Contexto Histórico de la Constitución de 1812
La Constitución de 1812 se promulgó en un momento de gran crisis política, institucional y social en España, dentro del contexto europeo de las Guerras Napoleónicas.
La Crisis Europea y la Invasión Francesa
En Europa, Napoleón impuso el Bloqueo Continental contra Inglaterra, lo que provocó la invasión de Portugal, país aliado de los británicos. Para llevar a cabo esta invasión, se firmó en 1807 el Tratado de Fontainebleau, por el cual España permitió el paso de tropas francesas por su territorio. Sin embargo, Napoleón aprovechó la situación para ocupar el país.
La Crisis Dinástica en España
En España, la crisis se manifestó a través de tres hechos fundamentales:
- El Motín de Aranjuez: Obligó a Carlos IV a abdicar en Fernando VII.
- Las Abdicaciones de Bayona: Fernando VII y Carlos IV cedieron el trono a Napoleón, quien lo entregó a su hermano José Bonaparte.
- El Levantamiento Popular del 2 de Mayo de 1808: Dio inicio a la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Durante la guerra se formaron Juntas de Defensa provinciales y, posteriormente, la Junta Suprema Central, que organizó la resistencia frente a los franceses. La ocupación obligó a trasladar el gobierno a Cádiz, donde se convocaron las Cortes de Cádiz, compuestas mayoritariamente por liberales, con el objetivo de redactar una constitución que rompiera con el Antiguo Régimen y sentara las bases de un Estado moderno. Además, influyeron en su elaboración las ideas de la Ilustración y del liberalismo europeo, especialmente la Revolución francesa y los principios de Montesquieu y Rousseau.
Principios Fundamentales del Liberalismo Político
La Constitución de 1812 establece los principios fundamentales del liberalismo político, rompiendo con la monarquía absoluta y el derecho divino. Los pilares de este nuevo modelo de Estado son:
- Soberanía Nacional: La soberanía reside en la nación y no en el rey.
- Igualdad Jurídica: España se define como un país libre e independiente, donde los ciudadanos son iguales ante la ley y no existen privilegios estamentales.
- División de Poderes: Se establece un nuevo modelo de Estado basado en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, con funciones diferenciadas para evitar la concentración del poder.
La Constitución convierte a España en una monarquía constitucional, donde el rey conserva funciones importantes, pero dentro de los límites marcados por la ley y la representación nacional. Además, protege derechos fundamentales como la igualdad jurídica, la propiedad privada y la libertad de prensa, reflejando la voluntad de crear un Estado liberal, representativo y moderno, frente al Antiguo Régimen.
La Soberanía Nacional: El Artículo 3
El artículo 3 establece que la soberanía pertenece a la nación, es decir, al conjunto de ciudadanos y no al monarca. Esto supone un rechazo directo al absolutismo y al origen divino del poder real, ya que el rey deja de ser autoridad suprema e ilimitada y pasa a ser un poder delegado y sometido a la Constitución.
En la práctica, este principio significa que las leyes fundamentales deben ser elaboradas por los representantes de la nación reunidos en las Cortes y que el Estado debe organizarse para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Este principio exige una transformación profunda del orden político y social, ya que los privilegios del clero y la nobleza quedan limitados, y se establece un sistema en el que la voluntad general de la nación es la base de la legitimidad política.
La Separación de Poderes en la Constitución de 1812
La Constitución de 1812 introduce una clara separación de poderes como garantía frente a los abusos y la concentración del poder:
Poder Legislativo (Art. 15)
Reside en las Cortes junto con el rey, responsables de elaborar las leyes y representar la voluntad de la nación. Aunque el rey participa en la sanción de las leyes, el poder principal corresponde a las Cortes, reflejando la soberanía nacional.
Poder Ejecutivo (Art. 16)
Corresponde al rey, quien ejecuta las leyes y dirige la administración a través de sus ministros. Además, el rey dispone de derecho de veto, lo que le permite oponerse a las leyes aprobadas por las Cortes, aunque sus funciones quedan limitadas por la Constitución, perdiendo el carácter absoluto del Antiguo Régimen.
Poder Judicial (Art. 17)
Reside en los tribunales independientes, encargados de aplicar la ley en causas civiles y criminales, asegurando imparcialidad y el respeto a la legalidad.
Esta organización refleja las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes y asegura que ningún órgano concentre la autoridad, garantizando así la legalidad, la justicia y los derechos de los ciudadanos. El Estado se convierte en una monarquía constitucional, con un equilibrio entre el rey y la nación, y un sistema de control y limitación del poder central.