De la democracia en España (1833-1874)


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HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO.

3Tema 3: El Sexenio
Democrático (1868-1874).

1.5.- La I República

Tras la abdicación de Amadeo I, los sectores republicanos, convencieron a los diputados de

que la alternativa era la república. Y así fue: el 11 de Febrero de 1873 las Cortes, en sesíón

conjunta del Congreso y el Senado, votaron por gran mayoría la constitución de la I

República, y eligieron como presidente a Estanislao Figueras.

A pesar de que los dirigentes republicanos intentaron mantener el orden, lo cierto es que el

país se sumíó en un caos en el que todos los grupos sociales y políticos actuaban de manera

espontánea. Y, para agravar la situación, las dos facciones de los republicanos, los unitarios y

los federalistas, se enfrentaron militarmente a raíz de la proclamación de los cantones

autónomos del Estado. Si a esto se le añade la Tercera Guerra Carlista, queda claro que la

consolidación de la República era imposible. Prueba de ello es que se sucedieron cuatro

presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nícolás Salmerón y Emilio Castelar.

En Mayo de 1873 se celebraron elecciones a Cortes, que definieron una república federal, y

de la que fue presidente Pi y Margall. El nuevo
Gobierno, inició el proceso de elaboración de

una Constitución. Aunque no llegó a entrar en vigor, el proyecto constitucional recogía el

ideario republicano: república federal (organizaba la nacíón española en varios Estados),

soberanía nacional, separación Iglesia y Estado, ampliación de las garantías y derechos de

los ciudadanos.

Sin embargo, la nueva República federal, fue desbordada por el sector más intransigente de

los republicanos. Éstos promovieron un movimiento federalista radical espontáneo a partir del

verano de 1873, que consistíó en el establecimiento inmediato y de forma directa de la

estructura federal del Estado, combinada con algunas medidas de carácter social. Este

movimiento fue conocido como cantonalismo porque se formaron cantones (municipios

autónomos) en Levante, Murcia y Andalucía. Entre ellos, destacaron el de Málaga y sobre

todo, el de Cartagena. Este cantón resistíó hasta Enero de 1874 gracias al apoyo de los

marinos sublevados.

Para sofocarlo, el nuevo gobierno de Nícolás Salmerón (que sustituye a Pi y Margall en Julio)

dio un giro hacia la derecha, apoyándose en el ejército; sus principales objetivos fueron

sofocar el cantonalismo y frenar el avance carlista. Sin embargo, la actuación de este

Gobierno suscitó en las Cortes fuertes polémicas, lo que provocó su dimisión en Septiembre

de 1873. Emilio Castelar asumíó la presidencia, y actuó de forma autoritaria, apoyándose en

el ejército: recortó libertades individuales y suspendíó las garantías constitucionales. Pero la

política de Castelar también fue rechazada por el Parlamento.

Finalmente, un nuevo pronunciamiento puso fin a esta situación. El 3 de Enero de 1874 el

general
Manuel Pavía, capitán general de Madrid, entró con las tropas en el Congreso, lo

disolvíó y entregó el poder al general Serrano, quien decidíó autoproclamarse presidente

vitalicio de la República y gobernó dictatorialmente durante doce meses.

Serrano se apoyó en los liberales veteranos del Sexenio que no habían colaborado con la

República federal, como Topete y Sagasta. Este gobierno restablecíó el orden público

tomando medidas excepcionales: limitó el derecho de asociación, reprimíó a los republicanos,

controlando sus órganos de gobierno y de expresión. Al mismo tiempo, la Guerra de Cuba y

la Tercera Guerra Carlista proseguían sin que el régimen les pusiera fin.

Por su parte, Cánovas del Castillo, que se había negado a participar en los gobiernos de la

República, promovíó el regreso de los Borbones. El pronunciamiento militar de Sagunto (29

de Diciembre de 1874) sólo precipitó los acontecimientos. Allí, el general Martínez Campos,

proclamó rey de España a Alfonso XII (hijo de Isabel II). El general Serrano tomó el camino

del exilio y se constituyó un Ministerio de Regencia, presidido por Cánovas del Castillo, para

aguardar la llegada del nuevo rey. Se acababa así el Sexenio Democrático y daba comienzo

la Restauración monárquica.

