Colapso del Sistema Liberal (1917-1923): Crisis General de 1917 y Desastre de Annual

La Crisis de 1917 y el Final del Sistema

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), España mantuvo una posición de neutralidad, si bien la opinión pública se dividió en dos corrientes: aliadófilos (izquierda) y germanófilos (centro-derecha). La neutralidad favoreció la expansión económica, ya que la guerra convirtió a España en suministradora de materias primas y manufacturas a los países beligerantes.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el aumento de la demanda significó también el aumento de la inflación interna, que agravó las condiciones de vida de las clases trabajadoras y llevó al aumento de la tensión social y del número de huelgas.

En este contexto estalló la Crisis de 1917, una protesta generalizada contra el régimen de la Restauración, en la que participaron militares, los partidos de la oposición y las organizaciones obreras. Fueron tres crisis simultáneas que se solaparon, y que a pesar de su amplitud y resonancia no consiguieron su objetivo de derribar el régimen, ya que no hubo confluencia de intereses entre las mismas.

• Comenzó en febrero de 1917 con la crisis militar, un movimiento reivindicativo de los oficiales peninsulares fruto del descontento que creaba el trato de favor que, a su juicio, recibían los oficiales destinados en Marruecos (africanistas), ya que estos conseguían mejores sueldos y rápidos ascensos. Los peninsulares desafiaron al gobierno organizando Juntas de Defensa (asociaciones de militares al margen de la legalidad) que reclamaron un criterio de ascenso único y un aumento del sueldo, lanzando duras críticas contra el sistema político con cierto lenguaje regeneracionista (Manifiesto de Junio). Ante la presión de los militares, el gobierno clausuró las Cortes para evitar críticas, estableció la censura de prensa y suspendió las garantías constitucionales.
• En julio de 1917, se desencadenó la crisis política. Ante la clausura de las Cortes, un grupo de diputados de la oposición encabezados por la Lliga Regionalista (Cambó), constituyeron la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, que exigió la formación de un Gobierno Provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes. La división de los partidos de oposición, que desconfiaban de las intenciones reales de la Lliga, y la negativa final de Maura a participar en ella, llevaron al fracaso de la misma y el gobierno pudo disolver fácilmente la asamblea.
• Por último, tuvo lugar la crisis social con la convocatoria, en agosto de 1917, de una Huelga General revolucionaria por las organizaciones obreras UGT y CNT. Era todo un desafío al gobierno al estar suspendidas las garantías constitucionales. La UGT exigió la formación de un Gobierno Provisional y de Cortes Constituyentes, aspecto que no fue apoyado por los anarquistas. La huelga, aunque tuvo cierta repercusión en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias, no tuvo el éxito esperado y el ejército la sofocó finalmente después de duros enfrentamientos.

La crisis de 1917 no consiguió poner fin al régimen de la Restauración, pero abrió una etapa de rápida descomposición agravada por tres principales razones:

1. La inestabilidad política: Los partidos dinásticos divididos en múltiples corrientes internas fueron incapaces de formar un gobierno duradero (12 gobiernos en 5 años) ni siquiera cuando el mismo rey planteó la formación de gobiernos de concentración nacional con la presencia de todas las tendencias liberales e incluso de los republicanos de Melquiades Álvarez y de la Lliga de Cambó.
2. La crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial provocó el aumento de la tensión social. Reforzados por el triunfo de la Revolución en Rusia, que aumentó la fuerza de las organizaciones obreras (CNT, UGT y desde 1921 el PCE). La situación fue especialmente tensa en Andalucía con ocupaciones violentas de tierras por parte de los anarquistas (Trienio Bolchevique 1918-1921) y en Barcelona, donde surgió el pistolerismo: enfrentamientos armados entre los anarquistas (Sindicato Único) y pistoleros al servicio de las asociaciones patronales (Sindicato Libre). La situación llegó a ser tan grave que el mismo presidente del gobierno, Eduardo Dato, fue asesinado por los anarquistas en 1920.
3. La guerra de Marruecos se agravó en 1921 con el DESASTRE DE ANNUAL, cuando tropas españolas dirigidas por el general Manuel Fernández Silvestre se adentraron en territorio marroquí sin asegurar su retaguardia y fueron masacradas por los independentistas marroquíes liderados por Abd el-Krim. De esta manera, el ejército fue derrotado en Annual, perdiendo todo el territorio ocupado y produciendo alrededor de 13.000 bajas, incluida la del general Silvestre.

