Las reformas de Maura y Canalejas

INTENTOS DE REGENERACIÓN DE LOS PARTIDOS DINÁSTICOS:
Cuando Alfonso XIII accedíó al trono en 1902, los partidos dinásticos, tras la desaparición de sus dos grandes dirigentes, el conservador
Cánovas (1897) y el liberal
Sagasta (1903), vivieron sus respectivas crisis, motivadas por sus disputas internas y la ausencia de un liderazgo fuerte. La debilidad interna de los partidos, en particular del liberal, fue una de las causas de la inestabilidad política, ya en los primeros años del Siglo XX. A pesar de eso se mantuvo el sistema. En esta situación, ambos partidos optaron por reforzarse, apareciendo nuevos dirigentes: Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), que representan una nueva generación de políticos regeneracionistas.El llamado gobierno largo de Maura (1907-09) puso en marcha su proyecto de revolución desde arriba. Con el objeto de propiciar la limpieza electoral, erradicar el caciquismo y lograr el apoyo de las clases medias. Su proyecto más importante fue la Ley de Administración Local, que además de pretender acabar con el caciquismo, prevéía una mayor autonomía local y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Otro de sus objetivos era satisfacer las crecientes aspiraciones autonomistas de Cataluña, abriendo una vía para un entendimiento con la Lliga Regionalista. Pero suscitó la oposición de liberales, republicanos e incluso de los conservadores y no fue aprobada en el Parlamento. Su programa incluía una política económica de intervencionismo estatal y de protección y fomento a la industria nacional, además de medidas sociales.
En el marco de un imperialismo dominante en toda Europa, España intentó formar parte de ese nuevo orden de relaciones internacionales y poner fin al aislamiento exterior. Por eso, Marruecos pasó a constituir el eje de la política exterior del primer tercio del Siglo XX. Pero la expansión colonial de España en Marruecos estuvo subordinada y ligada a los intereses de las grandes potencias coloniales europeas. Conferencia de Algeciras (1906). A España le correspondía la zona norte, en la que la pieza esencial era el Rif, un territorio muy accidentado por las cabilas o tribus bereberes, muy celosas de su independencia y hostiles a la presencia extranjera. Eso obligó al gobierno a incrementar el contingente de tropas y llevar a cabo diversas campañas militares para tratar de someter el territorio, asegurar la explotación de las riquezas mineras y proteger la construcción del ferrocarril que debía unir las minas con Melilla.
En Julio de 1909 los rifeños atacaron y asesinaron a cuatro obreros del ferrocarril y hubo graves enfrentamientos entre las tropas españolas y los cabileños. El gobierno decidíó enviar tropas peninsulares de refuerzo y movilizó a los reservistas en Cataluña, en su mayoría casados y con hijos. El embarque de las tropas en el puerto de Barcelona, el 18 de Julio de 1909, desencadenó un movimiento de protesta contra la guerra de Marruecos, muy impopular desde la guerra de Cuba, y más cuando se comprobó que se podrían librar de ir los que pagaban una cantidad en metálico. El republicanismo más radical y anticlerical, los socialistas y los anarquistas promovieron una huelga general en contra de la guerra y de la política del gobierno en Marruecos.
Las noticias sobre la batalla del monte Gurugú y la emboscada en el Barranco del Lobo, desataron la violencia. Entre el 26 de Julio y el 1 de Agosto, la huelga degeneró en una insurrección espontánea, sin dirección ni planificación, conocida como Semana Trágica de Barcelona. Grupos armados con fusiles y pistolas se enfrentaron a las fuerzas del orden. El fuerte sentimiento anticlerical desembocó en el incendio de iglesias y conventos. Se declaró el estado de guerra. El gobierno reprimíó con dureza la revuelta. Se realizaron juicios militares sumarísimos y hubo condenas a muerte, entre ellas las de Francisco Ferrar Guardia, un pedagogo librepensador, anarquista y anticlerical, fundador de la Escolá Moderna, acusado, sin pruebas ni garantías legales, de ser el jefe de la rebelión. Su fusilamiento produjo una gran conmoción en la opinión pública internacional.
El monarca llamó a formar gobierno a José Canalejas, que emprendíó el intento más importante de regeneración del sistema para lograr su progresiva democratización y ampliar las bases sociales del régimen. Trató de desarrollar un programa basado en la modernización del Estado, lo que implicaba la separación de Iglesia y Estado, la libertad religiosa y el control de la Iglesia. Se aprobó la llamada Ley del Candado, que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. Más fructífera fue su política de reformas sociales: Reducción de la jornada laboral, ley de accidentes de trabajo, seguridad social obligatoria, regulación del derecho de huelga y contratos colectivos de trabajo. La Ley de Reclutamiento establecíó el servicio militar obligatorio sin distinciones en caso de guerra. Respecto a las demandas del catalanismo de la Lliga, Canalejas logró que las Cortes aprobasen la Ley de Mancomunidades, tras vencer la resistencia de los sectores conservadores y de los liberales centristas.

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