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4Tema 3: El Sexenio Democrático (1868-1874).

2.- La economía española en el Siglo XIX: agricultura, industria y transportes

Desde el punto de vista económico, en la España del Siglo XIX se implanta lentamente el

liberalismo económico, es decir, la forma de entender la economía por parte de la burguésía

triunfante: cesa el intervencionismo estatal y se acaba con los restos de la propiedad feudal.

Por otro lado, observamos, cómo la economía española de este siglo se caracterizó por un

crecimiento lento y un atraso respecto a otros países de Europa.

La agricultura.

La economía española del Siglo XIX dependía fundamentalmente de la agricultura: es el

sector productivo que ocupa a un mayor porcentaje de la población. Pero presenta dos

graves problemas: la desigual distribución de la tierra y el atraso tecnológico. Por ello, a lo

largo de la centuria se van a producir importantes cambios para adaptarlo a la sociedad

burguesa y capitalista.

El primer paso consistíó en la desvinculación de las tierras nobiliarias, es decir, cambiar el

modo de propiedad que existía desde la Edad Media. Esa propiedad era compartida, los

dueños eran los titulares y los campesinos tenían ciertos derechos. Este proceso se logra con

la abolición de los señoríos y la supresión de los mayorazgos. Con estas leyes se podían

sacar a la venta las tierras que habían permanecido fuera del mercado. Como vemos la

nobleza no sale perjudicada, el titular sigue siendo el mismo pero ahora ya puede disponer de

su tierra para hacer lo que quiera con ella.

Además, las desamortizaciones que se llevaron a cabo contribuyeron a transformar la

propiedad de la tierra. Es decir, las tierras que tenía la Iglesia y los municipios, y que no se

podían vender, ni pagaban tributos (manos muertas), se nacionalizan y se venden. Las dos

desamortizaciones se llevaron a cabo en el reinado de Isabel II. En 1836, durante la regencia

de María Cristina, el ministro de Hacienda Mendizábal puso en marcha una desamortización

que afectó principalmente a los bienes del clero regular (conventos y monasterios). El doble

objetivo de esta medida era sanear la Hacienda pública, en crisis por la primera guerra

carlista y la deuda heredada, así como crear una nueva clase de propietarios agrarios. En

1855, durante el bienio progresista, el ministro Pascual Madoz puso en marcha la ley de

desamortización general, pues afectó tanto a los bienes de la Iglesia como de los municipios

y comunales.

Las consecuencias de este proceso fueron importantes: más de 10 millones de hectáreas (la

mitad del territorio cultivable) cambiaron de dueño; se incrementó el número de grandes

terratenientes, los compradores fueron gente adinerada procedente de la vieja aristocracia y

burgueses enriquecidos por los negocios, permitíó poner en cultivo gran cantidad de tierras

abandonadas. Pero no se aprovechó para hacer un reparto de tierras entre los campesinos,

la reforma agraria sería la asignatura pendiente del campo español.

Si una palabra caracteriza a la agricultura española del XIX, esa es atraso. La eliminación de

los señoríos y las desamortizaciones no conllevó innovaciones tecnológicas, los nuevos

propietarios mantuvieron los sistemas tradicionales de explotación, el capital disponible no se

reinvirtió en el campo. Si aumentó la producción agraria fue por el aumento de la superficie

cultivada. Habrá que esperar a la etapa de la Restauración para observar un aumento de la

producción: la vid, el olivo y los cítricos son los cultivos más pujantes debido a la conquista de

los mercados urbanos y a un cierto aumento de las exportaciones, pero que terminará en la

década de 1890 debido a la superproducción (la demanda no absorbe la oferta), y a la

política española proteccionista que le cierra los mercados exteriores.

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5Tema 3: El Sexenio Democrático (1868-1874).

