El Desastre de 1898 y el Fin del Imperio Colonial
El Desastre de 1898 fue la derrota de España frente a Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense, conflicto que supuso la pérdida de las últimas colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y el fin del imperio colonial español. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia contemporánea de España, tanto por sus consecuencias políticas como por su impacto moral e intelectual.
Las causas del conflicto fueron diversas. En primer lugar, existía una profunda crisis colonial. En Cuba se desarrollaban desde hacía décadas movimientos independentistas, que culminaron en la guerra iniciada en 1895, impulsada por líderes como José Martí. España intentó mantener el control mediante una fuerte represión y reformas tardías que no lograron frenar el deseo de independencia. En segundo lugar, Estados Unidos tenía importantes intereses económicos en la isla y adoptó una política expansionista. La explosión del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana en 1898 sirvió como pretexto para declarar la guerra.
A ello se sumaba la inferioridad militar española: su flota estaba anticuada frente a la moderna armada estadounidense, lo que provocó rápidas derrotas en Filipinas y en Santiago de Cuba. Finalmente, el conflicto evidenció la debilidad interna del sistema político de la Restauración, basado en el caciquismo y el turno de partidos. La guerra fue breve y terminó con la firma del Tratado de París, por el cual España perdió Cuba (que quedó bajo tutela estadounidense), Puerto Rico y Filipinas. Con ello desaparecía el antiguo imperio colonial español.
Las consecuencias fueron profundas. En el plano político, el desastre provocó una crisis del sistema de la Restauración y un desprestigio del ejército y de la clase dirigente. En el ámbito intelectual, surgió una corriente crítica conocida como la Generación del 98, con autores como Miguel de Unamuno y Antonio Machado, que reflexionaron sobre la decadencia de España y la necesidad de renovación. También se desarrolló el regeneracionismo, impulsado por pensadores como Joaquín Costa, que reclamaban reformas profundas para modernizar el país.
Funcionamiento del sistema de la Restauración: Oligarquía y Caciquismo
El sistema político de la Restauración (1874–1923) fue diseñado por Antonio Cánovas del Castillo tras el regreso de la monarquía borbónica con Alfonso XII. Su objetivo principal era garantizar la estabilidad política después del Sexenio Democrático, evitando pronunciamientos militares y conflictos civiles.
El funcionamiento del sistema se basaba en el llamado turno pacífico, es decir, la alternancia en el poder entre los dos grandes partidos dinásticos: el Partido Conservador (dirigido por Cánovas) y el Partido Liberal (liderado por Práxedes Mateo Sagasta). Cuando uno de los partidos agotaba su etapa de gobierno, el rey llamaba al líder del otro partido para formar nuevo gobierno. Después se convocaban elecciones, pero estas no eran realmente libres, ya que los resultados estaban previamente acordados.
Este sistema se apoyaba en una oligarquía, es decir, en el control del poder por una minoría formada por grandes propietarios, altos cargos políticos y notables locales. Aunque formalmente existía una monarquía constitucional con Cortes y elecciones, en la práctica el poder real lo ejercía esa élite reducida. El mecanismo clave para asegurar el control electoral era el caciquismo. El cacique era una persona influyente en el ámbito local (terrateniente, empresario o político) que manipulaba el voto mediante presiones, favores o amenazas. A través del fraude electoral o pucherazo, se garantizaba que el partido que debía gobernar obtuviera la mayoría parlamentaria necesaria.
En definitiva, el sistema de la Restauración proporcionó estabilidad durante varias décadas, pero lo hizo a costa de una democracia limitada y falseada. La exclusión de amplios sectores sociales, el fraude electoral y el dominio de la oligarquía provocaron el crecimiento de fuerzas opositoras —republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas— y terminaron debilitando el régimen hasta su crisis final en 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera.
Características básicas de la Constitución de 1876
La Constitución de 1876 fue la base jurídica del sistema político de la Restauración borbónica y se promulgó durante el reinado de Alfonso XII, siendo su principal inspirador Antonio Cánovas del Castillo. Fue una constitución de carácter moderado y flexible que estuvo en vigor hasta 1931, lo que la convirtió en una de las más duraderas de la historia constitucional española.
