12.1. El reinado de Isabel II.
La oposición al liberalismo (incluyendo cuestión sucesoria): carlismo y guerra civil. La cuestión foral. Construcción y evolución del Estado Liberal (61.L)
A la muerte de Fernando VII en 1833 estalló el problema sucesorio, ya que en 1830 Fernando VII había promulgado la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica. Dos días después de la muerte del rey, Carlos María Isidro se proclamó rey de España en el Manifiesto de Abrantes y a la reina regente, María Cristina, el estallido de la guerra carlista y la necesidad de apoyos para la corona la llevaron en Enero de 1834 a llamar al liberal moderado
Martínez de la Rosa, antiguo jefe de gobierno durante el Trienio Constitucional (1820-1823). Estalla así la Primera Guerra Carlista (1833-1840) entre carlistas e isabelinos. El ideario político carlista giraba en torno a absolutismo monárquico y la defensa de los fueros. Aunque la Primera Guerra Carlista fue sobre todo un conflicto interno, tuvo proyección exterior, con las potencias absolutistas (Austria, Prusia y Rusia) apoyando a los carlistas y Francia, Inglaterra y Portugal a los liberales (Tratado de la Cuádruple Alianza de 1834). Tras sucesivos fracasos las desavenencias entre los carlistas aumentaron y el agotamiento provocó la división en el bando carlista. La guerra en el Norte terminó con el Convenio de Vergara (1839), acuerdo por el que se reconocen los grados y empleos de la oficialidad carlista y el llevar a Cortes el tema del mantenimiento de los fueros.
El reinado de Isabel II (1833-1868) se divide en dos etapas, una correspondiente a su minoría de edad (1833-1843) que hizo necesaria la regencia de su madre María Cristina (1833-1840) primero y de Espartero (1840-1843) y la segunda (1843-1868) correspondiente al reinado efectivo. La guerra carlista obligó a la Regente a llamar a Martínez de la Rosa (Enero 1834), liberal de la línea moderada. Se promulga el Estatuto Real de 1834. El malestar de los progresistas y la mala gestión en la guerra carlista lleva a la insurrección, llegando al gobierno el progresista Álvarez Mendizábal (Septiembre 1835). En su mandato se produce la desamortización de los bienes del clero regular. En Mayo de 1836 la regente forzó su dimisión y buscó acabar con las reformas y volver al moderantismo, lo que desencadenó una insurrección progresista que culminó el 12 de Agosto con la sublevación de la Guardia Real en el Palacio de Granja, que obligó a María Cristina a entregar de nuevo el gobierno a los progresistas y a restablecer la Constitución de 1812. El nuevo jefe de gobierno, José María Calatrava, continuó la labor de entierro del absolutismo. Se eliminaron definitivamente el régimen señorial, las vinculaciones, el mayorazgo y el diezmo, que se sustituyó por un impuesto de culto y clero. Se restablecíó la ley municipal del Trienio, que permitía la elección popular de los alcaldes, y se puso al frente de la dirección de la guerra al general
Espartero. Las Cortes elegidas en otoño de 1836 elaboraron la Constitución de 1837. Durante tres años la regente eligió jefes de gobierno moderados, pero en 1840 las medidas reaccionarias del gobierno al liberalismo provocaron una nueva insurrección que acabó forzando la dimisión de María Cristina y su sustitución por el general Espartero. Espartero gobernó durante tres años con el apoyo de los progresistas y de otros jefes militares. Sin embargo, su política autoritaria hizo disminuir poco a poco su popularidad. En 1842 estalló la insurrección de Barcelona, ante los rumores de que el general estaba negociando con Inglaterra un tratado de liberalismo económico. Espartero bombardeó la ciudad, lo que hundíó definitivamente su prestigio. Los moderados y algunos progresistas organizaron una sublevación militar que triunfó en Agosto y obligó a Espartero a dimitir. El cerebro del golpe, el general Narváez, buscó suprimir las bases del poder progresista. En Mayo de 1844 Narváez se convirtió en jefe de gobierno, cuando el sistema político ya era ultraconservador.
El otoño de 1843 las Cortes votaron la mayoría de edad de Isabel II (1830-1868). Los diez primeros años del reinado estuvieron protagonizados por el general Narváez (1844-1854). En 1845 se elaboró una Constitución que incluía una declaración teórica de derechos. El poder legislativo quedaba repartido entre las Cortes y el Rey. Un Senado compuesto por miembros vitalicios elegidos por la Corona tendría el objetivo de limitar las reformas. Se limitó el sufragio, se reforzó la censura y se creó la Guardia Civil (1844). Los moderados restablecieron las relaciones con la Iglesia y se detuvo la desamortización. Se firmó con Roma el Concordato de 1851, por el que el papa reconocía a Isabel II como reina. Algunos progresistas radicales fundaron en 1849 el Partido Demócrata con el objetivo de defender los derechos individuales y el sufragio universal. En 1854 se produjo el estallido de la revolución de 1854, encabezada por el general O’Donnell, que fracasó tras un enfrentamiento con las tropas del Gobierno en Vicálvaro. Los rebeldes proclamaron el Manifiesto de Manzanares, consiguiendo el apoyo popular y desencadenando una revolución en Junio. Un grupo de jefes militares obligó a Isabel II a entregar el gobierno al general Espartero, con O’Donnell como ministro de Guerra. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes para las que se formó la Uníón Liberal, un partido que reunía a moderados y progresistas y que gobernó durante los dos años siguientes. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1856, que no llegó a entrar en vigor, y aprobaron la Ley de Desamortización (1855) y la Ley de Ferrocarriles (1855). El Bienio progresista (1854-1856) transcurríó en un clima de permanente conflictividad social. En 1856 la reina cesó a Espartero y lo sustituyó por O’Donnell. Tras un breve gobierno de Narváez entre 1856 y 1858, la reina confió el gobierno a una Uníón Liberal conservadora (1858-1863), un periodo de estabilidad favorecido por la prosperidad económica. Entre 1858 y 1866 el gobierno emprendíó una activa y agresiva política exterior para exaltar la conciencia patriótica (Indochina (1858-1863), 1859-1860 guerra de Marruecos, 1861 Santo Domingo y México). En 1863 dimisión de O’Donell. Los progresistas, dirigidos por el general Prim, pasaron junto a demócratas y republicanos a denunciar el sistema constitucional y a la misma reina. En la crisis de la monarquía isabelina confluyen otras causas como la grave crisis económica y el crack de las Bolsas europeas en 1866. Además, se sucedieron graves acontecimientos políticos como los sucesos de la noche de San Daniel de 1865 o la sublevación del cuartel de San Gil en Junio de 1866. En Agosto de 1866 progresistas, demócratas y republicanos llegaron al Pacto de Ostende, con los objetivos de destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal con Prim al frente de la conspiración. La muerte sucesiva de O’Donnell y Narváez ente 1867 y 1868 dejó a Isabel II aislada en plena preparación de un golpe que desencadenó la triunfante revolución de 1868.