La industria española.

La industria española en el XIX se caracteriza por el estancamiento y por un desfase

importante en relación con el crecimiento que experimentan otros países europeos, las

causas hay que buscarlas en la escasez de fuentes de energía y materias primas, la falta de

capitales (se desvían a comprar deuda pública del Estado y las tierras desamortizadas), la

política proteccionista de los gobiernos moderados favorecía el inmovilismo, y la pérdida de

las colonias priva al país de mercados y materias primas.

Durante la primera mitad del siglo la industria se mantuvo en niveles muy bajos, no había

mano de obra ni mercados. La industria textil lanera y algodonera se concentró en la

provincia de Barcelona, que introdujo tempranamente la nueva maquinaria: los hermanos

Bonaplata instalaron las primeras máquinas de vapor los telares mecánicos. El boom

algodonero se produjo durante el reinado de Isabel II, debido a la mecanización de las

fábricas y el abaratamiento de los costos de mano de obra (mujeres y niños). Durante los

años del sexenio y la Restauración la política proteccionista redundó en el estancamiento

tecnológico. La producción se mantuvo gracias a la concesión del mercado cubano en forma

de monopolio, pero su pérdida en 1898 supuso de nuevo un retroceso.

La industria siderúrgica se caracteriza por una extrema debilidad debido al poco grado de

industrialización y, por tanto, de maquinaria hecha en hierro. Y también al alto precio y la baja

calidad del carbón nacional. El hierro resultante era caro en relación con el de otros países, si

se consumía era debido a los elevados aranceles que gravaban los productos metálicos

extranjeros. Hasta 1880 la producción de hierro se concentró en Andalucía y Asturias. A partir

de esa fecha se impone la siderurgia vasca, debido a la calidad de su mineral de hierro, el

capital acumulado con la exportación del mismo a Inglaterra, la legislación librecambista de

1869, la iniciativa de fundar las empresas La Vizcaya y Altos Hornos de Vizcaya (1882), la

decisión gubernamental de hacer los pedidos para la marina (Astilleros de Nervión) a

empresas españolas desde 1887, la difusión del convertidor Bessemer y la sustitución del

hierro por el acero en la década de 1890.

El desarrollo de los transportes: el ferrocarril.

Un factor que incide en el desarrollo de la industria es el desarrollo de las comunicaciones.

La construcción de una red de comunicaciones y de transportes interiores era fundamental

para poner las bases de un mercado integrado. El medio que revoluciónó el transporte interior

fue el ferrocarril. Hasta 1855 sólo se habían construido unos pocos kilómetros distribuidos en

diversos tramos cortos: Barcelona-Mataró, Madrid-Aranajuez y Langreo-Gijón. Será a partir

de 1955, con la Ley de Ferrocarriles que se aprobó en el Bienio Progresista, cuando se inicie

un cierto despegue. La ley facilitaba la formación de sociedades anónimas ferroviarias,

prevéía el pago de subvenciones estatales y facilitaba la importación de material ferroviario.

Esta legislación provocó una gran inversión de capitales, tanto españoles como extranjeros.

De hecho, la aportación de capitales extranjeros, fundamentalmente franceses, fue decisiva.

En1866 ya había un total de 5.000 km de vías férreas. La construcción de vías de ferrocarril

se retomó con fuerza a partir de 1875. Así, se pasó a 10.021 en 1890, y a 13.168 en 1900.

Pero hay que remarcar que se construyó con cierta precipitación (ya que el negocio era

construir y cobrar las subvenciones) y con algunos errores de planificación, como la

disposición radial, centrada en Madrid, que no era la más adecuada para favorecer los

contactos entre las zonas de la periferia peninsular, las más pobladas y dinámicas desde el

punto de vista comercial e industrial.

3.- La sociedad española en el Siglo XIX: del estamentalismo a la sociedad de clases

Por otro lado, el Siglo XIX supuso el paso de una sociedad basada en el privilegio jurídico a

otra en la que la jerarquía social se organizaba en torno a la riqueza y la propiedad.