Uno de sus rasgos fundamentales era la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, lo que otorgaba al monarca un papel central en la vida política. El rey tenía amplios poderes: podía nombrar y destituir al presidente del Gobierno, convocar y disolver las Cortes, sancionar leyes y ejercer el mando supremo del ejército. El poder legislativo residía en unas Cortes bicamerales formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, este último compuesto por miembros elegidos y otros designados o vitalicios.
La Constitución reconocía una declaración de derechos individuales, como la libertad de expresión y de asociación, pero estos podían ser limitados mediante leyes ordinarias, lo que permitía restringirlos en la práctica. Establecía además un Estado confesional católico, aunque toleraba el culto privado de otras religiones. En cuanto al sistema electoral, inicialmente establecía sufragio censitario, aunque en 1890 se implantó el sufragio universal masculino. En conjunto, la Constitución de 1876 proporcionó estabilidad política al régimen de la Restauración, pero favoreció el predominio del rey y de la oligarquía, facilitando un sistema poco democrático basado en el turno de partidos y el control electoral.
La cuestión social en el periodo de la Restauración
Durante la Restauración (1874–1923), la llamada cuestión social hizo referencia al conjunto de problemas derivados de la industrialización y de la desigualdad económica, especialmente las malas condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. El crecimiento industrial en Cataluña y el País Vasco, junto con la expansión minera y ferroviaria, generó una nueva clase trabajadora sometida a jornadas laborales muy largas, bajos salarios, ausencia de protección social y frecuentes accidentes laborales. En el campo, especialmente en Andalucía y Extremadura, persistía el problema del latifundismo y el paro estacional, lo que agravaba la pobreza rural.
Las causas principales de la cuestión social fueron, por tanto, la rápida industrialización sin legislación laboral adecuada, la concentración de la propiedad agraria, el crecimiento urbano desordenado y la falta de participación política real de las clases populares dentro del sistema de la Restauración, dominado por la oligarquía y el caciquismo. Frente a estos problemas surgieron diferentes respuestas políticas y sociales:
- El movimiento obrero: Fue uno de los protagonistas principales.
- El socialismo: Organizado en torno al PSOE y al sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), fundados por Pablo Iglesias Posse, defendía la mejora gradual de las condiciones laborales mediante la acción sindical y la participación política. Reclamaban reducción de jornada, aumento salarial, legislación laboral y sufragio universal.
- El anarquismo: Muy fuerte en Cataluña y Andalucía y organizado en torno a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), apostaba por la acción directa, la huelga general revolucionaria y, en algunos casos, el atentado individual. Rechazaba la participación en el sistema político y aspiraba a una transformación radical de la sociedad.
Los partidos dinásticos también adoptaron algunas medidas reformistas para contener el conflicto social. Los conservadores aplicaron reformas limitadas y mantuvieron una política de orden público firme. Los liberales, especialmente durante el gobierno de José Canalejas, impulsaron algunas mejoras laborales y sociales. A comienzos del siglo XX se aprobaron leyes como la regulación del trabajo infantil, la Ley de Accidentes de Trabajo (1900) y el Instituto Nacional de Previsión (1908), que supusieron los primeros pasos hacia un sistema de protección social.
En conclusión, la cuestión social fue uno de los grandes problemas de la Restauración. Aunque se adoptaron reformas parciales, estas resultaron insuficientes para resolver las profundas desigualdades existentes. El conflicto obrero, las huelgas y la radicalización política contribuyeron al desgaste del régimen y a su crisis definitiva en 1923.
La Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930)
El Directorio Militar (1923-1925)
El Directorio Militar fue la primera fase de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, entre 1923 y 1925, en la que el poder estaba concentrado en el dictador y en oficiales del Ejército. Su objetivo era restablecer el orden en un país marcado por la inestabilidad política, la conflictividad social y la guerra en Marruecos. Entre los principales problemas que enfrentó se encontraban el desprestigio de los partidos tradicionales, la movilización obrera y huelgas, los conflictos militares en Marruecos y las presiones regionalistas, especialmente en Cataluña.