En términos sociales, el desastre de Annual crispó todavía más a la sociedad española, especialmente cuando se conoció el Informe Picasso, que atribuía la responsabilidad de la derrota al gobierno, a los altos mandos militares y al propio rey, que, al parecer, había alentado la imprudente actuación de Silvestre.

Así, la tensión social y política llegó a tal extremo que fueron pocos los sorprendidos cuando un sector del ejército, liderado por Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado en septiembre de 1923 y exigió el poder al rey, acabando con la Restauración.

Proclamación de la II República y Periodo Constituyente

Tras la dimisión de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII encargó la formación de un nuevo gobierno al general Berenguer, con la intención de volver a la normalidad constitucional. Se restableció la constitución de 1876 y se planteó la necesidad de realizar elecciones a Cortes.

Pero esto resultó imposible porque los partidos dinásticos estaban rotos y desprestigiados y el monarca era impopular por su vinculación con la Dictadura. Por si fuera poco, en agosto de 1930, todos los partidos antimonárquicos (republicanos, antiguos monárquicos, socialistas…) unieron sus fuerzas tras la firma del Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a derribar la monarquía y establecer la República en España.

Para ello plantearon una Huelga general en diciembre acompañada por sublevaciones de militares republicanos. Sin embargo, tras continuos aplazamientos, solo se produjo la fracasada Sublevación de Jaca. Los líderes del Pacto de San Sebastián fueron encarcelados y juzgados en un juicio público que, contrariamente a lo esperado por el gobierno, debilitó todavía más el prestigio de la monarquía.

En febrero de 1931, Berenguer dimitió y fue sustituido por el almirante Aznar, que por miedo a perder unas elecciones generales ante los republicanos convocó elecciones municipales para el 12 de Abril. Tras conocerse los resultados de las elecciones municipales en las que las candidaturas republicanas triunfaron en la mayoría de las capitales de provincia, el 14 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII se exilió y se proclamó la II República. La sociedad española expresó su júbilo en las calles y se formó un Gobierno Provisional integrado por miembros del Pacto de San Sebastián presidido por Alcalá Zamora.

El Gobierno Provisional convocó elecciones a cortes constituyentes para el 28 de junio que dieron un claro triunfo, aunque amplificado por el sistema electoral mayoritario, a la coalición republicano socialista. Esta englobaba a partidos de diferentes tendencias:

• Partidos republicanos de centro y derecha como el Partido Radical (Alejandro Lerroux) y la Derecha Liberal Republicana (Alcalá Zamora, Miguel Maura)
• Partidos republicanos de izquierda como Acción Republicana (Azaña), Partido Radical Socialista (Marcelino Domingo) y los republicanos gallegos del ORGA (estos partidos acabarían unificándose en 1936 con el nombre de Izquierda Republicana); y los nacionalistas catalanes de izquierda (Ezquerra Republicana).
• El PSOE, que ante el rechazo de los anarquistas a pactar con los republicanos y a presentarse a las elecciones, se habían convertido en la principal organización obrera. Sin embargo, estaba dividido en dos corriente, una moderada liderada por Indalecio Prieto, reformista y partidaria de alianzas con los republicanos, y otra radical liderada por Largo Caballero que dejaba abierta la posibilidad de adoptar posiciones revolucionarias.