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Con la muerte de Fernando VII (1833) se había iniciado el proceso hacia el definitivo

asentamiento del nuevo modelo de sociedad de clases, que sustituía a la sociedad

estamental del Antiguo Régimen. La ley garantizará la igualdad jurídica de todos los

ciudadanos. Pero esto no erradicó la desigualdad, cuyo signo externo será la propiedad de

bienes; y de este modo se irá formando una sociedad, en la que los individuos ascenderían o

descenderían según sus propios méritos, al estar ausentes los privilegios jurídicos. La

propiedad será el requisito para tener derechos políticos, y la participación política de los

ciudadanos quedaría regulada por el procedimiento del sufragio censitario.

Podemos estructurar la nueva sociedad en torno a distintas clases: las clases dirigentes, las

clases medias y las clases bajas. Dentro de las clases dirigentes podemos hablar de:

A) La alta burguésía. Isabel II pudo ganar la Guerra Civil y sentarse en el trono gracias al

apoyo de la nueva burguésía. Ésta aprovechó la angustiosa llamada de la Corona para

ascender al poder y construir un Estado a su medida. Era una burguésía «aristocratizante»,

que, por la vía del matrimonio, o mediante la concesión de nuevos títulos, pretendía

ennoblecerse.

B) La aristocracia. La nobleza, aunque por entonces aparecía como una reliquia del ya

acabado Antiguo Régimen, manténía, ante todo, una vigencia social. La nobleza, que carecía

ahora de un estatuto jurídico diferenciado, era una elite asociada a la burguésía con un gran

poder económico e influencia política: tendrán representación en el Senado.

C) La Iglesia. A partir de 1845, la Iglesia será un elemento útil para el mantenimiento del

régimen político. Tras las desamortizaciones, la Iglesia perdíó no solo poder político y fuerza

sino que, además, pasó a depender económicamente por completo del Estado.

D) El Ejército. Otro grupo del estrato superior, y de extraordinaria influencia, fue el de los jefes

militares. Los militares controlaron la política y participaron en los gobiernos; y así comenzó lo

que se ha llamado «régimen de los generales», que duraría prácticamente hasta 1868 -fueron

los tiempos de Espartero, Narváez, O´Donnell y, más tarde, de Prim y Serrano. La alta

burguésía y las clases medias los aceptaron plenamente porque eran una garantía para la

guarda de su propiedad.

Por su parte en las clases medias, incluimos una mezcolanza de gentes de todo tipo:

políticos, funcionarios, propietarios agrícolas y empresarios industriales aparecen en este

tiempo con unas diferencias tan tenues entre sí, que merecen ser considerados en conjunto.

Eran los nuevos representantes de las clases acomodadas, llamados por la monarquía a

proclamar en el Senado la necesidad de que hubiera orden y paz para los negocios de la

nueva economía. Por regla general se encontraban en un sector que a veces quedaba fuera

del censo, cuando gobiernan los moderados- pero que en ocasiones sí consiguen gozar de

ese derecho.

La pequeña burguésía constituye el núcleo principal de las clases medias, por abajo es difusa

su frontera con las clases más bajas. En cuanto a sus principios, les vemos como defensores

de la propiedad privada, de los derechos individuales y de participación política y de la nueva

economía industrial.

Dentro de las clases bajas existían diferentes niveles o capas, que descendían hasta llegar

al proletariado, entendido como la capa más baja desde el punto de vista de su capacidad

económica y de la estimación social. Después de su espectacular participación en la guerra

de la independencia, el elemento popular quedó sumido en un silencio que derivaba de la

misma inmovilidad que le había otorgado la ideología liberal; y así permanecíó durante

décadas. Pero el estrato inferior no formaba un todo unitario. Dos grupos diferentes se

mostraban de forma inmediata, derivados de una España económicamente dual y con un

desarrollo desequilibrado: el rural y el urbano. El campesinado vivía anclado en sus

tradiciones y reticente a las innovaciones que venían de las ciudades y que asumían con

retraso.


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