El forcejeo con la iglesia católica

SEGUNDA REPÚBLICA. El sistema político de la Restauración, basado en el turno pacífico, se hallaba desprestigiado  y viciado por la práctica del caciquismo. La solución extrema de la Dictadura de Primo de Rivera no sólo no salvó al sistema, sino que arrastró a la monarquía en su caída por el apoyo que Alfonso XIII le había prestado. En el ámbito internacional, el mundo debía hacer frente a la crisis más grave del capitalismo, tras el crack bursátil de 1929. Además en Europa el fascismo había comenzado su escalada y ponía en peligro los sistemas democráticos. En España la situación política, económica y social volvía a ser grave y se percibía un empeoramiento que podría poner fin no solo a la dictadura, sino también a la monarquía. El 27 de Enero de 1930 Primo de Rivera presentó su dimisión. Alfonso XIII trató de volver al sistema constitucional nombrando al general Berenguer jefe de Gobierno, la llamada “dictablanda”. Un año después el almirante Aznar formó un nuevo gobierno y convocó unas elecciones municipales el 12 de Abril de 1931. Pero esta convocatoria se convirtió en una especie de consulta sobre la monarquía y fueron ganadas por los candidatos republicanos. Anteriormente la oposición republicana acordó el Pacto de San Sebastián, un acuerdo  para poner fin a la monarquía, al que se unieron los socialistas. También se creó un Comité Revolucionario presidido por Alcalá Zamora. El 14 de Abril de 1931 fue proclamada la Segunda República,


el rey abandonaba España y el Comité se convirtió en Gobierno Provisional.  Llama la atención la rapidez de los acontecimientos, porque el fin de la monarquía no fue resultado de una revolución, sino del propio deterioro de la institución, una larga crisis institucional iniciada en 1898 y definitivamente desprestigiada durante la dictadura militar. 

La Constitución de 1931. El Comité Revolucionario nombró inicialmente a Alcalá Zamora presidente del Gobierno (después pasará a ser presidente de la República). Se adoptan medidas urgentes, como una amplia amnistía y la sustitución de autoridades e instituciones monárquicas. Se convocaron elecciones constituyentes (encargadas de elaborar una nueva Constitución) para Junio de 1931, que dieron el triunfo a los partidos republicanos. El nuevo Gobierno fue presidido por Manuel Azaña, buscaba modernizar España. La Constitución tenía un carácter democrático y progresista, avanzado en muchos aspectos, y definía al país como “una república de trabajadores de todas las clases sociales”. El Estado se organizaba de forma integral (único, no federal) pero se contemplaba la posibilidad de crear gobiernos autónomos en las regiones. Se establecía la soberanía popular, que residía en unas Cortes unicamerales y una división de los poderes Ejecutivo (Gobierno), Legislativo (Cortes) y Judicial (Jueces y Tribunales) muy acentuada.


El presidente de la República (Alcalá Zamora), tenía escasos poderes y un mandato de seis años. La Constitución contemplaba una amplia declaración de derechos y libertades y se ocupaba también de atender los problemas sociales. Quería garantizar la igualdad absoluta ante la ley, la educación, el trabajo, la no discriminación y la obligatoriedad de educación primaria. También se definía el trabajo como una obligación de la sociedad y se reconocía la posibilidad de expropiar bienes y tierras por utilidad social. Se establecía el sufragio universal,  que por primera vez alcanzaba a las mujeres voto. Se declara el Estado laico, el matrimonio civil y el divorcio.  Sin embargo, el texto no era producto del consenso, por lo que se sucedieron intensos debates entre las fuerzas políticas en temas como la defensa de los derechos sociales e individuales.  Finalmente la Constitución fue aprobada en Diciembre de 1931 con el rechazo de los partidos de derechas y sectores católicos.  

Sistema de partidos y sindicatos. Entre partidos de izquierda, tenemos que destacar a diversos líderes y grupos republicanos como Manuel Azaña y ERC (Maciá y Companys). El partido más estructurado era el PSOE, en el que convivían dos corrientes: socialdemócrata  (Prieto y Besteiro) y revolucionaria (Largo Caballero y UGT). Más a la izquierda PCE (Dolores Ibárruri) y el sindicato anarquista CNT (Federica Montseny y Durruti), que a suvez tenía un 


sector más revolucionario en la FAI. Las opciones de centro derecha estaban representadas por Alcalá Zamora y el Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux. En la derecha, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) con Gil Robles. Y claramente antirrepublicanos eran diversos partidos monárquicos, entre los que destacaba Calvo Sotelo y la denominada Comunión Tradicionalista, de pasado carlista, así como otras formaciones de carácter autoritario, como las JONS y Falange Española, dirigido por José Antonio Primo de Rivera, de ideología antidemocrática y organizada en grupos paramilitares. 