Bienio Reformista (1931-1933)

Entre 1931-33 los gobiernos presididos por Azaña con el apoyo de republicanos de izquierda y socialistas, impulsaron profundas reformas para modernizar España, algunas ya iniciadas por el Gobierno Provisional:

• La reforma agraria, la necesidad de acometer la mala distribución de la propiedad agraria en zonas importantes del país, fue el proyecto de mayor envergadura de la República. La Ley de la Reforma Agraria establecía la expropiación de los latifundios no aprovechados adecuadamente y su reparto entre los campesinos sin tierra. Sin embargo, el proceso de implantación fue muy lento debido a los problemas técnicos que planteaba. La consecuencia principal fue la impaciencia de muchos jornaleros que optaron por la ocupación de tierras por la fuerza
• La reforma laboral de Largo Caballero tuvo mayor éxito desarrollándose la Ley de términos municipales o la de jurados mixtos. Con ellas consiguió aumentar la protección social y mejorar las condiciones laborales de los asalariados desarrollándose los seguros de desempleo, los derechos a huelga y vacaciones pagadas, el límite de 8 horas de trabajo también en el campo. Sin embargo, muchas de estas medidas, en la práctica no llegaron a ejecutarse debido a la oposición de los caciques y empresarios, así como la pasividad de las autoridades políticas provocando el desencanto y frustración de un sector del partido socialista y del propio Largo Caballero con el régimen republicano.
• La reforma militar tenía como objetivo subordinar a los militares al poder civil (acabar con la tradicional intervención de los militares en la vida política), poner fin al excesivo número de oficiales y a la falta de medios técnicos del ejército. Para ello se hizo la Ley de Retiro de la Oficialidad, se clausuró la Academia militar de Zaragoza y se creó la Guardia de Asalto, un nuevo cuerpo policial estrictamente civil y leal a la República.
• De acuerdo con lo recogido en la Constitución se concedió autonomía a Cataluña con la aprobación del Estatuto de Nuria (1932), constituyéndose la Generalitat de Cataluña con Francesc Maciá como presidente. En el País Vasco el proceso fue más complejo por la desconfianza inicial del PNV hacia el régimen republicano y por la cuestión de Navarra. Inicialmente navarros y vascos solicitaron un Estatuto conjunto con la aspiración de alcanzar la autonomía religiosa. Ante el rechazo del gobierno republicano socialista a concedérsela, los carlistas navarros abandonaron el proyecto. Finalmente, tras un largo debate, se dio un Estatuto para las tres provincias vascas que se aprobaría en octubre de 1936, una vez ya iniciada la Guerra Civil.
• En lo relativo a la cuestión religiosa, la República pretendía poner fin a la influencia de la Iglesia y secularizar la vida social. Frente a la aconfesionalidad declarada en la constitución se planteó una política laicista (divorcio, matrimonio civil, Ley de Congregaciones).

Frente Popular y Golpe de Estado de 1936

Durante la fase final del bienio conservador o bienio radical-cedista (1933-1935) una fuerte crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio envuelto en una serie de escándalos de corrupción como el caso del estraperlo (una ruleta trucada que bajo soborno se había intentado implantar en varios casinos españoles) y los casos de malversación de fondos por parte de varios políticos radicales (el asunto Nombela).

Estos escándalos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental. Los radicales de Lerroux estaban completamente deslegitimados para gobernar y se hacía imprescindible un relevo en el poder. Gil Robles (líder de la CEDA) intentó que le nombraran presidente del gobierno para poder aplicar sin trabas el programa de su partido, pero el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se negó y decidió, a finales de diciembre, convocar nuevas elecciones para febrero de 1936.

Para presentarse a las elecciones de febrero de 1936 los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, una coalición electoral basada en un programa común que defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados por la revolución de octubre de 1934, la reintegración en cargos y puestos de trabajo para los represaliados por razones políticas y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participó en el pacto, pero esta vez no pidió la abstención, lo que de hecho significaba el apoyo tácito al Frente Popular. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional) y en algunas provincias se incluyó a los radicales (muy desprestigiados) y a la Lliga Catalana. Pero las derechas no lograron confeccionar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado.

En las elecciones, el Frente Popular obtuvo el 48% de los votos y se convirtió en la fuerza ganadora. Las derechas obtuvieron el 46,5% de los sufragios y las fuerzas de centro sólo un 5,4%. La derecha tuvo buenos resultados y aumentó su fuerza en las dos Castillas, León, Navarra y parte de Aragón, mientras que la izquierda obtuvo la mayoría de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), en las zonas industriales y en las regiones del litoral.