Para hacer frente a estas dificultades, el Directorio Militar adoptó varias medidas: concentró el poder suspendiendo las Cortes y gobernando por decretos; controló el movimiento obrero mediante la creación de sindicatos oficiales y la represión de huelgas; reforzó la presencia militar en Marruecos para consolidar la autoridad del Estado; y limitó las reivindicaciones regionales imponiendo un centralismo más estricto. Estas medidas sentaron las bases para la fase posterior del Directorio Civil, que buscó dar una imagen más profesional y técnica al gobierno.
El Directorio Civil (1925-1930)
El Directorio Civil fue la segunda fase de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, iniciada en 1925, en la que se incorporaron civiles y tecnócratas al gobierno para dar una imagen más profesional y moderna, dejando atrás el predominio exclusivo de los militares. Durante este período, se impulsó un crecimiento económico notable, basado en la modernización de la industria, la construcción de obras públicas (carreteras, presas y electrificación), la creación de empresas estatales y un modelo de economía intervencionista y corporativista, que buscaba acuerdos entre empresarios y sindicatos oficiales.
A pesar de estos avances, el régimen enfrentó grupos de oposición crecientes. Entre ellos estaban los sindicatos independientes, como la CNT y la UGT, que seguían luchando por los derechos de los trabajadores; los partidos republicanos y socialistas, que cuestionaban la legitimidad de la dictadura; y los movimientos regionalistas, especialmente en Cataluña, que reclamaban autonomía y reformas políticas. La crisis económica de 1929 y el descontento acumulado de estos sectores debilitaron la dictadura, llevando finalmente a la dimisión de Primo de Rivera en 1930.
La Triple Crisis de 1917: El Quiebre del Sistema
El año 1917 fue un momento de profunda inestabilidad política, social y militar que reflejaba el agotamiento del sistema liberal de la Restauración (1874-1931). Se le llama “triple” porque se produjo simultáneamente en tres ámbitos: militar, social y político. Veamos cada uno:
1. Crisis militar
- En julio de 1917, los regimientos de Infantería de España, principalmente en las guarniciones de Cataluña y Madrid, protagonizaron la llamada “Junta de Defensa”.
- Los oficiales reclamaban mejoras salariales y protección frente a las sanciones por méritos y antigüedad.
- La crisis militar debilitó la autoridad del gobierno, ya que los militares se organizaron de manera autónoma frente al poder civil, cuestionando la obediencia al Estado.
2. Crisis social
- España estaba atravesando un período de inflación y carestía debido a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que provocó escasez de alimentos y aumento de precios.
- En 1917 se intensificaron huelgas y protestas obreras, organizadas por los sindicatos, especialmente la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
- La clase trabajadora exigía mejores salarios, reducción de la jornada laboral y reformas sociales, generando un clima de tensión urbana.
3. Crisis política
- Los partidos del turno pacífico (liberales y conservadores) estaban desacreditados, mostrando incapacidad para reformar el sistema y responder a los problemas económicos y sociales.
- En julio de 1917, se produjo la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, impulsada por las fuerzas regionalistas y republicanas, que demandaba reformas políticas y mayor autonomía para Cataluña.
- Este desafío cuestionaba la legitimidad del gobierno central y evidenciaba la fractura del sistema político.
Consecuencias para la gobernabilidad de España
- Desprestigio del sistema de la Restauración: La simultaneidad de las crisis evidenció que los partidos tradicionales no podían mantener el orden ni responder a las demandas sociales y políticas.
- Debilitamiento del poder central: La movilización de militares, obreros y regionalistas dejó claro que el Estado no controlaba ni la autoridad ni la legitimidad frente a distintos grupos de presión.
- Incremento de la conflictividad social y política: La triple crisis sembró las bases para la radicalización de la política española en las décadas siguientes, abriendo camino a dictaduras y a la eventual proclamación de la Segunda República en 1931.
- Aumento del regionalismo: La participación de Cataluña en la Asamblea de Parlamentarios reforzó las reivindicaciones autonómicas frente al centralismo de Madrid.