Política de Reformas (1931-1933). Bienio reformista. El Gobierno presidido por Manuel Azaña trató de dar solución a los graves problemas de España, como la reforma agraria, el problema territorial, las relaciones con la Iglesia y la situación de la educación y el ejército. 

-Reforma de la Educación y Realizaciones Culturales. Se construyeron miles de escuelas, se implantó una enseñanza única, pública, laica obligatoria y gratuita, y se introdujo la coeducación. Se abrieron caninas escolares, bibliotecas y se implantó la educación nocturna. Hay que destacar también el incremento de la plantillas de maestros, también llamados a educar a adultos, a través de la promoción de bibliotecas, cursos, charlas y numerosas actividades 


culturales. Esta política estaba muy influenciada por la Institución Libre de Enseñanza. El sistema educativo no se reducía solo a la escuela, sino en la formación de ciudadanos.  Para llevar a cabo toda esta política se creó un Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En algunas áreas el 40% de la población era analfabeta, con la participación de algunos intelectuales, se desarrollaron Misiones Pedagógicas en 1931 para divulgar la cultura, se crearon bibliotecas,  y se organizaron todo tipo de actividades. También buscaba proyectar la educación ciudadana en los núcleos rurales y se crearon Casas de Cultura con bibliotecas estables, se fomentaron las colonias escolares en verano, institutos para obreros y algunas iniciativas como Teatro Universitario La Barraca, dirigido por Federico García Lorca. Pero la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las escuelas y el carácter laico de la reforma educativa provocó una fuerte  reacción entre los sectores políticos y sociales más conservadores, dando pie a lo que se llamó “guerra escolar”. 

-Reformas socio-laborales y cuestión agraria. Se aprobó una nueva legislación socio-laboral que dirigíó Largo Caballero y se establecíó la jornada de 8 horas, con la intención de mejorar las condiciones y dignificar la situación de los trabajadores rurales y urbanos. Pero el proyecto más importante de todos


los llevados a cabo fue el que contempló la Ley de Reforma Agraria (1932) destinado a crear una clase media rural propietaria de sus tierras. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, mientras que las que no estaban suficientemente cultivadas se podían expropiar indemnizando a sus propietarios. La aplicación de la ley se encomendó al Instituto de Reforma Agraria (IRA), que se encargaba de repartir las tierras y asentar a las familias campesinas. Pero la lentitud de la reforma decepciónó al campesinado pobre, quienes hicieron protestas y motines. También contó con el rechazo de los grandes propietarios agrícolas, quienes se unieron a los grandes terratenientes para manifestar su rotundo rechazo a la República.

-Secularización del Estado (Reforma religiosa). Para limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad se aprobó la no confesionalidad del Estado , la libertad de culto y la supresión del presupuesto que el Estado destinaba a la Iglesia. También se permitíó el divorcio, el matrimonio civil y se retiraron los crucifijos de las escuelas. Además la Ley de Congregaciones (1933) limitó los bienes de la órdenes religiosas, a las que se prohibíó dedicarse a la enseñanza,  y se disolvíó la Compañía de Jesús, que profesaban un voto (promesa) de obediencia al Papa. Estas políticas laicistas provocaron una fuerte polémica en un país donde había un elevado número de católicos. Se produjeron incendios y ataques a 


edificios religiosos. La jerarquía católica, no dudó en manifestar su rechazo al Gobierno, distanciando a la República de una derecha que encontró en la defensa de la fe católica una seña de identidad  capaz de unir a las clases conservadoras. 

-Reforma militar. El ejército español, había tenido un gran protagonismo en las decisiones políticas internas y contaba con un elevado número de oficiales. La reforma pretendía asegurar su obediencia al poder civil, alejándolos de la política, y modernizar la institución. Para ello se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad que ofrecía a los militares en activo la posibilidad de retirarse antes, se redujo el número de unidades y de efectivos y se cerró la Academia Militar de Zaragoza.  Esta reforma fue recibida como un ataque al ejército, incluso hubo un intento de Golpe de Estado en Sevilla protagonizado por el general Sanjurjo que fracasó, pero constituyó un serio aviso de que la lealtad del ejército no estaba garantizada.  En materia policial, se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público leal a la República. 

-Política autonómica (reforma territorial). La Constitución contemplaba la descentralización del Estado, permitiendo que las regiones con sentimientos nacionalistas tuvieran autonomía. En Cataluña tras el intento de Francesc Maciá de proclamar la República, se recondujo la situación con 


la formación de un gobierno autonómico, la Generalidad, y un Estatuto de Autonomía (1932) con gobierno y parlamento propio.  