De acuerdo con lo firmado en el programa del Frente Popular, el nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos (Izquierda Republicana y Unión Republicana), mientras que los socialistas y el resto de partidos de la coalición se comprometieron a darles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República, con gran oposición de la derecha y de buena parte del ejército, y Casares Quiroga, jefe del gobierno.

El nuevo gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía (fueron excarcelados unos 30.000 presos políticos) y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de las huelgas de octubre de 1934. El gobierno de la Generalitat volvió de nuevo al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos. El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista interrumpido en 1933 y presentó un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios y la reanudación de los asentamientos de campesinos.

Esperanzados con las nuevas perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a la movilización popular. Los anarquistas defendían la necesidad de acciones revolucionarias, y también un sector del socialismo, encabezado por Largo Caballero, se orientaba hacia soluciones radicales cercanas a las del PCE. En las ciudades se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales, el campo los jornaleros se adelantaban a la legislación y ocupaban las tierras.

Frente Popular y Golpe de Estado de 1936

La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo. Muchos propietarios de tierras se opusieron a las medidas del gobierno. Algunos empresarios industriales cerraron fábricas y expatriaron capitales y la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española asumió un fuerte protagonismo y fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política. Usando la “dialéctica de los puños y las pistolas”, en palabras de José Antonio Primo de Rivera, grupos de falangistas formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas, respondidas del mismo modo por los militares más radicales de la izquierda. A excepción de Cataluña y de las zonas del Norte, los enfrentamientos se propagaron, entre febrero y julio de 1936, por todo el país.

La creación de un clima de violencia era una estrategia que favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de Estado militar contra la República. La misma noche de las elecciones de febrero, el general Franco intentó declarar el Estado de guerra. En marzo, un grupo de generales acordó “un alzamiento que restableciese el orden”. En los primeros momentos, la conspiración militar tuvo escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente el general Emilio Mola, verdadero jefe del golpe de Estado hasta julio de 1936. Su plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones posibles, siendo claves las de Madrid y Barcelona, con protagonismo especial del ejército de África, el mejor preparado, al mando del general Franco. Para frenar los rumores golpistas, el gobierno trasladó a los generales más directamente implicados en los complots (Franco a Canarias y Mola a Navarra), pero no se atrevió a destituirlos.

La conspiración militar contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha (sectores monárquicos, carlistas, cedistas, falangistas, etc.). También se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi. Pero las discrepancias entre los conspiradores en cuanto al tipo de régimen a instaurar tras el golpe de Estado hacían aplazar la fecha del levantamiento. El día 14 de julio se produjo en Madrid el asesinato, a manos de un grupo de izquierdistas, del dirigente monárquico José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de izquierda. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de julio dando origen a una guerra civil que se prolongaría durante tres años.

El 17 de julio de 1936, en Melilla, el coronel Yagüe, jefe militar de la legión, se alzó en armas contra la República. La sublevación, llamada por los golpistas Glorioso Alzamiento Nacional, se extendió rápidamente al resto del protectorado marroquí. Entre el 18 y el 19 de julio, la mayoría de las guarniciones militares del resto de España se unieron al golpe de Estado, junto a sectores civiles de falangistas y carlistas (requetés). Desde Marruecos, el día 18, el general Franco, que ya había asegurado el triunfo de la sublevación en Canarias, se dirigió hacia la Península al frente del ejército de África.

El gobierno de la Republica tardó en reaccionar y en dos días los sublevados se habían hecho fuertes en Pamplona, Sevilla, Castilla la Vieja y parte de Aragón.

El 19 de julio, ante el clamor contra los rebeldes, Casares Quiroga fue sustituido como jefe de gobierno por José Giral, quien decidió entregar armas a las milicias de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular. Del mismo modo, parte del ejército y de las fuerzas de seguridad se mantuvieron fieles al gobierno y fue posible sofocar el levantamiento en buena parte de España.

Los sublevados habían previsto que el pronunciamiento militar les permitiría apoderarse de los órganos de gobierno, decretar el Estado de guerra y sofocar cualquier signo de oposición. Tenía que ser una operación rápida, de pocos días. Pero al cabo de una semana la evidencia de que el golpe militar no había triunfado originó la división del país en dos bandos que iban a enfrentarse en una cruenta y larga guerra civil.