones que luego se federarían voluntariamente).
• Republicanos Unitarios(*): Minoritarios, defendían una república centralizada.

Se elaboró un proyecto de Constitución Federal en 1873, que organizaba España en diecisiete Estados federados (incluyendo Cuba y Puerto Rico), pero nunca llegó a aprobarse debido al colapso de la República.

Durante la presidencia de Pi i Margall, estalló el movimiento cantonalista(*), especialmente en Levante y Andalucía (Cartagena fue el cantón más resistente). Los cantones proclamaban su independencia y se federaban voluntariamente, desafiando al gobierno central. A esto se sumaron huelgas generales de inspiración anarquista y la continuación de la Guerra Carlista y la Guerra de Cuba.

La incapacidad de Pi i Margall para controlar la situación llevó a su dimisión. Le sucedió Nicolás Salmerón, quien dimitió al negarse a firmar penas de muerte contra militares sublevados. Finalmente, Emilio Castelar, republicano unitario, asumió la presidencia con poderes extraordinarios para restablecer el orden, suspendiendo las garantías constitucionales y apoyándose en el ejército para reprimir el cantonalismo.

Cuando las Cortes se reunieron en enero de 1874 para retirarle la confianza a Castelar, y ante el temor de que los federales intransigentes volvieran al poder, el general Manuel Pavía dio un golpe de Estado el 3 de enero, disolviendo las Cortes republicanas.

Tras el golpe de Pavía, se estableció un gobierno de concentración presidido por el general Serrano, quien gobernó de forma dictatorial, suspendiendo la Constitución de 1869 y estableciendo una república unitaria de facto. Su gobierno se centró en la represión de los últimos focos cantonales, la lucha contra los carlistas y el mantenimiento del orden. La República, en su concepción democrática y federal, había dejado de existir.

Mientras tanto, la conspiración a favor de la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, dirigida por Cánovas del Castillo, ganaba cada vez más apoyos entre la alta burguesía, la aristocracia, la Iglesia y gran parte del ejército, que veían en la monarquía alfonsina la única garantía de orden y estabilidad.

El 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de Alfonso XII como rey de España. El pronunciamiento no encontró oposición significativa, precipitando el fin del Sexenio Democrático. Cánovas del Castillo asumió la dirección de un gobierno provisional (Ministerio-Regencia) hasta la llegada del nuevo rey a España en enero de 1875, dando inicio a un nuevo período histórico: la Restauración Borbónica.