Las primeras elecciones fueron ganadas por ERC y Maciá fue elegido presidente, aunque fue sustituido en 1933 por Lluis Companys. En el País Vasco los nacionalistas del PNV y los carlistas elaboraron un proyecto de estatuto, que fue rechazado por el Gobierno, hasta que en Octubre de 1936  se aprobaría otro estatuto fruto del consenso. En tanto que en Galicia el proceso fue más lento y el proyecto de estatuto no llegó a ser aprobado por el estallido de la guerra. 

Crisis del bienio. Estas reformas fueron contestadas desde diversos sectores sociales. De un lado, las derechas y grupos de presión mostraron su rechazo y de otro, la izquierda obrera las calificaban de insuficientes e insistían  en la necesidad de una revolución social. A ello se uníó los efectos de la crisis económica de 1929 y el incrementó del paro. Este deterioro hizo que se incrementara la conflictividad social  y las huelgas, así como la violencia política. En este contexto se produjeron los sucesos de Casas Viejas (explicar) cuyas repercusión desgastó aún más al Gobierno. En Septiembre de 1933 Alcalá Zamora nombró a Martínez Barrio presidente del Gobierno con el encargo de convocar nuevas elecciones para Noviembre de ese año.   


Bienio Conservador (1933-1936). Las elecciones de Noviembre de 1933 produjeron un cambio importante. Los partidos de derechas fueron en una única candidatura, mientras que las izquierdas se presentaron separadas, además la CNT pidió la abstención a sus afiliados. Fueron las primeras en las que pudieron votar las mujeres.  Los comicios fueron ganados por la CEDA de Gil Robles, seguido de cerca por el Partido Republicano Radical de Lerroux, en tanto que la izquierda perdíó un gran número de escaños. Ante la desconfianza que levantaba la CEDA, la solución fue la formación de un gobierno de los radicales, con el apoyo parlamentario de los primeros a cambio de llevar a cabo una política revisionista de las reformas (la denominada contrarreforma).  Se frenó la reforma agraria y se devolvieron las tierras a sus antiguos dueños. La cuestión agrícola también provocó un enfrentamiento con la Generalitat catalana por la Ley de Contratos de Cultivos de 1934 que anuló el Tribunal de Garantías Constitucionales y que no aceptó el gobierno catalán. También se paralizó la discusión del estatuto vasco, así como la reforma religiosa, aprobando un nuevo presupuesto para culto y clero. También se decretó una amnistía para los militares sublevados en 1932, como Sanjurjo. Se destituyeron los ayuntamientos que ahora pasaban a estar ocupados por radicales y cedistas.


 Esta política de anular toda la legislación anterior provocó la radicalización del PSOE y de la UGT, que declararon una huelga general campesina y que  fue reprimida. Esta inestabilidad permitíó que la CEDA  exigiera más contundencia para mantener el orden público y exigiera ahora su entrada en el Gobierno. El presidente Lerroux tuvo que acceder a las peticiones y le otorgó tres ministerios. Ello fue interpretado por la izquierda como un camino hacia el fascismo. Ello sería el detonante de una huelga general revolucionaria en Octubre de 1934, que fracasó en la mayor parte de España. Pero los acontecimientos fueron graves en Asturias y Cataluña. En Asturias esta convocatoria de la UGT fue apoyada por la CNT y se convirtió en una insurrección armada con la participación de los mineros, que llegaron a controlar casi toda la regíón. Esta insurrección, la denominada Revolución de Asturias, fue sofocada de manera implacable, con un gran número de muertos y detenidos, por las tropas del ejército de África con los generales Goded y Franco. Asimismo, el presidente catalán Companys, de ERC, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española pero de nuevo el ejército aplastó la rebelión y encarceló al presidente y consejeros.  En 1935 se formó un nuevo gobierno, que también presidíó Lerroux, que incluía a cinco miembros de la CEDA.


Gil Robles era ministro de la Guerra y Franco jefe del Estado Mayor, y se incrementó la paralización de las reformas anteriores. Se suspendíó el Estatuto de Cataluña, se anuló la Ley de Contratos de Cultivo, incluso hubo un intento de modificar la Constitución. Pero también empezaron a producirse divisiones en el interior del Gobierno, sobre todo a raíz de escándalos de corrupción de los radicales, como los caso del Estraperlo y Nombela (explicar) que provocaron su descrédito. En esta disyuntiva el presidente de la República Alcalá Zamora decidíó disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para Febrero de 1936. 

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